Aunque la Comunidad Indígena de Mezquitán ha resistido a los intentos de despojarla de sus territorios, ha sido vulnerable a las maniobras fraudulentas y la corrupción de sus propios representantes. Cuando un grupo de comuneros obtuvo por la Ley de Transparencia los convenios celebrados con dependencias estatales y federales encontraron un hueco financiero de alrededor de 50 millones de pesos.
Integrantes de la Comunidad Indígena de Mezquitán acusan a sus representantes comunales de un fraude por aproximadamente 50 millones de pesos, según ellos cometido con la complicidad de autoridades estatales y federales.
Dicha comunidad acreditó con el título virreinal de 1690 sus derechos sobre 2 mil 681 hectáreas, que actualmente van, de sur a norte, desde la calle Eulogio Parra, en el centro de Guadalajara, hasta La Cola de Caballo, en Zapopan; y de poniente a oriente, desde Alcalde hasta el río San Juan de Dios.
A partir del 21 de marzo de 1978, el gobierno federal le reconoció la posesión definitiva. Sin embargo, a causa de las invasiones sus tierras se redujeron, de sur a norte, desde la calle Guadalupe Victoria, colonia Tabachines, hasta la Cola de Caballo y la exhacienda de El Lazo; y de poniente a oriente, desde la ceja del cerro de Las Cañadas y El Centinela, Belenes, hacia el río San Juan de Dios, Río Lerma hasta la casa de la maquinaria de la hidroeléctrica Gómez Farías.
En 1979 se comenzó a levantar un censo, según el cual había 333 comuneros, pero después ni éstos ni las autoridades lo actualizaron.
En 1982 se levantó un nuevo padrón, pero el procedimiento se contaminó: “Había más de 80 personas cuyos datos personales eran incorrectos y otras que en ese año ni siquiera habían nacido o eran menores de edad, por lo que no tenían derecho sobre las tierras”, apunta el comunero inconforme Armando Telles Loera.
En 1992 se hizo una depuración del padrón y, en consecuencia, 68 personas perdieron su derecho, pero se dio de alta a otras 67, en su mayoría amigos y familiares, tanto políticos como directos, del entonces presidente de la comunidad, Aurelio Torres Rodríguez.
Este último se ha rolado el cargo con Candelario Rodríguez Ávila, Pedro Lara Siordia y Bonifacio Torres Rodríguez.
“Se han aprovechado del puesto, no han rendido cuentas claras de los pagos que recibió la comunidad desde la primera expropiación que sufrimos. Sabemos que al momento hay alrededor de 50 millones de pesos sin comprobar y que hay personas que no tenían derechos de recibir un cheque, por no estar reconocidos como comuneros”, enfatiza Telles Loera.
Ante la negativa de sus representantes a rendir cuentas, varios comuneros solicitaron por medio de la Ley de Transparencia los convenios millonarios que firmaron con la comunidad, tras una expropiación, dependencias locales como la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS) y federales como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett).
Así, los inconformes se enteraron de que los representantes de la comunidad no repartieron los recursos como se estipulaba en los contratos y aún desconocen qué hicieron con el dinero. Pretenden denunciar por las vías civil y penal a los responsables para que se le entregue a cada comunero lo que le corresponde.
El saqueo
El 9 de septiembre de 1991 la comunidad sufrió una expropiación de la Corett, que le quitó 240 hectáreas para escriturarles propiedades a personas que vivían en asentamientos irregulares, como las colonias Arroyo Hondo Primera y Segunda secciones, La Cantera, Vergel y La Indígena.
La Corett indemnizó a la comunidad de Mezquitán con mil 443 millones 835 mil 80 viejos pesos, que se pagaron de manera íntegra. Sin embargo, en la cláusula segunda del contrato la dependencia se obligó a entregar a los comuneros 20% de las utilidades netas resultantes de la expropiación. “No vimos ni un solo peso de esas utilidades”, afirman los quejosos.
El 8 de septiembre de 1994, la Corett realizó la segunda expropiación. Fueron 174 hectáreas, por las que pagaría 1 millón 674 mil 40 nuevos pesos. En la tercera cláusula del contrato se estipuló que la Corett entregaría 502 mil 212 pesos “al momento de llevar a cabo la ejecución del decreto expropiatorio”; y el resto en tres pagos trimestrales de 390 mil 609 pesos.
Pero el presidente de los comuneros, entonces Candelario Rodríguez Ávila, igual que el secretario Pedro Lara y el tesorero Bonifacio Torres, sólo les repartieron los 502 mil 212 pesos. Ignoran qué pasó con la cantidad restante.
El 2 de octubre de 2007 la Corett expropió por tercera ocasión a la comunidad de Mezquitán, esa vez 371 hectáreas, por las que pagó 13 millones 843 mil 91 pesos.
Y aunque en el padrón están registrados 333 comuneros, sólo se emitieron 165 cheques por 29 mil 900 pesos cada uno, por lo que se distribuyó así un total de 4 millones 933 mil 500 pesos.
“Cuando pedimos cuentas a la administración que ocupó el cargo de septiembre de 2006 a agosto de 2009 (Pedro Lara Siordia como presidente, Salvador Ramos Lomelí como secretario y Trinidad Rodríguez Castañeda como tesorero) nos dijeron que entregaron 1 millón 384 mil 300 pesos al licenciado Javier Rodríguez, quien dizque nos ayudó a hacer el trámite ante la Corett, cuando sabemos que por eso no se cobra”, comenta Telles Loera.
Prosigue: “También nos dijeron que se enviaron 622 mil 939 pesos para el fondo de gasto de la comunidad indígena de Mezquitán. Y dieron 510 mil pesos al licenciado Montoya, que dizque por cuatro juicios. Todos nos preguntamos cuáles juicios. A él le dieron dinero cada ocho días, aparte le pagaron con unas hectáreas que para completar lo que se le debía. Además, se gastaron 39 mil pesos en sillas”.
“Si hacemos la resta, de lo que pagó la Corett y de los pagos que hicieron, aún nos deben 6 millones 335 mil 352 pesos, que no sabemos dónde están”, señala.
El 3 de marzo de 2004, la SCT estableció un convenio con la comunidad de Mezquitán para adquirir casi 27 hectáreas para destinarlas a la ampliación de la carretera federal libre 54, Guadalajara-Saltillo, tramo Periférico Norte-Los Camachos, en Zapopan.
La secretaría depositaría a la comunidad 50% de la indemnización que determinara el Instituto de Administración de Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) al valor comercial.
El 3 de octubre de 2006, el mencionado instituto estableció una indemnización de 39 millones 65 mil 272 pesos (dictamen 06 0827 GDL, secuencial G-6241).
En la tercera cláusula del convenio se dice que la comunidad “está de acuerdo en que la secretaría otorgue un pago parcial como depósito en garantía por la cantidad de 4 millones de pesos, que corresponde a un 10% aproximado de la cotización que arrojó el avalúo emitido por el Indaabin”. Después, la SCT entregó 1 millón 639 mil 268 pesos.
El 3 de mayo de 2007, los representantes de la comunidad, Aurelio Torres, Sergio Ricardo Orozco Torres y José Luis Sierra Gutiérrez, solicitaron a la SCT “que el depósito en garantía se realice en forma directa en la cuenta número 4038724738, del banco HSBC a nombre de la comunidad indígena de Mezquitán”.
Los inconformes recuerdan que fue hasta 2010 cuando pidieron cuentas a Torres sobre aquel depósito. “Nos dijo que la SCT no había pagado ni un peso, pero cuando les enseñamos a los compañeros la copia del cheque por 4 millones, se puso a la defensiva y dijo que estaba esperando a que pagaran todo, que por eso no había dicho nada del dinero”. A regañadientes, Torres repartió las cantidades recibidas, pero le restó 10% supuestamente para pagarle al abogado Javier Rodríguez.
Pero no fue la única anomalía. Uno de los inconformes cuenta: “Cuando pedimos la información por la Ley de Transparencia, nos dimos cuenta que no se había completado el trámite. Faltaba que la delegación de la Secretaría de Desarrollo Social proporcionara el dictamen de factibilidad de uso de suelo que tentativamente fue solicitado por el centro SCT Jalisco para acompañarlo a la solicitud de expropiación y proseguir con la indemnización”.
La última expropiación autorizada por la comunidad indígena tuvo lugar el 28 de julio de 2009. La CEA, entonces encabezada por el panista César Coll Carabias, adquirió primero 80 hectáreas para construir la planta de tratamiento Agua Prieta, la segunda más grande del país, con una capacidad para limpiar 8 mil 500 litros de aguas negras por segundo. Además, el área comprada serviría para construir un tramo del acceso a la planta.
La CEA pagó 68 millones 686 mil 214 pesos por aquella superficie. El primer pago fue de 30 millones, que se entregaron al firmar el convenio. El monto restante se depositó el 26 de agosto de 2009 en la cuenta 012320040387247386 del banco HSBC, a nombre de la comunidad, así como a la del entonces tesorero Sergio Ricardo Orozco Torres.
“Nos queda la duda de por qué (Orozco Torres) abrió una cuenta personal de banco para recibir pagos de la comunidad y extender cheques a los comuneros. Cuando le hicimos la observación, canceló la cuenta”, comenta otro inconforme.
Se entregaron sólo 168 cheques de 90 mil 90 pesos cada uno, cuando debieron ser 333 por la misma cantidad, y algunos fueron para personas que no figuran en el padrón. “Hasta hoy no han presentado comprobantes de gastos del dinero restante para acreditar los pagos por la expropiación”, dice el comunero.
La CEA también pagó 11 millones 900 mil pesos por 14 hectáreas de la comunidad en un área que se conoce como El Tempizque, donde vivían cerca de 200 personas que no eran comuneros. Esto, a pesar de que organizaciones defensoras del medio ambiente advirtieron que ahí no podía construirse un monorelleno para depositar los residuos de la planta de tratamiento, pues era un Área Natural Protegida por el decreto municipal de Zapopan-Barranca-Huentitán.
Además, la CEA pagó a los pobladores de El Tempizque 189 pesos por metro cuadrado, y entre 3 mil y 3 mil 200 por metro construido.
Complicidad y auditoría
Para evitar más irregularidades, los inconformes solicitaron en numerosas ocasiones al delegado del Registro Agrario Nacional (RAN), José Antonio Fabrett Corral, que se actualizaran los trabajos de perímetro de la comunidad que quedaron pendientes desde el 21 de marzo de 1978. El funcionario argumentó que no tiene personal suficiente.
El 28 de julio de 2013 los comuneros también pidieron a la delegación estatal de la Procuraduría Agraria, encabezada por Gonzalo Moreno Arévalo, solicitar al RAN el padrón de la comunidad. Pero la autoridad se demoró un año en entregar el documento.
Los comuneros piensan que la procuraduría no depura y actualiza el padrón porque pretende “incluir las sentencias y supuestas actas de reconocimiento de comuneros que, sin tener derecho y con la complacencia del subdelegado operativo de la Procuraduría Agraria, Ruperto Osorio Valencia, participan en las asambleas de expropiaciones, así como en las elecciones de nuevos representantes comunales”.
Por eso, el 13 de octubre de 2014 los afectados se quejaron ante José Luis Cuéllar Garza, delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). Le expusieron por escrito que dichos funcionarios federales, en contubernio con Osorio Valencia, van a las asambleas del Fondo de Apoyo para los Núcleos Agrarios sin Regularizar (FANAR) para tratar de convencer a los asistentes de que aprueben el padrón y los linderos cuando aún no concluye su actualización.
En diferentes asambleas el comisariado informó a sus integrantes que están actualizando el padrón en coordinación con el RAN y la Procuraduría Agraria, “cuando también debe participar una comisión de comuneros legalmente reconocidos”, aclaran los inconformes.
El 17 de mayo de 2012, el titular de la Dirección General de Conciliación, Arbitraje y Servicios Periciales de la Procuraduría Agraria, Francisco Javier Arrubarrena García, recibió un informe de auditoría realizado por la perito contable Yunuén Hernández Álvarez, sobre las finanzas de la Comunidad Indígena de Mezquitán.
En ese documento se menciona que los integrantes de los Órganos de Representación y Vigilancia de Mezquitán solicitaron el 24 de agosto de 2011 una auditoría a los “fondos comunes por el periodo comprendido entre los meses de septiembre de 2009 a agosto de 2011”.
Firmaron dicha petición Jesús Ramos Lomelí, José Heliodoro Preza Lara y Sergio Ricardo Orozco Torres, presidente, secretario y tesorero del Comisariado de Bienes Comunales de Mezquitán; así como Aurelio Torres Rodríguez y José Ricardo Alonso Hernández, presidente y secretario del Consejo de Vigilancia del poblado.
El 11 de noviembre comenzó la auditoría (AUD/420/11) a los registros contables y cortes de caja desde septiembre de 2009 hasta agosto de 2011, además de los estados financieros de la cuenta 04038724738 de HSBC a nombre de la comunidad, así como los soportes de las operaciones de ingresos y egresos.
La perito contable Hernández Álvarez encontró que el comisariado tenía ingresos por 53 millones 580 mil 953 pesos; 6 millones 450 mil de éstos ingresaron a la cuenta de la comunidad “durante el periodo auditado, de los cuales, la cantidad de 1 millón 832 mil 533 pesos corresponde a ingresos que no cuentan con documentación comprobatoria”.
También menciona que en el periodo auditado se expidieron cheques por 52 millones 696 mil pesos. De esta cantidad, 1 millón 48 mil pesos no cuentan con documentación comprobatoria “que reúna las características mínimas necesarias a fin de ser tomada en cuenta como soporte de gastos”.
Hernández Álvarez detectó asimismo que el tesorero de la comunidad manejó dos cuentas de HSBC: la 4038724738 y la 4044609493. Sin embargo, se le proporcionaron únicamente los estados de cuenta de la primera. La especialista dejó claro que para tener “la certeza de que todas las cifras presentadas son las correctas, debe entregarse los registros contables de la comunidad”.
Tampoco se le entregó a la perito el padrón actualizado de la comunidad emitido por el Registro Agrario Nacional, por lo que fue imposible verificar que las “indemnizaciones que fueron pagadas a diferentes personas, hayan sido efectivamente hechas a comuneros legalmente acreditados”.
