Señor director:
Las leyes en México son tan admirables y perfectas que nadie duda que si se aplicaran seríamos un país de santos. Lamentablemente su cumplimiento deja mucho que desear. El último ejemplo es la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, un ordenamiento jurídico impecable y progresista que será ejemplo para muchos países. Prueba de ello es que para evitar malas interpretaciones de la norma, los legisladores precisaron los principios fundamentales que deben ser aplicados: máxima publicidad de todo acto de autoridad y la obligación de documentar todo acto que se derive de sus funciones.
Hasta aquí la hermosa teoría, pero ¿qué ha sucedido en la práctica con quien será el principal operador de esta ley, el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, el IFAI?
Los siete comisionados desmantelaron al Instituto despidiendo a más de 150 funcionarios. Ante la denuncia de que no se habían transparentado los procedimientos del despido masivo ni se habían rendido cuentas de las liquidaciones oprobiosas, y a la solicitud de información sobre el dicho de la comisionada presidenta, Ximena Puente, quien había hecho una valoración de los despedidos, el IFAI respondió (folio 0673800025415) que no se había publicitado nada en particular, que no existía ninguna documentación de todos esos actos de autoridad y que, “en sentido práctico”, cada superior había hecho la evaluación.
La extraordinaria ley y sus ideales principios se estrellaron ante la interpretación de los comisionados: “Aquí sólo mis chicharrones truenan”. ¿Con qué autoridad moral el IFAI solicitará a los sindicatos que den máxima publicidad a sus decisiones y documenten todos sus actos, si son ejemplo de lo contrario? Ellos podrán responder: “En sentido práctico” he seguido su ejemplo. Adiós magnífica ley, adiós IFAI, caja de cristal convertida por los siete comisionados en otra caja negra del gobierno.
Atentamente
Edmundo González Llaca
Distrito Federal
