Luis Carlos Nájera salió de la Fiscalía General del Estado porque urgía sanear las corporaciones policiacas y la procuración de justicia, pero el sucesor, Eduardo Almaguer, sólo atinó a revivir las desprestigiadas “volantas”. Nada de llamar a cuentas a los mandos sospechosos de colusión con la delincuencia ni a los responsables de llevar al matadero a decenas de agentes estatales. Para los uniformados descontentos, el motivo de tal impunidad es la corrupción.
Sin indicios de cambio de funcionarios, la Fiscalía General del Estado (FGE), encabezada desde el jueves 9 por Eduardo Almaguer Ramírez, opera igual que cuando su titular era Luis Carlos Nájera.
La primera acción del nuevo fiscal fue anunciar que vuelven las “volantas” en todo el estado. Su anuncio levantó el cuestionamiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), por lo cual dio marcha atrás el martes 21.
La medida se tomó tras el asesinato del comandante Óscar González Ortiz, acribillado en Puerto Vallarta la noche del viernes 17, cerca de un puesto de tacos. Ese homicidio se suma a los más de 110 de servidores públicos que se han cometido durante la administración del gobernador Aristóteles Sandoval.
Por eso, dice el investigador del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), Guillermo Zepeda Lecuona, el fiscal tiene un tiempo de gracia de tres meses para promover los cambios necesarios en la Comisaría de Seguridad Pública y en la Fuerza Única Regional (FUR), que arrastra numerosas acusaciones de violar los derechos humanos de los detenidos.
Para el académico, Almaguer encuentra un nivel de percepción de inseguridad de alrededor de 70% de la población, con indicadores de impunidad superiores a 90% y con tendencia al incremento de denuncias por violaciones a los derechos humanos por las corporaciones policiacas.
El contexto en el que trabaja la fiscalía tampoco es favorable, aclara, pues el Nuevo Sistema de Justicia Penal Adversarial, conocido como juicios orales, se instaura con lentitud y Jalisco está rezagado respecto de otras entidades.
Agrega que Almaguer también tiene que demostrar su voluntad de atender los focos rojos, como la sobrepoblación de más de 186% en el núcleo penitenciario de Puente Grande.
Y en un momento como éste, marcado por la fuga de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, del Cefereso del Altiplano, hace inevitable recordar que el capo primero escapó del Cefereso de Puente Grande en 2001, cuando iniciaba la gestión de Vicente Fox.
Zepeda Lecuona señala que por cada peso gastado en la entidad para prevenir el delito, mil se invierten en el sostenimiento de las cárceles y los reos, proporción incompatible con las políticas públicas de combate al crimen y readaptación social.
Esto empeora con la aplicación del concepto de “cárcel preventiva” para mantener en prisión a miles de personas que deberían estar libres o sentenciadas, pues Jalisco es la entidad con mayor hacinamiento de presos (poco menos de 200%) después del Estado de México y el Distrito Federal (cerca de 300%).
El especialista pone como ejemplo el Centro de Readaptación Social de Sentenciados, cuya sobrepoblación supera 320% y en cualquier momento esa situación puede estallar. Hasta ahora, señala, “gracias a las autoridades formales y las informales (autogobierno), en el penal de Puente Grande la violencia no ha desbordado”. No obstante, comenta que este año van cinco asesinatos en el penal, mientras que en 2014 sólo se registró uno.
Jefes de alto riesgo
Policías estatales, que solicitaron no publicar sus nombres, consideran urgente una limpieza a fondo de las corporaciones del estado. Para ellos, el nuevo fiscal está desperdiciando la oportunidad de realizarla, cuando el personal operativo esperaba que al salir Nájera se depuraran las cadenas de mando cuyos comandantes son responsables del mal funcionamiento de la FUR.
Indican que, a petición de Nájera, de otros mandos policiacos y hasta de políticos, al menos 30 mandos medios fueron incrustados en la nómina de empleados administrativos y esperan ser ratificados sin que se evalúen sus habilidades, experiencia profesional y capacidad para cumplir sus funciones.
Revelan que hay directores de área que sólo llegaron al bachillerato y mujeres colocadas en puestos estratégicos por su cercanía con los anteriores mandos. Entre esos recomendados incluyen al escolta Juan Alberto Torres Castillo, quien disfruta de condiciones superiores a las de otros policías de línea.
Otro grupo de policías inconformes relata que más de 100 de ellos se dieron de baja o renunciaron después de la emboscada del 6 de abril en San Sebastián del Oeste, donde fallecieron 15 uniformados de la FUR en una emboscada que las autoridades estatales le atribuyeron al Cártel de Jalisco Nueva Generación.
Según los entrevistados, algunos mandos de la FUR exponen a sus subalternos a la muerte innecesariamente, como ocurrió en la emboscada, sin que nadie fuera llamado a cuentas entonces, y menos aún después de la renuncia de Nájera.
“Da la impresión de que en Jalisco no pasa nada, a pesar de que la corporación sufrió uno de los más duros atentados, que se traduce en uno de los golpes que ha recibido la Policía Estatal en toda su historia”, dice uno de los gendarmes.
Otro relata: “A la salida de Nájera se tenía la esperanza de que al menos se iniciara un proceso de investigación interna para poder detectar hasta qué nivel los tentáculos del crimen organizado o del narcotráfico tienen presencia en la FGE o la FUR”.
Pero conforme pasa el tiempo, dice, confirman que fue sólo un cambio superficial en el gabinete de Sandoval Díaz, pues Nájera no fue investigado ni llamado a cuentas por los excesos y corruptelas por los que fue denunciado.
En su opinión, Almaguer tiene la ventaja de contar con la confianza del gobernador, pero carece de experiencia policiaca y “seguramente llega ajeno a la serie de cosas que se esconden tras la fachada de la FGE y la FUR”.
“Lo peor –interviene uno de los inconformes– es que cuando matan a 15 compañeros en San Sebastián del Oeste no cayó ningún jefe intermedio o superior por los errores cometidos en el protocolo que se debió seguir para el resguardo de los elementos en una situación de alto riesgo.
“No se sabe qué tipo de investigación interna se llevó a cabo, si acaso existe, o si en realidad hubo superiores que sabían de la emboscada que se preparaba; tampoco se sabe por qué optaron por mandar al frente del convoy a subalternos.”
Un entrevistado cuestiona concretamente: “¿Por qué no se promovió ninguna sanción contra Alzaga Ruelas, conocido como el Delta 1 y quien se supone que iba como responsable del convoy atacado en San Sebastián?”.
El grupo indica que aquella vez se rompieron varias disposiciones del protocolo, como la de no avanzar una unidad tras otra en áreas de riesgo o en la carretera, sino mantener una distancia mínima de 400 metros entre unidades, pero eso no se cumplió el día de la emboscada.
Añaden que tampoco queda claro el nivel de responsabilidad de agentes municipales o de la FUR en la ejecución del funcionario federal Javier Galván Guerrero, pues primero se detuvo a policías de Guadalajara que denunciaron torturas, pero también se señaló a un comandante identificado como El Jordán, del que no se dieron más datos.
El caso es que la FUR atraviesa una situación difícil. Al iniciar su operación, el gobierno informó que contaría con más de mil 400 efectivos, “pero en realidad está conformada por menos de 700”, apuntan los policías entrevistados.
De ellos, dice un integrante del grupo, renunciaron formalmente 23, mientras que otros 60 sencillamente abandonaron el puesto tras la matanza de San Sebastián, pero ningún jefe de la FUR u otro funcionario estatal quieren reconocerlo.
Esta actitud se debe a que la tragedia de San Sebastián es responsabilidad de sus mandos: “Cada unidad lleva un jefe de convoy y ellos son impuestos por los responsables de manejar la FUR o la Fuerza Única Metropolitana (FUM). Lo primero que se les exige es que se reporten y saquen adelante los acuerdos con cada uno de los jefes de plaza en los municipios o las regiones: en todos lados prevalecía el CJNG.
“El ataque a los policías en San Sebastián fue una demostración de fuerza para mandar un mensaje a los jefes de la FGE y a los militares a raíz del asesinato de El Gringo en Zacoalco de Torres”, a finales de marzo anterior.
Por eso, relata, “la puesta a disposición de municipales para el servicio de la FUR es un verdadero desastre. Muchos no tienen capacitación en uso de armas, carecen de entrenamiento y en el peor de los casos ni siquiera saben disparar armas de uso común, y menos el tipo de armamento sofisticado o especializado que usa la fiscalía. Casi nadie sabe usar un lanzagranadas”.
Informan asimismo de que la capacitación para los nuevos integrantes de la “policía de élite” dura entre dos y tres semanas, y a veces es sólo la básica.
Así llegaron a la FUR agentes que carecen de capacitación, tiempo de servicio y experiencia o preparación como suboficiales. En cambio, “muchos otros que sí cubren el perfil y han estado desde hace años en la Policía Estatal, no fueron considerados para el cargo de suboficiales”.
Para las fuentes, ese desorden tiene un solo motivo: “Es tan fuerte la corrupción en la FGE y en la FUR que, a pesar del cambio de fiscal, la corrupción no se va ni se mueve”.
Propuesta académica
El investigador Zepeda Lecuona puntualiza que al menos 58% de los presos en el estado están esperando sentencia, mientras que en Nuevo León los no sentenciados representan 22% y en el DF 19%. “El asunto es que aquí se invierten 4 millones y medio de pesos diarios para la manutención de los más de 18 mil presos”.
Al respecto, especifica que cada preso de Puente Grande le cuesta a la sociedad un promedio de 270 pesos diarios, lo que significa una carga excesiva para el erario.
No obstante, recalca que tres de cada cinco reclusos se presumen inocentes y muchos permanecen ahí por el solo hecho de no haber recibido sentencia. Por eso, dice, el fiscal Almaguer está obligado a hacer una reingeniería de los procesos y promover la aplicación de las denominadas buenas prácticas, que no es otra cosa que cumplir la ley, y desechar los métodos violatorios de los derechos humanos en la aprehensión y la obtención de declaraciones de los detenidos.
Para facilitar esa tarea, un grupo de investigadores había presentado propuestas concretas a Nájera:
“Consideramos desde la academia que se puede contribuir a reducir 60% de la problemática que enfrenta el modelo de gestión de Jalisco en administración e impartición de justicia, que tiene que ver con la necesidad de enfrentar la saturación de la prisión preventiva. Aquí vemos cuadruplicado el número de personas encarceladas sin darnos cuenta de lo que cuestan; les propusimos trabajar por dotar al sistema judicial de jueces más seguros.
“En Jalisco, por cada peso que se destina para acciones de prevención del delito se destinan más de mil para el funcionamiento de las prisiones; por lo que propusimos acciones para despresurizar los penales y buscar un uso más racional de los recursos.” l
