Leonardo Mireles Félix presuntamente siguió los pasos de su hermano Ramiro para deshacerse de su cónyuge: aprovechó que ella estaba en prisión acusada de un delito que no cometió para pedirle el divorcio y la custodia de sus dos hijos. Y al igual que en el caso de Ramiro, todo indica que Leonardo supo aprovecharse de engaños, testigos falsos y la colusión de un juez para lograr su propósito.
Los hermanos Ramiro y Leonardo Mireles Escobedo, hijos de Ramiro Mireles Félix, un presunto narcotraficante cercano al cártel de los Arellano Félix, se conducen de manera similar para separarse de sus esposas: tuercen la ley para inventarles delitos y encarcelarlas, para después pedir que un juez les otorgue el divorcio y la custodia de sus hijos.
Ramiro, por ejemplo, aprovechó que su cónyuge Minerva Tovar Rivera estaba presa por un delito falso que él le imputó para demandar la nulidad de su matrimonio y la custodia de sus dos hijos menores, según declaró la afectada a este semanario en agosto de 2013.
La titular del Juzgado Cuarto de lo Familiar del Primer Partido Judicial, Elsa Navarro Hernández, presuntamente recibió 1 millón de pesos de Ramiro a cambio de otorgarle de manera exprés la custodia de los menores y darle el divorcio (Proceso Jalisco 459)
Su hermano Leonardo repitió la historia: demandó el divorcio de su esposa Norma Angélica Ortiz Guerrero y la custodia de sus hijos, aprovechando que ella está en prisión acusada por una tercera persona de robo calificado que presuntamente cometió aun cuando Ortiz estaba fuera del país cuando sucedieron los hechos que se le imputan.
Según las testigos presenciales Estefanía Ramos Orozco y Paola Chávez Ramírez, Ortiz Guerrero sustrajo aparatos electrónicos de la habitación de una de las casas en las que presuntamente prestaba sus servicios de limpieza. Sin embargo, las acusaciones son falsas, pues la esposa de Leonardo nunca se ha dedicado a esas tareas, pues tiene una posición económica holgada e incluso tenía a su disposición dos choferes y servidumbre.
Lo curioso es que ninguna de las dos se identificó ante el Ministerio Público y dieron domicilios del puerto de Veracruz que no existen y donde sus supuestos vecinos ni siquiera las conocen; además, el abogado Alejandro Enrique de la Torre Ulloa, quien defendía a Ortiz Guerrero en ese litigio, es el mismo que después interpuso la demanda de divorcio a solicitud de Leonardo Mireles.
Una irregularidad más: un usuario identificado como “Fraudes en Guadalajara y Zapopan Consorcio Acueducto” subió a Youtube documentos del proceso de disolución del vínculo matrimonial de Leonardo y Norma Angélica, quienes se casaron el 31 de mayo de 2002 por separación de bienes.
Las falsas imputaciones
El 15 de abril de 2014, según la información que circula en ese sitio, Leonardo Mireles presentó una demanda de divorcio en el que pedía la custodia definitiva de sus hijos, Leonardo, de 13 años, y Camila, quien está por cumplir siete.
Una presunta infidelidad de Norma Angélica con una persona llamada Carlos motivó la querella, que quedó asentada en el expediente 713/2014 y se turnó a María del Carmen Mejía Tostado, juez Séptimo de lo Familiar. Según el demandante, en 2007 Norma Angélica le presentó a Carlos como un “gran amigo, excompañero de la preparatoria y la facultad”.
A partir de esa fecha, según el demandante, comenzó a percibir que la relación entre Norma Angélica y Carlos “era más que de amigos”. Asimismo, la familia de ella le comentó que habían “sido novios en su juventud”.
A partir de 2011, continuó, Norma Angélica comenzó a viajar al Distrito Federal, donde vivía Carlos, lo que provocó peleas en el matrimonio. Para salvar su relación, la familia Mireles Ortiz se mudó a Estados Unidos, “pero ni aun así logré que Norma Angélica se apartara de esa persona”, dijo.
Supo también que su suegra, Teresa Guerrero, y su cuñado Manuel entregaron regalos a Carlos de parte de Norma Angélica. Luego la pareja y sus hijos regresaron a México para seguir su vida conyugal. Sin embargo, el 27 de marzo del año pasado ella viajó a la Ciudad de México para asistir a un concierto, aun cuando el evento se canceló.
Tres días después, Leonardo recibió una llamada desde el celular de su esposa pero escuchó la voz de un hombre, quien le comentó que iba a enviarle a su correo electrónico fotografías y video de su esposa que revelaban una relación “más que de amistad” con Carlos. Y así lo hizo.
A principios de abril Leonardo recibió el material que mostraba “besos y caricias apasionadas” entre Norma Angélica y Carlos. El día 3 de ese mes, según Leonardo, cuestionó a su esposa por las imágenes. Ella le respondió que “sólo revelaban el principio de lo ocurrido en el departamento de Carlos”.
No obstante, ella había sido detenida y remitida a Puente Grande el 31 de marzo anterior, según consigna la averiguación previa 164/2014-A.
En su demanda de divorcio, Leonardo expuso que su cónyuge le dijo que le dejaba a sus hijos, “siendo la causa por la cual solicito que se me conceda la guarda y custodia de ellos”. Una de las pruebas que presentó Leonardo fue la confesional ficta, según la cual su pareja admitió la infidelidad y el deseo de que sus hijos se quedaran con él.
Leonardo obtuvo esa prueba de De la Torre Ulloa, el abogado que al principio defendió a Ortiz Guerrero, encarcelada por el presunto delito de robo. El defensor de la detenida ante el Juzgado Séptimo de lo Familiar ya no fue De la Torre, sino Marcos González Fernández.
En su contestación de la demanda, Ortiz presuntamente consideró que sus hijos estarían mejor con Leonardo; asimismo, “aceptó” tener un romance con Carlos y argumentó que la vida en común era insoportable para ambos, “considero que esa situación me ha llevado a cometer conductas que me reprocha mi aun cónyuge”.
El 24 de abril, la juez Mejía Tostado admitió la demanda de divorcio, y se otorgó a Ortiz Guerrero un plazo de una semana para que respondiera. Al día siguiente, el secretario de acuerdos del Juzgado Séptimo Familiar, Pablo Palomo Navarro, acudió a Puente Grande para entrevistarse con Ortiz Guerrero, quien le confirmó que se “allana en la demanda instaurada en su contra y reconoce como suya la firma que calza en el escrito”.
Para el 28 de abril, ella ratificó los señalamientos de infidelidad que le imputaba su marido; también dijo que las fotos y el video en el que aparece con Carlos eran reales, y, además de admitir que le fue infiel a Leonardo, pidió que él se quedara con los hijos que procrearon.
Sin embargo, el 23 de mayo Édgar Rizo Garnica sustituyó a la juez Mejía Tostado. Un mes después, el 24 de junio de 2014, Rizo le concedió el divorcio y la custodia de sus hijos a Leonardo. El 27 de noviembre siguiente, la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia, a cargo del magistrado Salvador Cantero Aguilar, confirmó la sentencia definitiva de divorcio y la custodia. Su resolución fue respaldada por los otros dos magistrados de la sala, Carlos Raúl Acosta Cordero y María Eugenia Villalobos Ruvalcaba.
Historia de una injusticia
El 1 de mayo de 2013, Pedro Antonio Nájera Olvera acudió a la Fiscalía General del Estado (FGE) a denunciar –AP 4403/2013– el robo de tres laptops (aunque no especificó sus características), un Nintendo, la llave de un auto y unos audífonos que extrajeron del edificio de Manuel Acuña 2922-7, al cruce con Terranova, en la colonia Prados Providencia, donde él labora.
Expuso: “la señora que ayuda en el edificio me comentó que una persona entró cuando me fui. La puerta no estaba forzada ni rota. Entraron con una llave o deslizando una tarjeta”.
Estimó en 50 mil pesos el monto del robo. No obstante, una valuación de bienes realizado por la Dirección de Dictaminación Pericial –oficio IJCF/02644/2014/12CE/VA/02– calculó que era de 28 mil 800 pesos.
El 13 de mayo siguiente, Nájera Olvera rindió su declaración ante la agencia 2 del turno vespertino, que llevaba el caso del robo. Proporcionó el número de serie de cada aparato robado y expuso que también se habían llevado un celular.
Mencionó que la señora Delia, quien hace el aseo en el edificio, le dijo que cuando él se retiró llegó una persona con un maletín y le pidió permiso para pasar al departamento 6; no supo si le abrieron o no.
El 16 de mayo, el Ministerio Público de la agencia 2, Juan Manuel Acosta Nápoles, interrogó a los presuntos testigos Éric Flores Godínez y Jorge Jesús López Corrales, quienes se identificaron como compañeros de trabajo de Nájera Olvera.
Sus declaraciones fueron casi idénticas, incluso detallaron hasta el número de serie y modelo de cada aparato y señalaron que les constaba que su compañero de trabajo, a quien conocen desde hace un año, los tenía en su departamento.
Flores Godínez y López Corrales presentaron identificación del IFE con domicilio de otra entidad. El primero dijo vivir en calle Jalisco, colonia Otilio Montaño, en Morelos; el segundo indicó que su casa se encuentra en Tacuba 415, fraccionamiento Playas del Sol, en Mazatlán, Sinaloa.
El 17 de mayo, Acosta Nápoles envió el oficio 946/2013 al coordinador de la Policía Investigadora en el que se solicitó realizar una minuciosa investigación de los hechos.
Nájera Olvera acudió al área de investigación contra robo a casa habitación y negocio, a cargo del Ministerio Público Marco Antonio Montes González, tres días después a ampliar su declaración. En esa ocasión presentó dos nuevos testigos: Paola Chávez Ramírez y Estefanía Ramos Orozco, presuntas vecinas del departamento 6.
Según Nájera Olvera, ellas son estudiantes y le comentaron que el día del robo ambas iban saliendo rumbo a la facultad y vieron a la señora Delia, quien hace el aseo del edificio, y que en realidad se llama Norma Angélica Ortiz Guerrero.
Ese día, según las testigos, ella estaba saliendo de su departamento con dos bolsas de plástico, y en cada una llevaba una computadora, una de ellas era una laptop Toshiba.
Comentó que al principio sus vecinas no le comentaron nada “porque Norma Angélica en ocasiones me hacia el aseo. Yo le dejaba la llave para que ingresara… No tengo dudas de que quien se metió a robar fue Norma Angélica”, a quien él había conocido como la señora Delia. Desde ese día ella dejó de ir al edificio.
Chávez y Ramos, quienes no se identificaron ante el MP, rindieron su declaración sin problemas. Las dos dijeron ser de Veracruz. La primera dio como domicilio la calle Isabel la Católica 550, colonia Reforma; la segunda dijo que vivía en Rafael Freyre 675, colonia Polígono 1, en la misma entidad.
Ambas acusaron directamente del robo de las laptops a Ortiz Guerrero, quien se dedicaba a “limpiar casas”. Dijeron que ellas y otros inquilinos del edificio la contrataban para hacer ocasionalmente el aseo de sus departamentos, aunque dijeron no conocer dónde vivía la acusada.
Meses después, el 28 de septiembre de 2013, Jesús Antonio Esparza Ruiz, jefe de grupo 6 del área de robo a negocios de la Policía Investigadora, y los investigadores Pablo Pérez Montelongo y Adoniram Pérez Adán acudieron al domicilio de Nájera Olvera con el oficio 4924/2013 a recabar información.
Según el reporte de Esparza, la mayoría de los inquilinos se negaron a hablar, por lo que él y sus acompañantes sólo se entrevistaron con el afectado y sus dos vecinas.
El 19 de febrero de 2014, Marco Antonio Montes González, agente ministerial adscrito a la agencia 20 operativa contra robo a negocio y casa habitación de la FGE, obsequió la orden de aprehensión contra Ortiz Guerrero por su probable responsabilidad en el delito de robo calificado. Asimismo, remitió las actuaciones al juez en turno de lo Criminal para que abriera una averiguación judicial contra la inculpada.
El asunto recayó en el juez Séptimo de lo Criminal, Alejandro Guevara Pedroza. La causa quedó registrada bajo el número 164/2014-A. El 12 de marzo de ese año, Guevara Pedroza decretó la orden de aprehensión contra Ortiz Guerrero por el delito de robo calificado.
En la misma fecha se giró el oficio 2836/2014 a la Fiscalía Central del Estado para que “personal a su cargo cumplimente la orden de aprehensión”. El 31 de marzo, Ortiz Guerrero fue detenida por agentes de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Ese mismo día ingresó al Centro de Reinserción Femenil del Estado de Jalisco, según el oficio L/1200/2014 enviado por la Fiscalía Central a Guevara Sánchez.
Dos días después, Ortiz Guerrero rindió su declaración preparatoria ante el juez Séptimo de lo Criminal. Dijo que se dedicaba al hogar y estaba casada con Leonardo Mireles. La pareja y sus hijas vivían en el número 15014 de Valley Heart Dr, en la ciudad de Sherman Oaks, California, una zona de alta plusvalía, cerca de Bel-Air.
También mencionó que era propietaria de un departamento ubicado en la calle Alberta, en la colonia Colomos Providencia, en Guadalajara. Y que era la primera vez que se encontraba a disposición de una autoridad judicial. Ortiz nombró como su defensor al abogado Alejandro Enrique de la Torre Ulloa.
Alegó que en la fecha del robo ella se encontraba fuera del país, pues vivía en Estados Unidos desde el 2 de julio de 2012 y que había regresado a Guadalajara el 27 de marzo de 2014. También comentó que no conocía a quienes la acusaban de robo.
El Juzgado Séptimo de lo Criminal envió una notificación a Nájera Olvera y a sus dos testigos para que se presentaran el 3 de abril a un careo con Ortiz Guerrero, pero ninguno acudió. Ese mismo día el juez Guevara Pedroza decretó auto de formal prisión a la acusada.
También pidió a Nájera Olvera acudir al Juzgado Séptimo para que se sometiera a los métodos alternativos. En dos ocasiones, el 10 y el 23 de abril, lo invitó a la audiencia conciliatoria, pero nunca acudió.
El 7 de mayo, De la Torre Ulloa tramitó un amparo para su cliente. Ocho días después, el 15 de mayo, el secretario del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en Jalisco, Ricardo Corona Núñez, se lo concedió de manera provisional quedando bajo el número 633/2014.
Sin embargo, el 2 de julio, José Dekar de Jesús Arreola, juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Culiacán, Sinaloa, lo sobreseyó con el argumento de que la promovente lo presentó de manera extemporánea.
El 23 de septiembre, la Dirección de Control y Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración informó al juez Guevara Pedroza que, según el Sistema Integral de Operación Migratoria, hay 21 registros de ingreso al país a nombre de Ortiz Guerrero. Los dos últimos fueron el 2 de junio de 2012 y el 27 de marzo de 2014.
La información coincide con el sello de ingreso de Ortiz a Estados Unidos, que fue en 2012, y el sello de ingreso a México en 2014. Sin embargo, el juzgador no ha hecho nada y Ortiz sigue en la cárcel.
