Temeroso de que agentes de la Fiscalía General del Estado lo torturen y le fabriquen delitos –particularmente el del homicidio del delegado del ISSSTE en el estado, Javier Galván Guerrero–, el comandante Roberto Alejandro Zúñiga ofrece a Proceso Jalisco su versión de los hechos. Afirma que estaba de vacaciones cuando se cometió el asesinato, que sólo conoce circunstancialmente a uno de los sospechosos, que además declaró contra él bajo tortura…
El coordinador operativo de la policía de Guadalajara, el comandante Roberto Alejandro Zúñiga Guzmán, perseguido por la Fiscalía General del Estado (FGE) como presunto involucrado en el homicidio del delegado del ISSSTE, Javier Galván Guerrero, señala que no existe ningún elemento jurídico que lo incrimine y que la autoridad sólo busca un chivo expiatorio.
Entre la información que la fiscalía filtró a la prensa está que el 19 de junio uno de los detenidos, el policía municipal de Guadalajara José Domingo Millán Cordero, declaró bajo tortura que el comandante El Jordan ordenó por radio que se retirara la vigilancia de la Zona 2 Minerva, donde fue asesinado Galván. Dicha área está a cargo de la comandante Blanca Minerva Magaña.
Zúñiga dice que eso es falso, ya que él no se comunica con los policías por ese medio: “Yo únicamente tengo contacto por radio con los primeros comandantes de las nueve zonas” en que se divide Guadalajara, por una frecuencia de radio especialmente asignada para ello.
Explica: “A mí me toca atender las indicaciones y las estrategias que emanan del supervisor general o subinspector (Juan Alberto Vaca Pérez). Me toca la coordinación con los comandantes, direccionar las vigilancias de acuerdo con los índices delictivos, y (supervisar) que se cumplan las órdenes”.
Dice que en la cabina de la policía municipal se guardan las conversaciones de radio hasta seis meses. “Si hubo algún movimiento, ahí debe estar registrado. No sé si lo hubo, pero si fue así, debe estar registrado”. Sin embargo, indica: “Yo estaba de vacaciones ese día”, el 19 de junio. Para entonces no tenía el equipo de comunicación con él, pues lo había devuelto a la base policiaca con su chofer, afirma.
Enseguida muestra el oficio en que se le autoriza vacacionar del 11 al 21 de junio, emitido por la Secretaría de Seguridad Ciudadana del ayuntamiento de Guadalajara.
El documento está firmado y sellado por el inspector operativo, Noé Camarillo Luévanos; el subinspector Vaca Pérez; el jefe de la Unidad Departamental de Recursos Humanos, José Luis Rodríguez, y el administrador de supervisión general, Rodolfo Prieto Gómez.
Con 16 años de servicio en la corporación policiaca, Zúñiga aclara que no pudo reincorporarse al término de sus vacaciones porque sufrió un accidente, lo que acredita con la incapacidad laboral que le otorgó la Unidad Médica Familiar número 78 del Instituto Mexicano del Seguro Social desde el 26 de junio, día del percance, y que venció el pasado jueves 9.
Entrevistado por este semanario en un restaurante, el comandante hace una breve cronología:
“Como tengo un horario de 24 por 48 horas, me tocaba descansar 21 y 22 de junio; me tenía que presentar el 23. Pero como trabajé el 11, el subinspector general me dijo que agarrara el 23 porque traía un problema personal. El 24 y 25 descansé. El 26 me tocaba presentarme, pero chocamos mi hermano y yo, tuve un esguince cervical”.
El coordinador operativo relata que el 29 de junio se enteró por los medios de comunicación de los señalamientos en su contra y de que existía una averiguación previa (la 13/2015), que se radicó en la agencia I, Mesa 3 de Procedimientos Penales, a cargo de la agente del Ministerio Público federal Gabriela Godínez Meléndrez. Por eso llamó a su abogado, Manuel Barajas.
Expresa que tiene miedo de una detención ilegal, en la que le “siembren” droga o armas, y de que lo torturen como a los otros seis señalados de participar en el homicidio de Galván Guerrero.
Aunque el Juzgado Octavo de lo Penal desechó ese delito y el de delincuencia organizada, por lo que sólo va a juzgar a los detenidos como supuestos portadores de armas de uso exclusivo del Ejército y de droga, Zúñiga reitera: “Temo por mi seguridad, incluso hasta para ir a declarar, a lo mejor me hacen lo mismo”.
De hecho, admite que conoce al policía Millán Cordero, pero aclara “desde hace tres años no tenía contacto con él porque las situaciones laborales no lo permitían”. Asegura que no sabe quiénes son los demás detenidos.
Las pruebas
En algunos medios de comunicación se mencionó que un “comandante El Jordan” fue detenido el 24 de junio con las otras seis personas y que todos fueron remitidos el día 26 a la PGR, pero que al coordinador operativo lo dejaron ir porque no pudieron acreditar su participación y que desde entonces no se le localiza.
El entonces fiscal general Luis Carlos Nájera declaró: “Sabemos que hay un mando que no se ha presentado a laborar, todo es parte de una investigación”.
Zúñiga Guzmán dice ignorar cómo llegaron a la conclusión de que el tal “comandante El Jordan” es él, pues tiene varios sobrenombres, pero ese no es uno de ellos.
El comisario general de la policía de Guadalajara, José Ángel Campa, declaró a la prensa que Zúñiga “al parecer tiene una incapacidad porque sufrió un esguince”, y dijo desconocer si existía o no una orden de aprehensión contra él. Sólo informó que cuando concluyera su incapacidad médica tendría que ir a trabajar.
Campa admitió que han visitado el domicilio de Zúñiga. Pero el abogado Manuel Barajas advierte que los municipales no fueron los únicos; también fueron los de la FGE, que además se apersonaron en casas de vecinos, amigos y familiares para acosarlos y vigilarlos, por eso Zúñiga se sintió perseguido y optó por esconderse.
Agrega que no existe ninguna prueba contra su cliente. Recuerda que el policía Millán Cordero declaró bajo tortura que: “Ese día del homicidio nos prestó apoyo el comandante que le dicen El Jordan, estaba trabajando, y él por radio nos quitó a los azules para que pudiéramos hacer nuestro trabajo y retirarnos”.
Señala Barajas que ese señalamiento proviene “de una persona que se inculpó a sí mismo y que legalmente, en cuanto a lo del homicidio, ni siquiera se le pudo consignar (porque) a toda luces es una mentira. Se le están cayendo a la fiscalía las declaraciones que hicieron, no están sustentadas. Además, la familia de Millán declaró que la fiscalía se apareció adentro del reclusorio a amenazarlos. Se le está cayendo el teatro a la fiscalía completamente (…) al final tienen que encontrar un chivo expiatorio”.
Reprocha que la autoridad haya declarado públicamente culpable a su cliente, cuando sólo existe una orden de presentación ante la delegación de la PGR por “ser probable responsable, coparticipe en el homicidio del funcionario federal”.
Barajas comenta que le recomendó al comandante Zúñiga conseguir un amparo, el cual ya se le otorgó de manera provisional (936/2015-V), por parte del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal, cuya titular es Fabiola Moreno Pérez.
“Se va a presentar amparado ante la autoridad responsable, que comparezca para que declare y exhiba las pruebas para acreditar que no tiene ninguna responsabilidad y se archive el asunto”, explica el litigante.
Indica que se presentó este recurso porque la autoridad está determinada a incriminar al comandante.
Una muestra de ello, añade, es que una persona cercana a Zúñiga “intentó por la mañana del 26 de junio entregar una de las incapacidades que le dio el IMSS y fue detenida por la policía de Guadalajara, que la mantuvo incomunicada. Lo quisieron poner a disposición de la Fiscalía Federal”, pero no supieron cómo implicarla y la liberaron esa noche, sin recibir la incapacidad.
También fueron retenidos durante un día el chofer y los dos escoltas de Zúñiga, quienes a decir de Barajas “estuvieron a disposición de la dirección, les dijeron que iban a declarar a la fiscalía en relación con homicidio. Los tuvieron en una base bajo arresto, nunca los llevaron a declarar.
“Lo que querían era asustarlos y que dijeran que el comandante hizo esto o aquello. Al final no pasó nada y los dejaron salir. Al día siguiente los reasignaron a diferentes áreas”.
Por su parte, Felipe Lagunes otro abogado de Zúñiga, comenta: “Vemos una FGE inquisidora, que inventa testigos, culpables a través de la tortura y del abuso del poder (…) Hicieron mal uso de su nombre y de su reputación”.
Y el propio coordinador operativo de la policía de Guadalajara asume que se le incrimina por razones políticas, ya que él que dio a conocer públicamente su preferencia hacia el partido Movimiento Ciudadano.
Recuerda que, como le correspondía tras concluir su jornada del 4 de junio, se le permitió descansar el 6 y el 7 –día de la elección–, para ordenarle posteriormente que fuera con 17 policías a vigilar el municipio de Tomatlán. “Lo que teníamos en común las 18 personas es que la mayoría teníamos una empatía con Movimiento Ciudadano”.
Para confirmar su envío al otro municipio, muestra el parte de novedades que envío a Vaca Pérez, donde informa que a partir del primer minuto del 6 de junio Zúñiga quedó bajo el mando del entonces comisionado de Seguridad Pública del estado, Francisco Solorio Aréchiga.
A las 19 horas de ese día, en las instalaciones del Club Deportivo Despeja, se presentó el comisario general Carlos Torres.
Zúñiga afirma que este mando le dio al contingente de policías tapatíos “indicaciones de integrar el convoy con la unidad PRJ 096 para realizar la vigilancia en las diferentes localidades del municipio de Tomatlán, saliendo de Guadalajara a las 21 horas y llegada a las 3:40 de la mañana”. El convoy regresó a las 6 de la mañana del 8 de junio.
