Le quedan poco menos de cuatro meses de gestión como alcalde de Guadalajara y tal parece que Ramiro Hernández García no tendrá el tiempo suficiente para entregar las nuevas instalaciones a los locatarios afectados por el incendio del Mercado Corona. Durante los últimos 13 meses simplemente se enemistó con varias organizaciones gremiales, incluso reprimió a un grupo de inconformes, pero la obra no avanza. Lejos de ello, causó daños “colaterales” a los edificios aledaños y la constructora pide ayuda por falta de solvencia económica.
El alcalde de Guadalajara, Ramiro Hernández García, hace malabares para entregar el nuevo inmueble a los más de 500 comerciantes del Mercado Corona afectados por el incendio del 4 de mayo de 2014. Le quedan menos de cuatro meses de gestión y parece imposible que cumpla su promesa.
El problema es eminentemente financiero, pues el alcalde no ha logrado reunir la totalidad del dinero que requiere para terminar la obra, ni siquiera con la venta de terrenos municipales y los fondos aportados por la federación y el gobierno estatal.
El 25 de marzo, en el marco de un encuentro con integrantes del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco (CICEJ), Hernández García anunció que el nuevo mercado costará 400 millones de pesos y no 272 millones como informó el año pasado, cuando anunció la obra. Por si fuera poco, el consorcio constructor Afronta Grupo México, S.A.P.I de C.V., responsable de los trabajos, agotó su capacidad financiera.
El 18 de mayo último, la constructora solicitó al pleno del ayuntamiento tapatío una autorización para ceder los derechos de cobro –que se derivan del contrato que firmaron con la administración de Hernández García el 12 de noviembre pasado– a favor del Banco del Bajío, para que esa institución bancaria les ofrezca un crédito puente para concluir la edificación.
La petición fue elevada a decreto tres días después, el 21 de mayo, en el salón de sesiones del ayuntamiento y se aprobó con el voto mayoritario de los regidores del PRI y PAN.
Según el dictamen, “las repercusiones inherentes a la presente iniciativa en todos los aspectos son favorables para las partes: la concesionaria podrá obtener el financiamiento requerido, el ayuntamiento podrá cristalizar las acciones emprendidas respecto a su construcción del Mercado Corona y la ciudad verá renovada parte de su infraestructura y el servicio de mercados públicos en el centro histórico”.
Sin embargo, el decreto no menciona el monto del crédito que solicitó el consorcio Afronta a Banco del Bajío ni señala por cuánto tiempo tendrá efecto la cesión de los derechos de cobro.
Para el arquitecto Jesús García Rojas, director de la consultora Rojas y Asociados, especializada en proyectos de inversión y desarrollo urbano, es evidente que Afronta es insolvente, pues no ofreció las garantías suficientes para cumplir con las obligaciones que adquirió cuando el ayuntamiento de Guadalajara lo designó para la construcción del inmueble.
En febrero pasado el vocero de Afronta, Gabriel Pérez Gómez, aún aseguraba que en mayo estaría terminado el estacionamiento y la obra competa se entregaría a finales de septiembre.
En marzo, cuando algunos periódicos locales informaron que el aparcamiento registraba 30% de avance, comenzaron los hundimientos en las fincas aledañas al predio donde se ubica la obra, así como filtraciones de agua. La zona de excavación se llenó de agua contaminada proveniente de las redes hidrosanitarias.
El secretario de Obras Públicas de Guadalajara, José Luis Moreno, sabía de los riesgos que la obra representaba, pues el 4 de junio de 2014 la empresa Suelo-Estructura, Consultoría Geotécnica y Sísmica que encabeza Salvador Lazcano Díaz del Castillo, le entregó un informe geotécnico, pero hizo caso omiso del documento (Proceso Jalisco 533).
El 20 de febrero, Hernández García declaró a la cadena de radio Notisistema que el ayuntamiento no tenía dinero para indemnizar a los propietarios de las fincas aledañas, y amenazó con hacerles frente en los juzgados si demandaban al ayuntamiento.
Al mes siguiente, cuando se le volvió a preguntar del tema, el alcalde respondió que Afronta se haría cargo de los daños. Sin embargo, hasta la fecha ningún propietario de las fincas afectadas ha sido indemnizado por la constructora.
Represión a comerciantes
Las cosas se le complican al alcalde tapatío. Además de los problemas financieros, su falta de credibilidad se acentuó el pasado 11 de mayo, cuando ordenó que elementos antimotines desalojaran a los locatarios de la asociación civil Mercado Corona por Siempre.
García Hernández respondió con un destacamento de policías a los seguidores del comerciante Luciano González Hernández, quienes tenían 20 días en plantón en el exterior del edificio del ayuntamiento.
El abogado de los inconformes, Óscar Arturo Díaz Torrejón, señala que en el operativo los uniformados se llevaron las casas de campaña, colchones inflables, sillas, garrafones de agua, mesas, cargadores de baterías, bocinas y micrófonos de los comerciantes desalojados. A uno de ellos incluso le quitaron una cadena y un dije de la Santa Muerte de 14 y 10 quilates de oro respectivamente, cuyo valor total se estima en 5 mil pesos.
Ese día, 12 personas fueron detenidas y otras resultaron con lesiones que ameritaron la intervención de los servicios médicos de la Cruz Verde. La corporación policiaca alegó que tuvieron que recurrir a la fuerza pública porque los locatarios violaron la norma de decibeles permitidos en la zona centro, alteraron el orden público y causaron daños a terceros.
Uno de los manifestantes asegura que de los detenidos sólo 10 eran comerciantes y los otros dos eran ciudadanos que pasaban por el lugar durante el operativo. Para salir, dice, tuvieron que pagar una multa de 2 mil 500 pesos.
Según Díaz Torrejón, las autoridades violentaron diversos artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre ellos el derecho a la integridad personal, la libertad personal y el derecho a la propiedad privada. Por ello, dice, sus representados interpusieron en el Congreso del estado una denuncia penal y una solicitud de juicio político contra Hernández García.
Desde que el inmueble fue consumido por el incendio, el líder de los comerciantes desalojados ha pedido al alcalde una garantía por escrito de que todos los integrantes de la asociación civil que lidera tendrán derecho a estar en el nuevo edificio.
Al principio, dice, Hernández García les pidió confiar en su palabra; en diciembre incluso refrendó su compromiso, aunque pidió a los locatarios no exhibirlo en los medios de comunicación.
A su vez, Díaz Torrejón se reunió con Hernández García en su residencia del fraccionamiento Bugambilias, uno de los más lujosos de la zona metropolitana de Guadalajara, para reiterar la petición de sus representados.
“Me empezó a platicar que ya no le hiciéramos tanto escándalo, que ya no lo presionáramos con tantas manifestaciones, que él se comprometía a firmar el documento, y yo le hice hincapié en que la gente estaba incrédula de sus palabras, y él me dijo casi textual: Oscarito, tú crees que te voy a fallar, yo no te voy a generar problemas, nada más por favor apóyame, que ya no me estén haciendo manifestaciones”, relata el abogado.
También le solicitó un padrón de los integrantes de la asociación civil Mercado Corona por Siempre para impedir que gente ajena se infiltrara en el nuevo inmueble. Y aunque los comerciantes atendieron la solicitud, el alcalde se retractó, y a principios de mayo mandó al síndico Luis Ernesto Salomón Delgado para decir que no firmaría el documento.
El día 4, Hernández García convocó a una reunión en el salón de sesiones del ayuntamiento para informar los avances de la obra, a la que acudieron alrededor de 200 comerciantes, quienes tuvieron que someterse a escrupulosa revisión policiaca para tener acceso al inmueble.
Ahí, el secretario de Promoción Económica, Pedro Ruiz Higuera, hizo una presentación en power point con un recuento de lo que ha sucedido desde la fecha del incendio del inmueble.
Gustavo Curiel Camarena, dirigente de la agrupación civil Mercados Vivos, se quejó porque, dice, Hernández García le dio preferencia a la Unión de Locatarios del Mercado Corona, afín al alcalde; tanto, que incluso su mesa directiva la conforman funcionarios del ayuntamiento tapatío.
En esa ocasión, Fabyola Horta, hija de Alfredo Horta, vicepresidente de esa asociación, se desvivió en elogios a las autoridades, por lo que recibió una fuerte rechifla. En tanto, Luciano González le reclamó directamente al alcalde, quien ni siquiera se inmutó. Eso sí, propuso la creación de un consejo consultivo que se encargará de la distribución y diseño de los locales y anunció que lo integrarán funcionarios del ayuntamiento y los líderes de las asociaciones afines a Hernández García.
Curiel Camarena considera riesgosa la exclusión de los otros locatarios porque las decisiones las tomará un pequeño grupo; sus integrantes incluso ya se pusieron de acuerdo para reformar el Reglamento de Mercados Municipales sin la convocatoria correspondiente.
El propósito del alcalde es llevar franquicias de cadenas alimenticias al nuevo inmueble y necesita regularizarlas. Dice que incluso cuando a él le presentaron el proyecto, se percató de que su local estaba asignado a una rosticería de El Pollo Pepe.
El 20 de mayo presentó por escrito una solicitud formal al ayuntamiento para integrarse al consejo consultivo. Hasta el cierre de edición aún no había recibido respuesta. Su petición es respaldada por el Consejo Ciudadano 100 por Jalisco.
Desdén a huelga de hambre
Como último recurso para convencer al alcalde Hernández García de que firmara sus peticiones, el dirigente de la asociación civil Mercado Corona por Siempre inició una huelga de hambre el mes pasado frente a las puertas de la Presidencia Municipal junto con algunos de sus compañeros.
Se colgó al cuello un letrero en el que decía: “Estoy en huelga de hambre hasta que nos des la garantía por escrito, Ramiro Hernández”. El ayuno duró 12 días, pues los familiares y amigos del dirigente de los locatarios le pidieron desistir al ver los problemas de salud que presentaba.
El día 26, antes de retirarse, Luciano González comió un durazno que le dio su mujer. Se levantó tambaleante e hizo un último esfuerzo por entrar a la Presidencia Municipal para entregar los documentos que lo acredita a él y a sus seguidores como locatarios del Mercado Corona. Los policías le impidieron el acceso, por lo que les aventó los papeles.
Según los testimonios recogidos por este semanario, los locatarios viven una de sus peores crisis desde el incendio del inmueble. La mayoría insiste en que el siniestro fue causado por las propias autoridades para hacer un negocio millonario.
E insisten: el sitio donde fueron reubicados los locatarios afectados no atrae a la suficiente clientela como ocurría en el edificio extinto. Antes, dice, ganaban hasta 2 mil pesos. Hoy, muchos están enfermos, algunos incluso ya murieron.
El abogado Díaz Torrejón asegura que sus representados han interpuesto amparos individuales y confía en que un juez de distrito obligue a Hernández García a contestar por escrito a la petición que le hicieron y que también respete el derecho a la libre manifestación.
