Las autoridades de Tamaulipas no han ofrecido respuestas convincentes a la familia del empresario Víctor Manuel Negrete Villalobos, secuestrado y asesinado en aquella entidad, pues no indagaron la conducta sospechosa de empleados y extrabajadores ni sus nexos con funcionarios locales. Y en Guadalajara no hay respuestas sobre el presunto fraude al ayuntamiento del que un regidor acusó a la empresa Metro Meters, cuyo representante legal era Negrete Villalobos.
Ya pasaron más de seis meses desde que Víctor Manuel Negrete Villalobos, propietario de la empresa Metro Meters, concesionaria de los parquímetros en Guadalajara y en diferentes ciudades del país, fue secuestrado y asesinado en Ciudad Victoria, Tamaulipas, y su familia desconoce si la autoridad ha investigado el caso.
Su hijo, Víctor Manuel Negrete Caloca, relata que el 22 de diciembre de 2014 el empresario se trasladó de Guadalajara a Tamaulipas en su Golf rojo 2012. Ese mismo día llegó a la casa que rentan “para cuando vamos a revisar o auditar a la empresa”.
En aquel estado fronterizo, Negrete Villalobos estaba asociado, a través de la empresa Victoria Meters, S.A. de C.V., con el exdiputado federal por un distrito de San Luis Potosí, Enrique Salomón Rosas Ramírez, actual consejero político nacional del PRI. Negrete Villalobos poseía 45% de las acciones de la empresa de parquímetros. Se trata de una concesión que les entregó en 2010 Arturo Diez Gutiérrez Navarro cuando era presidente municipal de Ciudad Victoria (2008-2010).
El fallecido empresario detectó por medio de auditorías “que había una serie de diferencias de dinero en las recaudaciones en contra de la empresa, por lo que fue a revisar y tomar acciones”, refiere Negrete Caloca.
Dice que su padre decidió despedir a dos empleados sospechosos del desfalco: “Una de ellas era Lizzet Guadalupe Villagómez Gutiérrez y el otro: Carlos Ramos Ordóñez, exagente ministerial de Reynosa o Matamoros”. Con esta persona estuvieron negociando los secuestradores del empresario.
En cuanto a Villagómez Gutiérrez, obtuvo una incapacidad del IMSS por embarazo. “Al parecer ella misma indicó que no la podían despedir, porque de hacerlo tendría consecuencias la empresa, ya que tiene parientes o contactos que le podían hacer daño al que diera la orden”, comenta Negrete Caloca.
Explica que si bien su padre ordenó directamente al director administrativo de la empresa, Juan Carlos Pérez González, que despidiera a las dos personas mencionadas, no lo hizo.
Recuerda que el 13 de enero de 2015 fue la última vez que tuvieron contacto con Negrete Villalobos a través de un mensaje de texto que envió a las 5:23 horas: “Ya avanzaron los asuntos”.
Hasta el día siguiente, el director administrativo se comunicó con la familia de su jefe para informarles que “le habían hablado el día anterior a las nueve de la noche para decirle textualmente que tenían a sus camaradas, Víctor Manuel Negrete Villalobos y a su empleado Luis Fernando Carrizales Pineda, en su poder y que luego llamaban”.
Según el hijo del secuestrado, Pérez González afirmó que los delincuentes se comunicaron con él para decirle que para el rescate “juntaran lo que pudieran y entregaran el dinero de acuerdo a sus instrucciones”.
El 15 de enero, otro empleado de la empresa, Juan Carlos Cabrera, le informó a la familia Negrete que Ramos Ordóñez “recibió la llamada para que dejara la cantidad de 135 mil pesos amarrados en un poste del kilómetro 14 de la carretera a Monterrey, y que posteriormente nos indicaban dónde dejarían a Víctor Negrete y a Fernando Carrizales”.
Negrete Caloca y su familia cuestionan por qué la autoridad no investiga al administrador y al exagente ministerial, quienes tuvieron contacto con los presuntos secuestradores. Menciona que el 29 de enero solicitaron a la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas que investigara al personal de la empresa, pero “al parecer no se ha intentado ni siquiera contactarlos”.
Tampoco se ha interrogado a las últimas personas que convivieron con el ahora occiso ni se han tomado huellas digitales del vehículo de Negrete Villalobos. Según el hijo del empresario, la procuraduría tamaulipeca “se concretó a guardar el auto”.
Señala además que el administrador de la empresa enteró a la familia “hasta un día después del secuestro y el colmo es que pone a negociar con los secuestradores a un empleado de bajo rango, mismo que es comisionado a entregar el rescate, sin previo aviso a nosotros”.
Los “avances”
Negrete Caloca solicitó por escrito a la procuraduría de Tamaulipas copia de la averiguación previa sobre el secuestro y homicidio de su padre –cuyo acompañante también fue asesinado– pero no le ha dado nada con diferentes pretextos, uno de ellos que estaban inaugurando las nuevas oficinas de la dependencia.
Por ese motivo Negrete Caloca solicitó la intervención de la Coordinación Nacional Antisecuestro (Conase), que el pasado 23 de junio le informó que ya había enviado un oficio al coordinador estatal antisecuestro de la procuraduría tamaulipeca, Willy Zúñiga Castillo, para solicitarle “el estatus, diligencias y avances de la investigación”.
El oficio (SEGOB/CONASE/DGCVS/0009 /2015) está fechado el 9 de abril y lo firmó Jesús Jiménez Grandas, director general de Control Verificación y Seguimiento de la Conase.
El 29 de mayo, la procuraduría tamaulipeca respondió con el oficio CEA/707/2015, firmado por Zúñiga Castillo, “mediante el cual informa el contenido del oficio PGJ/CEA/DMP/100/2015 con fecha 28 de mayo, signado por Juan Carlos Soto García, director de Ministerios Públicos, en el que se precisan diligencias y avances de la indagatoria”.
El miércoles 1 de julio, el titular de la Unidad de Atención a Víctimas de la Coordinación Nacional Antisecuestro, Marcos Iván Valdespino Cruz, le mandó a Negrete Caloca un correo para informarle sobre el oficio de la autoridad tamaulipeca.
Además, se le entregó una tarjeta informativa que elaboró la Agencia del Ministerio Público Especializada en la Investigación y Persecución del Secuestro, donde se informa que se abrió la averiguación previa AMPEIPS/PGJE/07 y 08/2015, acumuladas, puesto que en el lugar donde se encontraron los cuerpos de Negrete Villalobos y de su empleado, también estaba el cadáver del empresario tortillero Gonzalo Sergio Treviño García.
En la tarjeta informativa, de cinco páginas tamaño carta y firmada por la agente del Ministerio Público Especializado en la Investigación y Persecución del Secuestro, Gloria Guadalupe Carrizales Martínez, se menciona que los probables responsables por secuestro y homicidio de Negrete Villalobos, Carrizales Pineda y de Treviño García son Jacinto Coy Choc, Nicolás Tzir Pop, Efraín Cacho Ichichi. Los tres son acusados también de asociación delictuosa.
En el reporte de la procuraduría de Tamaulipas se afirma que la averiguación previa 07/2015 inició después de que Benicio Treviño, hermano del empresario tortillero, presentó una denuncia el 14 de enero de 2015 por secuestro.
En su querella relató que la víctima se encontraba en su tortillería; aproximadamente a las 14:00 horas llegaron varios sujetos con armas y se llevaron al propietario.
El 15 de enero se encontraron tres cadáveres en el Ejido Rancho Nuevo, de Ciudad Victoria, así como un vehículo Nissan Sentra. Según el informe de la autoridad, ese día la Unidad Especializada en la Investigación y Persecución del Secuestro localizó la camioneta de Treviño García y detuvo a tres personas.
El 16 de enero, el MP ordenó la acumulación de la averiguación previa 08/2015, del caso de Negrete Villalobos y Carrizales, a la de Treviño García.
En la tarjeta informativa se menciona que se recabaron declaraciones de tres personas, y sólo Ramos Ordóñez estaría relacionado con el caso de Negrete Villalobos.
En la escasa información de la procuraduría tamaulipeca, se comunica que el 24 de enero se giró orden de aprehensión en contra de Coy, Tzir y Cacho. Cinco días después, el 29 de enero, Negrete Caloca pidió a la autoridad que investigara a trabajadores y exempleados de la empresa de su padre.
En un boletín de prensa con fecha 1 de marzo de 2015 que envió la procuraduría de Tamaulipas comunicó que la Policía Ministerial detuvo a Guillermo Tovar Villasana, de 19 años; Francisco Javier Amaro, de 18, y Héctor Omar Martínez Esquivel (no se especifica la edad), como presuntos responsable de diversos asaltos contra establecimientos comerciales, robo de vehículos, secuestros y homicidios cometidos en Ciudad Victoria.
En el comunicado se aclara que “faltan por ser detenidos otros dos integrantes de la banda delictiva, que ya están identificados por las autoridades ministeriales”.
Señalamientos en Guadalajara
El regidor de Guadalajara por el partido Movimiento Ciudadano, Salvador Caro, acusó a la empresa Metro Meters de haberse quedado con 65 millones de pesos de la ciudad por concepto de estacionómetros (Reporte Índigo, 4 de septiembre de 2013).
A decir de Caro, el ayuntamiento tapatío sólo recibió 6 millones 410 mil pesos, en lugar de los 71 millones que le correspondían por la concesión a 10 años del estacionamiento en la vía pública a Metro Meters. El contrato se firmó el 23 de septiembre de 2010 con la administración del entonces presidente municipal priista Aristóteles Sandoval Díaz.
En ese documento se estableció que la empresa instalaría, operaría, daría mantenimiento y explotaría los estacionómetros, de cuya recaudación entregaría 50% al municipio mensualmente. Además, se le otorgó a dicha empresa la facultad de infraccionar e inmovilizar a los vehículos con placas de otras entidades que no pagaran lo establecido en el parquímetro.
En su exposición de motivos para asignar la concesión, el ayuntamiento mencionó que en Guadalajara existen 4 mil 292 aparatos mecánicos y 949 digitales. Comparados con los primeros, los digitales representarían una recaudación de 350% para la comuna, lo que equivaldría a 89 mil 225 pesos diarios, en números de 2004.
Hace 11 años la Tesorería Municipal calculó que la inversión necesaria para digitalizar los parquímetros era de 34 millones 99 mil pesos, pero que podría recuperarse en menos de dos años, “tomando en cuenta los gastos por sueldos, mantenimiento y pago de intereses”.
