Los activistas Óscar González Garín y María de la Luz Esquivias López demandan justicia para Esperanza Méndez, una indígena mixteca que pide le devuelvan a sus hijas, internadas en el Hospicio Cabañas desde abril de 2014. La odisea de Esperanza comenzó un domingo de ese mes cuando dejó a sus tres hijos –un varón de seis años y dos niñas de cuatro y dos años– al cuidado de su esposo mientras ella salió a vender sus mercancías para conseguir dinero y darles de comer. Cuando regresó, no encontró a la menor. Después supo que su padre se la llevó y la violó. Las autoridades, lejos de ayudarla, la acusan de complicidad…
Durante meses, Esperanza Méndez, una indígena mixteca de tez curtida por el sol, ha luchado por rescatar a sus tres hijos –dos niñas de cuatro y tres años y un varón de seis– recluidos en el Hospicio Cabañas. Las autoridades se los quitaron el año pasado y la acusaron de ser “mala madre” y cómplice de la violación de una de las menores.
La niña, dice, tenía dos años cuando su propio padre, un tzotzil llamado Pedro Ruiz González, la atacó sexualmente. Fue en abril de 2014, recuerda, un día en que ella le encargó a su entonces pareja cuidar a los infantes. Pero Pedro abusó de su hija, dice Esperanza en un español entrecortado.
Le cuesta trabajo explicarse porque, aclara, en su casa se habla en mixteco. Eso le ha causado innumerables problemas, porque las instituciones se niegan a escucharla.
“Me dan ganas de cortarlo todo y matarme –cuenta–, porque dicen que soy una mala madre; eso no es verdad. Yo quiero a mis niños, son míos. Yo los crié y los quiero junto a mí, no soporto estar sin verlos.”
La voz se le quiebra cuando habla con el reportero: “Muchas cosas que pasaron me duelen en el corazón y más porque no me permiten ni acercarme a ellos. Sólo puedo mirarlos de lejos y eso me lastima mucho, me da por llorar porque nomás los miro por una ventana desde (la) distancia”.
Su hijo mayor se llama Celio Ruiz Méndez y sus hermanas son Graciela y Priscila Elizabeth, esta última es la que fue agredida sexualmente por su padre.
Prosigue Esperanza: “Siempre extraño a mis hijos. Cuando voy en la calle y veo a una pareja abrazando a sus niños, yo pienso en los míos y los quiero tener a mi lado. Yo veo a otros (padres) dando cariño a sus hijos y me empiezo a acordar de años pasados y no puedo controlarme y lloro. No me siento nada bien. Una vez por poquito me aplasta un carro por andar pensando en ellos. Yo ya no puedo estar lejos de los míos y sé que ellos no pueden estar lejos de mí; pero eso no lo entiende la autoridad. Yo sé que ellos necesitan la caricia de mamá, todo el tiempo los traigo en la cabeza. Siempre los estoy extrañando”.
Los obstáculos
María de la Luz Esquivias López, representante de la oficina de la Pastoral Social de la Iglesia Católica de Guadalajara, y el presidente de la Red Jalisciense de Derechos Humanos, Óscar González Garín, han tomado el caso de la indígena mixteca.
González Garín comenta que Esperanza aprendió español en menos de un año para recuperar a sus hijos. Ha sido doloroso, dice, pues en lugar de ser considerada como víctima de las agresiones contra su hija, las autoridades la ven como cómplice de su pareja.
Ella ha tenido trabas en todas las instancias a las que ha apelado, incluida la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), donde Esperanza presentó una queja el 10 de junio del año pasado en la que pide ver a sus hijos, relata Esquivias López, quien la acompañó a realizar ese trámite.
“Yo trabajó por parte de la Pastoral Social de la Iglesia Católica en Guadalajara, a través del colectivo que atiende a mujeres indígenas que fabrican y venden artesanías. Soy voluntaria y conozco del asunto de Esperanza desde que me enteré, en mayo de 2014.”
Relata: “Ese día –el 10 de junio– el funcionario de la comisión ni siquiera me permitió hablar. Apenas intentaba explicarle la situación, me pedía callar, y lo hacía de forma poco amable; incluso amenazó con sacarme de su oficina”.
La segunda ocasión que acompañó a Esperanza a la CEDHJ, la licenciada que las atendió fue más amable, asegura Esquivias. “Ella me aclaró que en la queja interpuesta el 10 de junio nunca aparezco como acompañante de Esperanza.”
Ante los obstáculos del ómbudsman Felipe de Jesús Álvarez Cibrián para que Esperanza pudiera ver a sus hijos, la organización de González Garín interpuso una queja en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por actos discriminatorios contra los niños indígenas y su madre.
“A Esperanza nunca se le otorgó el servicio adecuado –dice–. No escucharon su versión en defensa; tampoco le notificación en su domicilio y acabaron por quitarle a sus hijos. No se le otorgó el beneficio del servicio de un intérprete que hablara su lengua, ni le dieron oportunidad de hablar en su defensa, mucho menos le respetaron sus derechos tradicionales en el apartado de los usos y costumbres como integrante de una etnia nacional.”
La comisión tardó un año en responder. Y cuando lo hizo, el pasado 9 de abril, resolvió de manera negativa; peor aún, dice la activista, envió la notificación a la peticionaria hasta el 18 de mayo.
El día del agravio
Esperanza Méndez recuerda que la agresión contra su hija fue un domingo. “Ese día el niño más grande me pidió dinero para comer. Y como no traía ni un peso para los alimentos, le dije a él (Pedro Ruiz, su esposo) que le encargaba a mis hijos mientras iba a la calle a vender para ver cuánto sacaba para la comida. Salí desde temprano”.
A su regreso, entre las cuatro y las cinco de la tarde, una vecina le comentó que le tenía una noticia no muy buena: Pedro se emborrachó y se llevó a la niña; le dijo a sus otros dos hijos que él y Priscila Elizabeth iban a ir a la tienda, pero ya no volvieron ese día.
“Yo me acuerdo que ese domingo llegué temprano porque casi no vendí nada, sólo llevaba como 50 pesos y me regresé para llevarles algo de comer a los niños. Fue cuando me dijeron que el papá se la había llevado y yo lo estuve esperando a él y a mi niña. Como no llegaron, empecé a dar vueltas por el vecindario, buscándolos, pero no encontré ni a Pedro ni a la bebé.
“No dormí (esa noche). Hasta el lunes me fui a buscarlo al cuarto donde dormía y que rentaba en Las Juntas de Tlaquepaque y allí estaba bien dormido con mi niña.
“Ella no estaba tapada con ninguna cobija ni con nada, nomás traía puesta una ropita sucia y un pantaloncito lleno de sangre. Se veía que la había lastimado bien mucho y a pesar de todo eso, yo me negaba a aceptar y a pensar que él le hubiera hecho eso a su hija, a su propia niña, una criatura de apenas dos años, ella estaba chiquitita”, relata Esperanza.
El lugar de la agresión presuntamente fue una casa abandonada, ubicada por el rumbo de la carretera a Chapala. No obstante, González Garín asegura que la violación ocurrió bajo los matorrales de un paso a desnivel en la carretera Guadalajara-Chapala.
Al observar los signos de agresión sexual, Esperanza llamó a una patrulla y solicitó los servicios médicos de la Cruz Verde para que revisaran a la niña. Los doctores determinaron que sí hubo violación.
“Una enfermera fue la que nos informó que mi niña había sido violada. Me dijo que estaba muy lastimada por los dos lados, por donde hace orina y por su ano. Y cuando le preguntaron quién le había hecho eso, sólo les decía ‘papá’, porque está chiquita y casi no hablaba”, relata Esperanza.
Las autoridades estatales, a través del Ministerio Público y con la intervención del desaparecido Consejo de Familia, alegaron que Esperanza era cómplice, pues no cuidaba bien a sus hijos, lo que dio pie a la agresión contra la menor. La dependencia decidió enviar a la menor y sus dos hermanos al Hospicio Cabañas.
“Me acusaron de que yo no hice nada (por evitar la violación). Eso es mentira, yo nunca me imaginé que él iba a hacer eso con su propia hija, y menos con una bebé… Eso me hace sentir mal, porque no es cierto. Yo hago lo que puedo y sólo quiero a mis hijos conmigo.
“A lo mejor me acusan de que soy una mala madre, porque dejé al que era mi pareja cuidando a mis hijos. Ahora me arrepiento de eso y muchas cosas que me digo a mí misma, pero ahora nadie me puede decir que yo sabía lo que iba a pasar.
“Yo sólo pensé que mis hijos tenían hambre y me dije: ‘Voy rápido a vender’. Pensé que con lo que pudiera sacar iba a comprar medio kilo de tortillas y unos cuantos huevitos para cocinarles a los niños ese día, porque comúnmente comemos frijolitos o arroz o lo que tenga. Hay veces que compro 25 o 30 pesos de carne de pollo para que, de vez en cuando, coman los niños caldo de pollo.”
Esperanza vende artesanías y mazapanes en los cruceros. En los días buenos gana entre 200 y 300 pesos en una jornada de más de ocho horas.
Entre la calle y sus hijos
Proceso Jalisco le pregunta a Esperanza Méndez cómo la trata la gente del Hospicio Cabañas.
“Siento que no es justo y me siento muy mal. Siempre voy a firmar y para que me vean que mantengo el interés por mis hijos, para que me vean seguido, pero no me dejan entrar a verlos.”
Le dicen que no tiene a que ir ahí. Se molestan cuando la ven cerca de las instalaciones. Sólo una mujer que trabaja como guardia se muestra amable con ella, comenta Esquivias López, quien la ayuda en lo que puede.
“Esa mujer –agrega– siempre que puede la deja pasar para que intente ver a sus hijos, pero el personal administrativo siempre la corre, no les gusta verla diario en el hospicio. Yo le digo: ve cada tercer día o una vez a la semana, pero entra. Procura que (tus hijos) te vean.”
Esperanza aclara que un licenciado del Cabañas llamado Rodrigo siempre la ha tratado bien. Ella se cuestiona: “¿Por qué no me dejan verlos ni acercarme a ellos? ¿Por qué no me dejan tomarles una foto?”.
Un día, cuenta, le tomó una foto a su hija con su celular. Eso enfureció a una trabajadora social y tuvo que borrarla.
Esperanza y su familia se trasladaron de su natal Oaxaca a Guadalajara, huyendo de la pobreza y la miseria. Ella era una niña cuando llegó a la capital tapatía. La inestabilidad de su familia le impidió terminar la primaria; además, recuerda, la inscribían en escuelas donde sólo se hablaba español, que ella no entendía.
Cuenta: “Yo aquí crecí en la ciudad de Guadalajara. Y cuando murió mi papá, hace más de cinco años, me junté con ese tipo que se llama Pedro Ruiz González; yo no me casé con él, sólo estábamos arrejuntados”.
González Garín lamenta que en el caso de Esperanza las autoridades pretenden romper la relación paterno-familiar con sus tres hijos. E insiste: “Hay una conducta criminal en la acción cometida por el padre de la menor, el indígena tzotzil llamado Pedro Ruiz, quien abusó de la menor en un estado de alcoholización”.
El activista comenta: “El padre Samuel Ruiz siempre tuvo serias diferencias con esa comunidad indígena por los severos niveles de alcoholismo y debido a los problemas que eso les generaba a los habitantes de esa zona de México, en Chiapas”.
Señala también que en este caso no se puede acusar de complicidad a la madre de la menor violada; menos aun negarle el derecho elemental de estar con sus hijos. Reitera:“se debe seguir un proceso apegado a derecho”.
El reportero solicitó formalmente una entrevista a la CEDHJ para conocer su versión. Hasta el cierre de edición la institución no había respondido.
