El nuevo fiscal general del estado, Eduardo Almaguer, también es dado a las acciones espectaculares: el 16 de febrero de 2014, como secretario del Trabajo, encabezó el “rescate” de 27 niños que supuestamente eran explotados en Mazamitla. Fue un montaje. Con todo, preocupan más las insistentes acusaciones de corrupción que se le han hecho durante su larga carrera política, provenientes incluso de sus compañeros priistas.
El 6 de junio, el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz envió al Poder Legislativo un oficio para informar que designaba a Eduardo Almaguer Ramírez “como encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE)”.
En el oficio, recibido a las 20:10 horas en el Congreso estatal, el gobernador agrega: “Por este conducto pongo a consideración de esa asamblea soberana, la ratificación” de ese funcionario para que asuma la titularidad de la dependencia.
Almaguer, quien sustituye al primer titular de la FGE, Luis Carlos Nájera, creció en el barrio de Santa Teresita. Abogado egresado de la Universidad de Guadalajara (UdeG), de 45 años, comenzó su carrera política en el tricolor al lado del hoy perredista Samuel Romero Valle. “Era como su achichincle”, comentan priistas consultados.
En 2008 ganó la dirigencia del Comité del PRI tapatío y ese año fue acusado por Óscar Cerrillo de haber apoyado en 1998 la campaña de su mentor Romero Valle por la Presidencia Municipal de Guadalajara, ya con la bandera del PRD.
Cerrillo también reveló que Almaguer recibía un sueldo de 12 mil 200 pesos en la Secretaría del Trabajo. El señalado respondió que esas percepciones le correspondían como representante general de los trabajadores de la UdeG.
Ha mantenido esos vínculos. Se desempeñó precisamente como secretario del Trabajo hasta el día que fue nombrado encargado de despacho de la fiscalía y, según el portal de Transparencia de la UdeG, es profesor de asignatura en la Preparatoria número 11.
En las elecciones locales del 5 de julio de 2009, Almaguer formó parte de la planilla de Sandoval Díaz para la Presidencia Municipal tapatía. Como regidor, de 2010 a 2012 encabezó la comisión de Reglamentos y Gobernación del ayuntamiento.
En junio de 2011 se difundió que el político priista había avalado el 7 de octubre de 2010 la operación del casino Capri, en la avenida Circunvalación Jorge Álvarez del Castillo esquina con Ávila Camacho, pese a que el establecimiento no tenía permiso de la Secretaría de Gobernación.
A finales de 2010 se divulgó una conversación que sostuvo por medio del chat de Blackberry con el entonces contralor de Guadalajara, Víctor Urrea Stettner, en la que presuntamente pedía 2 millones de pesos para conseguir el permiso de apertura del casino. Urrea renunció al cargo, pero tras una investigación propia, el ayuntamiento determinó que el chat era apócrifo.
En junio de 2011, el comité del PAN Guadalajara denunció penalmente a Sandoval Díaz; a Almaguer; a la entonces directora de Inspección y Vigilancia, Verónica Martínez, y a la titular de Padrón y Licencias, Marcela Gómez Reyes, por permitir que el casino funcionara sin permiso.
El periódico Reporte Índigo publicó el 11 de mayo de 2012 que en septiembre del año anterior Gómez Reyes salió de la administración municipal por presiones de Almaguer, quien la acusaba de haber divulgado el documento donde autorizó la operación del casino.
El lugar de Gómez Reyes fue ocupado por José Ignacio López Varela, cercano a Almaguer y actual director de Manejo de Residuos de la Secretaría del Medio Ambiente y Ecología. López Varela también fue acusado de solapar la corrupción en su área (Proceso Jalisco 473).
Red siniestra
En abril de 2012, con el apoyo de Sandoval Díaz, Almaguer asumió la dirigencia estatal del PRI. Desde ahí presionó en su partido para imponer a su amiga Elisa Ayón Hernández como candidata a la alcaldía de Guadalajara, pero ella finalmente declinó a favor de Ramiro Hernández García.
A principios de noviembre de 2013 estalló el escándalo: se conocieron grabaciones en que Ayón Hernández cometía presuntos actos de corrupción en la Dirección de Panteones. Esto le costó la destitución de la Secretaría general del PRI Jalisco, y el alcalde Hernández García le recomendó que pidiera licencia como edil.
El 11 de ese mes, el diario La Crónica de Jalisco dio a conocer otra grabación en que Ayón Hernández solicitaba a comerciantes establecidos una aportación económica para retirar vendedores ambulantes cerca de su negocio, pues con el esquema vigente quien menos se beneficiaba era “el patrón”.
La FGE abrió una investigación por enriquecimiento ilícito contra Ayón Hernández, pero nunca se dieron a conocer los avances. El 7 de marzo de 2014, el Congreso avaló destituirla como regidora y la inhabilitó para ocupar cargos públicos por una década.
Otro amigo de Almaguer es Raúl Heredia Cerda, quien el 26 de agosto de 2006 fue separado de su cargo de tesorero en la administración municipal de Palemón García Real, por pérdida de confianza e incumplimiento.
Heredia Cerda también fue señalado en un dictamen de la Auditoría Superior de la Federación, junto con Enrique Martínez Arámbula, Hans Jurado Parres y Palemón García, de desviar 13.6 millones de pesos provenientes del ramo 33 en 2006.
No obstante, en octubre de 2012 Heredia Cerda fue nombrado titular de la unidad departamental de Comercio en Espacios Abiertos, de la Dirección de Padrón y Licencias de Guadalajara. El área a su cargo expedía permisos para vendedores en la vía pública en la ciudad. Fue removido en junio de 2013, y se le cambió a la Secretaría de Promoción Económica, donde actualmente es coordinador.
El regidor priista de Guadalajara José Enrique López Córdova, dirigente de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), también forma parte del grupo de Almaguer.
López Córdova fue denunciado por Rosalío Morales Centeno, representante de los comerciantes de El Baratillo, como el coordinador de una red de corrupción que opera en los tianguis (Página 24, 20 de febrero de 2014).
En diciembre de 2011, el entonces alcalde Sandoval Díaz le encomendó al secretario general del ayuntamiento, Roberto López Lara, que resolviera los problemas del primer cuadro de la ciudad, pero el funcionario sólo consiguió incrementar en 155% el número de vendedores informales, al pasar de 406 en 2010 a mil 31 en 2012.
El supervisor municipal de Inspección y Vigilancia, José Armando Solís Rodríguez, señaló en aquel tiempo que algunos inspectores cobraban cuotas por permitir que los comerciantes informales se instalaran en zonas prohibidas, sobre todo en el centro y en calles peatonales (Proceso Jalisco 377).
A decir de Solís, uno de sus compañeros le confió que “el dinero de las mordidas va a dar a presidencia, con El Chino López”. Al preguntarle por el monto de las operaciones, respondió: “Me hablaban de cantidades enormes en mordidas mensualmente… De cada zona llegan hasta 400 mil pesos, pero a mí esto no me consta”.
Cuando Hernández García llegó a la Presidencia Municipal, el comercio informal en el centro de Guadalajara creció exponencialmente. Los priistas le atribuyeron ese hecho a Almaguer, entonces presidente del comité local de su partido.
Presionado por los comerciantes organizados en la Cámara de Comercio, Hernández García envió a su secretario general, Tomás Vázquez Vigil, a negociar con la dirigencia priista para que retirara a los vendedores ambulantes que se habían apoderado de calles, banquetas y jardines céntricos. La respuesta fue que lo haría a cambio de 500 mil pesos mensuales, afirman exfuncionarios municipales.
Otro testigo, que aún trabaja en el ayuntamiento tapatío, afirma que López Lara y Almaguer aún cobran las mordidas y que “otra parte va a dar a manos del papá de Aristóteles, Leonel Sandoval”.
Otro funcionario del municipio afirma que la actual coordinadora de los regidores priistas, Verónica Flores, junto con López Córdova y Heredia Cerda, integran la red “de las mordidas”. Incluye a la exregidora Ayón Hernández, prima del secretario de Educación estatal, Francisco Ayón.
Según el entrevistado, el recaudador de las mochadas que se cobran a los ambulantes es Marcos Santos, amigo de José Cruz Santos Sánchez, quien se ostenta como líder de los comerciantes al aire libre de la calle Juan Manuel y Santa Mónica.
De acuerdo con la fuente, Santos Sánchez era el encargado de entregar el dinero recolectado a la exregidora Ayón Hernández.
Resultados negativos
Almaguer fue presidente de la organización priista Unidad Revolucionaria, consejero político en Guadalajara y en el estado.
Ya como secretario del Trabajo, Almaguer pretendía atraer los reflectores para convertirse en candidato de su partido a la alcaldía de Guadalajara, pero cometió varias pifias. Una de ellas, cuando proclamó que había rescatado a 27 niños que eran explotados en un invernadero en Puerta del Zapatero, municipio de Mazamitla.
Fue un montaje. Con la promesa de regalarles balones y juguetes, los menores posaron para unas fotografías donde aparentaban estar trabajando. Lo que realmente ocurría ahí es que, al salir de la escuela, los niños iban al lugar de trabajo de sus madres (Proceso Jalisco 484).
Desde la Secretaría del Trabajo, Almaguer declaró la guerra al grupo de litigantes conocido como Los Talibanes, señalados de llevar al menos 3 mil juicios laborales con trampas, sobornos, corrupción y tráfico de influencias. Se les identifica además por ganar juicios laborales millonarios (Proceso Jalisco 446).
Almaguer presentó 25 denuncias penales contra esos abogados, dos de ellas por amenazas a funcionarios de las juntas especiales de Conciliación y Arbitraje números 1 y 2.
Aunque su bandera era acabar con la corrupción dentro de la dependencia, el lunes 6 el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) dio a conocer un estudio en el cual se concluye que en Jalisco la justicia laboral es ineficiente y que hay corrupción en la Secretaría del Trabajo.
Otro amigo de Almaguer y del gobernador, Alejandro Serrano Cervantes, es el titular de la Industria Jalisciense de Rehabilitación Social (Injalreso) y hermano del encargado de la Seguridad en la Universidad de Guadalajara, Montalberti Serrano Cervantes.
La fuente de este semanario dice que Alejandro obtiene información de sus enemigos políticos para entregarla a Sandoval Díaz, Almaguer y al propio Leonel Sandoval.
