A quererlo o no, los delincuentes organizados –y también los desorganizados– han conseguido robarle la tranquilidad a los distintos órdenes de gobierno en Jalisco, pero sobre todo a la sociedad. Esta última ha venido siendo víctima habitual de una variada gama de actos criminales, entre éstos el robo, la extorsión telefónica, el secuestro y hasta el asesinato.
Desde hace años, en el país y también en nuestro estado se vive una preocupante paradoja, enteramente desfavorable para la sociedad: un incremento desmesurado en el gasto público dedicado al rubro de seguridad, sin que la delincuencia y los actos criminales se contraigan y puedan pasar a un segundo plano en la preocupación de los mexicanos. Por su parte, nuestras autoridades parecieran ser cada vez más ineficaces a la hora de cumplir con una de sus tareas primordiales, por no decir que su obligación esencial: proteger la vida y los bienes de la ciudadanía.
Y dicha ineficacia ahora tiene, para colmo, un novedoso agravante que bajo ninguna circunstancia se debiera soslayar: el hecho de que los distintos órdenes de gobierno han visto, cada vez con frecuencia más preocupante, cómo sus corporaciones policiacas –incluidas las más calificadas –son víctimas también de las bandas criminales, ya sea por amenazas, por actos comprobados de corrupción y también por ataques criminales como los ocurridos en fechas recientes. En el caso de Jalisco, un buen ejemplo de ello es lo sucedido en la carretera Vallarta-Las Palmas, el lunes 6 de abril, o el atentado de semanas atrás en la ciudad de Ocotlán.
Ante este negro panorama –que entre otras cosas viene a darle una mala fama internacional a distintas regiones del país, incluido Jalisco– nuestras autoridades no han podido dar pie con bola. Luego del atentado contra el convoy del Mando Único Regional, en el municipio de San Sebastián del Oeste y en el cual resultaron muertos 15 agentes de esa corporación de élite, la primera reacción del gobernador Aristóteles Sandoval Díaz rayó entre el desatino y la impotencia, pasando por la desesperación. Y ello porque ingenuamente, desde su posición de primera autoridad de Jalisco, el mandatario estatal pretendía convocar a una “gran marcha por la paz”, a fin de que las autoridades locales y la sociedad pidieran a delincuentes, malhechores y facinerosos que se porten bien.
Venturosamente dentro del Ejecutivo estatal se pensaron mejor las cosas y se desechó la pretendida “gran marcha” a la que se iba a convocar desde el gobierno de Jalisco. En lugar de ello se buscó un acercamiento con distintos sectores sociales de la entidad, a fin de escuchar la opinión que los representantes de las fuerzas vivas pudieran tener tanto de los recientes ataques a corporaciones policiacas como sobre los problemas de seguridad que desde hace tiempo aquejan a los jaliscienses. Así, hace un par de semanas el mandatario estatal se reunió con rectores y directivos de universidades e instituciones de educación superior asentadas en la zona metropolitana de Guadalajara. Días antes ya lo había hecho con las cúpulas empresariales.
Y previamente Sandoval Díaz también tuvo un encuentro con los agentes de línea de la Fuerza Única Regional, sin la presencia de los mandos de dicha corporación, con el propósito de que los agentes policiacos estatales, sin la presencia inhibidora de sus superiores y jefes inmediatos, pudieran expresarse libremente, hablando tanto de las carencias que tienen como corporación, e igualmente de las condiciones de trabajo de esa presunta corporación policiaca de élite, a fin de hallar la forma más conveniente para que dichas carencias puedan ser subsanadas y las condiciones de trabajo adversas se corrijan y, sobre todo, sean menos riesgosas.
Al convocar a dichas reuniones, el gobernador y su gabinete de seguridad tácitamente terminaron por reconocer varias cosas que son todo, menos buenas noticias para la sociedad: que quienes nos gobiernan no han podido someter a las bandas criminales que operan en Jalisco y estados circunvecinos; que los problemas de seguridad, lejos de menguar, se han venido agravando, y que las estrategias aplicadas hasta ahora por las corporaciones policiacas y por las Fuerzas Armadas o bien han dado frutos demasiado magros o sencillamente no han funcionado.
Tal vez de esa consulta a las fuerzas vivas de Jalisco, particularmente del acercamiento con el gremio universitario, donde hay académicos y estudios en criminalística y en asuntos policiales, pudieran surgir algunas ideas que vengan a mejorar el clima de zozobra que se vive en distintas regiones del estado, algo que, así sea a regañadientes, ha terminado por reconocer el mismo titular de la Fiscalía General, Luis Carlos Nájera, quien habla de “23 municipios” jaliscienses donde las condiciones de seguridad son bastante críticas, si bien el funcionario se ha cuidado de especificar cuáles son esos municipios, con el argumento de que con ello se le daría una ventaja a las bandas criminales que operan en el estado.
Pero mientras el gobierno de Aristóteles Sandoval y las distintas administraciones municipales –que hasta ahora, por cierto, no han sido convocadas por el Ejecutivo estatal para revisar la forma en que uno y otras vienen operando– encuentran una forma más inteligente y eficaz para enfrentar el crimen nuestro de cada día, la sociedad jalisciense no sólo ha ido perdiendo la tranquilidad, sino que pareciera estar en la indefensión ante la existencia de bandas criminales cada vez mejor preparadas y armadas, y de cuya amenaza ni siquiera parecieran estar a salvo las corporaciones policiacas de élite como la Gendarmería Nacional, atacada en plena zona urbana de Ocotlán, y la Fuerza Única Regional, que sufrió un duro golpe en la carretera Vallarta-Las Palmas.
A raíz de este último atentado, en el que la policía estatal fue ampliamente superada por el grupo de agresores (presuntamente pertenecientes al Cártel de Jalisco Nueva Generación), quienes no sufrieron una sola baja contra 15 agentes muertos y otros cinco heridos de la Fiscalía General, el titular de esta dependencia trató de justificar ese duro revés, tanto para su dependencia como para la seguridad de los jaliscienses, con una explicación muy poco tranquilizadora. Según Luis Carlos Nájera, el atentado contra sus policías fue, muy probablemente, obra de un grupo de “expertos”, con conocimiento en tácticas de guerrilla, uso de explosivos, etcétera.
Pero sea o no cierto lo anterior, a nadie puede tranquilizar esa explicación, pues el mensaje que recibe la sociedad es que la delincuencia organizada es cada vez más poderosa y temible, en la medida en que cuenta con una esmerada preparación criminal, así como con un equipo y un armamento de avanzada, de suerte que, según se ven las cosas, las bandas criminales no sólo van a seguir operando por mucho tiempo, sino que los habitantes de esta parte del mundo no parecieran tener más opción que aceptar esta lamentable situación como parte de su nueva realidad, una realidad que, por desgracia, no han podido cambiar nuestras más bien impotentes autoridades, las cuales no pasan de dar algunos aislados palos de ciego con la eventual captura con equis cabecilla del hampa, cuyo puesto dentro de las organizaciones criminales es ocupado de inmediato por alguno de los muchos capos de relevo.
Y ante tan lamentable estado de cosas, quienes nos gobiernan sólo parecieran aspirar –y eso en el mejor de los casos – a ir sobrellevando tan lamentable estado de cosas.
