Tras la aplastante derrota del PRI en las elecciones de Guadalajara, el magistrado Leonel Sandoval Figueroa volvió a su puesto en el Supremo Tribunal de Justicia, al que pidió licencia para que se investigara su intromisión en los comicios y su incitación a cometer delitos. En opinión de varios juristas, la impunidad del juzgador es un pésimo mensaje político y la prueba de que al Poder Judicial le urge una profunda reforma.
Desde que fue electo magistrado del Supremo Tribunal de Justicia (STJ), el padre del gobernador Aristóteles Sandoval Díaz, Leonel Sandoval Figueroa, arrastra acusaciones por tráfico de influencias y por dictar resoluciones contrarias a las leyes procesales cuando fue titular del Juzgado Mixto de Zapotlanejo.
El 12 de noviembre de 2009, el Congreso de Jalisco nombró magistrados del STJ a Aurelio Núñez, en sustitución de Bonifacio Padilla González, y a Papá Leonel –como se le conoce en el estado– en lugar de Jesús Francisco Ramírez Estrada. Sin embargo, el 7 de diciembre siguiente, el juez 13 de lo Civil del Primer Partido Judicial en la zona metropolitana de Guadalajara, Miguel Ángel Cárdenas Rodríguez, interpuso un amparo para evitar que Sandoval Figueroa ocupara el puesto.
Como consecuencia de esto, el juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en Jalisco ordenó al Congreso local que retirara del STJ a Sandoval Figueroa porque, a decir de Cárdenas Rodríguez, al designarlo magistrado los diputados no cumplieron con el precepto legal de dar preferencia a quienes tienen mejor desempeño en la función jurisdiccional (Proceso Jalisco 408).
Antes de eso, Sandoval fue reconvenido cuando era titular del Juzgado Mixto de Zapotlanejo por dictar resoluciones contrarias a las leyes procesales, obrar con negligencia y violar formalidades.
Ese descrédito se acrecentó cuando el Grupo Reforma reveló, el 13 de abril pasado, una grabación en la que se escucha al padre del gobernador cuando instruye a militantes priistas a cometer actos ilícitos para favorecer al candidato del PRI a la alcaldía de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, quien terminó derrotado en la elección del domingo 7 por su rival de Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro Ramírez, quien le sacó una ventaja de 27%.
El escándalo por su proselitismo electoral desde el Poder Judicial fue tal que su propio hijo, el gobernador, le tuvo que solicitar que pidiera licencia a su cargo; ésta se hizo efectiva a partir del 20 de abril y terminó el lunes 8, al día siguiente de la elección, cuando el magistrado regresó a su cargo.
Tras la aplastante derrota del PRI, el gobernador anunció reestructuraciones en su gabinete; los primeros en salir fueron Alberto Lamas Flores y Sergio Ramírez Robles. El primero era el jefe de gabinete y coordinó las campañas del PRI en la zona metropolitana; después presentó su renuncia, pero el mandatario lo envió como su representante al Distrito Federal.
Ramírez Robles era el titular del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión (SJRT) y se incorporó a las campañas como vocero del PRI. El domingo 14 también presentó su renuncia, pero el mandatario le asignó una encomienda similar a la de Lamas en Puerto Vallarta.
El hecho de que no haya ocurrido lo mismo con Sandoval Figueroa, que se reincorporó al STJ sin sanción alguna, es interpretado por Alberto Bayardo Pérez y Jesús Ibarra Cárdenas, académicos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), como un mensaje de impunidad.
Bayardo Pérez, especialista en derechos humanos y políticas públicas, además de coordinador del Observatorio Legislativo del ITESO, señala que el retorno del magistrado es preocupante porque no queda claro que se le investigara tras la revelación de sus actividades proselitistas:
“El hecho de que no se haya abierto (una investigación), ya nos habla de una situación de impunidad, y muy grave porque técnicamente estamos hablando, como le llaman los abogados a eso, de apología del delito; están protegiendo la organización de varias personas para cometer un delito, casi podría quedar como cuestión de delincuencia organizada, pensando que quien estaba organizando estas cuestiones es un magistrado.”
Enfatiza que su participación es grave porque, si se le llamara a comparecer, probablemente lo haría alguien cercano a él, lo que no garantiza ecuanimidad en la impartición de justicia.
Por su parte, Ibarra Cárdenas –doctor en derecho público y método jurídico por la Universidad de Alicante, España– opina que la casi inmediata reincorporación de Sandoval Figueroa al STJ afecta sustancialmente la imagen del Poder Judicial, pues quedó en entredicho su confiabilidad e imparcialidad:
“Lo que no puede ser en el caso de la justicia en nuestro estado, de un sistema democrático, es que el árbitro de los conflictos tenga una relación con las partes en conflicto, tenga algún tipo de interés. Es absolutamente lamentable lo del papá del gobernador, afecta a la confianza que la ciudad tiene en el Poder Judicial.”
En opinión del académico Bayardo Pérez, si se hubiera llevado al magistrado Sandoval Figueroa ante la justicia, su caso sería ejemplar. Con su regreso a su puesto tras las elecciones, en cambio, se deja claro que no hay interés en hacer valer el estado de derecho.
Recuerda que antes se acusó al padre del gobernador de promover amparos para evitar el cumplimiento de resoluciones dictadas por el Instituto de Transparencia e Información Pública del estado (Itei), y que lo mismo hizo contra la Ley de Austeridad, a fin de preservar sus privilegios.
Necesaria, la reforma judicial
Para Ibarra Cárdenas, el involucramiento del magistrado Sandoval Figueroa en las campañas del PRI no es un asunto moral, sino estrictamente jurídico que obliga a las autoridades responsables de impartir justicia, a mantenerse al margen de actos políticos y a ser imparciales.
“La obligación de imparcialidad es un principio jurídico obligatorio y por lo tanto no cabe decir que no están obligados, a menos que alguien diga que los jueces pueden ser imparciales en sus ratos libres. Claro que no. No puede renunciar a ese principio sólo porque sea domingo”, enfatiza.
Más aun, agrega, el padre del mandatario jalisciense “no está exento de cumplir con la Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos ni con la Ley Orgánica del Poder Judicial; son muchas las instancias a las cuales están sujetos sus deberes”.
El académico considera que la actuación del magistrado es sólo la “punta del iceberg” de las irregularidades en el STJ, y que el Judicial es el más opaco de los tres poderes, porque no transparenta sus sentencias. Sin embargo, remarca, aún es más preocupante que no represente un contrapeso de los otros:
“No puede declarar la inconstitucionalidad de leyes del Congreso, no puede hacer efectivamente un papel de contrapeso al Poder Ejecutivo en ciertas decisiones, tiene una pobre argumentación y, en los casos que resuelve, uno se entera de que no están jurídicamente sólidos, esto lo que muestra es que nuestro Poder Judicial está muy débil”, señala.
En específico, cita que el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) lo ubica por debajo de la media nacional en la calificación que hizo a los poderes judiciales de otros estados.
A decir de Ibarra Cárdenas, después de la escandalosa intromisión del magistrado en los comicios, se debe reformar el Poder Judicial para convertirlo en un tribunal constitucional e instaurar la carrera judicial de manera que los cargos de jueces y de magistrados respondan al mérito y la capacidad profesional.
Por otro lado, señala que el Poder Judicial debe digitalizar sus sentencias y notificaciones, pues aún trabaja en papel y con expedientes físicos, lo que da pie a la corrupción:
“Si le metes mano a esas tres cosas, competencias de un tribunal constitucional, carrera judicial y tecnología que haga mucho más eficaz el acceso a la justicia, eliminas la corrupción y el intercambio de favores, le das fuerza a la independencia y a la autonomía del Poder Judicial, de la que hoy carece”.
En cambio, señala que la Ciudad Judicial, que costó mil 100 millones de pesos (más del doble de lo presupuestado) no ha contribuido a mejorar la impartición de justicia:
“No va a logar que la parte procesal esté exenta de corrupción. Habría que pensar en reducir el número de magistrados; en un tribunal constitucional son alrededor de 11, aquí son más de 30 (…). Tenemos una burocracia judicial enfocada a interpretar la ley con un literalismo y formalismo que no ayuda a entender el derecho.”
Sandoval Figueroa es priista de toda la vida. Según el Sistema de Información Legislativa de la Secretaría de Gobernación, entre 1994 y 1997 fue diputado local, jefe de la Unidad de Servicios Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Social en Jalisco (94-95) y director de la Defensoría de Oficio del STJ (96-97). En 2003 fue diputado federal por el PRI.
La influencia sobre su hijo fue notoria desde que éste formó parte de la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de Guadalajara. Respaldó su campaña para regidor de Guadalajara en 2000 y le ayudó a construir su candidatura a la alcaldía en 2009.
Durante el ascenso político de Aristóteles Sandoval, quien ganó la gubernatura en 2012, el magistrado creó el Movimiento Aristóteles Sandoval (MAS por Jalisco), que después se convertiría en MAS por México, con la intención de convertir a su vástago en presidente de la República en 2018.
Debido al fuerte protagonismo de su padre, y tras quejas de la militancia y los sectores tradicionales del PRI, el año pasado el gobernador tuvo que aclarar, en un acto que se realizó en la sede del PRI, que no existen en ese partido grupos con poderes paralelos a los institucionales. l
