Señor director:
Está visto que el excelente trabajo periodístico divulgado en medios de alto prestigio ante la sociedad hizo trizas una vez más las absurdas e insultantes “versiones oficiales” con que las autoridades pretendieron esconder las consecuencias del mal gobierno.
Ese prestigio que en 1976 abarrotó el enorme salón del entonces Hotel de México para solidarizarse con el grupo de don Julio Scherer y hacer posible este semanario de análisis e información –necesario entonces y hoy imprescindible– es el que ahora hace que las audiencias se unan en torno a la periodista Carmen Aristegui y su grupo.
Son ya miles de amparos que han recibido los juzgados de distrito en materia administrativa en busca de protección de la justicia federal en contra de las autoridades responsables de actos que afectan los derechos humanos de las audiencias, previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus leyes, así como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, debido a que la empresa MVS dejó de transmitir el noticiero de Carmen Aristegui. Y también son ya muchos juzgados los que se han declarado incompetentes ante la avalancha de esas demandas.
Si bien el juez federal Fernando Silva García dio luz verde al amparo que promovió la periodista y ordenó a las partes sentarse a negociar el viernes 24, la empresa MVS promovió el martes 21 la recusación del juez octavo de Distrito en Materia Administrativa. El hecho en sí sienta ya un precedente.
Pero hay que decirlo: ese prestigio ganado con excelente trabajo periodístico es muchas veces aprovechado por anunciantes que ofrecen productos o servicios con el simple afán de lucro. Esos anunciantes no se encuentran a la altura de la calidad del trabajo informativo. Tal es el caso de un anunciante de MVS que hace dos años ofrecía un curso de lectura veloz, “pagando únicamente el material didáctico” como oferta para los radioescuchas de esa emisora. Al solicitar informes, mandaron a mi domicilio a un representante que durante más de dos horas estuvo insistiendo en que firmara el contrato para recibir el curso y “aprovechar la oferta”. El costo: 17 mil pesos.
Más recientemente, en la misma MVS Radio se anunció un aparato ahorrador de energía eléctrica. Como oferta para los radioescuchas, los ofertantes estaban regalando un segundo aparato en la compra del primero, si se pagaba con tarjeta de crédito o débito. Al llamar para pedir informes, me comunicaron que era el afortunado “número tres”, y que sólo por 4 mil pesos me llevarían hasta las puertas de mi casa dos “increíbles” ahorradores de energía. Al aclarar que sólo quería informes, el vendedor (supongo) llegó a ofrecer el aparato en cuestión hasta en 2 mil pesos, pues su supervisor “le había autorizado en esos momentos el precio en exclusiva para mí”.
Mi pregunta es: ¿Podemos las audiencias demandar también el amparo de la justicia ante los engaños de los anunciantes sin escrúpulos que se aprovechan del prestigio de los medios informativos como el noticiero de Carmen Aristegui y su grupo y de la revista Proceso?
Es indudable la enorme pérdida económica que tiene la empresa de Joaquín Vargas con la suspensión del trabajo periodístico de doña Carmen y su equipo de reporteros, comentaristas y colaboradores.
Es indudable, también, la enorme responsabilidad que tuvo la empresa concesionaria MVS al permitir la contratación del espacio de transmisión para difundir productos y servicios de dudosa calidad que nada tienen que ver con el excelente trabajo periodístico de la señora Aristegui y sí, mucho, con el lucro desmedido; ésa es la razón fundamental de mi pregunta.
Pero, por otro lado, es preocupante ver tan pocos anuncios en las páginas de la revista Proceso. Si bien esto habla de que la circulación hace posible su existencia gracias a la independencia que la administración de la revista mantiene a favor de sus lectores, también me brinca otra pregunta:
¿No hay entonces en el entorno público o privado nacional y extranjero nadie que apueste por la libertad que mantiene el semanario desde hace décadas ofreciendo un buen producto o servicio en beneficio del consumidor?, ¿o es que temen que el tipo de lectores, por el carácter de la revista, sea el de un tipo de consumidor exigente en extremo? ¿Tan mal estamos?
Tal vez la administración de la revista debiera incursionar en temas poco socorridos por el periodismo pero igual de interesantes e importantes para el selecto público de lectores que solidariamente sostienen y reconocen el prestigioso trabajo periodístico de Proceso.
Atentamente
Raúl Hernández Rivera
Distrito Federal
