En marzo de 2103, cuando el gobernador Aristóteles Sandoval designó como titular de la recién creada Fiscalía General del Estado (FGE) a Luis Carlos Nájera, era obvio que reconocía sus buenas credenciales en el área de seguridad pública. No en vano Nájera llevaba más de 15 años ininterrumpidos encabezando corporaciones policiacas en los dos principales municipios de la zona metropolitana de Guadalajara y en el ámbito estatal, sin que en su foja de servicio figurara –fuera de ciertas habladurías que, por lo demás, nunca faltan en la función pública– algún acto de corrupción o nexos comprobados con alguna de las organizaciones criminales de la región y del país.
Debido a ello y eventualmente a la muy probable recomendación de alguna o varias de las fuerzas vivas de la comarca, gobernador de extracción priista no sólo decidió confiarle a un añejo colaborador de administraciones panistas una tarea tan esencial como la seguridad de los jaliscienses, sino también otra no menos delicada (la procuración de justicia), llegando al extremo de crear para tal propósito una megadependencia estatal: la FGE, en la que fueron fusionadas todas las corporaciones policiacas estatales –incluidos los agentes de tránsito–, aparte del Ministerio Público y el resto de lo que hasta entonces había sido la Procuraduría General de Justicia del Estado. Desde un principio resultó obvio que eran demasiadas funciones, varias de ellas yuxtapuestas y hasta contradictorias, para una sola dependencia como la FGE, que no sólo ha pecado de paquidérmica, sino también de descosida.
Como era de preverse, cuando Nájera pasó de la Secretaría de Seguridad Pública a la FGE los problemas se le multiplicaron y en no pocos casos comenzaron a rebasarlo, especialmente en el ámbito de la procuración de justicia, en el que no tenía mayor experiencia y para colmo tampoco quien lo acompañó al frente de la Fiscalía Central: Rafael Castellanos. Por ello, desde el primer momento quedó claro que aun cuando Nájera se limitaría a las tareas de seguridad pública y delegaría a Castellanos las otras funciones, a la hora de rendir cuentas tuvo que dar la cara por toda la FGE y responder también por los no pocos desaciertos y limitaciones cometidos por su subalterno.
Otro problema que nunca logró resolver el ahora exfiscal fue su dificultosa relación no sólo con los medios de comunicación, sino también con instancias oficiales (tanto del ámbito municipal como del federal) con las que necesariamente debía coordinarse para poder cumplir de la mejor forma posible con la tarea de seguridad pública. En el primer caso, Nájera no logró ser comprendido por la mayoría de los medios, y en el segundo, sus relaciones con los gobiernos municipales y con organismos federales de seguridad fueron frecuentemente ríspidas. Todo ello limitó el desempeño de su trabajo y, a quererlo o no, fue motivo de varios conflictos.
A pesar de ello, Nájera contó con un respaldo casi total de los dos gobernadores más recientes: lo mismo del panista Emilio González Márquez (2007-2013) que del priista Aristóteles Sandoval. Este último no sólo lo apoyó en la conformación de la llamada Fuerza Única, una pretendida corporación policiaca de élite para enfrentar al crimen organizado, sino que le dio luz verde para que la FGE interviniera en varios municipios de la entidad donde presumiblemente el hampa tenía infiltrados los cuerpos policiacos de esos ayuntamientos.
Y aun cuando Nájera y sus colaboradores informaban periódicamente de resultados que hablarían de una “clara y permanente tendencia a la baja” en delitos tan sentidos para la sociedad como robo, asesinato o secuestro, esas cifras oficiales –que nadie pudo desmentir y que en circunstancias normales deberían haber movido a la confianza en la labor de la FGE– terminaron chocando una y otra vez con la permanente sensación de inseguridad que desde hace años han venido manifestando diversos sectores sociales. Ante ello, la respuesta que se daba desde la dependencia de Nájera era de que se trataba de un simple problema de “percepción”, la cual, se decía, era magnificada por los medios de comunicación.
No obstante lo anterior e incluido el asesinato de algunas figuras públicas como el del secretario de Turismo de Jalisco, Jesús Gallegos, el 9 de marzo de 2013 –ocho días después de su nombramiento–, o el del diputado federal Gabriel Gómez Michel, plagiado el 22 de septiembre de 2014 cuando se trasladaba en su automóvil y horas después apareció calcinado en el estado de Zacatecas.
Durante dos largos años, Nájera logró sobreponerse a éstas y otras adversidades. Sin embargo, la suerte comenzó a cambiarle a partir del 6 de abril, cuando se encontraba fuera del país con su familia, de vacaciones. Ese día un convoy de la Fuerza Única fue atacado en la carretera Vallarta-Las Palmas con el saldo de 15 agentes muertos y cinco heridos. La presunción de que en ese duro golpe a la “policía de élite” de Jalisco –y por extensión a la FGE– pudo deberse a una filtración salida desde la propia corporación policiaca nunca se pudo disipar, lo que hablaría de la existencia de soplones dentro de la dependencia responsable de la seguridad de los jaliscienses.
Tres semanas más tarde, se presentó otro hecho de violencia mayúscula y de resonancia mediática aún mayor. El 1 de mayo, justo el día que el gobierno federal puso en marcha la llamada Operación Jalisco, cuyo objetivo era la captura del líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes. Esa banda criminal no sólo derribó un helicóptero del Ejército, sino que en la misma jornada sembró la zozobra con decenas de bloqueos simultáneos en distintas regiones del estado, incluida la zona metropolitana de Guadalajara, y aun más allá de las fronteras de territorio jalisciense.
Y aun cuando el golpe más duro fue para las fuerzas federales, que no sólo perdieron un helicóptero de combate, sino que resintieron la baja de dos decenas de elementos (entre muertos y heridos), el sentimiento de indefensión que este hecho dejó entre la sociedad jalisciense fue interpretado nuevamente como parte del trabajo poco eficaz de la FGE. Desde ese momento, a sólo cinco semanas de las elecciones del 7 de junio, la salida de Nájera de esa dependencia parecía cuestión de tiempo. Por supuesto que los candidatos de oposición no dejaron pasar la oportunidad para incluir en sus temas de campaña la inseguridad de Jalisco y, consecuentemente, la “ineficacia” de la FGE.
En esa ocasión el estresado exfiscal perdió la oportunidad de quedarse callado cuando decidió responder a las acusaciones vertidas en su contra por el candidato de Movimiento Ciudadano (MC), Enrique Alfaro, argumentando que los gobiernos de ese partido tenían poco que presumir en materia de seguridad pública. A quererlo o no, en ese momento Nájera se metió en la campaña política y, muy explicablemente, luego del triunfo arrasador de los candidatos de MC en los municipios más cotizados de la ZMG y del resto del estado, su relevo en el mando de la FGE parecía algo más que decidido, y el único problema era quién vendría a ocupar su puesto.
Justo en ese intervalo sobrevino el asesinato, apenas el pasado 19 de junio, de Javier Galván (delegado del ISSSTE y exdirigente del PRI), lo que acabó precipitando la salida de Nájera, a quien oficialmente el gobernador de Jalisco “le aceptó su renuncia” el lunes 6, nombrando en su lugar a alguien que no tiene experiencia ni en el área de seguridad ni en el de procuración de justicia: Eduardo Almaguer, quien se venía desempeñando como titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
