Desde hace 18 meses lo dijeron: los actuales directores de las normales de la entidad no reúnen el perfil profesional, pero nadie los quiso oír. Hoy que la deserción estudiantil se incrementó y el ambiente laboral es hostil, los docentes volvieron a manifestarse para reiterar su demanda de que remuevan de sus cargos a esos funcionarios, y dieron sus nombres: María del Carmen Gabriela Flores Talavera, Víctor Manuel Ponce Grima, Rosa Aurora Álvarez Plascencia, Liliana Lira López, María Patricia de la Torre López… Los inconformes piden poner un alto al influyentismo.
Desde hace 18 meses, cuando fueron nombrados los directores de las normales superiores de Jalisco para el trienio 2013-2016, docentes de las instituciones educativas estatales se indignaron por lo que consideraron una imposición, incluso advirtieron sobre el abandono académico en que se encuentran sus centros de estudios. Nadie les hizo caso.
Ellos denunciaron que la caída en el nivel educativo en sus planteles se debe al nombramiento de directivos que no tienen perfil profesional o bien llegaron al cargo por ser cercanos a funcionarios de primer nivel. Y eso ha provocado, dicen, un impacto negativo en la calidad académica, un clima laboral represivo, abusos de autoridad y deserción estudiantil.
Ante la falta de respuesta, maestros de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco (ByCENJ), de la Escuela Normal Superior de Jalisco (ENSJ), de la Escuela Superior de Educación Física de Jalisco (ESEF), del Centro de Investigaciones Pedagógicas y Sociales (CIPS), del Instituto Superior de Investigación y Docencia del Magisterio (ISIDM), así como del Centro Regional de Educación Normal (CREN) se manifestaron el martes 9 frente al palacio de Gobierno para entregar un nuevo pliego petitorio.
En el documento, dirigido al mandatario estatal, Aristóteles Sandoval Díaz; a su secretario de Educación, Francisco de Jesús Ayón López; al dirigente nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Juan Díaz de la Torre, y al líder de la Sección 47, Emigdio Coronado Busani, los mentores exponen los motivos de su descontento.
Y advierten: Si las autoridades educativas y sindicales no ofrecen una mesa de diálogo para negociar y solucionar las irregularidades, ellos cerrarán los planteles. Asimismo, decidieron vestir una camiseta negra con la leyenda “Yo también trabajo bajo protesta” y colocar un moño negro en sus planteles.
Reiteran que luego de año y medio del concurso de oposición para sustentar el puesto de director de las instituciones de educación normal y posgrado en el estado de Jalisco –“fue una falacia”, aseguran–, los elegidos afectaron “la vida académica de las Instituciones de Educación Superior de Jalisco (IES) y los derechos de los trabajadores de la educación, en unas más sentidas que en otras”.
Los maestros inconformes piden también poner fin al hostigamiento laboral y solicitan a sus superiores, en particular a Ayón López, que una institución externa audite a las IES y difundir los resultados obtenidos con la implementación del Plan de Desarrollo Institucional de noviembre de 2014 a mayo de 2015.
También solicitan al titular de la SEJ informe sobre los criterios para designar a los directores de las IES, así como la fecha de evaluación de los mismos y quién la realizará.
Las denuncias
Juan David Barragán Ochoa, Víctor Hugo Romero Rodríguez y Jesús Antonio García Chan, trabajadores del CREN de Ciudad Guzmán, denunciaron a su director, Luis Antonio Morquecho Solano, y al delegado sindical del SNTE en la escuela, Martín Godina Sánchez, de presuntos actos de corrupción en “los procesos de promoción y contratación de personal”.
Dicen que demostraron con documentos de la propia SEJ que se han simulado concursos de contratación de docentes, “favoreciendo a personas que no tienen perfil y que en su mayoría son familiares del actual y anterior director del CREN, Lenin Miguel Antonio Montelongo Ávalos, y de otros integrantes del cuerpo directivo de la normal”.
Entre los contratados destacan también las trabajadoras administrativas Irma Alejandra Rendón Estrada, esposa del actual director, Luis Antonio Morquecho Solano, y María del Rosario Vázquez Herrera, pareja de Joel Guadalupe Zepeda Villalvazo, jefe de servicios de la institución. A las dos, comentan los denunciantes, se les pretende asignar una plaza de docente “a pesar de no tener experiencia ni preparación profesional para desempeñarse como educadoras”.
En contraste, refieren, a la maestra Norma Lilia Chávez Figueroa, quien ganó una plaza de docente en el CREN, aún no le entregan su nombramiento.
Chávez Figueroa también es profesora de la Universidad Pedagógica Nacional, institución que hoy encabeza Alejandro Genaro Ramos Gutiérrez. Cuando fue director del CREN en Ciudad Guzmán –de agosto de 2008 a mayo de 2010–, aseguran los entrevistados, Ramos Gutiérrez asignó de manera irregular dos plazas de tiempo completo; una a Montelongo Ávalos y otra a Godina Sánchez.
Los denunciantes presentaron oficios de inconformidad al titular de la SEJ, quien dijo que se investigarán las anomalías, y a la Comisión Dictaminadora Estatal, la cual se encarga de revisar que los concursos se apeguen a la convocatoria.
La comisión está integrada por la representante de la Sección 16 del SNTE, María Magdalena Morales Rodríguez; el director de las escuelas normales, Víctor Manuel de la Torre Espinoza; la encargada del Colegiado de Asuntos Laborales de la Sección 16 del sindicato, Claudia Gisela Ramírez Monroy; así como por Catarino Rodríguez Loreto, y los funcionarios de la SEJ María Magdalena Morales Rodríguez y Teodomiro Pelayo Gómez.
A pesar de los oficios de inconformidad recibidos, ellos “establecieron un acuerdo político para validar los procesos de contratación, aun cuando existen señalamientos y documentos que acreditan inconsistencias normativas”, sostienen los denunciantes.
Sin embargo, dicen, el proceso fue detenido por la encargada de la Coordinación de Administración de la SEJ, Vanessa Isabel Rivas Díaz.
Ese mismo año se asignaron plazas docentes a 29 parientes y amigos políticos de los directores. Entre los beneficiados estuvieron Federico Hernández Hernández –primo hermano del subdirector académico Ramón Hernández– y su esposa, Irma Lorena Gil Pérez, así como los hermanos Jesús y Samuel Anaya Trejo, unos políticos amigos de los directivos.
Yésica Castañeda Santos, hija del profesor de base Andrés Castañeda, así como Antón Montelongo Ávalos, hermano del exdirector Lenin Miguel Antonio, también obtuvieron una plaza.
Influyentismo
El profesor Candelario Miranda Díaz, de la ByCENJ, sostiene que en el plantel “prevalece la impunidad, la corrupción y el influyentismo”.
Es el caso de María del Carmen Gabriela Flores Talavera, quien ocupa la dirección de la institución desde principios de noviembre de 2013, a pesar de que se cuestionó de manera abierta su nombramiento, pues los resultados de su evaluación fueron inferiores a los de otros aspirantes. Además, fue denunciada ante la Fiscalía General del Estado por un grupo de profesores a quienes trató de implicar en un desvío de recursos federales (Proceso Jalisco 505). El caso aún no se resuelve.
Miranda Díaz relata: “En septiembre de 2014 se entregaron pruebas de las anomalías al gobernador Sandoval Díaz y al secretario Ayón López; ninguno respondió. Y cuando el Ministerio Público envió un oficio a la SEJ para preguntarle si se iba a querellar contra Flores Talavera, la dependencia dijo que no”.
El pasado 13 de mayo, Miranda Díaz entregó en la Dirección de Atención Ciudadana un escrito dirigido al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en el que expone:
“La directora de la institución en que laboro (Flores Talavera) es amiga del gobernador y del secretario de Educación (Ayón López), por eso en el afán de beneficiarla y protegerla han caído en acto de corrupción, ya que no se ve el interés de elevar la calidad de la educación.”
La Presidencia canalizó la petición a las autoridades educativas locales.
En la ENSJ se repite la historia. Víctor Manuel Ponce Grima, quien ocupa la dirección del plantel desde el 2 de noviembre de 2013, tampoco tiene el perfil profesional. En lugar de cursar la licenciatura en educación se tituló en leyes.
Además, aun cuando “tiene que trabajar de tiempo completo para la ENSJ, no lo hace”, pues labora en una institución educativa particular, propiedad de Flores Talavera.
Además, según Leopoldo Juárez Rodríguez, catedrático de la escuela que dirige Ponce Grima, sostiene que el director está demandado ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del estado de Jalisco por abuso de poder, “al no respetar el escalafón interno, por desconocer trayectorias académicas y por amaño en la expedición de convocatorias para promoción y recategorización”, de acuerdo con el expediente 580/2015-B-.
Juárez Rodríguez sostiene que Ponce también sacó al maestro Sigfredo Palacios por externar “ideas contrarias” a las del director”. Y a principio de mes Ponce envió a su cónyuge a amenazar a profesoras; les dijo que “mataría a sus familias si continuaban molestándolo”.
En la ESEF piden la destitución de la directora Rosa Aurora Álvarez Plascencia porque, dicen los inconformes, aparte de incumplir con el perfil para el cargo, es “autoritaria y se dirige a los trabajadores con palabras muy ofensivas”.
La maestra Mónica Zúñiga se queja porque, dice, muchos de los que están en la nómina nunca se presentan a trabajar, por lo que las autoridades llevan el documento a donde ellos están para que lo firmen. Además, dice, los proyectos están bloqueados y ahora ya no se realizan foros ni coloquios académicos, mientras que las promociones de docentes y administrativos están detenidas desde hace un año y siete meses.
El martes 16, en la ESEF –donde están matriculados 135 alumnos– algunos estudiantes cerraron el plantel durante dos días y pidieron la destitución de Álvarez Plascencia. Las actividades se reanudaron cuando dos funcionarios de la SEJ se comprometieron a realizar una auditoría a sus 18 meses de gestión.
Otra de las directoras designada de manera irregular es Liliana Lira López, quien está el frente del ISIDM. Los docentes aseguran que ella reprobó el examen de conocimientos y la evaluación psicométrica, pero Ayón López se empecinó en nombrarla directora de la institución.
A ella la acusan algunos docentes inconformes de fiscalizar a determinadas personas, mientras a otras les permite llegar tarde, salir temprano o faltar. Entre sus privilegiados mencionan a Teresa Dávila Chávez, Armando Martínez, Emiliano Farfán, Leticia Borrayo, Sergio Sandoval, Guadalupe García y César Santoyo.
En el CIPS, los docentes que preparan a sus colegas para cursar una maestría acusan a la directora del plantel, María Patricia de la Torre López, de cometer 16 irregularidades, entre ellas hostigamiento laboral.
Desde que llegó al cargo, dicen, académicos de reconocida trayectoria que manifestaron su desacuerdo con ella, como Xóchitl Minerva Cruz Chávez y Ramón Escobar Tavera, fueron reubicados en otros centros. Asimismo, a Jaime Navarro Saras se le impide presentar ponencias y realizar investigaciones, y a su colega Nayeli Quevedo Huerta se le inició un proceso jurídico por presunto desacato y falta de respeto a la autoridad.
Al grupo de docentes que acudieron a la manifestación del martes 9 y se colocaron un moño negro para protestar por su falta de profesionalismo, De la Torre los amenazó con descontarles el día y los llamó disidentes. Les duele, dicen, que la falta de un proyecto institucional ha provocado que más de 40% del alumnado haya desertado. l
