Interés público
Miguel Angel Granados Chapa
Entre el azúcar y el acero, está de nuevo en curso la cuestión de las empresas públicas Se trata de un asunto de primer orden El modo como se le enfrenta de nuevo ahora señalará una de las líneas maestras del comportamiento del Estado mexicano
La industria azucarera ha resumido, de varios modos, la relación de beneficencia que respecto de no pocos sectores de empresarios privados ha ejercido el gobierno como una de sus conductas más sostenidas En este ramo, la munificencia oficial en el campo de los créditos llevó a constituir varios organismos especializados, entre los cuales destacan por la magnitud de sus operaciones la Unión Nacional de Productores de Azúcar (que no sólo se ha encargado de la comercialización del dulce) y la Financiera Nacional Azucarera
Estos financiamientos muestran tendencia a ser irrecuperables ¿Ocurre así porque la producción de azúcar es mal negocio en sí misma? No parece que tal sea la respuesta Más bien habría que buscarla en los dispendios y distracciones de recursos practicados por los destinatarios del crédito En esas condiciones, ha sido frecuente que el gobierno se apropie de las fábricas de azúcar, así sea para no perder la totalidad de los dineros facilitados
El reciente requerimiento de pago a algunos de los ingenios privados más importantes no hace sino ratificar esa proclividad No es improbable que las instalaciones correspondientes pasen a ser operadas por un organismo público, como ocurrió ya con tres decenas de fábricas azucareras Esos hechos han hecho crecer al sector industrial público, lo cual provoca preocupaciones entre los empresarios particulares, muchos de los cuales sólo quisieran la intervención del Estado para que les compre negocios ineficientes
Como contrapartida, con frecuencia los representantes empresariales demandan que sean puestas a la venta las empresas públicas rentables A ese propósito, el secretario de Patrimonio y Fomento Industrial, José Andrés de Oteyza, ha refrendado la decisión de no vender ninguna compañía estatal, tesis que si bien ha sido objeto de matices y de quebrantos, se encuentra en la base de la gestión económica gubernamental
El Estado tiene pleno derecho, y aun obligación, de operar empresas Su actividad no tiene límites, puesto que tampoco los tienen las necesidades populares que está obligado a satisfacer Y si bien debe administrarlas con eficacia y, ésta no tiene sólo parámetros económicos para ser medida
En efecto, la rentabilidad social es un concepto que no se opone a menudo a la exigencia de los empresarios de que las empresas públicas obtengan utilidades El Estado puede invertir a través de organismos económicos sus propios recursos no con el deliberado afán de perderlos, pero sin que la ganancia sea el motor de su actividad, siempre que se generen beneficios sociales laterales, no siempre medibles en dinero
Fortalecer el sector público de la economía es propio de un Estado que no quiera resignarse a ser simple ejecutor de las órdenes de los negociantes privados Aun si la representatividad de los órganos del Estado sea tan cuestionable como de hecho lo es, la necesidad histórica ha de llevarnos a consolidar la gestión pública de vastas zonas de la economía Pero ello no ha de hacerse por azar, fortuitamente, sino conforme a una concepción global y rigurosa
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