Los familiares de José Domingo Millán Cordero y su sobrino Víctor Antonio Herrera Millán, dos de los presuntos autores del homicidio del delegado del ISSSTE, Javier Galván Guerrero, aportan nuevas pruebas del desaseo con el que actuaron los agentes de la Fiscalía General del Estado, quienes incluso entraron al Reclusorio Preventivo Metropolitano de Puente Grande para arrancarles la confesión mediante amenazas.
Ellos aseguran que primero los detuvieron, los torturaron e incomunicaron durante varios días hasta obligarlos a confesar que eran los presuntos autores del crimen del delegado del ISSSTE, Javier Galván Guerrero.
“Este cabrón todavía aguanta (golpes en el estómago y descargas eléctricas en los testículos); preocúpense cuando vomite sangre”. Éstas palabras se le atribuyen a un médico asistente, mientras agentes de la Fuerza Única Metropolitana (FUM) torturaban a José Domingo Millán Cordero.
Su sobrino Víctor Antonio Herrera Millán le decía a los “investigadores” de la FUM: “¡Por Dios!, tengan compasión; ya no nos torturen”. “Aquí somos ateos. A ver, respondían los agentes, ¿a qué cártel pertenecen?, para ver si hay trato (con ellos) y dejarlos ir”, según relatan los familiares de los detenidos.
Luego, de acuerdo con el mismo relato de los familiares, Millán Cordero y Herrera Millán fueron trasladados al Reclusorio Preventivo Metropolitano de Puente Grande. Y cuando creían que todo había concluido y que podían demostrar su inocencia, los agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) que los aprehendieron e inculparon llegaron a las celdas donde se encontraban y amenazaron con violarlos si no ratificaban su confesión. Peor aún, entraron al penal sin el permiso del juez Octavo de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Jalisco, José Reynoso Castillo, añaden.
Elena Guadalupe Rivera Maravilla, esposa de José Domingo, y Brenda Millán Cordero, madre de Víctor Antonio, comentan que ambos desaparecieron el 24 de junio a mediodía. Al día siguiente ellas fueron a la Agencia 12 de Desaparecidos de la FGE a reportar el caso.
Fue hasta el miércoles 1 cuando Violeta Cristina Meza Jiménez, directora de Control de Procesos y Audiencias, responsable del área de no localizados, envió un oficio (el número 588/2015) al secretario particular del entonces fiscal Luis Carlos Nájera Gutiérrez.
“… No se encontró registro alguno de denuncia por desaparición de las personas José Domingo Millán Cordero, El Gordo, y Víctor Antonio Herrera Millán, El Tony, presentadas el día 25 de junio del presente año por Elena Guadalupe Rivera Maravilla y Brenda Millán Cordero”, decía el escrito.
El mismo día respondieron el juez Reynoso Castillo; Blanca Alejandra Villaseñor Mendoza, agente del Ministerio Público de la Agencia de Personas no Localizadas, adscrita a la Unidad de Investigación Contra Secuestros; así como Roberto Carlos Ramos Coronado, secretario particular del fiscal central Rafael Castellanos. Los números de oficio fueron, el 479 y el SPFC/F-6227/7963, respectivamente.
Ramos Coronado expuso que las denuncias de Elena Guadalupe y de Brenda fueron subidas al sistema cuando fueron presentadas para la debida integración de la causa penal número 109/2015-V. “Le informo, escribió el funcionario, que después de una minuciosa búsqueda, no se encontró registro alguno de la queja por desaparición de las personas antes mencionadas”.
El miércoles 1 los detenidos ya estaban en manos de la Procuraduría General de la República, a donde habían sido remitidos el 26 de junio poco después de las 20:00 horas. Hasta ese momento, “gracias a la presión de la prensa”, pudieron verlos, comentan Elena Guadalupe y Brenda. José Domingo y Víctor Antonio estuvieron en manos de esa dependencia hasta el día 28.
De ahí los trasladaron al reclusorio junto con Manuel Quintero Hernández, El Chaparro; Gonzalo Jiménez Duarte, El Guayabo; César Octavio Martínez Rivera o Cristian Fernando Robles Martínez, quienes también estaban detenidos.
Una visita ilegal
El 30 de junio, varios elementos de la FGE se presentaron en el penal para, según dijeron a las autoridades, realizar varias entrevistas relacionadas con la averiguación previa 160/2015, integrada a la causa penal 109/2015-V. Sin embargo, los agentes olvidaron informar de esa operación al Juzgado Octavo de Distrito.
Por esta razón, el juez octavo, José Reynoso Castillo, solicitó el jueves 2 al fiscal general y a sus subalternos “los nombres de los elementos de la fiscalía que hayan ingresado al centro carcelario”, ante la presunción de que actuaron de manera ilícita al entrevistarse con los detenidos “con el fin de obtener información o una confesión” relacionada con el asesinato de Galván Guerrero.
El viernes 3, la inspectora general del reclusorio metropolitano, María de los Ángeles Zavala Ortega, envió el oficio RM622/2015 al secretario del Juzgado Octavo, Elías Valencia Zepeda, en el cual le informa que quienes entraron al penal fueron el licenciado César Alejandro Rodríguez García, agente del Ministerio Público de Homicidios Dolosos; Pablo Alonso Grajeda Maldonado, secretario del Ministerio Público; José Armando Alvarado Olivares, jefe de grupo de la Policía Investigadora, y Gabriel Fernández García, policía investigador, todos ellos de la FGE.
Brenda y Elena Guadalupe pudieron ver a Víctor Antonio y José Domingo en el penal de Puente Grande dos semanas después. Se enteraron del motivo de la visita de los agentes de la FGE con los internos:
“Llegaron las gentes de la fiscalía, encerraron a José Domingo y a Víctor Antonio en un cuartito y les dijeron: ‘Los vamos a violar si no firman su declaración de que son los asesinos de Javier Galván’. O firman lo que queremos, o los vamos a violar”, relata Brenda.
Su hijo Víctor Antonio les dijo que no iba a firmar los papeles que le presentaron. Prefería morirse –les comentó– que culpar a un inocente de algo que no hizo y en el cual él no participó. Tío y sobrino terminaron por firmar.
Días después de la ejecución de Galván Guerrero, el entonces fiscal Nájera Gutiérrez informó sobre la detención de seis personas que presuntamente formaban parte de una célula del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) implicados en el caso. Incluso mencionó que habían recibido 180 mil pesos por ese trabajo, y dio sus nombres.
Destacó el de José Domingo Millán Cordero, un policía municipal de Guadalajara de 31 años, incapacitado desde hace un año por parálisis facial, hipertensión, diabetes aguda y otras complicaciones. Según Nájera, el detenido admitió haber disparado en varias ocasiones contra Galván Guerrero.
No obstante, José Domingo y su sobrino Víctor Antonio Herrera Millán, un mesero que la hacía de su chofer porque él no podía conducir, declararon bajo presión luego de la tortura a que fueron sometidos por elementos de la FUM desde que los llevaron a la casa de Jorge Adrián Estrada González y a otra que, según los vecinos, los investigadores utilizaban para interrogar a los detenidos (Proceso Jalisco 557).
“Querían que Víctor Antonio se declarara culpable de portar un arma de grueso calibre, una AR15 o un AK-47 cuando él jamás ha portado un arma ni puede dispararla porque tiene atrofiados varios dedos”, sostiene su madre Brenda. Incluso lo sacaron al patio, donde lo tuvieron hincado toda una noche.
Pese a las declaraciones de Nájera, quien aún era el titular de la FGE, pocos creyeron la versión que inculpaba a seis presuntos sicarios del CJNG. Varios analistas consultados por este semanario se sorprendieron por la rapidez con la que fueron capturadas seis personas y que el secretario general de Gobierno, Roberto López, comentó que la PGR había atraído el caso.
En la edición del domingo 17 de julio, Proceso Jalisco informó que la FGE no pudo comprobar que José Domingo, Víctor Antonio y los otros cuatro detenidos hubieran ejecutado a Galván Guerrero. La propia PGR dudó de la culpabilidad de los seis consignados.
Ello debido a las pruebas de laboratorio del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses de absorción atómica en las manos de los presuntos implicados resultaron negativas; ninguno de ellos portaba armas exclusivas del Ejército y las fuerzas federales; porque las declaraciones les fueron arrancadas mediante la tortura, y porque la captura no fue en el cruce de las avenidas Circunvalación y Belisario Domínguez, como informó la FGE, sino en el domicilio citado.
Asimismo, el juez Reynoso Castillo comprobó, a solicitud de Miguel Ángel Espinoza Padilla, defensor del detenido Manuel Quintero Hernández, que en dicha intersección “sí existe una cámara de circuito cerrado, aunque no cuenta con las videograbaciones del día 24 de junio de 2015”.
También documentó el ingreso ilícito de agentes de la FGE al reclusorio metropolitano, así como las torturas infligidas a los detenidos para obligarlos a confesar un crimen que no cometieron.
