El coordinador de los diputados de MC en la LX Legislatura de Jalisco, Clemente Castañeda Hoeflich, rechaza las declaraciones del presidente de la R3D, Luis Felipe García Muñoz, sobre la contratación de servicios de espionaje a la empresa italiana HT por parte de la administración de Aristóteles Sandoval.
“El espionaje no se justifica bajo ninguna circunstancia –asegura el legislador–. Es propio de un ejercicio de gobiernos autoritarios o de administraciones públicas que no respetan la privacidad de sus ciudadanos y menos la vida íntima de la población.
“El espionaje es visto como un recurso político arcaico y completamente fuera de un concepto de Estado moderno marcado por el respeto a la democracia y los derechos civiles.”
No obstante, admite que el mandatario tiene que dar su versión sobre la firma del contrato con HT que presuntamente ubica a su gobierno como tercer cliente de la empresa italiana.
Hasta ahora, dice, sus colaboradores no han explicado a la opinión pública los alcances del gasto realizado –13 millones de pesos–, los motivos de esa contratación ni los servicios proporcionados por la firma italiana.
Por lo pronto, dice Castañeda Hoeflich, los diputados de MC siguen con detalle la información que difunden los medios de comunicación y los portales de Transparencia para elaborar un dictamen y, de comprobarse los pagos a la empresa HT, interponer recursos legales contra la administración de Sandoval.
Comenta que durante la campaña electoral, algunos candidatos de MC denunciaron el hostigamiento y fisgoneo por parte del PRI, incluso la contratación de drones, así como intervenciones telefónicas y cibernéticas, aunque, admite que el partido no logró documentar en su totalidad los presuntos ilícitos.
Aunque manifiesta sus dudas sobre el espionaje; “no dudo que el PRI y el gobierno de Jalisco hayan cedido a las tentaciones de espiar a los adversarios políticos o a líderes sociales” y desviar recursos públicos a esa actividad.
De comprobarse la intervención de comunicaciones privadas y la intromisión en la vida individual de políticos, representantes de medios de comunicación y ciudadanos, sería una clara violación a los artículos 1, 14 y 16 de la Carta Magna; en estos últimos se estable que sólo se puede intervenir una comunicación privada por una orden expresa de un juez federal, dice el legislador.
Y cuestiona: “Aquí se dice que fue (la contratación de los servicios y la instalación de un software por parte de la FGE) para el combate a los secuestros, pero debe demostrarse que la acción fue apegada a la Constitución y a las leyes; de lo contrario, nos obliga a revisar el tema y a la empresa (HT).
“Todo parece indicar que el Ejecutivo está usando estas herramientas tecnológicas para vigilar a políticos, defensores de los derechos humanos y medios de comunicación, con lo que se violenta el estado de derecho y la libertad de expresión en medio de una acción que se contrapone a las reformas al sistema penal que datan de 2008.”
