El comerciante Sergio Alberto Valle Barrera aguantó cuatro años el asedio policiaco sistemático. Sin embargo, a finales de julio pasado, luego de comprobar que las instituciones a las que apeló –la Fiscalía General del Estado y el ómbudsman jalisciense– no le resolvieron su problema, decidió cerrar su bodega de sandías en el Mercado de Abastos de Guadalajara. En sus querellas Valle señala al exfiscal Luis Carlos Nájera como promotor de esa campaña de acoso y desprestigio, así como al comisionado de Seguridad, Alejandro Solorio Aréchiga, y sus policías.
El comerciante Sergio Alberto Valle Barrera ya no aguanta el asedio sistemático de los policías tapatíos ni a los presuntos asesores legales laboralistas que vienen extorsionándolo desde hace cuatro años. La estrategia contra su bodega de sandías en el Mercado de Abastos comenzó a mediados de 2011, dice, pero en la penúltima semana de julio se incrementó tanto que decidió cerrar el negocio.
Durante ese lapso, las “revisiones de rutina” se multiplicaron. Primero le llegó un “apercibimiento de multa” de la Procuraduría General de la Defensa del Trabajo por el presunto despido de un trabajador. Después lo visitó Jorge E. Alquizar, quien dijo ser asesor laboral de la Unión Sindical –en realidad una organización fantasma– y le cobró 750 pesos de “cuota obrera”.
Quienes más lo han hostigado, asegura el comerciante, son Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, cuando estuvo al frente de la Fiscalía General del Estado (FGE), así como Francisco Alejandro Solorio Aréchiga, comisionado general de Seguridad Pública, a través de la Fuerza Única Metropolitana y otras corporaciones policiacas.
Y añade: “El amedrentamiento se intensificó a raíz de que ustedes (el fotógrafo Rafael del Río y este reportero) fueron a tomar fotografías (al negocio, el mes pasado) y a entrevistarme”.
Asegura que es probable que la FGE actúe en contubernio con alguno de sus competidores que quiere hacerlo fracasar en sus negocios y hacerlo pasar como persona negativa o incluso inventarle presuntos nexos con el crimen organizado, como lo hizo Nájera Gutiérrez cuando estuvo como fiscal.
Valle Barrera se queja también de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), presidida por Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, pues “no sirve para nada ni ve por los derechos de las personas”. Y con respecto a la Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos de Guadalajara (UCMA), siempre la controlan los mismos; sólo se rolan la dirigencia, puntualiza el comerciante.
En 2012, los policías estatales o rurales –ahora Fuerza Única– entraron al mercado con el pretexto de que había una serie de extorsiones. Al principio la idea fue buena, pero en realidad a partir de entonces se agudizó el asedio a su negocio: patrullajes continuos, unidades con los códigos encendidos para hacerlo ver como el principal sospechoso ante sus competidores y clientes.
En una ocasión, relata, platicó del asunto con oficiales sobre la detención ilegal de uno de sus empleados. Incluso acudió a su local el comandante de la Policía Estatal, Luis Gaeta Gaeta, a quien le mostró varios videos sobre su situación. Las cosas se atenuaron por unos 15 días; “después todo siguió igual”, señala Valle Barrera.
Meses después, en 2013, comenzaron a visitarlo desconocidos que lo mismo intentaban venderle un celular o lo invitaban a la rifa de una pistola escuadra 9 milímetros. En una ocasión lo presionaban para que la tomara en sus manos. “Quizá querían obtener mis huellas para inculparme en algún acto delictivo”, cuenta.
En diciembre de ese año, preocupado por el hostigamiento, Valle Barrera presentó una queja ante la CEDHJ, donde tardaron dos meses en aceptarla. Finalmente quedó registrada en la Segunda Visitaduría con el número 9036/2013-II.
El 10 de febrero de 2014 la comisión dictó medidas cautelares al comisionado de Seguridad Ciudadana de Guadalajara, Carlos Mercado Casillas, y al comisionado general de Seguridad Pública del estado, Alejandro Solorio, para que identificaran y requirieran a los elementos responsables. “Nunca prosperó. Siguieron violando mis derechos humanos”, asevera el comerciante.
Denuncias estériles
Ante la inoperancia de las instituciones, el 7 de abril de 2014 Valle Barrera publicó un desplegado a media plana en uno de los diarios locales de mayor circulación para exponer su situación.
El comerciante dijo que era “blanco de difamaciones y hostigamiento por parte de un grupo de personas que sólo buscan el desprestigio de mi persona, calumniándome con el único afán de crear mala fama y manchar mi nombre y el buen honor de mi familia, ya que soy una persona que por muchos años y con el producto de mi trabajo, he salido adelante… creando el descontento y la envidia de unos cuantos, ya que su único objetivo es desprestigiar mi negocio”.
Tras la publicación, una licenciada llamada Rosalba, quien presuntamente iba de parte de Fernando Araiza, coordinador de asesores del entonces fiscal Nájera, visitó la bodega de Valle en calle Cinco 2727. La mujer le sugirió presentar su denuncia en una agencia móvil.
Cuando ésta llegó al mercado, él presentó su querella, pero cuando la iba a firmar detectó que habían modificado sus declaraciones. “Según el documento, yo estaba acusando de robo a las autoridades. Me negué a firmar. Y ella (Rosalba) respondió que se trataba de un error, pues era un machote”.
Como el acoso no cesaba, Valle Barrera acudió en mayo de ese año a la Dirección de Inspección –piso noveno de la Secretaría de Seguridad Pública estatal– a reiterar su demanda. Un licenciado llamado Jairo escuchó su queja, pero tampoco hizo nada. El comerciante insistió, esta vez ante la Contraloría de la FGE, donde lo enviaron a la Agencia 11 de Delitos Varios, donde le tomaron declaración. Su denuncia quedó asentada como la número 3116/14.
Sin embargo, el procedimiento está viciado pues debieron canalizarlo a la Agencia 13, que es la encargada de atender los delitos por abuso de autoridad. Las presiones se calmaron por unas semanas, dice, pero luego volvieron.
El 14 de junio siguiente, Valle regresó a la FGE a presentar una denuncia por el secuestro de su empleado –Mauricio Padilla Dueñas, Vapores–. Los policías estatales que se lo llevaron lo torturaron para hacerlo confesar que su patrón presuntamente pertenecía a un cártel de la droga. Valle ratificó su denuncia un mes después.
Relató que un año antes, en mayo de 2013, se entrevistó con el director de la UCMA, Rubén Méndez, para informarle sobre el acoso al que estaba sometido. El funcionario le encargó a Alfonso de la Torre, secretario de Seguridad Pública de la Unión, atender su caso. Nunca hizo nada.
“¿Por qué la UCMA no hizo absolutamente nada a favor mío?”, se pregunta Valle Barrera, quien es hijo de José Luis Valle Pacheco, expresidente y socio honorario de la Unión.
Durante 2014 los patrullajes alrededor de su bodega se multiplicaron, cuenta el comerciante. Además, dice, su auto, un Jetta 2014, placas JLR3431, trae un rastreador GPS adherido en alguna parte de la carrocería para rastrearlo, “como si fuera el peor delincuente”.
Es frecuente que cuando circula en las inmediaciones de su casa o negocio, los autos encienden en automático sus intermitentes. “Me vigilan, me marcan el alto, me persiguen, me revisan, me hostigan, me provocan como para que caiga en un ilícito y darles motivo para una aprehensión. Hasta los agentes de tránsito me han infraccionado sin motivo”, reitera.
El 30 de septiembre de 2014, Valle publicó otro desplegado dirigido a la opinión pública y al entonces fiscal Luis Carlos Nájera. Las aguas se calmaron otra vez, pero el acoso se intensificó, hasta que hace tres semanas decidió cerrar su negocio.
El secuestro de “Vapores”
El 3 de julio de 2011 es una fecha que Mauricio Padilla Dueñas, Vapores, no olvida. Era domingo. Ese día policías rurales lo detuvieron en el tianguis de San Pedrito, municipio de San Pedro Tlaquepaque.
“Eran como las 4:30 de la tarde y entre las calles Puerto Melaque y Puerto Vallarta se me atravesaron unos negros de la estatal y lo primero que me preguntaron fue a qué me dedicaba y para qué cártel trabajaba. Les respondí que era empleado en una bodega del Mercado de Abastos, ubicada en la calle Cinco 2727”, relata Vapores.
No le creyeron. Le arrebataron su cartera y la bolsa de plástico donde llevaba la camisa y el pantalón que acababa de comprar en el tianguis. Lo subieron a la patrulla, donde siguieron las agresiones.
“Muchos güevos, ¿verdad? –le decían–. Vamos pa’ delante y allá nos vas a decir todo. Te vamos a reventar si no declaras lo que debes declarar.”
En el trayecto de San Pedrito a la base de la Policía de la Glorieta del Charro, un tramo de tres kilómetros, siguieron los golpes y el interrogatorio. Al llegar a los separos, los uniformados le pusieron una bolsa de plástico sobre la cara y le aplicaron descargas eléctricas en los testículos.
“Ora sí nos vas a confesar quién es tu patrón y para quién trabajas”. Fueron varias horas de tortura, relata. Luego trajeron a un persona para que me reconociera; no dejaban de aplicarme toques eléctricos para que acusara a mi patrón, Sergio Valle. Querían que les dijera que él se dedicaba al narcotráfico. Casi me asfixiaba por la bolsa de plástico.
“Al final, la persona que llevaron no me reconoció. Pero ellos insistían: ‘De dónde son las llaves (que traía en la bolsa del pantalón)’ –me preguntaron. Yo les respondí que eran de la bodega, donde dormía.
“Amenazaron con llevarme a la bodega. Si no se abría –me amenazaron– descubrirían que les estaba mintiendo”. Alrededor de la una de la madrugada del 4 de julio finalmente lo llevaron ahí. “Y como vieron que abrí, me dejaron en paz”, cuenta Vapores.
No obstante, a partir de ese día los policías empezaron a hostigar a su patrón. Ellos insistían en que el comerciante era un malandrín, un presunto lavador de dinero vinculado a algún cártel de la droga.
Valle Barrera reitera: “Desde la detención ilegal de mi empleado, es hora que no dejan de acosarme. Ya pasaron cuatro años y las intimidaciones no cesan”.
–¿Qué hay detrás de todo esto? –se le pregunta al comerciante.
–“La verdad es que afecté a los competidores, quienes de alguna forma obtuvieron el apoyo de Luis Carlos Nájera y sus colaboradores, pues todos los mandos son responsables de lo que me ha sucedido, incluido el comisionado de Seguridad Solorio Aréchiga.
Valle ganaba 25 centavos por kilo de sandía. Vendía tres camiones diarios, dice. Era sandía de desecho de exportación, por eso la vendía directamente a vendedores ambulantes y tianguistas.
Compraba su mercancía a los productores y les pagaba de contado. Y aunque ganaba poco, dice, optó más por el volumen y la rapidez. Quizás eso disgustó a sus competidores, porque él vendía bien. Y ahí empezaron a inventarle delitos, sostiene Valle.
