La falta de certeza en la elección interna del PAN para definir a su candidato a la diputación federal del Distrito 7, y el evidente favoritismo hacia Rocío Acosta Cervantes, orillaron a la precandidata Diana Marisol Luévano Romero a impugnar el proceso ante la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Esta instancia ordenó hace más de dos meses a la Comisión Jurisdiccional Electoral del Consejo Nacional del PAN que le pidiera a su homóloga local que entregara las actas de cómputo, a fin de hacer un recuento de los votos. El órgano partidista no cumplió la orden y cayó en desacato.
La afectada considera que los dirigentes del PAN se niegan a entregar las actas porque la votación real no favorece a Acosta Cervantes, esposa del coordinador de la fracción del PAN en el ayuntamiento de Tonalá, Apolinar Alatorre Rodríguez, y cuñada del presidente del Comité Municipal del partido en el mismo municipio, Álvaro Alatorre Rodríguez.
Luévano, ahora regidora independiente –se separó de la fracción panista el pasado 30 de abril–, considera que Acosta Cervantes había amarrado la candidatura con la cúpula local del partido desde antes de la elección interna.
La denunciante recuerda que el entonces precandidato a la Presidencia Municipal de Tonalá, Jorge Vizcarra Mayorga, se comprometió a apoyarla para que su gente repartiera entre los militantes panistas la información sobre su aspiración a una curul federal. Sin embargo, después de la campaña interna, Luévano encontró su propaganda reunida en una carpeta botada en un sillón de la casa de enlace de Vizcarra.
Este político panista fue alcalde de Tonalá de 2007 a 2009, pero su mandato se interrumpió al ser encarcelado por un año, acusado de delincuencia organizada y abuso de poder, así como de ser el autor intelectual del asesinato de quien fuera su director de Mejoramiento Urbano, Carlos Romo Guízar.
En su demanda ante el TEPJF, Luévano recuerda que el proceso interno se realizó el 8 de febrero pasado y seis días después la Comisión Organizadora Electoral del PAN publicó que los resultados favorecían a Acosta Cervantes, con 701 votos, contra 668 de Luévano y 66 anulados.
El 17 de febrero Luévano impugnó el resultado mediante un juicio de inconformidad (expediente CJE/JIN/199/2015) ante la Comisión Jurisdiccional Electoral del Consejo Nacional del PAN contra la Comisión Organizadora Electoral de ese partido en Jalisco, pues considera que el cómputo de los votos del proceso interno por la diputación federal del Distrito 7 estuvo amañado para favorecer a Acosta Cervantes.
Entre las pruebas que Luévano presentó está un análisis de costos de la precampaña, los cuales demuestran que su rival rebasó el tope de gastos. Además, indicó que el conteo de votos fue extemporáneo porque se realizó en tres días, en lugar de los dos establecidos, y “se anularon indebidamente votos a favor de Acosta, irregularidad que sólo puede ser solventada con la apertura de los paquetes electorales”.
El 6 de marzo siguiente, la Comisión Jurisdiccional Electoral del PAN desechó la inconformidad. “Al no acreditar la actora ninguno de los agravios invocados, se confirma la plena veracidad y legalidad del cómputo realizado por la Comisión Organizadora Electoral del PAN”, se lee en la resolución del órgano partidista, que firman los comisionados Víctor Hugo Sandón Saavedra, Mayra Aida Arroniz Ávila, Claudia Cano Rodríguez y Homero Alonso Flores Ordóñez, así como el secretario ejecutivo, Roberto Murguía Morales.
Desacato y multa
Al conocer esta decisión de la comisión, el 10 de marzo Luévano presentó la solicitud de juicio SG-JDC-11091/2015 para proteger sus derechos políticos electorales ante la Sala Guadalajara del TEPJF.
El 25 de marzo la sala Regional del Tribunal Electoral ordenó revocar la resolución de la comisión panista y estableció que, dentro de 24 horas a partir de la notificación, la comisión organizadora local debía entregar las actas de cómputo de las mesas receptoras de sufragios para los candidatos federal y estatal por el Distrito 7. Además, el órgano partidista “debía emitir una nueva determinación” con las pruebas presentadas por la quejosa.
Luévano señaló que los resultados registrados en el acta de cómputo de la mesa 3 “fueron indebidamente colocados en el acta de la elección local, y los de ésta en la de la elección federal”.
A pesar de que esta notificación se entregó el 27 de marzo, el órgano interno del PAN ignoró la resolución del TEPJF. En consecuencia, los días 7 y 21 de abril la autoridad electoral envió al partido un requerimiento para que en un plazo de 24 horas informara a la Sala Regional sobre “los actos realizados para cumplir con la sentencia”.
La comisión organizadora local no remitió la totalidad de los documentos indicados en la sentencia, por lo que el 29 de abril el TEPJF acordó que la Comisión Jurisdiccional Electoral del Consejo Nacional reciba de su homóloga local toda la documentación en un plazo de 48 horas y emita una nueva resolución “en la que se pronuncie sobre el fondo de la controversia”.
El PAN incumplió de nuevo. El martes 12 de mayo, el TEPJF requirió a ambas comisiones partidistas que demostraran en un plazo de 24 horas el cumplimiento de lo ordenado. Nuevamente el partido omitió enviar la documentación.
El jueves 21 el TEPJF decidió imponer una multa de 35 mil 50 pesos a cada comisión panista por desacato, y por enésima ocasión les pidió que entregaran los documentos.
La regidora Luévano comenta: “Me sorprendió que el tribunal haya tardado tanto en multarlos, porque fueron repetidas ocasiones en que incumplieron los tiempos. Incluso me gustaría hablar con el magistrado, ya que el artículo 16 de la Constitución dice que la justicia debe ser expedita, y en mi caso no ha sido así”.
Recuerda que las encuestas no favorecen al PAN en el Distrito 7, por lo que es probable que Acosta Cervantes pierda la elección.
El domingo 24, la Comisión Jurisdiccional Electoral del Consejo Nacional panista, a cargo del secretario ejecutivo Roberto Murguía, resolvió que los señalamientos de Diana Luévano son infundados. La regidora anuncia que acudirá nuevamente al TEPJF.
