El alcalde con licencia de Unión de San Antonio, Tanilo Hurtado, no sólo defraudó a decenas de ciudadanos que necesitaban apoyo gubernamental, sino que a algunos los culpó de sus propios manejos turbios. Una de las afectadas relata la forma en que el alcalde manipuló a los “beneficiarios” de los programas federales para quedarse con la mayor parte del dinero. Impune, Hurtado aspira a una diputación federal por el PAN.
José de Jesús Hurtado Torres, Tanilo, es el presidente municipal con licencia de Unión de San Antonio y candidato a diputado federal por el PAN en el II Distrito, con sede en Lagos de Moreno. Un grupo de mujeres lo señala como autor intelectual de un fraude por el cual ellas fueron a la cárcel y como responsable del desvío de recursos de programas federales.
Una de las afectadas, Virginia González Lucas, señala que en el presunto fraude no sólo participó Hurtado Torres, sino también su esposa, Gloria Luna Peña, y su hija Marcela.
El 27 de junio de 2014, Virginia González Lucas fue detenida por la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en Lagos de Moreno junto con Esperanza Flores Sánchez y Consuelo Sotelo Cruz.
Aquel día un empleado de la dependencia federal las invitó a sus instalaciones para que vieran “unos papeles que no están bien” y los reconocieran. “Pero no era cierto, nos llevó con engaños”, apunta González Lucas.
Las detenidas fueron presentadas en la PGR para que declararan en la averiguación que se abrió en 2010 por fraude, como consta en el expediente 125/2014-IV.
Pese a que presentaron pruebas de su inocencia, fueron remitidas al penal federal de Puente Grande. Las sentenciaron a dos años de cárcel y a un pago por daños de 32 mil pesos cada una. Después de la apelación de su defensor, se les fijó una fianza de 23 mil pesos para dejarlas en libertad condicional.
Cuando estaban detenidas, Hurtado Torres se presentó en Puente Grande y “tuvo el descaro de irse con las hijas de mis compañeras; les prometió que iba a sacar a sus mamás. (Les dijo) ‘sólo échenle toda la culpa a Virginia’. En eso salió el licenciado de oficio a decirles que podían ver a sus madres. Les preguntó: ‘¿Y este quién es?’ Él respondió que era el presidente de Unión de San Antonio y el licenciado le dijo: ‘¿Qué hace aquí? Usted está implicado’. Rápidamente le dijo que iba al carro y ya no volvió”, recuerda la señora González Lucas.
Relata que el fraude se cometió en 2009, cuando Ana Chico, cercana a Hurtado Torres, le ofreció a González Lucas que se incorporara al Programa de la Mujer del Sector Agrario (Promusag), mediante el cual recibiría un apoyo de 5 mil pesos para que abriera o ampliara su negocio.
Como la entrevistada vendía tacos afuera de su casa y quería poner una tienda, le interesó la propuesta. Por eso le dijo a Chico que le daría su documentación (una copia de su credencial para votar, comprobante de domicilio y su CURP) a Luna Peña, la esposa del político panista.
Cinco meses después Hurtado López y Luna Peña le pidieron a González Lucas que acudiera junto con Flores Sánchez y Sotelo Cruz a recoger un cheque por 198 mil pesos a Lagos de Moreno. Las llevaron en una camioneta de Tanilo Hurtado. La oficina no tenía ningún rótulo. “Se supone que nos tenían que llevar a Guadalajara para que nos explicaran cómo mover el dinero y recibir una capacitación y no desconfiamos. Nos subimos las tres a una camioneta de Jesús Hurtado”, comenta González Lucas.
Cuando recibió el cheque, prosigue, Hurtado Torres la nombró presidenta del grupo La Guamuchilera, integrado por nueve personas, y que instalaría un taller para hacer ropa. Flores Sánchez quedó como tesorera y Sotelo Cruz como secretaria. La entrevistada aclara que a las dos “sólo las conocía de vista”.
Las tres mujeres firmaron de recibido como supuestas integrantes de la mesa directiva, aunque estaban sorprendidas porque no les habían informado de la conformación del grupo ni que tendrían una responsabilidad en él.
Cuando González Lucas dijo que ella sólo había solicitado los recursos para abrir una tienda, el político panista y su esposa le prometieron que no habría ningún problema, por lo que debía usar los recursos y recibir la capacitación.
En efecto le dieron la capacitaron, pero tuvo que pagar. Hurtado Torres contactó a una mujer de la tercera edad para que les explicara cómo insertar la aguja en la máquina. “En eso nos gastamos 18 mil pesos y tuve que entregar un cheque a nombre de Unidos por Jalisco, A.C.”, cuenta.
Además, se le indicó que el dinero se debía depositar a una cuenta de cheques a su nombre. Cuando ya tenía el dinero, Jesús Hurtado, su esposa e hijas acudieron con la señora González Lucas a pedirle que emitiera varios cheques al portador y a nombre de Unidos por Jalisco, con el argumento de que la familia era representante de la organización. La mujer obedeció.
Además, González Lucas le compró nueve máquinas de coser a la familia de Hurtado Torres por un total de 75 mil pesos. “Les entregué un cheque al portador”, especifica.
Posteriormente la familia Hurtado le pidió a la entrevistada que rentara un local a María Luisa González. Ella, dice González Lucas, “me lo rentó en mil pesos. Me daba un recibo, pero me lo quitaba la señora Gloria (Luna Peña). Ahí se instaló un taller de maquila, pero nunca se asomó ninguna socia. Me dejaron sola”.
Por aquel tiempo el gobierno federal envió a un supervisor para comprobar la instalación del taller. “Yo le aclaré que ya estaba todo puesto –narra la afectada– pero que nunca había funcionado. Así pasaron años. Pero antes, le digo que como en 2011 vino la PGR por mí. Los acompañé, pero era nada más para dar datos de los movimientos, así como le estoy platicando a usted. A la licenciada le dio risa, y cuando le pregunté que por qué se reía, me dijo que ya habían venido dos personas que declararon lo mismo y nombraron a Jesús Hurtado. Me dijo que ya me podía ir. Me recomendaron que rastreara a qué cuenta iban a dar los cheques que entregué a los Hurtado”.
González Lucas solicitó esos datos al banco y así se enteró de que los cheques fueron depositados a una cuenta de Hurtado Torres en HSBC. “Pero él fue muy listo, nunca nos firmó nada: sabía lo que estaba haciendo”, comenta. Entregó esa información a la PGR.
Afirma también que un desconocido la llamó por teléfono para advertirle que el gobierno enviaría a alguien para quitarles las máquinas y ella decidió sacarlas del local rentado.
Sin embargo Jesús Hurtado, hijo de Tanilo Hurtado Torres, violó la chapa del local y se llevó tres máquinas que pertenecían a “otra compañera”. La entrevistada explica: “Yo vi cuando lo hizo, pero no puedo probarlo porque no tenía cámara en ese momento”.
Un día antes del aviso, la esposa de Hurtado Torres llamó por teléfono a González Lucas para indicarle que retirara los 19 mil pesos que restaban en la cuenta de cheques, según le dijo, “para que no se dé cuenta el gobierno federal de que todavía había dinero”.
La afectada llevó las máquinas a su casa, pero hasta allá fue Hurtado Torres con un grupo de mujeres para exigirle que se las entregara. Como el político se mostró agresivo, tuvo que darle los aparatos, pero le pidió que firmara de recibido.
Denuncias desoídas
Virginia González Lucas sostiene que Hurtado Torres no sólo las engañó a ellas, sino que a varias familias les prometió recursos de los programas federales para adquirir pie de crías de borregos, becerros para engorda, o poner tortillerías, queserías, panaderías, y comprar tractores e implementos agrícolas, entre otros. A algunas personas el panista no les entregó nada; los hizo firmar documentos y se quedó con los apoyos, señala.
Agrega que a otras personas les dio 5 mil pesos como parte del programa para el campo, supuestamente a fin de que compraran tractores, pero éstos se “guardaron” en propiedades de Hurtado Torres.
El semanario local Al Filo, de Lagos de Moreno, publicó en su número 72, del 29 de agosto de 2014, una carta en la cual los afectados le exponen al presidente Enrique Peña Nieto que “desde hace varios años fuimos sorprendidos y engañados por el político panista José de Jesús Hurtado Torres, quien a base de mentiras y engaños nos prometió apoyo por parte de secretarías federales como Fappa y Promusag y varias más”.
Prosigue: “Nosotros aceptamos para salir de nuestra pobreza y/o agrandar nuestros negocios, pero cuando pasó el tiempo nos dimos cuenta que el panista se estaba quedando con los recursos que nos habían llegado a nosotros y por los cuales firmamos. A algunas personas no les dio nada, a otras sólo les dio alguna cantidad de dinero y se quedaba con casi todo el apoyo”.
Los denunciantes señalan que tienen documentadas esas acciones ilegales, “pero nadie hace nada por detener a José de Jesús Hurtado Torres, a su esposa e hijas”. Además, sostienen que el panista abusa de su cargo como presidente municipal, puesto que “desde ahí nos ha amenazado, y a algunas personas las ha metido a la cárcel poniéndoles drogas, a otras las ha golpeado y encarcelado injustamente. De todo tenemos denuncias y pruebas”.
Por eso, le solicitan al presidente que se investiguen “todos los programas que bajó José de Jesús Hurtado y familia, ya que de ahí saldrá cómo se enriqueció”. Igualmente piden detener e investigar los programas de apoyo, pues prevén que los señalados podrían “defraudar a más personas”.
De igual forma, dicen, debe indagarse en “las finanzas municipales de Unión de San Antonio y se le quite a José de Jesús Hurtado todo lo que se ha robado y se le dé a quienes merecen y son los verdaderos beneficiados” de los programas.
Los inconformes nunca obtuvieron respuesta.
Entre tanto, Julio César Hurtado Luna, hijo del político panista, es candidato de Acción Nacional a la alcaldía de Unión de San Antonio para las elecciones del 7 de junio.
