Desde hace más de dos décadas, aproximadamente 30 familias de San Isidro Ejidal sufren inundaciones en sus casas porque un canal de aguas pluviales fue rellenado a fin de venderlo como terreno. Desde entonces los vecinos, que padecen la periódica destrucción de muebles y enseres electrodomésticos, han solicitado a las autoridades que se rehabilite el canal, pero sólo han logrado obras ineficaces. Este año la inundación se expandió a más calles.
“Tengo miedo de que llueva. Si sucede en la noche… ni siquiera puedo dormir”, expresa Patricia Castro, quien desde hace 30 años es vecina de la calle Plata, al cruce con Insurgentes, colonia San Isidro Ejidal, Zapopan.
El temor a las inundaciones lo comparten decenas de familias desde hace 22 años.
El problema comenzó después de que, con la complacencia del ayuntamiento de Zapopan y del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), el canal destinado a aguas pluviales de la calle Plata y la avenida Laureles –hoy Juan Pablo II– fue rellenado con escombros que llevaban camiones de volteo, algunos del propio municipio.
Los afectados recuerdan que, tan pronto el canal se convirtió en un lote baldío de aproximadamente 3 mil metros cuadrados, fue vendido por la representante del ejido de San Isidro, Ruth Noemí Gutiérrez Alatorre, con la anuencia y complicidad del entonces presidente municipal zapopano, el priista Jorge Humberto Chavira Martínez (1992-1995).
Gutiérrez Alatorre se quedó con parte del predio del canal rellenado, donde construyó un salón de eventos llamado Picolli. Además, rentó otra parte, en la que hoy están una clínica dental y una gasolinera.
Los vecinos afirman que, además de que se rellenó el canal, el ayuntamiento tapó el colector que antes cruzaba la avenida Laureles, y que estaba al lado de donde ahora está enterrado el depósito de la gasolina. Así, el agua tiene que desviarse por un subcolector.
En videos mostrados a este semanario se aprecia que, en menos de cinco minutos, las calles y viviendas se inundan de agua de lluvia y negras, que alcanzan una altura de hasta 1.25 metros.
Y en algunas fotografías se ve cómo los vehículos compactos empiezan a flotar y las camionetas de redilas son cubiertas por el agua casi hasta el toldo. En las viviendas, el agua daña muebles, electrodomésticos y paredes.
La señora Castro comenta que a veces no alcanza a mover su auto de la cochera. “Aunque sea me llevo unas cuadras arriba la camioneta de mi papá, que es necesaria para que él haga su trabajo; mi coche luego lo llevo a lavar o a reparar, depende del nivel que alcance el agua”, relata.
A dos puertas de la casa de la señora Castro vive Enrique Meza García, un anciano que padece artritis y sobrevive vendiendo dulces en silla de ruedas. Su esposa y su hija –quien sufre una discapacidad– comercian ropa usada en los tianguis.
El señor Meza recuerda que la primera inundación de la zona ocurrió cuando él ya tenía 10 años ahí, después que el canal de aguas pluviales se rellenó y se vendió.
En la calle de Plata, los vecinos construyeron bardas de 1.30 metros frente a sus viviendas para evitar que el agua entre por debajo de las puertas. Algunos, como la familia Meza, improvisaron diques con costales de arena. De todas formas no pueden evitar que el agua se cuele por los resumideros del patio y del baño.
“No sólo las casas y los muebles se ven afectados; nosotros mismos sufrimos de infecciones gastrointestinales y de las vías respiratorias. Por eso exigimos una solución inmediata”, enfatiza el señor Meza.
Un vecino que no aceptó identificarse expresa su preocupación por la posibilidad de que una inundación atrape al señor Meza: “El agua sube en unos minutos; el señor no se puede mover. Si llueve cuando no están en su casa ni la esposa ni la hija, ¿qué va a hacer?”.
Frente a la vivienda de la familia Meza está el taller mecánico de Víctor Javier Medrano, quien lo abrió hace 20 años. Él afirma que cada año sufre pérdidas económicas con la inundación: “Vienen los clientes a que les repare su carro, pero cuando no alcanzamos a moverlo antes de que se inunde, tenemos que limpiarle el motor y hasta la tapicería”.
A los vecinos de la calle Plata que son clientes asiduos, Medrano les cobra 3 mil pesos por reparar su vehículo anegado. “Son precios de cuates”, comenta. El día de la entrevista, él y sus dos hijos estaban reparando cinco vehículos dañados por la tormenta del 4 de junio.
Por eso, dice uno de los afectados, “es una burla que las autoridades que a más de 20 años de que se les pidió solucionar el problema, no lo hagan. ¿Por qué en las elecciones vienen a pedirnos el voto? Y cuando ganan ya no vienen a resolvernos el problema de fondo”.
Otro agrega que ya están cansados de que las autoridades únicamente les paguen una parte del patrimonio dañado, pues lo que exigen es que se eviten las inundaciones.
“Cada temporal es lo mismo –relata–: a los ocho días de que nos inundamos vienen los de Protección Civil de Zapopan a levantar un censo. Y si no estás en tu domicilio te amuelas, ya no entras en la lista y no te dan ni un peso. Además, aun cuando te anotan, no pagan realmente lo que perdiste.
“Por ejemplo, cuando les decimos que los colchones, la estufa, la lavadora y los muebles se dañaron, y que el refrigerador también, aunque ya está funcionando porque pagamos la reparación que nos costó mil 400 pesos, nos dicen que no pagan reparaciones. Tampoco pagan por la despensa, ropa, zapatos, bolsos ni utensilios de cocina. Es obvio que no podemos usar o comer las cosas que estuvieron en contacto con aguas negras. Y esos daños ¿a poco no cuentan?”
Según cálculos de algunos entrevistados, el monto de los daños a cada vivienda por cada temporal varía entre 6 mil y 15 mil pesos.
Hasta el cuello… de burocracia
En un escrito fechado el 12 de septiembre de 1994, los vecinos de la calle Plata le expusieron a Chavira Martínez los perjuicios que la primera inundación les causó en julio del año anterior y le exigieron que se rehabilitara el canal de aguas pluviales.
Aquél primer año, la representante ejidal Gutiérrez Alatorre únicamente les ofreció una compensación de 800 pesos por la pérdida de electrodomésticos. Sólo siete personas aceptaron esa ayuda.
Antes que se construyera el subcolector, los afectados informaron a los entonces funcionarios de obras públicas Felipe de Anda y Erick Rodríguez Zambrano de la necesidad de rehabilitar el canal de aguas pluviales, pero ellos no les hicieron caso.
También se le envió copia del escrito vecinal de 1994 al entonces gobernador del estado Carlos Rivera Aceves y al director de Obras Públicas de Zapopan, Ignacio Vázquez Ceseña. A éste último Chavira Martínez le pidió hacer una inspección física del lugar de la inundación, “se determinen las causas que la provocaron y defina la competencia del ayuntamiento en el asunto aludido” (oficio 3934/34). No hizo nada.
Vázquez Ceseña repitió en el cargo durante la administración municipal del también priista Arturo Zamora Jiménez (2003-2006) y se le insistió en que resolviera el problema. Tampoco actuó.
Cuando asumió el control de Zapopan la primera administración panista, a cargo de Daniel Guillermo Ituarte Reynaud, en 1995, los vecinos volvieron a solicitar la atención al grave problema. El 17 de abril de ese año, Jesús Sánchez Moreno, secretario particular de Ituarte Reynaud, dirigió el oficio P077/95 a Alfredo Ramos López, director de Obras Públicas, para que hiciera una inspección en la calle de Plata e informara del resultado.
El 11 de mayo siguiente, Ramos López respondió al secretario particular que para prevenir la inundación en la zona “se están construyendo bocas de tormenta que están siendo conectadas a pozos de absorción existentes. Además de la construcción de una caja receptora y un subcolector por la calle Plata, con lo que esperamos resolver el problema” (oficio 006/95). Pero la obra no funcionó.
Posteriormente, el jefe del Departamento Jurídico de Zapopan, Salvador Ruiz Ayala, envió el oficio AV-283/96, con fecha del 22 de marzo de 1996, al secretario de Desarrollo Urbano, Carlos Petersen Biester, para que realizara una investigación cartográfica e hidrográfica a fin de saber si “se tiene contemplado como canal para descarga de aguas pluviales, el ubicado en la calle Plata”.
Ruiz Ayala indicó en ese documento que 15 familias “resultaron afectadas con una construcción que se localiza en el supuesto canal, ocasionando con ello la inundación de sus viviendas”.
El director jurídico también le mandó el oficio A-267/96 a Ramos López para que informara si la dependencia infraccionó o clausuró el terreno de Gutiérrez Alatorre en la calle Plata esquina con la avenida Laureles, puesto que, “según dichos de los vecinos, el lugar es un canal de aguas pluviales y que a raíz que se puso en venta el predio, se han presentando inundaciones”. Asimismo solicitó un dictamen técnico de la zona.
Sin embargo, el alcalde Ituarte renunció a la Presidencia Municipal tras un año, acusado de nepotismo por favorecer con contratos del ayuntamientos a amigos y familiares, entre ellos su consuegro Carlos Villa Herrejón, propietario de la constructora Activa de Occidente.
Lo sustituyó Heraclio Reséndiz y después José María Hernández. En el periodo de este último, los afectados presentaron un escrito más, con fecha 27 de febrero de 1997 y destinado al director de Obras Públicas, Luis Guillermo Utrilla Ricco.
Ahí le reiteraron la zozobra que experimentan cada vez que llueve porque el municipio sustituyó “el canal de aguas pluviales que fue cubierto, aún sabiendo que era un cauce natural, por un subcolector que es insuficiente”. Además, puntualizaron que el ayuntamiento colocó “tres alcantarillas de pozo de absorción, pero éstas no resuelven el problema”.
Si bien reconocieron que “la alcantarilla en medio de la calle conectada al colector del parque Industrial Belenes con salida al fraccionamiento El Vigía alivió un poco la inundación”, el problema continuó.
Explicaron que en la calle Plata, cerca de Donato Morales, “existe una tapa (…), ésta es del colector de aguas negras, y en tiempo de lluvias, cuando va lleno, bota la tapa y permite que salgan gran cantidad de estas aguas, provocando que en cuestión de cinco minutos el lugar se inunde”. Situación que hasta la fecha padecen.
El 26 de junio de 2013, 69 vecinos de las calles Plata, Insurgentes y Laureles solicitaron mediante una carta al Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (Coplademun) que se realicen “las obras necesarias que resuelvan nuestro problema de inundación que se genera cada temporada de lluvias, afectando nuestras casas, muebles y equipos”. El comité no les respondió.
Los vecinos temen que el problema se agrave, puesto que en este temporal la inundación se expandió hasta la calle Donato Morales.
