Los habitantes de Santa María Tequepexpan están decididos a salvar las escasas hectáreas que les quedan después de dos expropiaciones. Para ello tienen que luchar contra sus propias autoridades, enquistadas en el poder desde hace años y determinadas a fraccionar y vender la tierra. Pero los campesinos también se enfrentan a la complicidad de las autoridades agrarias y judiciales, que en su opinión favorecen a los “traficantes de terrenos”.
La mesa directiva del ejido de Santa María Tequepexpan, integrada por Felipe Ochoa Pérez, presidente; Jorge Robles Aguayo, secretario; y Andrés Robles Gámez, tesorero, es acusada por un grupo de ejidatarios de expoliar las tierras comunales con el consentimiento de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y los tribunales agrarios.
Este ejido se constituyó por resolución presidencial publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de julio de 1927 y fue dotado de 486 hectáreas. Por su cercanía con la zona metropolitana de Guadalajara, se le expropió la tierra para uso habitacional, excepto 15 hectáreas, amparadas por un convenio de los campesinos con la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra.
Sin embargo, arrastra un añejo conflicto por la intención de sus propios dirigentes de acabar de vender sus dominios. El 9 de marzo de 2014 la mesa directiva inhabilitó a 35 ejidatarios que se oponen a ello, pero éstos se enteraron hasta la última semana de junio pasado, pues ninguna autoridad agraria les notificó de la suspensión de sus derechos.
En entrevista, los ejidatarios afectados relatan que el domingo 5 se realizó una asamblea, en la cual designaron a Carlos Limón como presidente, Antonio Morales como secretario general y Rigoberto López como tesorero.
Aclaran que el comisariado ejidal tenía nueve años sin convocar a la elección de la mesa directiva, pues se ponían de acuerdo en secreto y después les avisaban a los electos. Como esta vez se venció el periodo estipulado, los inconformes solicitaron amparo para participar en la renovación de la directiva, pero la autoridad judicial desechó el recurso “por falta de pruebas”.
Sin embargo, indican que al menos lograron que el comisariado ejidal expidiera públicamente la convocatoria.
José Juan Alba Quevedo, uno de los entrevistados, estima que sus representantes habrán acabado con el 80% de las alrededor de 15 hectáreas del ejido de Santa María Tequepexpan, en el Cerro del Tesoro, al vender terrenos a particulares.
Precisa que en unos cuantos años se edificaron fincas, comercios, escuelas y hasta una gasolinera que presuntamente pertenece a un político de Tlaquepaque (los denunciantes creen que se trata del expresidente municipal Miguel Castro Reynoso o del exgobernador Emilio González Márquez).
Pero además, prosigue Alba Quevedo, ahora la mesa directiva quiere despojar al ejido de unos terrenos que tiene en el municipio de Cuquío: planean construir un hotel en el predio rústico exhacienda Las Ánimas, de 649 hectáreas, y enajenar el polígono de 75 hectáreas cercano al poblado de Palos Altos, municipio de Ixtlahuacán del Río.
Ya trataron de hacerlo en octubre de 2013, cuando llevaron a una comisión del programa Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin Regularizar (FANAR), que depende del Registro Agrario Nacional (RAN), para delimitar las tierras y comenzar a venderlas.
Lo confirma otro ejidatario: “Ellos agarraron al (personal del) FANAR, se lo llevaron y llevaban una cuadrilla de unas 50 personas armadas, con agresividad, y empezaron a dar terrenos a quien no le correspondía”.
Como se enteraron de esta maniobra oportunamente, los ejidatarios pidieron la intervención del director general del Consejo Agrario Estatal, Mario Vladimir Avilés Márquez, y consiguieron evitar el despojo.
En mayo de 2014 el FANAR hizo otra visita a esos terrenos, pero se negó a medir las fracciones que ya había vendido la Mesa Directiva. Los pretextos fueron que los aparatos de medición se descompusieron repentinamente y que una llanta de su camioneta se ponchó. Los inconformes solicitaron que el proceso se suspendiera indefinidamente y se abriera una mesa de diálogo.
El mediador fue Avilés Márquez, quien citó al comisariado Ejidal y a los quejosos, pero no hubo conciliación. El ejidatario Alfonso Ochoa Pérez relata que antes de esa reunión habían objetado aquella medición de las tierras ante funcionarios de la Procuraduría Agraria de Jalisco, y por accidente éstos mostraron un plano que les entregó la mesa directiva, en el cual había tierras suyas y de otros compañeros a nombre de otras personas.
“No entendemos por qué, si saben que hay antecedentes, nos vuelven a inhabilitar el 9 de marzo del año pasado; o sea que sí hay un conocimiento del problema porque el RAN acepta esa medida”, argumenta Ochoa Pérez.
Complicidad oficial
Los ejidatarios identifican al abogado del comisariado ejidal, Miguel Medrano Chávez, como el que manipula a sus representantes y se arregla con las autoridades para despojarlos de sus tierras.
Actualmente están en proceso los siguientes juicios: el 1502/15/2011, que demanda la restitución de predios en el Cerro del Tesoro; y el 300/2013, para anular los actos del comisariado ejidal en el trienio 2009-2012, cuando lo encabezaban Domingo Ochoa, Carlos Limón como secretario general y Carlos Abel Limón en la tesorería, quienes inflaron el padrón al incluir a 15 ejidatarios.
El tercer juicio es el 416/2013, para solicitar la anulación de todos los actos jurídicos emprendidos por la mesa directiva saliente.
Los demandantes señalan que en este último ya se desahogaron todas las pruebas documentales y tiene que emitirse la sentencia, pero la titular del Tribunal Agrario Distrito 15, Janette Castro Lara, se niega a dictarla.
Esa lentitud en los desahogos procedimentales motivó que, el pasado 8 de abril, al menos 40 abogados en materia agraria hicieran un plantón en sus oficinas y exigieran su destitución porque “es una improvisada” y tiene un rezago de más de 200 expedientes.
Los litigantes señalaron al diario Página 24, que lo publicó al día siguiente, que la magistrada no asiste a las audiencias y, según la Ley agraria, eso provocará la nulidad de lo que ahí se determine. Refirieron que ante la ineptitud de Castro Lara han tenido que ampararse en tribunales federales para que dicten las sentencias.
De acuerdo con el periódico El Sol de Cuernavaca del 5 de junio de 2013, ejidatarios de Santa María Ahuacatitlán también exigieron la destitución de la magistrada por lentitud procesal y resoluciones fuera del marco legal, que provocaron confrontaciones por las tierras.
En el caso de los ejidatarios de Santa María Tequepexpan “hemos visto la parcialidad y el favoritismo del Registro Agrario Nacional y la Procuraduría Agraria, así como el tortuguismo del Tribunal 15, al grado de que tenemos las pruebas a nuestro favor pero no se nos resuelve. Son 22 o 23 las veces que hemos esperado la sentencia del juicio que llevamos contra los nuevos ejidatarios impuestos malamente, pues un día se presentan tres, otro dos, una vez sin abogado… cuando tienen la notificación del tribunal”, dice Ochoa Pérez.
Añade que lo mismo ocurrió en 2014, cuando los inconformes fueron a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a denunciar la tala de árboles que hizo un desarrollador inmobiliario en el área disputada del Cerro del Tesoro. Aunque existían suspensiones emitidas por tribunales para que no se realizara ningún trabajo en esas tierras, las dependencias no actuaron.
Los ejidatarios señalan también al ayuntamiento de Tlaquepaque como cómplice de esas violaciones a la ley.
Como resultado de la pasividad oficial, los taladores “han cortado un 80% de esa flora –indica Ochoa Pérez–. Tengo un oficio de 1983 en el que se mencionan cerca de 5 mil árboles de ocho años. Eso había”.
Los quejosos califican a los miembros de la mesa directiva de traficantes de terrenos, pues nunca se han dedicado a trabajar el campo y cuando los ejidatarios quieren sembrar llegan a amenazarlos o les advierten que serán inhabilitados. Además, dicen, dejaron de pagar el impuesto predial aunque cobraban una cuota especial para ello, por lo que ahora se adeudan más de 200 mil pesos.
Según los entrevistados, como el señor Natividad Sánchez les compró directamente a los ejidatarios 34 hectáreas, los miembros de la mesa directiva lo despojaron incluso de su cosecha para venderla a un precio irrisorio.
Citan también a María Gutiérrez Gámez, cuyo padre le heredó 15 hectáreas cercanas a la presa de Cuacuala en Cuquío, y apenas falleció el señor los dirigentes ejidales ya tenía cliente a quien venderlas.
Casi todos los ejidatarios inconformes rebasan los 60 años y algunos están enfermos. Uno de ellos, Julián Aguayo Tello, confiesa que le preocupa no vivir para ver cuando las instituciones les hagan justicia.
