Después de decenas de acusaciones –que van desde ineptitud hasta liberar a capos como El Mencho–, Luis Carlos Nájera renunció a su puesto de “superfiscal” del estado de Jalisco. Él acaparaba las facultades de un procurador y un secretario de Seguridad Pública, y controlaba un presupuesto de 7 mil millones de pesos. Su salida evidencia la podredumbre y la impunidad en ese estado, donde los vínculos entre gobernantes y la delincuencia organizada son un secreto a voces y han cobrado la vida de 110 funcionarios públicos.
GUADALAJARA, JAL.- Tras servir por igual a Emilio González Márquez (PAN) en el sexenio pasado, y en éste a Jorge Aristóteles Sandoval (PRI), quien le dio un poder inmenso como fiscal general y titular de Seguridad Pública al mismo tiempo, Luis Carlos Nájera Gutiérrez renunció a su cargo el lunes 6, entre acusaciones por el aumento de delitos de alto impacto e inseguridad, violaciones graves a los derechos humanos (que él minimizaba) y protección a Nemesio Oseguera El Mencho, a quien al menos en tres ocasiones supuestamente dejó libre, la última de ellas el 19 de marzo último.
Insistentes versiones señalan a Nájera por presuntamente haber dado el “pitazo” al mismo líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) el día que lo iba a detener un cuerpo de élite conformado por soldados y agentes federales, quienes fracasaron porque los delincuentes derribaron el helicóptero Cougar EC725 de la Fuerza Aérea Mexicana en que se transportaban. Los hechos ocurrieron en Villa Purificación el 1 de mayo pasado, con un saldo de 15 militares muertos.
¿Libertad pagada?
Información entregada a Proceso por escrito y en audio por un grupo de policías inconformes de la Fuerza Única de Jalisco (FUJ, creada por Nájera con agentes de todas las corporaciones estatales y municipales, pese a la oposición de muchos alcaldes, y dividida en Fuerza Única Metropolitana, FUM, y Fuerza Única Rural, FUR) indica que Nájera le dio el pitazo al Mencho a cambio de “10 millones de pesos, alhajas y centenarios”.
Los uniformados relatan que el 18 de marzo pasado, un día antes de que en Ocotlán se enfrentaran integrantes de la Gendarmería Nacional contra pistoleros del CJNG (hecho en el que murieron al menos 12 personas, entre federales y civiles), el comandante Martín Martínez, que estaba asignado a la Región Ciénega con sede en Ayotlán y a quien le correspondía vigilar ese municipio, recibió órdenes de que al siguiente día, 19 de marzo, se presentara a las 7:00 horas, con todo su convoy, en el Club Despeja, en los límites de Tlaquepaque y Guadalajara.
Dicen que “arribó a la hora señalada al lugar en mención, y ese día, al momento que sucede la agresión a los de la Gendarmería, le ordenan que se regrese a Ocotlán para apoyar. Pero si un día antes estaban vigilando la cabecera municipal de Ocotlán, ¿por qué los quitaron?”, se preguntan en un comunicado dirigido al general de división Miguel Gustavo González Cruz, coordinador del Operativo Jalisco, a quien solicitan que investigue las relaciones de Nájera con el CJNG y en especial con El Mencho.
Refieren que, después del enfrentamiento y ya en Ocotlán, varios integrantes del convoy “catearon una casa en la colonia El Fuerte, donde se encontraba El Mencho, con quien uno de ellos negoció un acuerdo, uno que le dicen El Charly acordó con Nájera: la libertad (de Oseguera Cervantes) a cambio de 10 millones de pesos”.
Los denunciantes también involucran a quien fuera comisionado de Seguridad de Nájera, Alejandro Solorio Aréchiga. Ambos, según los inconformes, “le avisan al Mencho que venían en contra de él para que escapara”. Asimismo, sin citar fechas, afirman que “(Nájera) ayudó (a El Mencho) a escapar en el helicóptero Black Hawk del municipio de Tonaya, Jalisco, y lo trasladan al estado de Michoacán”.
Los operadores de estas irregularidades –siempre según el dicho de los uniformados– han sido El Charly y el comandante El Chagui. También el director y subdirector de Antimotines, conocidos como El Cindy y El Morete, entre otros mandos, “quienes deben ser investigados por enriquecimiento ilícito, secuestro, homicidio, delitos contra la salud, (…) peculado y tortura, y por realizar levantones de sujetos de ciertas células para entregárselos a los contrarios con el fin de alinearlos”.
Relatan además que cuando el CJNG derribó el helicóptero en Villa Purificación “había gente de la Fuerza Única Regional (sic) en ese municipio, al frente estaba el comandante José de Jesús Guzmán. Había otro convoy en La Huerta, otro en Villa Purificación y uno más en Autlán de Navarro. ¿Cómo es posible que no detectaron el convoy que atentó contra el Ejército? (…) Al contrario, tras arrancar el Operativo Jalisco, supuestamente Nájera avisó a El Mencho que ‘venían contra él para que se escapara’ rumbo a Tonaya”.
Puro delito de alto impacto
El 2 de septiembre de 2012, Proceso Jalisco (408) informó en portada: “…Y El Mencho se les volvió a escapar”. En el reportaje se daba cuenta de que el intento de captura del líder del CJNG “desató la más grande jornada de narcobloqueos en la entidad” el 25 de agosto.
Previamente, Oseguera Cervantes se había escapado dos veces en menos de seis meses, según fue corroborado. En ese entonces, las autoridades federales desmintieron el hecho, que acaba de confirmar la PGR, según reportó El Universal.
El pasado jueves 9, ese diario publicó que El Mencho había sido capturado en Zapopan por la Secretaría de Marina (Semar) el 27 de agosto de 2012 y luego fue liberado gracias a la intervención de González Márquez y de Nájera, entonces secretario de Seguridad Pública.
La Semar, González Márquez y Nájera se deslindaron de cualquier intervención suya en dicha liberación o de tener nexos con los delincuentes.
La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), por su parte, dio a conocer que el expediente del caso está abierto. Indicó que entre las líneas que se siguen está precisamente la presunta colusión entre las autoridades estatales y el citado cártel.
Entretanto, representantes de diferentes partidos políticos, incluido el PAN, demandaron que se investigue a González Márquez, a su gente y al actual gobernador por haber mantenido a Nájera en la administración estatal.
De hecho, Sandoval apenas había asumido la gubernatura cuando propuso al Congreso local que fusionara la Procuraduría General de Justicia con la Secretaría de Seguridad Pública para darle vida a la Fiscalía General. La iniciativa fue aprobada. Más todavía: modificó la Constitución jalisciense para que Nájera asumiera de inmediato el puesto, cosa que la anterior legislación prohibía: debía pasar un año si el funcionario propuesto había ocupado un cargo similar.
Así, el fiscal se convirtió en uno de los hombres más poderosos del estado. Tenía un presupuesto de más de 7 mil millones de pesos y, entre otras, concentraba las facultades de prevención y persecución del delito.
Logró tanto poder pese a que durante sus gestiones se sucedieron crímenes como el secuestro y la ejecución del efímero secretario de Turismo Jesús Gallegos Álvarez el 8 de marzo de 2013; la emboscada y asesinato de cuatro soldados el 12 de mayo de 2014, en Guachinango; el homicidio del alcalde de Ayutla, Manuel Gómez Torres, opositor a la creación de la Fuerza Única, el 3 de agosto de ese año, y el rapto y ejecución del diputado federal por el Distrito XVIII, con sede en Autlán, Gabriel Gómez Michel, el 22 de septiembre.
Ya en este año, en Ocotlán, se dio el mencionado enfrentamiento entre gatilleros del CJNG y la Gendarmería. El 6 de abril, en los límites de Puerto Vallarta y San Sebastián del Oeste, en una emboscada atribuida al mismo cártel, murieron 15 policías de la FUR y cinco quedaron heridos. Ese mismo día fue ejecutado el director de la Policía de Zacoalco de Torres, Miguel Ángel Caicedo Vargas, luego de una balacera entre policías y pistoleros del mismo grupo delincuencial. En esa balacera murió Heriberto Acevedo Cárdenas El Gringo, quien controlaba la región Valles.
El 1 de mayo fue derribado el helicóptero militar, a lo que siguió una serie de bloqueos en carreteras de Jalisco, Michoacán, Colima y Guanajuato, con saldo de más de 50 vehículos incendiados.
Finalmente, el 19 de junio anterior fue asesinado, a dos cuadras de la residencia oficial del gobernador, Javier Galván Guerrero, delegado del ISSSTE, expresidente estatal del PRI y exdiputado local y federal. El móvil no ha sido esclarecido.
Sin embargo, se lanzó una gran operación para dar con los responsables. Cuatro días después se filtró que había dos detenidos, luego el número subió a seis, bajó a cinco y finalmente se informó que eran tres: José Domingo Millán, policía municipal que padece parálisis facial desde hace un año; su sobrino Antonio Domínguez Millán, de 18 años, y Jorge Adrián Estrada, de 28.
La Fiscalía General los consignó a la PGR, que de inmediato desechó las acusaciones más graves, tanto por haber sido arrancadas bajo tortura como por contradicciones en el lugar y el modo en que ocurrieron las capturas. Sólo quedaron encarcelados por portación de armas y drogas, que supuestamente les fueron sembradas por la Fuerza Única.
Oídos sordos
En la víspera de la fallida detención de El Mencho y del derribo del helicóptero, Sandoval y Nájera recibieron por separado un amplio estudio –del que este semanario tiene copia– sobre la inseguridad en la entidad y el riesgo de que se convirtiera en un Estado fallido por la fuerza del crimen organizado. Minimizaron los pronósticos (Proceso 2010).
En el análisis, elaborado por el abogado José Antonio Ortega Sánchez se advirtió además del peligro de que un hombre como Nájera concentrara tanto poder.
Según esa investigación, a partir de 2008 “los homicidios intencionales empezaron a repuntar hasta alcanzar un máximo de mil 222 en 2011 y una tasa de 16.58 por cada 100 mil habitantes”, según datos del Servicio Nacional de Seguridad Pública (SNSP).
De hecho, ya desde septiembre de 2008, un grupo de policías de la Policía Preventiva y Rural del estado –el nombre anterior de la Fuerza Única– había informado a este semanario de las presuntas ligas de Nájera con sicarios del cártel de Sinaloa y del Milenio. En esa ocasión, tanto González Márquez como el aludido rechazaron los señalamientos.
Como sea, a partir de 2012 hubo un incremento en los asesinatos de alto impacto. Sólo en el gobierno de Sandoval, que se inició en 2013, se han contado 110 ejecuciones de funcionarios públicos de distintos niveles.
Por otro lado, desde el nacimiento de la llamada Fuerza Única de Jalisco se multiplicaron las denuncias de tortura. El abogado José Luis Guízar Abarca, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Jalisco, expresó que ellos tienen 800 acusaciones al respecto, de igual número de detenidos.
Paralelamente, en el reciente proceso electoral, la inminencia del triunfo del candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la alcaldía de Guadalajara, Enrique Alfaro Ramírez, hizo declarar a Nájera que Tlajomulco de Zúñiga –donde aquél fue alcalde– era el municipio donde más había crecido el crimen organizado. De inmediato, MC le retiró su apoyo a Nájera, y Alfaro demandó públicamente su renuncia al cargo.
Después de esa confrontación, la esposa de Alfaro, Lorena Martínez, recibió un anónimo amenazante que alguien dejó a la puerta de su casa “para que cuidara a sus hijas y a su esposo”.
Y semanas después de confirmarse el triunfo del candidato emecista, el chofer de Lorena Martínez, Eliseo Serrano, fue herido de tres balazos, el 26 de junio.
Nájera declaró que todo había sido por un intento de robo, pero el futuro alcalde criticó que el fiscal sacara conclusiones tan a la ligera.
Días después de esos señalamientos, Nájera presentó su renuncia.
El relevo
El sucesor de Nájera es Eduardo Almaguer Ramírez, antes secretario del Trabajo y amigo incondicional de Sandoval. Obtuvo el cargo pese a ser cuestionado por su inexperiencia como litigante y por presuntos antecedentes de opacidad e incluso actos de corrupción.
En 2008 el hoy fiscal fue señalado por Óscar Cerrillo de haber apoyado en 1998 a Samuel Romero Valle, del PRD, en una candidatura, y lo acusó de recibir un sueldo de 12 mil 200 pesos en la Secretaría del Trabajo sin laborar ahí.
Como regidor en la administración municipal tapatía (2010-2012), fue el encargado de la Comisión de Reglamentos y Gobernación, y como tal aprobó la operación de un casino que no contaba con los permisos de la Secretaría de Gobernación. A finales de 2010, una conversación grabada que sostuvo con el contralor, Víctor Urrea Stettner, reveló que éste había pedido una “mordida” de 2 millones de pesos para dar tal permiso. Urrea renunció al cargo, pero aseguró que la grabación era apócrifa.
Al fiscal se le señala también de ser el culpable del aumento de vendedores ambulantes en el centro de la ciudad, gracias a que, como presidente del PRI tapatío, recibió sobornos del ambulantaje, según aseguró el responsable de Inspección y Vigilancia, José Armando Solís Rodríguez.
Como titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Almaguer cometió varias pifias, entre ellas afirmar y castigar a una empresa agrícola por emplear a menores de edad, lo que resultó falso.
