La mala situación financiera que atraviesa Chile, pero sobre todo el pésimo momento político que enfrenta Michelle Bachelet, provocaron que la presidenta renunciara a la agenda progresista que la llevó a la reelección: No habrá educación universal gratuita, no habrá despenalización del aborto, no habrá nueva Constitución ni reformas de calado, pero sí vendrán más ministros y proyectos conservadores. Así, se profundiza la crisis de legitimidad, se fisuran las viejas alianzas y avanza el malestar social.
VALPARAÍSO, CHILE.- La presidenta Michelle Bachelet dio el tiro de gracia al proyecto de transformación que la llevó por segunda vez a La Moneda, en marzo de 2010, con estas palabras: “No contaremos con todos los recursos previstos originalmente para llevar adelante nuestro programa y procesar nuevas demandas sociales. Va a ser necesario entonces jerarquizar y darle mayor gradualidad a algunos aspectos de nuestros compromisos”.
En una estudiada puesta en escena, que tuvo como escenario un Consejo de Gabinete realizado excepcionalmente el viernes 10 en el estadio San Jorge de la elegante comuna de Las Condes (Santiago oriente), la mandataria se excusó al señalar que la administración estatal no estaba “totalmente preparada para procesar cambios estructurales simultáneamente”.
Asimismo, anunció que, como resultado de la desaceleración económica y de los propios errores, reforzaría su mandato: “Ya que todavía no se nos va el espíritu de la Copa América, diría que el partido que se juega ahora no es un partido fácil pero debemos ganarlo”.
Bachelet dijo que en la nueva etapa se deben asumir estas dificultades “sin que ello signifique olvidar nuestro compromiso con la ciudadanía”. Y sintetizó su nuevo ideario como de “realismo sin renuncia”.
El “segundo tiempo” tiene eslogan: “Todos x Chile”. Una imagen gigante con estas palabras fue el telón de fondo del citado encuentro ministerial, a cuyo primer bloque se convidó a la prensa.
El lunes 13 el diario electrónico El Mostrador publicó que para elaborar dicho lema el ministro vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, contrató por asignación directa a la publicista Patricia Rivadeneira. Después se supo que ésta había utilizado la misma frase en la derrotada campaña presidencial del democratacristiano (DC) Eduardo Frei Ruiz Tagle, en 2009.
Reducción de expectativas
En los siguientes días ministros y parlamentarios de la oficialista coalición de centroizquierda Nueva Mayoría (NM) se encargaron de aterrizar el significado y alcance de lo planteado por Bachelet.
En una reunión celebrada el martes 14 con los máximos dirigentes de la Confederación Nacional de Estudiantes de Chile (Confech), la ministra de Educación, Adriana Delpiano, expresó que la gratuidad en educación superior no será universal en su administración, como se prometió en campaña.
De acuerdo con el nuevo plan, en 2016 se favorecerá a 60% de los estudiantes de universidades adscritas al Consejo de Rectores de Universidades Chilenas (CRUCH), cifra que podría escalar como máximo a 70% en esta administración, que concluye en marzo de 2018.
Por su parte, el senador del Partido Socialista (PS) Fulvio Rossi señaló el lunes 13 al vespertino La Segunda que “no hay ninguna posibilidad real de cambiar la Constitución en este gobierno”, como se planteó antes de las elecciones de noviembre y diciembre de 2013 (la segunda vuelta). Agregó que sería “interesante iniciar un debate constituyente”, aunque tendría que ser el próximo Congreso “el que lo resuelva”.
Un día después el vicepresidente del Partido por la Democracia (PPD), Gonzalo Navarrete, refrendó esta idea en el diario La Tercera: “No hay ninguna posibilidad de tener una nueva Constitución en este periodo de gobierno”.
El ministro del Trabajo en la primera administración de Bachelet (2006-2010) y hasta hace dos meses presidente del PS, Osvaldo Andrade, también “ayudó” a rebajar expectativas. El martes 14, en un seminario del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Pontificia Universidad Católica, asentó que la reforma previsional prometida en campaña y que implicaba la creación de una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) estatal no se podría instaurar.
“Da la impresión de que en el estado en el que estamos es más bien imposible pensar en una reforma más estructural al sistema de pensiones”, dijo, y explicó: “No hay suficiente masa crítica y no hay suficientes condiciones políticas objetivas que nos permitan acometer una reforma de esta naturaleza”.
Andrade incluso fue más allá. Contraviniendo el sentido original de la reforma propuesta, sugirió la necesidad de aumentar la edad de jubilación y el monto de las cotizaciones.
El actual sistema de retiro es privado y de capitalización individual. Fue puesto en marcha en 1981 por el dictador Augusto Pinochet y su ministro de Trabajo, José Piñera; se exportó a numerosos países y ha brindado ganancias exorbitantes a los controladores, pero está generando una situación calamitosa para los ancianos. Según un reciente estudio de la Fundación Sol, 90% de las pensiones de las AFP son inferiores a 225 dólares mensuales.
Fuego cruzado
El fin de las promesas desató un debate interno en Nueva Mayoría (NM). El martes 21 la exministra de Educación y referente del sector más derechista de la Democracia Cristiana (DC), Mariana Aylwin, fustigó la voluntad transformadora que inspiró a NM.
En una conversación publicada el martes 21 por el vespertino La Segunda, expresó que “el programa era inviable aun sin la crisis económica y política”, y responsabilizó a Bachelet por haber generado expectativas que, a su parecer, eran infundadas. “La presidenta se subió al carro de los movimientos sociales porque parecía el ganador”, soltó Aylwin, quien definió como “irresponsable” la conducta de la mandataria.
En entrevista con Proceso, el diputado comunista Hugo Gutiérrez dice que el cambio de enfoque del gobierno lo tiene “muy preocupado”. Estima que están en juego los planes centrales que inspiraron el acceso de Bachelet al poder el 11 de marzo de 2014. Recuerda que éstos eran tres: reforma tributaria, reforma educacional y nueva Constitución política.
“La primera –dice– no cumplió con el objetivo de recaudar todo lo propuesto, justamente por los aderezos que se le pusieron en ‘la cocina’ del Senado”. Respecto de la reforma educacional, Gutiérrez subraya que ésta consideraba la universalidad y la gratuidad, “y ya está claro que no se va a alcanzar”. La promesa de un proceso constituyente “se cambia ahora por un proceso consultivo que no nos conduce a ningún lado, o al menos no a una nueva Constitución política”.
Analistas políticos de diversas tendencias coinciden en que Bachelet mató el espíritu transformador de su gobierno, lo que era previsible desde que el 11 de mayo la jefa de Estado cambió su gabinete para instalar en él a figuras conservadoras en los principales ministerios (Proceso 2012).
En su columna La fiesta del lucro y la resaca –publicada el martes 14 en el diario electrónico El Líbero–, Patricio Navia, analista político que goza de gran tribuna en los medios de derecha, afirmó que con el anuncio de un “segundo tiempo” feneció la utopía “de terminar con el lucro en la educación y garantizar acceso universal gratuito a educación de calidad”.
El politólogo Max Colodro afirmó en su nota Partir de cero, impresa el sábado 11 en La Tercera: “La presidenta Bachelet dio por concluido su segundo mandato, aquél cuya razón de ser era concretar un conjunto de múltiples y simultáneas reformas estructurales”.
El sociólogo Alberto Mayol, en su columna Renuncia sin realismo: La doctrina Bachelet para perder el poder –que apareció el martes 14 en el diario electrónico El Mostrador–, reflexionó: “El gobierno y la derecha denominan realismo a un conjunto orgánico de acciones: centrarse en el crecimiento, limitar las reformas, aumentar sus tiempos de aplicación cuando no se han suprimido, evitar los procesos conflictivos a nivel político, mejorar las relaciones con los empresarios, mejorar las relaciones con la Iglesia católica y reducir el peso de los actores sociales en las decisiones”.
Mayol, uno de los intelectuales de izquierda más influyentes y que paradójicamente es hijo del “cerebro comunicacional” del dictador Augusto Pinochet, Manfredo Mayol, ubica como claros vencedores de este momento a los grandes empresarios y a la élite política. A éstos les lanzó una advertencia: “¿Recuerdan que esta crisis política es de legitimidad por malestar social? Pues bien, ¿hay algo de lo que están haciendo que resuelva ese problema? Son cosas para las que sería bueno, digo yo, tener algún plan. Mire, usted, que eso de la realidad a veces supera su realismo”.
También en entrevista, el director de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Diego Portales, Claudio Fuentes, afirma que el giro de Bachelet “es consecuencia de la presión de grupos empresariales”.
“Dados los escándalos de corrupción asociados a la figura del anterior ministro de Interior, Rodrigo Peñailillo, se hizo un rediseño estratégico que implica morigerar las políticas, designar actores que representan a sectores más moderados o conservadores, como los ministros de Hacienda, Rodrigo Valdés, y de Interior, Jorge Burgos, para dar una señal superpotente a los empresarios.”
Añade que “hay un sector de la NM, fundamentalmente una parte de la DC, que trató y trata de frenar el programa de reformas de Bachelet no sólo por razones económicas”.
Cita como ejemplo lo que sucede en materia de aborto. El martes 7 se debía votar en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados el proyecto que legaliza esta práctica en tres casos: violación, inviabilidad del feto y peligro de vida de la madre. No obstante, luego de fuertes presiones de la DC, el ministro de la Presidencia, Nicolás Eyzaguirre, solicitó a dicha comisión postergar su trámite, lo que fue aceptado.
“En este caso –puntualiza– no hay un problema financiero. Sin embargo, hay un intento de retardar la agenda transformadora, producto de diferencias ideológicas que tiene la DC respecto de la Nueva Mayoría.”
