A pesar de que lo niega, el gobierno de Aristóteles Sandoval ha pagado alrededor de 13 millones de pesos a la firma italiana Hacking Team por sus servicios de espionaje, comenta a Proceso Jalisco el presidente de la Red de Derechos Digitales, Luis Fernando García Muñoz, al tiempo que exhibe documentos para sustentar sus afirmaciones. “Es urgente –dice– llevar a cabo una investigación muy seria sobre los asuntos del espionaje en México”. Y advierte sobre las intenciones del gobernador de aquí a 2018 para reposicionar su imagen y al PRI.
Preocupado por levantar su imagen luego del descalabro electoral del pasado 7 de junio, el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz gasta millones de pesos en asesorías externas. No sólo busca reposicionar a su partido, el PRI, y a su grupo político, sino también neutralizar a los líderes sociales, políticos de oposición y a periodistas por medio del espionaje.
Según Luis Fernando García Muñoz, presidente de la Red de Defensa de los Derechos Digitales (R3D), un organismo sin fines de lucro fundado en 2014 en la Ciudad de México, conformado por abogados y periodistas preocupados por la defensa de los derechos humanos en el ámbito digital y el derecho a la privacidad y la libre expresión a través de las nuevas tecnologías.
El fisgoneo, dice García en entrevista telefónica, se inició en diciembre pasado a través de la venta de los servicios de Hacking Team (HT). Ese mes, dice García, técnicos representantes de la empresa italiana viajaron a México para capacitar a empleados del gobierno estatal en materia de espionaje.
La administración de Sandoval Díaz invirtió casi tanto en ese rubro como el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, informa la R3D.
La firma italiana recibió 9.5 millones de pesos como pago por su servicios a partir de diciembre de 2014 y es posible que el contrato se extienda hasta 2018 –cuando Sandoval termine su gestión e intente buscar la candidatura a la Presidencia de la República–, por lo que el monto se elevará a 13 millones, según estimaciones del activista proderechos digitales.
No obstante, los malos resultados electorales en los cuales el partido Movimiento Ciudadano (MC) se convirtió en la primera fuerza electoral y gobernará a 63% de los ciudadanos de Jalisco a partir de octubre próximo, incluidos los municipios de la zona metropolitana, alteraron los planes.
García Muñoz adelanta que la R3D pedirá la intervención de autoridades judiciales para que determinen el grado de responsabilidad civil y penal en la que presuntamente incurrió la administración estatal al contratar servicios de espionaje sin tener facultades para ello, lo que, dice, contraviene las disposiciones del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el país.
El miércoles 8, la red difundió en un comunicado que el gobierno de Jalisco pagó cerca de 13 millones de pesos a HT para espiar e intervenir las comunicaciones de líderes sociales, políticos opositores y representantes de medios de comunicación.
Hoy, dice García, “a cualquiera pueden intervenirle sus celulares, dispositivos móviles, computadoras de oficina y laptops”. El asunto es delicado; es el más grave desde que Sandoval llegó a la gubernatura, de acuerdo con los datos disponibles.
Gracias a ellos, insiste, “comprobamos que de manera sistemática, agencias del gobierno federal y estatal espían a la ciudadanía, a los opositores políticos y probablemente a periodistas, activistas sociales y defensores de los derechos humanos.
“Hablamos de que pueden manejar (a través de ese servicio) más de 400 mil gigabytes de información para operar esas acciones de espionaje. Un celular, por ejemplo, tiene entre ocho y 16 gigabytes. Cuando hablamos de 400 mil, hacemos referencia a una información sumamente grande que incluye los correos electrónicos, así como documentos financieros, contactos en redes sociales, mensajes de voz y texto.”
Los integrantes de la R3D sostienen en su comunicado que el jefe de Comunicación Social, Gonzalo Sánchez, pretende falsear la verdad al negar que el gobierno de Jalisco haya adquirido herramientas para el espionaje.
Sánchez pretende negar que el gobierno de Jalisco adquirió herramientas para el espionaje, dicen. Y agregan: “desde el año 2014 el gobierno de Jalisco es cliente de Hacking Team, fecha en la que la empresa italiana recibió por el proyecto denominado Jasmine 448 mil euros a través de la empresa SYM, Servicios Integrales SA de CV”.
Las interferencias
Durante la entrevista se escucha una interferencia, lo que hace pensar a García en la posibilidad de que el teléfono de Proceso Jalisco esté intervenido. Consultado al respecto, un empleado de Teléfonos de México asegura que sólo se trató de un cruce de líneas. Días antes, del jueves 9 al mediodía al martes 14 por la mañana, el servicio telefónico estuvo muerto.
No obstante, García insiste: “Este tipo de anomalías puede sugerir algún tipo de intervención. Eso puede ocurrir en tu teléfono, en el mío o en el de ambos. Lo que hemos revelado con relación al espionaje nos indica que es urgente llevar a cabo una investigación muy seria sobre los asuntos del espionaje en México.”
Desde el año pasado, el país se convirtió en el mayor cliente de la empresa HT, como informó Proceso en su edición 2019. En lo que respecta a Jalisco, señala el entrevistado, “queda de manifiesto que se trata de un cliente sin facultades para intervenciones privadas y que su acción y uso (de la información) es ilegal; queda también la evidencia de que el equipo contratado fue requerido e instalado para el servicio de la SGG (Secretaría General de Gobierno)”.
Incluso cita a Héctor Federico Zúñiga Bernal, el coordinador general de Asuntos Sociales. Él fue quien firmó la entrega de certificado que comprueba que personal de HT acudió a las oficinas que encabeza Roberto López Lara a instalar el software y a brindar asesoría y entrenamiento a funcionarios de la dependencia.
Zúñiga Bernal, indica la página de Trasparencia del gobierno estatal, gana 60 mil pesos al mes, según la nómina de la SGG. No obstante, en la primera quincena de diciembre pasado cobró 90 mil pesos.
Sandoval y sus colaboradores han estado mintiendo desde que se dio a conocer el asunto del espionaje, comenta García. Al principio dijeron que no tenían ese software; luego admitieron que habían contratado a la firma Servicios Integrales, y al final admitieron que sí tenían ese software, pero lo manejaba la Fiscalía General del Estado para atender las denuncias de secuestros. “Todo eso es falso”, dice el entrevistado.
Y expone: “Hay correos según los cuales se hizo el (con)trato con la SGG y después la gente de HT hizo una demostración a (personal de la) Fiscalía General de Jalisco para saber si esa institución también quería comprar el servicio.
“Estamos hablando de dos operaciones que ocurren en forma distinta. La instalación en la SGG y la demostración para la fiscalía se dieron en la misma visita de HT a Jalisco, efectuada entre el 14 y 20 de diciembre de 2014. (Técnicos de la empresa) vinieron (desde Italia) y aprovecharon el viaje para instalar el equipo y para hacer la demostración en la fiscalía.”
El entrevistado asegura que la SGG y la fiscalía son dos clientes. Eso, insiste, “queda muy claro en los correos electrónicos a los que se tuvo acceso”.
Con respecto a la versión de que la SGG obtuvo ese servicio de HT para la lucha contra actos ilícitos como el secuestro es insostenible, reitera García. La dependencia tiene ese equipo y lo ha utilizado de manera ilegal (para asuntos de espionaje). Eso deja de manifiesto que el gobierno de Jalisco ha mentido cuando menos en cuatro ocasiones sobre ese tema.
Lo que viene
Para el presidente de la R3D es claro que ese equipo de espionaje es usado contra opositores políticos, defensores de los derechos humanos y periodistas, de ahí la urgencia, dice, de iniciar una investigación profunda y fincar responsabilidades penales que pudieran existir a los funcionarios implicados.
Los pagos del gobierno estatal a la empresa HT ascienden a 450 mil euros, mientras que se proyecta la extensión de los servicios que presta por otros 300 mil por lo que resta de la gestión de Sandoval Díaz. Eso, sin tomar en cuenta un nuevo contrato con la fiscalía como probable cliente, cuya inversión es cercana a los 13 millones de pesos, según el entrevistado.
Con el software contratado, añade, las autoridades de Jalisco se pueden dar el lujo espiar a 25 personas o cuentas de manera simultánea y permanentemente. Ello implica una invasión a la privacidad a través de los correos electrónicos, los mensajes directos o de WhatsApp, pues el software se instala sin que los usuarios se den cuenta.
Una vez que se anida en una computadora o celular puede extraer todo tipo de información; incluso puede activar una cámara o micrófono para adquirir más información, o bien manipular el teclado para buscar contactos telefónicos, las conexiones por Skype, todo lo que los usuarios manejan en sus cuentas de Facebook y Twitter.
La forma más recurrente de “infectar” un equipo digital, sistema o línea telefónica es por medio de un correo con una supuesta información de interés. El equipo se infecta, reitera García, cuando el usuario descarga ese correo.
En su edición del domingo 12, Proceso publicó el listado de los clientes de HT, entre ellos el Cisen, y las procuradurías del Estado de México y Jalisco, por lo que el país ha pagado 6 millones de euros.
Por lo que atañe a Jalisco, las autoridades han pagado 13 millones de pesos (748 mil euros) por servicios prestados para la operación de la iniciativa Galileo, que se distribuye a través de SYM Servicios Integrales en dos operaciones.
Una factura expedida el 11 de diciembre pasado ampara el pago de 165 mil euros tan sólo en operaciones correspondientes a 2014. El día 23 de ese mismo mes fue facturada otra por 220 mil euros, y una tercera por 165 mil euros. En total, 550 mil euros que, traducidos a pesos mexicanos, suman 9.5 millones.
Funcionarios estatales comentan al reportero, a condición de omitir sus nombres, que el gobernador Sandoval hará una fuerte inversión para la compra de servicios de asesoría y promoción de imagen para reposicionarse luego del fracaso electoral del 7 de junio.
La empresa contratada para realizar ese proyecto, dicen, es Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE), propiedad de Liébano Sáenz Ortiz, vocero presidencial durante la gestión de Ernesto Zedillo.
En Jalisco, esa firma realizó encuestas de opinión al payaso Lagrimita, aspirante a la alcaldía de Guadalajara durante el pasado proceso electoral. Lo hizo antes de que los medios locales informaran que Lagrimita era impulsado desde el llamado “cuarto de guerra”, encabezado por el entonces jefe de gabinete Alberto Lamas.
En su estudio, el GCE aseguró que el candidato Lagrimita tenía una aceptación superior a 23%; lo cierto es que el 7 de junio el candidato obtuvo menos de 1% de los votos, a pesar de que cada sufragio en su favor costó más de 500 pesos.
