El abogado de los locatarios de la Asociación Civil Mercado Corona por Siempre se lanzó contra el alcalde Ramiro Hernández García. Lo acusa de beneficiar al consorcio Afronta Grupo México aun cuando éste ha incumplido las cláusulas del convenio firmado en noviembre de 2014 para la construcción del nuevo inmueble. Le sorprende, dice, que Hernández García agreda a sus clientes y se niegue a entregarles un escrito en el que les garantice su lugar en el nuevo edificio, que difícilmente estará listo en septiembre.
El contrato de concesión firmado por el alcalde de Guadalajara, Ramiro Hernández García, con el consorcio constructor Afronta Grupo México para la edificación del nuevo Mercado Corona resulta dañino para los intereses de la ciudad, sostiene el abogado Óscar Arturo Díaz Torrejón.
Tras un análisis del documento, el defensor de un grupo de locatarios afectados por el incendio del antiguo inmueble en mayo de 2014 comenta que las cláusulas contienen más ventajas para el grupo constructor que para el ayuntamiento; “es como si le hubieran mandado hacer un traje a la medida”.
Desde el principio, las autoridades tapatías se mostraron benevolentes con el consorcio y facilitaron su triunfo en la convocatoria de licitación al restringir la presentación de propuestas a sólo dos días, el 23 y 24 de octubre de 2014, asegura el litigante.
Según él, ninguno de los competidores interesados en el concurso para construir un nuevo inmueble pudo haber armado en un solo día su proyecto con todos los requisitos que solicitó el ayuntamiento.
“Eso nos hace pensar –recalca– que ya había dedicatoria. En cualquier licitación se necesita recabar poderes, propuestas y cuantificarlas; hacer presupuestos porque, se supone, cuando las empresas participantes en esa licitación ya tenían los costos… En un día no haces eso.”
Nadie reparó en que el 12 de noviembre de 2014, cuando se firmó el contrato de concesión, cinco constructores formaron Afronta Grupo México para ejecutar la obra: Grupo Constructor Perse, Construcciones y Carreteras, Breysa Constructoras, Maquiobras y Deincokwi, y nombraron como sus representantes legales a Ricardo Luna Valencia, Gabriel Pérez Gómez Dávila, José Luis Brenez Moreno, Gustavo Adolfo Arballo Luján y José Gabriel Gallo González, respectivamente.
Un proyecto “planchado”
El problema insiste, es que actos jurídicos de esta índole tardan normalmente una semana. Al parecer, el ayuntamiento tapatío ya tenía “planchado” el proyecto del nuevo Mercado Corona, insiste Díaz Torrejón, pues no hay coherencia entre las bases de licitación y el contrato de concesión: el primer documento menciona que se construirán cinco pisos, mientras el segundo menciona seis.
Asimismo, en las bases de licitación se advierte que los dos primeros pisos serán locales comerciales, los dos siguientes oficinas municipales y el último, aún sin definir, será administrado por el ayuntamiento. En cambio, el contrato de concesión establece que los tres primeros niveles serán locales, los dos siguientes oficinas municipales y el sexto una terraza de usos múltiples.
Díaz Torrejón cita otra diferencia: mientras las bases de licitación exigen a los participantes demostrar su capacidad técnica y solvencia económica, el contrato de concesión descartó esa cláusula; eso sí, asienta que el constructor puede recurrir a cualquier tipo de financiamiento.
Eso ya ocurrió el 18 de mayo pasado, comenta, cuando el consorcio solicitó al pleno del ayuntamiento tapatío una autorización para ceder sus derechos de usufructo del estacionamiento del inmueble a favor del Banco del Bajío para que esa institución les otorgue un crédito puente para concluir la obra (Proceso Jalisco 552).
En otras palabras, el contrato contiene beneficios para el consorcio constructor y sólo obligaciones para el municipio, como si éste fuera empleado de Afronta.
De entrada, expone, las cinco compañías ya tienen un convenio por 28 años seis meses –que puede extenderse a 57 años si el ayuntamiento decide otorgarle una prórroga más, según lo estipula el documento firmado por las partes– para usufructuar el estacionamiento subterráneo del futuro mercado.
Además, con el propósito de hacer un negocio rentable para el constructor, el ayuntamiento estableció una cláusula en el contrato para no conceder nuevos permisos, autorizaciones o concesiones a terceros en la prestación de ese servicio en un radio de un kilómetro alrededor de la obra.
Según el convenio, el estacionamiento subterráneo contará con 582 cajones y se autoriza al consorcio a cobrar 17 pesos la hora por unidad durante el primer año de operación.
Para Díaz Torrejón, es probable que no todo el tiempo esté ocupado al 100%, pero precisa que con un promedio de 350 automóviles por hora podrían ganar hasta 5 mil 950 pesos al día, que podrían multiplicarse si se considera que el servicio será de 15 horas diarias.
Según sus cálculos, las ganancias que obtendrá la constructora por el usufructo del aparcamiento durante el tiempo de la concesión serán de casi mil 600 millones de pesos, los cuáles se duplicarán si el ayuntamiento hace efectiva la prórroga a 57 años.
Además, resalta que el ayuntamiento se comprometió a pagar como contraprestación de la obra 7 millones 850 mil pesos anuales hasta el vencimiento de la concesión. No obstante, eso se firmó antes de que el alcalde Ramiro Hernández García anunciara el 25 de marzo pasado que el Mercado Corona costará 400 millones de pesos, y no los 272 millones que dijo al principio, por lo que supone que habrá un reajuste en el importe acordado.
Con respecto a los contratos y fianzas que firmó la constructora para asegurar la obra, son débiles, dice, pues establecen mínimos porcentajes en caso de siniestro o de vicios ocultos. En la novena cláusula del documento, por ejemplo, se fijaron tres fianzas, la más grande de 10%, para garantizar el cumplimiento del calendario de entrega del mercado en septiembre próximo; una más de 5% a partir de la inauguración del estacionamiento para reparar vicios ocultos en su construcción, y otra de 2% para garantizar la prestación regular y permanente del servicio de estacionamiento.
Además, se obligó al constructor a contratar un seguro de responsabilidad civil para cubrir los daños a fincas aledañas, aunque no hay indicios de que se haya indemnizado a ninguno de los afectados, de acuerdo con lo publicado el 24 de enero pasado (Proceso Jalisco 533).
Siguiendo las cláusulas del contrato de concesión, el abogado destaca que el constructor se comprometió a finalizar el estacionamiento en los 120 días posteriores a la firma del mismo, los cuales vencieron el pasado 12 de marzo y la obra registra un avance de 30%.
Retrasos, agresiones y multas
Ese retraso sólo se justificaría, dice, si el ayuntamiento no hubiera entregado los permisos de construcción y licencias necesarios, pues así está previsto en el contrato. El abogado solicitó por medio de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública una copia de esos documentos pero no ha obtenido respuesta, lo que le hace pensar que las autoridades tapatías aun no otorgan esos permisos y licencias.
“El contrato tiene muchas deficiencias, pero mañosamente las hicieron (en el ayuntamiento). Hay una serie de situaciones delicadas que sólo me hacen pensar en que detrás de eso están los funcionarios; incluso diría que uno o dos funcionarios son socios o participan en las constructoras”, expresa el abogado.
El abogado Díaz Torrejón representa a los comerciantes de la asociación civil Mercado Corona por Siempre, que encabeza Luciano González, un vendedor de productos esotéricos. Desde el principio, sus defendidos han insistido en que el alcalde de Guadalajara garantice por escrito su reinstalación en el futuro mercado.
El abogado menciona que hasta la fecha los locatarios no creen la versión oficial de que el siniestro de mayo del año pasado fue provocado por un cortocircuito. Para ellos, se trató de un incendio intencional, pues según les comentaron varios especialistas que un cortocircuito se produce cuando hay un consumo excesivo de energía eléctrica y el incendio ocurrió el domingo 8 de mayo a las 20:00 horas, cuando el mercado estaba cerrado y sólo estaban encendidas las luces de emergencia.
Además, destaca, los siguientes 12 días el ayuntamiento de Guadalajara se apresuró a demoler las ruinas sin realizar el peritaje correspondiente. Y el principal testigo del incendio, el velador José Gutiérrez Martínez, modificó su declaración luego de que el alcalde Hernández García le entregó un cheque de 24 mil pesos por “haber cerrado las llaves de unos tanques de gas”, lo que evitó que los daños fueran mayores.
“(Gutiérrez Martínez) declaró a la televisión que escuchó tres detonaciones, como de botellas que se quebraron. Con su dicho –comenta el abogado– se puede deducir que aventaron bombas molotov (al mercado). Y para callar a este señor lo pusieron como héroe y a partir de eso cambió su historia.”
Sus representados, insiste Díaz Torrejón, fueron hostigados desde que comenzaron a organizarse para exigir al alcalde un documento que garantice su reinstalación en el nuevo inmueble; además, dice, intenta dividirlos apoyando a otro grupo de locatarios afines a él y a su partido, el PRI.
A principios de abril pasado, cuando él platicó con el alcalde por última vez, Hernández García le prometió resolver sus demandas, pero no cumplió. Por el contrario, infiltró a personas ajenas al mercado para inflar el padrón de comerciantes y, semanas después, el 11 de mayo desalojó de manera violenta a sus clientes, quienes llevaban 20 días de plantón frente al edificio de la presidencia.
Al parecer, hay un interés personal del alcalde en el caso del nuevo Mercado Corona. “No entiendo por qué Ramiro (Hernández García) solapa tanto a una constructora y agrede tanto a los locatarios (de la asociación que encabeza Luciano González)”, dice el abogado.
Según la quinta cláusula del contrato de concesión, el plazo de construcción del inmueble se acaba el 15 de septiembre próximo. Sin embargo, expertos como el arquitecto Jorge Fernández Acosta, sostienen que el edificio no estará listo en esa fecha.
A su vez, el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, Alejandro Guevara Castellanos, solicitó al munícipe el pasado 15 de mayo que le diera una prórroga de dos meses para terminar los trabajos sin presiones, pero Hernández García comentó a los medios de comunicación locales al día siguiente que la fecha no se mueve.
El contrato estipula una sanción para el constructor de 20% del valor total del inmueble en caso de que no entregue a tiempo, es posible que ésta se incremente 4% por cada mes de retraso.
