El pésimo manejo económico del municipio y sus ilegalidades laborales tienen al ayuntamiento de Guadalajara contra la pared: el Tribunal de Arbitraje y Escalafón le ordenó pagar a mil 648 extrabajadores un total superior a 900 millones de pesos por despidos injustificados. Vencidos en juicio, los funcionarios tapatíos recurren al retraso de las reinstalaciones y los sueldos caídos para obligar a los demandantes a “negociar”, es decir, a que acepten pagos mucho menores a los ordenados por el tribunal.
Mil 648 trabajadores despedidos de manera injustificada cuando Aristóteles Sandoval era alcalde presentaron una demanda laboral contra el ayuntamiento de Guadalajara y ganaron. Sin embargo, la autoridad municipal, ahora encabezada por Ramiro Hernández García, se niega a pagarles y ofrece “negociar” el mandato del Tribunal de Arbitraje y Escalafón.
El municipio tapatío, que ya carga una deuda de casi 4 mil millones de pesos (mil 100 millones por un crédito que pidió el actual gobernador para repavimentar 30 vialidades), sumaría a ésta otro cargo por más de 900 millones de pesos por los mencionados laudos laborales, de los cuales 253 corresponden a Seguridad Pública, según denunció la fracción panista del cabildo.
La médica especialista Gabriela Fraire Martínez interpuso una demanda laboral contra el ayuntamiento a mediados de octubre de 2010 (expediente 3409/2014-E2). Desde entonces revisa en el cajero automático si la autoridad ya cumplió con su pago, pero es en vano.
Así es desde hace cinco años: “Me presenté a trabajar el 14 de octubre de ese año a la Cruz Verde, unidad periférica Ignacio Allende. Me comuniqué con la coordinadora administrativa, Claudia Fabiola Pichardo López. Le pregunté por qué no apareció mi quincena; me dijo que no tenía conocimiento”.
Fraire insistió varias veces para que la funcionaria de la administración le informara la razón de que no le pagaran. Hasta el tercer día, Pichardo López le dijo por teléfono que Melckisedec Osiris Ramos, jefe de la Unidad Departamental de Relaciones Laborales y Procedimientos de Responsabilidad, de la Dirección de Recursos Humanos, decidió despedirla sin mayor explicación.
“Me cesaron de manera completamente injustificada. En primer término, nunca fui citada a procedimiento de acta administrativa, ni en mi centro de trabajo ni en mi domicilio particular. Jamás se me dio derecho a audiencia y defensa, tampoco se me comunicó mi cese mediante oficio o escrito alguno, sólo por teléfono”, señala.
Aclara que ingresó “al servicio de la Cruz Verde, que actualmente se denomina Secretaría de Servicios Médicos Municipales, el 1 de julio de 1995. Hasta el 1 de enero de 1997 se me dio el nombramiento con fecha retroactiva como médico especialista, el cual no ha sido respetado para efectos de pago, por lo que solicité al tribunal que se me pague correctamente como médico especialista, con un sueldo de 14 mil 800 pesos. A mí se me pagaba 7 mil 641 pesos por quincena, debiendo percibir 14 mil 800 pesos”.
En su querella, que fue admitida por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del estado en enero de 2011, pidió la reinstalación, así como el pago de prestaciones y sueldos caídos.
El tribunal citó a las partes el 24 de mayo de 2011 para llegar a un acuerdo conciliatorio, pero éste no se logró. En noviembre se realizó una audiencia para el ofrecimiento y admisión de pruebas; éstas fueron admitidas el 31 de enero de 2012.
El municipio alegó que no instauró ningún procedimiento contra la doctora Fraire porque “las relaciones de servicio público con la actora siempre han sido amables, cordiales y armoniosas”. Afirmó que el despido fue por abandono de empleo como médico general C “a partir del día 14 de octubre de 2010 a las 6 de la mañana”.
El Tribunal de Arbitraje y Escalafón determinó que la defensa del municipio de Guadalajara era contradictoria, ya que una lista de asistencia demostró que la médica firmó entrada y salida el 14 de octubre. En consecuencia, estableció que la demandante sí fue “despedida injustificadamente de su empleo como médico especialista el 16 de octubre de 2010, siendo falso que ésta abandonó y dejó de prestar sus servicios”.
Aunque el ayuntamiento alegó que Fraire firmaba su registro de asistencia como “médico general C”, la afectada presentó una copia de su nombramiento como médico especialista.
El 2 de mayo de 2014 se turnó el asunto al pleno del tribunal para emitir una resolución definitiva. El 10 de octubre de 2014, la autoridad ordenó al ayuntamiento reinstalar a Fraire como médico especialista en la Cruz Verde Unidad Ignacio Allende y pagarle los salarios caídos, incrementos salariales, aguinaldo y prima vacacional del 16 de octubre de 2010 “hasta el día que se le reinstale”.
Además, el municipio debe pagar las “diferencias salariales, así como la rectificación de su salario como médico especialista a partir de 19 de octubre de 2009 y hasta que sea debidamente reinstalada como médico especialista”.
El ayuntamiento interpuso la solicitud de amparo 1237/2014, que se le negó el 20 de abril de 2015, además de que le ordenó cumplir la resolución del Tribunal de Arbitraje y Escalafón.
El 29 de mayo de 2015, por medio del oficio DJM/DJCT/PL/949/15, el síndico municipal de Guadalajara, Luis Ernesto Salomón Delgado, informó al director de Recursos Humanos, Felipe de Jesús López García, que ese mismo día “tuvo verificativo el desahogo de la diligencia de reinstalación” de Fraire en el puesto de médico especialista en la unidad correspondiente.
En el oficio se le indicó a López García que realizara “los movimientos administrativos necesarios para que la servidor público (sic) reciba sus emolumentos que conforme a derecho le correspondan, así como el alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)”.
El 30 de mayo pasado, la doctora Fraire se presentó a trabajar a la unidad Ignacio Allende, frente al templo central de la Iglesia La Luz del Mundo, en la colonia Hermosa Provincia.
Sin embargo, el 10 de junio acudió a las oficinas de Recursos Humanos del ayuntamiento, donde la atendió Rosa Elena Preciado Serrano. “Nos dijo tanto a mí como al secretario general del Sindicato Nuevo Jalisco, Raúl García Lupercio, que no había recibido nunca el acuse de recibo de la reinstalación, por lo que envió a una secretaria a buscar el oficio, pero no lo encontró”, dice la profesionista.
Entonces Fraire fue a la Dirección Jurídica, donde le informaron que dicho documento se entregó el 2 de junio; incluso le dieron una copia. Ella se la mostró a Preciado Serrano, quien se comprometió a buscar el original, pero después de un rato la funcionaria cambió de argumento: “Me comentó que no me podía reinstalar porque no hay plazas. Le dije que la plaza que peleé es mía, que gané un juicio como dice en el oficio de reinstalación, con mis mismas condiciones laborales”.
La funcionaria de Recursos Humanos le dijo entonces a la doctora que, por órdenes de López García, “no se me iba a reinstalar si no firmaba un convenio por el cual, en lugar de darme los casi cinco años de salarios caídos, me darían sólo uno”.
Por eso, agrega la doctora, “le dije a la señorita que no tuve a mi familia cinco años hambreada para que, aparte de que ya gané mi juicio, ahora me digan que nada más me van a dar un año de lo que me corresponde. No tengo absolutamente nada que negociar con ustedes, y lo único que tienen que hacer es dar cumplimiento al mandato legal del tribunal. Ella me dijo que entonces no teníamos nada de qué hablar y se levantó”.
Sin embargo, “estando ahí (en la oficina de Recursos Humanos) me enteré de que López García estuvo en la cárcel por cometer un fraude. Te pones a pensar que estamos gobernados y dirigidos en las instituciones por gente nefasta como él, que además es un delincuente. Cómo es posible que estemos tan expuestos a gente que no sabes si es asesina o de qué es capaz o con quién está coludida”, cuestiona.
El 16 de mayo pasado, López García fue detenido en Acatlán de Juárez, acusado de fraude por Francisco Javier Gómez Morales y otras cinco personas. En 2010 se abrió una averiguación previa contra el entonces comisario ejidal por vender dos veces el mismo predio.
El Juzgado Mixto de Primera Instancia de Zacoalco de Torres fijó una fianza de 6 millones 510 mil pesos para que López García pudiera seguir el proceso en libertad. El 19 de mayo salió “por falta de elementos”.
Costosa ilegalidad
En 2010 fueron despedidos sin justificación varios médicos y enfermeras de la Cruz Verde, así como personal de otras dependencias. Cuando preguntaron el motivo, les respondieron que “necesitaban los puestos para repartirlos a la gente que apoyó a Aristóteles Sandoval en su campaña”, recuerda la doctora Fraire.
El 12 de junio, la afectada regresó acompañada del representante gremial García Lupercio a la Dirección de Recursos Humanos para hablar con su titular. “Felipe de Jesús López García empezó a mofarse desde que llegamos, tanto de mí como del secretario del sindicato. Nos dijo que mientras yo no firmara esa negociación, no se me iban a dar todos los documentos que yo necesitaba para ejercer mi trabajo, burlándose del acuse del oficio de reinstalación”.
Si no negocio, resume, “no me van a dar nada para trabajar ni va a girar la orden administrativa para que sea dada de alta ante el IMSS. Para López García yo no estaba reinstalada. Riéndose me dijo que lo demandara otra vez, me retó a que lo hiciera”.
Después le dijo que, aun con la orden del tribunal a su favor, “vivía en la irrealidad”. Y lo cita: “Son 1997 laudos los que tenemos pendientes; aquí están, búscate en la lista para ver si estás. Todos urgen. ¿Y qué?”.
Como no ha cedido, las autoridades tapatías obstaculizan su labor: “Me tenían que dar la reinstalación física y material, otorgándome todos mis instrumentos, porque en la unidad donde trabajo todos los médicos y el personal de enfermería traen una cajita con sus medicamentos; el almacén está vacío. Mi consultorio lo convirtieron en cocina, no tengo ni siquiera un lugar físico donde trabajar”.
No es todo: “Vengo a trabajar martes, jueves y sábados desde las ocho de la noche a las seis de la mañana gratis. No se me está pagando ni se me da lo que necesito para trabajar, por lo tanto no puedo hacer nada”, lamenta.
No obstante, afirma que seguirá luchando: “Es obligación del ayuntamiento hacer los papeles que se necesitan administrativamente para que yo trabaje adecuadamente. En este momento vivo una reinstalación ficticia”.
De hecho, la plaza de la doctora Fraire es ocupada por un médico llamado Santiago, cuyo apellido ignora y que labora desde hace dos años en la mencionada unidad de la Cruz Verde.
A finales de abril, los regidores del PAN informaron que el municipio enfrenta una deuda de más de 900 millones de pesos correspondientes a mil 648 laudos laborales, de los cuales 253 corresponden a Seguridad Pública.
Su coordinador, Alberto Cárdenas, informó que el presupuesto para pagar laudos de 2013 se incrementó en 400%, mientras que el año pasado aumentó en 600%. Esto implica una erogación de casi 200 millones de pesos en casi tres años de la administración de Ramiro Hernández.
Por su parte, su compañero de bancada Mario Salazar Madera mencionó que el ayuntamiento podría perder 500 juicios laborales, lo que representaría erogar de 560 a 912 millones de pesos.
