En Veracruz el dinero desaparece. Pese a que los presupuestos están subejercidos, no hay liquidez para pagarles a los proveedores y contratistas del gobierno –quienes ahora se niegan a seguir trabajando para la administración veracruzana– y ni siquiera para cubrir las pensiones de los jubilados o los salarios de algunos empleados del sector público. Ante tal catástrofe, la única solución que se la ha ocurrido al gobernador priista Javier Duarte es privatizar el servicio del agua potable y el gran túnel sumergido, inconcluso, de Coatzacoalcos.
XALAPA, VER.- A 17 meses del fin de su administración, el gobierno del priista Javier Duarte de Ochoa en Veracruz ya reventó. Así lo manifiestan empresarios, contratistas, políticos de oposición, empleados de su gobierno y jubilados.
Y además, Duarte está a punto de privatizar dos de los principales activos estatales.
Uno es el Túnel Sumergido de Coatzacoalcos, obra inconclusa pese a que empezó hace 10 años y lleva más de 5 mil millones de pesos (mmp) invertidos. La culminará el grupo Carso, de Carlos Slim, que le inyectará 500 millones de pesos a cambio de ampliar la concesión de 37 a 45 años.
El otro es el Sistema de Agua y Saneamiento Metropolitano (SASM), que abastece de agua potable a más de 800 mil habitantes de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río-Medellín. La licitación de este órgano la ganó el gigante brasileño Odebrecht, el cual anunció –en desplegados en periódicos locales– una inversión de 11 mmp a 30 años; sin embargo, ya con el contrato otorgado y en presencia de diputados locales, redujo el monto anunciado a 8 mmp.
A principios de este año el SASM se declaró en quiebra técnica; se pensó que el gobierno de Duarte lo rescataría, pero en vez de eso decidió venderlo convertido en una “sociedad mercantil mixta”. Así, la desincorporación de la paraestatal la pagarán los veracruzanos con el aumento en las tarifas de agua.
En consecuencia, el diputado local petista Fidel Robles solicitó juicio político contra Duarte, por “ataque a los entes públicos” y a los “recursos presupuestales”.
Robles expone en entrevista que en las Cuentas Públicas Consolidadas de 2011, 2012 y 2013, el subejercicio para las unidades presupuestales especificadas sumó 13 mil 460 millones 900 mil pesos, pues de los 28 mil 446 millones 500 mil autorizados sólo se ejercieron 14 mil 985 millones 600 mil: “El subejercicio acumulado estos tres años representó 47% del presupuesto autorizado. ¿Dónde se fue ese dinero?”, pregunta el legislador.
Para Robles, los recursos desviados en la primera mitad del sexenio y los diversos contratiempos que ha padecido la entidad sólo pueden revelar “incapacidad extrema” para la planeación o “saqueo y corrupción”.
“Alguien experto en finanzas públicas, como el doctor Javier Duarte, no puede aducir ignorancia o incapacidad, pues cuenta con los planes financieros. Las consecuencias sociales del subejercicio en Veracruz han sido evidenciadas por un incremento en la pobreza, por falta de medicamentos en el Sistema Estatal de Salud, por disminución de los empleos, quiebra de empresas y demandas de cuentas por pagar a proveedores”.
Deudas con todos
La insolvencia en Veracruz es tanta, que miembros de las cámaras nacionales de Comercio (Canaco) y de la Industria de la Transformación (Canacintra), así como de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) literalmente “acampan” en la Secretaria de Finanzas y Planeación (Sefiplan) –la cual ha tenido seis titulares este sexenio, todos ellos obligados a renunciar en medio de escándalos– para exigir la “liberación de sus saldos”.
Los empresarios, desesperados, incluso han aceptado mensualmente “pagos chiquitos”, que apenas equivalen a 15% de lo que se les debe.
Hasta la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores en Veracruz ha exigido, vía dos desplegados de prensa, el pago de 10 millones 47 mil 840 pesos por concepto de vehículos adquiridos el año pasado por el gobierno para sus secretarías de Seguridad Pública, Obras Públicas y Medio Ambiente y cuyo último requerimiento hicieron el mes pasado.
En entrevista, Rafael Fentanes Hernández, presidente de la delegación centro de la CMIC –que representa 97 municipios–, asegura que la mitad de sus agremiados sigue reclamando un pago global de 220 millones de pesos por obras concluidas, entregadas e inauguradas. Algunos pasivos –reconoce– datan de 2011, primer año de gobierno de Duarte.
“Son de infraestructura hidráulica, sanitaria, de supervisión, carreteras, proyectos, incluso de inmuebles y adecuaciones de los Juegos Centroamericanos, pasivos de varias dependencias… Hay un compromiso del gobernador de que a final del año se liquidará todo. Esperemos”, dice a Proceso.
Ante esta situación, contratistas de la CMIC y proveedores de otras cámaras ya se pusieron de acuerdo, explica Fentanes: “Si no hay anticipo de obra, no arrancamos”.
Añade: “Normalmente puedes arrancar la obra sin anticipo; la mayor parte de nosotros decimos: ‘Nos arrancamos’… pero en esta situación, en la que no hay capital de trabajo y te quedan a deber la obra, ¿cómo arrancas? Ahora ya sabemos que no se puede seguir trabajando. Así no”.
La economía local es tan desastrosa, que contratistas de la CMIC y constructores independientes han optado por “participar” en licitaciones públicas en Puebla y el Estado de México, buscar otro giro comercial o reducir sus empresas con la venta de maquinaria o recortes de personal.
“O el autoempleo”, agrega Fentanes. “Empresarios que tenían un terreno, construyen una o dos casas y las venden; adquieren otro terreno, hacen más casas… y así se la llevan”.
Fentanes suelta un dato demoledor: la CMIC tiene la estadística de que la inversión en el ramo de la construcción decreció 70% en comparación con el año pasado… y eso que el año pasado ya venía dañado”.
En Veracruz hacer fila en un banco, sentarse en un restaurante o tomar un taxi es un boleto para escuchar un rosario de lamentos en torno a la crisis económica y la deuda pública.
Por ejemplo, la pensión vitalicia que otorga el DIF estatal a más de 40 mil adultos mayores, con un cheque trimestral de 2 mil 500 pesos, no ha sido entregada desde octubre pasado. Los jubilados del Instituto de Pensiones del Estado cobran su retiro hasta con cuatro o cinco días de retraso; empleados del PRI estatal se quejan de que cobran sus quincenas hasta con una semana de retraso.
El jueves 9, además, 80 guardias forestales de la Secretaría de Medio Ambiente protestaron frente al Palacio de Gobierno porque fueron despedidos sin liquidación y sin haber cobrado su última quincena. En Xalapa es común que periódicamente, conjuntos musicales se planten en el Zócalo para reclamarle a la Junta Estatal de Mejoras los pagos por sus actuaciones en fiestas patronales. Lo mismo ocurre con organizaciones campesinas o de taxistas.
Autobuses de Oriente, por ejemplo, espera que este mes le paguen los 11 millones que le deben por el arrendamiento de varios vehículos para el traslado de atletas en la pasada justa deportiva centroamericana.
Opacidad
La última cifra oficial de deuda pública fue la proporcionada en diciembre pasado por el quinto titular de la Sefiplan, Mauricio Audirac, quien en comparecencia con dipu-tados locales admitió una “deuda fija” de 37 mmp por concepto de bursatilización, pasivos a instituciones bancarias “públicas y privadas”, más, dijo, un “pasivo circulante” que rebasa los mil 492 millones de pesos. De esa cantidad, desglosó, 643 millones 668 mil pesos son deuda contraída con cámaras empresariales, prestadores de servicios y proveedores, mientras que a contratistas se les debe poco más de 849 millones.
Mediante la plataforma de transparencia Infomex-Veracruz, el reportero solicitó a la Sefiplan la lista de deudas que el gobierno de Duarte tiene con agremiados de la Canaco, Coparmex, CMIC, Canacintra y otras cámaras empresariales, así como los “pasivos revolventes” a los que aludió Audirac, además de los pendientes numerarios con ayuntamientos, organismos públicos desconcentrados, autónomos y el monto sin depositar a cada uno de ellos.
La respuesta contenida en el oficio AIP/ 051/2015 de la Sefiplan –derivado de la solicitud 0020032015 de transparencia y después de la respectiva solicitud de prórroga– fue la siguiente: “No se encuentra una clasificación como se solicita, la cual se integra por diferentes documentos, situación que impone una carga indebida de trabajo (sic) a este sujeto obligado.
“Las dependencias y entidades no están obligadas a entregar información ad hoc (sic) para responder a una solicitud de información de acuerdo al solicitante. Sólo estamos obligados a entregar documentos que se encuentren en nuestros archivos”.
En dos ocasiones, la última el miércoles 8, el reportero solicitó una entrevista con el titular de la Sefiplan. Ambas han sido infructuosas.
Denuncias ante la PGR
Aunque Duarte dijo que ya fue exonerado, pues “no hubo materia” ni “ejercicio penal” como resultado de las seis denuncias que la Dirección Jurídica de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó por presunto desvío de recursos contra colaboradores y exfuncionarios del actual gobernador y del anterior, Fidel Herrera, en el sitio oficial de la Procuraduría General de la República (PGR) las querellas siguen su curso y desahogo, aunque el avance es secreto.
En mayo y junio pasados, el diputado local panista Julen Rementería ha intentado, con asesoría legal, abrir los rubros relativos al Impuesto Sobre la Renta y al Impuesto Sobre el Hospedaje, pues asegura que los números que difunde la Sefiplan no cuadran con los reportados ante el Órgano de Fiscalización del Congreso local, pues hay más de tres mil millones de pesos que no aparecen.
En entrevista, Rementería se muestra escéptico de la “exoneración” de la ASF y de la PGR a los huecos financieros en el gobierno de Duarte: “Salvo que hayan usado el coche de Volver al futuro para ir atrás en el tiempo, encontrar comprobantes del inicio del sexenio, regresar y hacer la comprobación. Simplemente ese no pudo haber ocurrido”.
Las denuncias de la ASF –cuyas copias tiene Proceso– demuestran que las secretarías locales de Finanzas, Educación o Salud, entre otras, al detectárseles daño patrimonial, reintegraban el recurso; pero una vez que obtenían los documentos de comprobación, volvían a retirar el dinero para transferirlos a otras cuentas.
“Simulaban regresar el recurso para obtener los documentos comprobatorios de la ASF de que resarcieron el daño y solventaron la irregularidad determinada; posteriormente lo volvían a retirar en dos o más transferencias”, detallan las seis denuncias rubricadas por el responsable jurídico de la ASF, Ruperto Narváez Bellazetín y entregadas en la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia, de la PGR.
Y el jueves 9, el sexto tesorero de Duarte, Antonio Gómez Pelegrín, reconoció la existencia de un nuevo “crédito simple” por mil 338 millones de pesos, empréstito que –según él– se usó para infraestructura y proyectos productivos; sin embargo, ante la prensa se negó a revelar cuáles obras o proyectos se desarrollaron en Veracruz.
El nuevo titular de la Sefiplan no descartó que en un futuro se pueda ampliar el monto, pues la Ley de Ingresos aprobada en diciembre pasado autorizó una línea de crédito por más de 5 mil millones de pesos, 5% del total del presupuesto que maneja este año el gobierno de Duarte. El préstamo tendrá que ser saldado en noviembre de 2016, un mes antes de que el priista deje el cargo.
