De entrada, esta afirmación no se refiere tanto al sentido crematístico, que lo tiene ganado con creces. De muy variadas maneras se denuncia lo costoso de las erogaciones monetarias a lo que llamamos tareas políticas. En lo electoral, por ejemplo, para hacer funcionar al INE fue necesario invertir más de dos decenas de miles de millones de pesos. El costo mismo de los partidos políticos, traducidos a moneda corriente, es una barbaridad; ya no digamos lo que nos cuesta mantener vivos y actuando a los congresos estatales y al de la Unión, así como a todas las instancias de gobierno de los tres niveles.
Pero va de nuevo. Con ser tan onerosos los gastos destinados a las tareas políticas, no se dice que nos salgan caras por esas cuentas. Lo realmente caro le viene de que cobra innecesariamente la vida de muchos de los que en ellas participan, sean actores de primer nivel, de segunda mesa o bien aún de los opositores que se llenan de valor y enfrentan lo que consideran malas decisiones de quienes están en el pandero. El costo final que pagamos en México por participar en la política se cobra, sin miramiento alguno, hasta con la propia vida. Y como ésta no retoña, pues viene siendo un precio demasiado alto.
En el trienio recién transcurrido, la administración de Aristóteles Sandoval acumula la friolera de 107 servidores públicos asesinados. Es dato otorgado por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (El Informador, sábado 20 de junio). Esta información se vierte con motivo de un reportaje elaborado en torno al asesinato de Javier Galván Guerrero, quien fue ajusticiado casi en la esquina de la calle Angulo y la avenida López Mateos el viernes 19.
En la misma nota se afirma que sobresalen cinco hechos de sangre por haber sido perpetrados en la persona de funcionarios de alto nivel. Esta consideración ya puede tirarse al tapete de las discusiones, por aquello de que no todos nos ajustamos los lentes de la misma forma. Ciertamente, al inicio de la presente administración estatal fue abatido a tiros José de Jesús Gallegos Álvarez, quien fungía como secretario de turismo. Con él dio inicio esta danza macabra. Pero decir que van apenas cinco de alto coturno, es quedarse cortos. Lo que sí se desprendió de este primer crimen fue la corazonada general de que la seguridad no sería una asignatura fácil para este bisoño gobierno, como así ha venido aconteciendo.
No sólo son altos sus números, sino que el tipo de criminalidad despliega un abanico variopinto. Los más notorios han sido los zafarranchos entre lo que dan en llamar “crimen organizado” y las fuerzas de seguridad. La inútil persecución contra El Mencho en Tonaya y el zafarrancho en Villa de Purificación, por el mismo motivo, generaron una intensa movilización coronada con narcobloqueos en ambos momentos. Tuvimos que apechugar con las molestias y sus secuelas incómodas. No hubo de otra. Y si vuelve a ocurrir, será la misma sopa.
Del primer choque se habló de por lo menos una decena de muertos; de la segunda, el número se empata con la ya fatídica y emblemática cifra de 43. No hay confirmación confiable ni datos objetivos al alcance de todos. Como que no nos merecemos al menos la cortesía informativa. De la masacre de Tanhuato o Ecuandureo, Michoacán, se dice ser secuela de las mismas persecuciones y enfrentamientos. Pero como topográficamente pertenece a Michoacán, no la inscriben en nuestras bitácoras estatales. Ni falta que le hace al listado cruento de lo que se reporta en nuestras tierras. Lo de aquí es tan espeluznante, con lo de Tanhuato o sin ello.
La balacera en Ocotlán y la emboscada en San Sebastián El Grande, en las que pierden la vida por lo menos 25 miembros de las fuerzas de seguridad, no tienen regateo de zona. Fueron masacrados dentro de nuestros límites territoriales, sean los muertos oriundos o no de nuestras tierras. La inseguridad nos pega, como dicen nuestros rancheros, en lo tiernito. No es cuestión de una mala percepción o de mala propaganda de los opositores. Más bien son números fríos y crueles. Si nos quedamos con la cifra de los 107 servidores públicos en el trienio transcurrido, aceptamos una cifra realista que nos debería poner a temblar. Ni los servicios de inteligencia, ni los policíacos sirven para un carajo. Estamos insertos en una indefensión manifiesta y costosa.
Nuestra revista hizo un trabajo de fondo sobre asunto tan doloroso. Es información precisa sobre cosas de las que hasta ahora se tejían especulaciones y rumores (“El oscuro entorno del gobernador de Jalisco”, Proceso 2015). En él se da cuenta de los homicidios de los hermanos Arturo y Jaime Navarro Martínez. Los vincula con el del secretario de turismo, José de Jesús Gallegos Álvarez. También se incorpora a este encuadre macabro el asesinato de Antonio Molina de la Puente y de Luis Cortés Villaseñor. Del primero se afirmaba que vendría a ser el sustituto de Luis Carlos Nájera. No se incluye en este reportaje tan puntual el homicidio del diputado federal Gabriel Gómez Michel. Tampoco pudo incluirse la ejecución de Javier Galván Guerrero, pues aún no ocurría. Nos toca a nosotros agregarlos, pues estamos viviendo tales zozobras.
En ese reportaje, lo mismo que en los corrillos de enterados, cuanto crimen político ocurre se engancha con la figura del capo del narcotráfico más reciente, del que se dice asentado en nuestras tierras, concretamente en El Grullo. El señor se llama o bien Rubén, o bien Nemesio Oseguera Cervantes y le apodan El Mencho. Radicarlo o pasearlo por El Grullo y sus alrededores invita a asociar tanto el asesinato del diputado Gabriel Gómez (grullense) como el de Javier Galván (autlense) con esta liga. Pero ¿cómo probarlos y sobre todo en qué términos de vinculación conectarlos?
Compete aplicarse en esta dilucidación a las autoridades penales, revisar a detalle las pruebas a su alcance y darlas a conocer. Sólo así enterraremos la incertidumbre sobre estos males trances y recuperaremos la necesaria confianza de unos para con otros. Una muestra de esta intranquilidad imperante queda reflejada en la primera entrevista hecha por Gloria Reza y Alberto Osorio al alcalde tapatío electo, Enrique Alfaro Ramírez: “¡Cuídese! No lo vayan a matar. Así le decía la gente humilde a Alfaro, durante la campaña, cuando la ola naranja crecía como un tsunami. Algunos le regalaron objetos religiosos, mientras su hermano, más práctico, le prestó un chaleco antibalas, ‘por si las dudas’”… (Proceso Jalisco 553).
¿Este precio tan caro a pagar es un aliciente atractivo para invitar a nuestra población, de por sí renuente a participar en tareas colectivas y de definición ideológica, a involucrarse en la política? Se impone instaurar un vuelco fundamental en este acontecer, por el bien de todos.
