Señor director:
Le agradecería que publicara la siguiente carta. El 22 de febrero de 2012 se dio inicio la averiguación previa número A.P. FGAM/GAM-3/0541/12-03 en contra del señor Aldo Sánchez Sánchez y otros por el delito de robo a casa-habitación en pandilla y lo que resulte, y presenté dos testigos de los hechos ocurridos el día del hurto.
Al pasar el tiempo nos percatamos de que la agente del Ministerio Público Guadalupe Esquivel Soto no daba seguimiento a la indagatoria, e interpuse una queja ante la contraloría interna. La dependencia mandó un perito de la Procuraduría capitalina a mi domicilio a realizar una inspección ocular junto con la funcionaria y solicité que, como ya estaba integrada mi averiguación, fuera consignara al juzgado. No lo quiso hacer.
Posteriormente presenté cinco quejas al procurador, Rodolfo Fernando Ríos Garza, y siempre me canalizó con Óscar Montes de Oca Rosales, subprocurador de Averiguaciones Previas Desconcentradas, jefe de todas las agencias del Ministerio Público del Distrito Federal. Se me entregaban notas informativas y me mandaban con diferentes agentes.
Un funcionario, identificado como el “licenciado Rello”, me indicó que ampliara mi declaración y lo hice, pero tampoco se le dio seguimiento. De hecho, la ministerio público mandó a reserva la multicitada averiguación y dijo, de forma burlona, que presentara una inconformidad “y a ver si la regresaban”.
La presenté, pero mi protesta fue respondida con una resolución del todo falaz por parte de Montes de Oca, quien la mandó al archivo histórico, bloqueándome de forma total.
En otra queja al procurador fui canalizado a contraloría interna, con José Luis González Mendoza, quien nunca me quiso recibir y, a su vez, me envió con Mónica Morán. A ella le pregunté si una averiguación con imputación directa puede consignarse al juzgado y nos contestó que sí. Le recordé que justo en esa situación estaba mi expediente, pero se puso nerviosa, se fue y no resolvió nada. También presenté una queja a Derechos Humanos y no me ayudaron.
Como respuesta a una de las quejas enviadas al procurador, se me respondió que el funcionario le había dado instrucciones “de resolver el caso conforme a derecho” al licenciado José Manuel Everardo Gordillo, quien tampoco me recibió y me mandó con otro funcionario, quien no quiso dar su nombre y nos quitó la nota informativa que me habían dado. De forma despectiva me dijo que la averiguación se quedaba en el archivo histórico, que ésa era la resolución de Montes de Oca y que debía respetarse.
Luego interpuse una queja ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y falló a nuestro favor. Se sacó de reserva mi averiguación y se le ordenó al procurador que resolviera mis peticiones. El expediente se turnó a la respectiva agencia del Ministerio Público, pero ahí dijeron que “estaba en estudio” y que como no les gustó la determinación del máximo tribunal del país a lo mejor la mandaban nuevamente a reserva.
Se presentó una segunda queja y la SCJN volvió a resolver a nuestro favor. Sin embargo, las autoridades siguen sin ayudarnos y protegen al presunto responsable.
El culpable de todo esto es el procurador general de Justicia del Distrito Federal, Rodolfo Fernando Ríos Garza, quien no supervisa el trabajo de sus subalternos; Óscar Montes de Oca Rosales, y los ministerios públicos de la agencia investigadora.
Atentamente
Juan Francisco Hernández Hernández
