Entre las pifias cometidas por la Fiscalía General del Estado y la Fuerza Única está la detención de los supuestos asesinos confesos de Javier Galván, el delegado del ISSSTE en la entidad. A unos días de presumirla, la versión se cayó, pues se conocieron evidencias de que los policías torturaron a los detenidos en una casa del Sector Libertad. Familiares de éstos relatan los detalles de la fallida maniobra del ahora exfiscal Luis Carlos Nájera.
Familiares de José Domingo Millán Cordero y de Víctor Antonio Herrera Millán –detenidos por el homicidio de Javier Galván Guerrero, delegado del ISSSTE y expresidente del PRI en el estado– narran que ambos fueron torturados desde su detención para que se declararan culpables de un delito por el que finalmente no fueron consignados.
El sábado 4, el Juzgado Octavo de Distrito dictó el auto de formal prisión contra cinco de las seis personas a quienes al principio se acusó de delincuencia organizada y del homicidio de Galván. Sin embargo, el Juzgado Octavo sólo los inculpó por la portación de armas de uso exclusivo del Ejército.
Millán Cordero, de 31 años, es policía de Guadalajara y desde hace más de un año cuenta con incapacidad porque padece parálisis facial y problemas de la espalda. Herrera Millán, de 18 años, es mesero.
Con ellos detuvieron a Jorge Adrián Estrada González, quien se dedica a fabricar calzado, pero salió bajo fianza el miércoles 1 porque la pistola que supuestamente traía consigo era calibre 38, cuyo uso es legal.
En la indagatoria se menciona que los tres fueron aprehendidos cuando circulaban en convoy por la avenida Circunvalación Oblatos y se les encontraron armas de fuego y drogas. Además, se difundió que Millán Cordero era el autor material del crimen y habría recibido 180 mil pesos por matar al funcionario federal.
El 19 de junio, Galván Guerrero fue acribillado cuando se trasladaba en su camioneta de lujo por la calle Joaquín Angulo, casi al cruce con avenida López Mateos. Las primeras líneas de investigación se orientaron al pleito por una finca valuada en más de 8 millones de pesos, en el que supuestamente estaba implicado el funcionario. Después se filtró que estaba metido en un conflicto por decenas de hectáreas que le reclamaban personas ligadas al crimen organizado (Proceso Jalisco 556).
Desde el 25 de junio varios medios informaron que la Fiscalía General del Estado (FGE) detuvo a dos presuntos homicidas del funcionario federal –después se precisó que eran seis–, quienes formaban parte del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Elena Maravilla, esposa de Millán Cordero, y Brenda, hermana del policía y madre de Víctor Antonio Herrera, lo niegan.
Dicen que ambos insistieron en su inocencia durante el poco tiempo que tuvieron contacto directo con sus familiares a través de la barandilla. Añaden que firmaron la declaración donde se les inculpa a causa de la tortura que les infligieron durante casi 24 horas.
Para demostrarlo, dicen, los detenidos les mostraron las huellas del castigo corporal y les detallaron cómo se las hicieron.
En sus muñecas tienen marcas de los aros aprehensores, tienen grandes hematomas en piernas y costados, los dedos de los pies destrozados. En su cara quedaron marcas de inmovilizadores eléctricos, tienen costillas rotas y los testículos quemados y exageradamente inflamados por descargas eléctricas.
Pero no bastaba para que se inculparan por el asesinato. “Les pusieron una bolsa de plástico en la cabeza con agua para que tuvieran la sensación de que se estaban ahogando. En el caso de mi hijo, se desmayó, pero lo despertaban de nuevo con palabrotas para seguirlo torturando. Era tan enorme la tortura que recibieron que a Jorge Adrián, cuando le dijeron que si tenía un apodo, sólo se le ocurrió decir que le decían ‘el cuarto para las tres’, y a todo lo que preguntaban respondía que sí para que ya no le pegaran”, detalla Brenda Millán.
Antes de conocer que los jóvenes estaban detenidos, como tardaban en llegar a sus casas ellas acudieron a la FGE a reportarlos como desaparecidos. Los buscaron en hospitales e intentaron presentar una queja en la sede de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en la FGE, que al principio se rehusó a admitirla.
Tras casi 24 horas de angustia y de que las autoridades estatales negaran que estuvieran detenidos, alguien en la fiscalía les informó que sus familiares se encontraban en la delegación de la PGR, acusados de participar en el homicidio de Galván Guerrero.
No podían creerlo. Pero el colmo es que ahora la FGE niega que las mujeres hayan presentado la denuncia por desaparición de persona.
En la delegación de la PGR también les dijeron que sus familiares no se encontraban retenidos. Cuando al fin les dijeron que sí estaban ahí, no les permitieron verlos. “Hasta que se dieron cuenta que íbamos a dar declaración a los medios de comunicación, nos dijeron que ya los podíamos ver”, dice Brenda Millán.
Añade que entonces vieron que los jóvenes no traían ropa ni zapatos: “Parecía que los habían arrastrado. Mi hermano no traía sus tenis, se los robaron, igual que sus carteras y cadenitas”.
Interviene Elena: “Mi marido me dijo que a uno de los policías le habían gustado sus tenis y le dijo que se iba a quedar con ellos, y que se callara”.
Las únicas pertenencias que les dejaron fueron los teléfonos móviles. “De hecho, hay un celular que no pertenece a ninguno de los dos, es de una de las muchachas (pareja de uno de los testigos) que detuvieron junto con mi hermano y mi hijo. A ellas les robaron sus teléfonos. Como no podían desbloquearlo, los golpeaban más duro. Uno de los teléfonos tenía una funda rosita con blanco; los policías les preguntaron quién era el jotito”.
Escenas de otro crimen
Brenda y Elena tuvieron que convertirse en investigadoras para demostrar la inocencia de José Domingo y de Tony, como le dicen a Víctor Antonio.
En su indagación descubrieron que el 24 de junio, aproximadamente a las tres de la tarde, agentes de la Fuerza Única irrumpieron sin orden de cateo en la vivienda que renta Jorge Adrián Estrada González en la calle Monte Athos 1049, colonia Lomas Independencia, Guadalajara.
Elena precisa que de ahí sacaron a golpes a los tres, cubriéndoles la cara con su propia camiseta, y los llevaron a una casa en la calle Álvarez del Castillo o Calle 48, número 226, Sector Libertad, donde continuó la tortura.
Con los vecinos averiguaron que esas instalaciones estaban en posesión de la FGE, que la utilizaba como casa de seguridad. “Los poquitos que quisieron hablar –añade la cuñada de Brenda– dijeron que no querían ser nuestros testigos ante las autoridades, pero nos dijeron que a cada rato llegan los del Mando Único y fiscalía, meten a gente y se oyen gritos y lamentos, tanto de hombres como de mujeres. Incluso los vecinos hicieron una petición por escrito a la fiscalía para que ya no usaran esa vivienda, pero nunca les hicieron caso”.
Después de que las mujeres señalaron esa casa de seguridad, el miércoles 1 la FGE comenzó a retirar muebles de ahí. “Un vecino nos comentó que ya fueron a limpiar, que sacaron como 25 camas de tubo y trajeron tres camionetas que llenaron de colchones”, comenta Brenda.
Explica que esto es porque “se giró la orden para abrir la casa de Athos para constatar que de ahí los habían sacado, y ahora van a girar la orden para la finca de la Calle 48, por eso ya limpiaron todo”.
Tienen información de que en esa vivienda de la Calle 48 la Fuerza Única supuestamente capturó a los otros inculpados en el caso: César Octavio Martínez Rivera; Manuel Quintero Hernández, El Chaparro, y Gonzalo Jiménez Duarte, El Guayaba. Se difundió que a ellos se les decomisaron dos armas largas, cinco cortas, tres vehículos y 12 celulares.
Proceso Jalisco encontró un edicto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de octubre de 2012, en el cual Juan Carlos Navarrete Cruz, titular de la Mesa Tres de la Agencia Federal Número Uno de Procedimientos Penales A, formaliza el aseguramiento de la vivienda de Álvarez del Castillo 226, propiedad de Jesús Miguel Guardado Figueroa. Añade que así se cumple la averiguación previa AP/PGR/JAL/GDL/AG1M3/5775/2010, del 23 de septiembre de 2010.
Posteriormente la residencia pasó a manos de la FGE.
Pruebas contra la fiscalía
A decir de Brenda Millán, la de su hermano y su hijo “fue una detención ilegal. Fueron torturados. Antes de que este niño (Estrada González) saliera (bajo fianza) fuimos con los vecinos para que nos corroboraran que los sacaron de su casa. Tenemos testigos de que la Fuerza Única y la fiscalía se metieron a fincas aledañas”.
Prosigue: “Uno de nuestros testigos dice que él estaba dormido y que lo bajaron. A todos los acostaron boca abajo como una hora y los de la fiscalía les brincaron encima. Este testigo escuchó que un policía le decía a otros: ‘Mira, este perro sí aguanta’. A las chicas que también detuvieron les robaron sus celulares y las manosearon, pero se negaron a servirnos de testigos, por temor”.
Por eso le reprocha al ahora exfiscal Luis Carlos Nájera Gutiérrez que negara la tortura y minimizara las denuncias que hicieron ella y Elena sobre la inocencia de sus familiares.
Una funcionaria de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), adscrita a la delegación de la PGR, les comentó a las quejosas que tiene al menos 60 fotografías tomadas a los detenidos en la dependencia federal antes de trasladarlos al Reclusorio Metropolitano.
“Me dijo que venía de la CNDH y que le quitó a mi hijo de las manos a la fiscalía. De hecho, para trasladar a Víctor Antonio a la PGR, los de la comisión vinieron con él porque tenían miedo de que lo siguieran masacrando”, comenta, incapaz de contener el dolor.
Sin embargo, indica que la casa de la Calle 48 sigue bajo resguardo de la FGE y cuestiona: “Si ahí encontraron las armas y drogas, esto quiere decir que la fiscalía se las prestaba a los detenidos para que cometieran delitos (…) Y si la finca no es de ninguno de ellos, ¿entonces la fiscalía está de acuerdo con ellos?”.
A su vez, Elena señala que una prueba de que José Domingo no está metido en la delincuencia es que pasó los exámenes de control de confianza en la policía. Indica que otra también es que hay testigos de que el día del homicidio, Millán Cordero fue con su hija menor y su sobrino a la birriería y la estética.
De igual forma, tienen testigos de que a la casa de Monte Athos llegaron efectivos de la Fuerza Única en patrullas que tenían cubiertas las placas y el número económico.
Además, cuentan con fotografías de esa casa donde se aprecia su interior revuelto y destrozado. De ahí se robaron “televisores, mercancía, y hasta la cama ortopédica de la mamá de Jorge Adrián”, dice Brenda. Aclara que su hijo y su hermano acudieron a la casa de Estrada González para comprar calzado.
Sostiene que inicialmente los agentes de la Fuerza Única detuvieron a cinco personas de la vivienda de Monte Athos: “A los otros dos que agarraron con ellos (su hermano, su hijo y Jorge Adrián) nada más estaban arreglando la casa”, comenta, y por eso no sabe sus nombres.
“Lo que estamos viviendo es un infierno –resume Brenda–. Los amenazaron con que nos iban a matar si decían que los torturaron. ¿Cómo pueden hacer daño así los policías? ¿Acaso no tienen familia? ¿Cómo tienen esa creatividad para torturar?”
Elena relata que ambos les comentaron que “no saben cómo han aguantado tanto, ya pasó más de una semana y todavía traen los moretones. Dice mi marido que los testículos los tiene negros, no puede sentarse. Le vi las piernas y dije ‘¡ay Dios mío!’ No lloré delante de él porque trato de ser fuerte. Mi sobrino me dijo: ‘Tía, yo traigo los testículos igual que mi tío’”.
