En el ISSSTE Jalisco la mayoría de los trabajadores recuerdan al autlense Javier Galván Guerrero por las decenas de despidos injustificados, el uso discrecional de recursos para fines partidistas y por la contratación de familiares, amigos y parientes del gobernador Aristóteles Sandoval Díaz, cuyos sueldos van de los 33 mil a los 56 mil pesos, según la página de Transparencia del organismo.
En la lista de beneficiados por Galván Guerrero, quien llegó al cargo en mayo de 2013, aparece Karla Sandoval Díaz, hermana del mandatario, quien obtuvo una plaza como subdelegada de Prestaciones con un sueldo de 56 mil pesos mensuales (sin descuentos).
Los trabajadores consultados mencionan también a la propia hermana de Galván Guerrero, Martha Eugenia, quien está asignada a la clínica en el municipio de Autlán como subdirectora administradora. Aunque aclaran que ella llegó al cargo antes que su hermano fuera nombrado delegado del ISSSTE y sólo gana 19 mil pesos al mes.
Dicen que no la consideran aviadora, pero se quejan por el trato despótico a sus subalternos, que se incrementó, dicen, cuando su hermano asumió el control total de la delegación del ISSSTE.
Él, por su parte, impuso un “clima de terror laboral” desde que inició su gestión. En sus tres primeros meses despidió a decenas de empleados. Los afectados enviaron una carta al presidente Enrique Peña Nieto para denunciar el hostigamiento.
“Pedimos respetuosamente a usted señor presidente, su atenta y puntual intervención en este asunto para que paren los injustos despidos que están sucediendo en el ISSSTE Jalisco”, escribieron los afectados a principios de noviembre de 2013 (Proceso Jalisco 470).
Semanas antes, a mediados de septiembre, los empleados se enteraron del fallecimiento de Teresa Nisino Lloret, una empleada con más de 60 años en la dependencia, adscrita a la Subdirección Administrativa. Según ellos, Galván Guerrero la presionó por medio del director de Recursos Humanos, Juan Pablo Toledo Hecht, para que dejara su plaza.
Sus compañeros comentaron que Nisino Lloret tenía problemas de salud desde hacía varios años, pero el hostigamiento de Toledo la llevó a la tumba. El 28 de junio de ese mismo 2013, Toledo Hecht corrió a Iliana González Magaña, del departamento de Recursos Materiales, porque se negó a firmar su renuncia, y a Gabriela Lara Espadas, a quien los directivos le pidieron la plaza el 18 de julio siguiente porque, le dijeron, “el delegado la necesita”.
También salieron Lucía Consuelo Rodríguez Guillén, Luis Román González, y el 16 de octubre de 2014 María del Refugio Minero Ortega, subdirectora de la delegación, quien fue cesada por presuntas “irregularidades en su expediente”.
Los agraviados
En Lagos de Moreno los afectados fueron Minerva García Luna, Aída Araceli Fernández y Édgar Atilano Luévano, todos ellos de la clínica del ISSSTE en ese municipio. Asimismo, a Roberto Castillo, quien se negó a firmar su renuncia, Toledo lo citó en su oficina y le dijo que su ciclo en la delegación había concluido.
La lista de agraviados sigue: a José Alfredo Barrera Garza le advirtieron que no les importaba si presentaba una demanda; a María de los Ángeles Magaña Murillo, jefa de enfermeras, la sacaron de su oficina de la Clínica de Especialidades de Cirugía Simplificada en Guadalajara el 16 de agosto pasado.
Víctor Manuel Sánchez Alvarado, Laura Angélica Quintero y Cristian Ornelas Hernández también se quedaron sin trabajo, según expusieron ellos mismos a Proceso Jalisco. Dicen que muchas de las plazas obtenidas por personal del ISSSTE y conservadas hasta antes de la llegada de Galván fueron repartidas entre sus amigos y conocidos de Autlán. Los nombró, aseguran, “para rodearse de incondicionales”.
Entre esos autlenses destacan Rafael Uribe Soto, en Recursos Materiales y Obras; Sergio Carlos Cano Mendoza, en Acción Social, Cultural y Deportiva, y Luis Manuel Cueva Villaseñor, asignado a Pensiones, Seguridad e Higiene. Cada uno gana 33 mil pesos netos al mes; Marco Vinicio Rodríguez Quintero cobra 56 mil pesos como subdelegado administrativo.
También incluyen a Héctor Javier Lomelí Venegas, jefe del Jurídico, con 47 mil pesos mensuales, y Víctor Manuel Pérez Cabrera, subdirector administrativo del hospital Regional Valentín Gómez Farías.
Galván Guerrero hizo cambios arbitrarios en las clínicas del ISSSTE: en la 2 y la 3, así como en Autlán, Puerto Vallarta y hasta en el Centro de Cirugía Especializada, ubicado en Guadalajara. Él tuteló y protegió, dicen, a servidores acusados de diferentes delitos.
El caso más notable fue el de Héctor Maldonado Hernández, un profesionista que acumula un récord de más de 50 quejas en su contra y a quien varios de sus pacientes acusaron de ocupar la Dirección de Oncología sin tener el conocimiento académico para ejercer el puesto. Maldonado presionaba a los pacientes para que se atendieran en hospitales privados; algunos incluso lo denunciaron por presunta agresión sexual (Proceso Jalisco 474). Pese a todo, Galván lo nombró subdelegado médico.
En la edición del 17 de mayo pasado, este semanario publicó la denuncia de varios trabajadores del ISSSTE sobre el presunto desvío de recursos a las campañas de candidatos del PRI. A Galván se le señaló por levantar de forma fraudulenta una lista de supuestos simpatizantes de ese partido con trabajadores del ISSSTE, quienes fueron obligados a presentar su credencial electoral y hasta copia de su domicilio particular a fin de ser incluidos en una propuesta de homologación de sueldos.
El 12 de mayo último, el diario Mural informó que el delegado Galván había sido designado operador del PRI en el Distrito 9 –según las indicaciones marcadas por el magistrado Leonel Sandoval Figueroa, padre del gobernador Sandoval Díaz–, donde Anahí Olguín Rojas, una persona muy cercana al magistrado, fue la candidata del partido. l
