Ante el silencio de las autoridades en relación con la emboscada del lunes 6 en la cual murieron 15 integrantes de la FUR, dos especialistas en seguridad consultados por Proceso Jalisco aseguran que se trató de “una agresión de tipo militar”, pues presumen la utilización de un lanzallamas, y aunque dudan de que los autores hayan sido los sicarios del Mencho y su organización, insisten en que los gobiernos estatal y federal deben combatirlos de manera coordinada.
Ya pasaron tres semanas de la emboscada a los elementos de la Fuerza Única Regional (FUR) en el municipio de San Sebastián del Oeste, pero las autoridades aún ocultan los detalles, sostiene el forense Alfredo Rodríguez García.
Sólo se sabe que en el operativo del lunes 6 por la tarde, en el cual murieron 15 agentes, participaron alrededor de 60 presuntos sicarios del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), quienes utilizaron un lanzallamas, así como fusiles de asalto de diverso calibre y cientos de litros de gasolina, dice el especialista.
No descarta la posible filtración de información clave sobre el movimiento y traslado del convoy de la FUR hacia los delincuentes por parte de alguien de la propia policía de élite, un dato que, dice, las autoridades rechazan con insistencia.
Rodríguez, quien es egresado de la Universidad de Guadalajara y actualmente es asesor del servicio forense de la ciudad de San Diego, California, habla sobre los hallazgos en el área de la matanza, donde dos de los 15 muertos estaban totalmente calcinados en una de las patrullas incendiadas.
“Están blindadas –relata–, pero una vez que se calienta el metal, es imposible abrir las puertas, motivo por el cual no pudieron bajar los ocupantes que iban en la cabina. En el caso de los que sí lograron salir, sus cuerpos estaban quemados y balaceados. Una de las cosas que se percibe es que en el ataque –‘una agresión de tipo militar’– se utilizó un lanzallamas.”
Según él, ese tipo de artefacto o arma fue colocado en la caja de una camioneta en la que (los agresores) instalaron un tripié para disparar contra el convoy desde una de las partes altas, a las orillas de la carretera; incluso, dice, quizá se usó un lanzallamas y bidones de gasolina, como informó Proceso en su edición 2006.
Y aunque una semana después del atentado aparecieron en la zona metropolitana y otros municipios más de 70 mantas en las que el CJNG aclaraba que los ataques no iban contra la población civil y pedía disculpas, otras aludían a un presunto rompimiento de los acuerdos entre funcionarios estatales y de la protección a Abigael González Valencia, El Cuini, presunto operador financiero de la organización criminal.
Las narcomantas se colocaron en lugares estratégicos y fueron elaboradas con sistemas digitales; “no están hechas a mano; se usó un sistema digital en la elaboración, no tienen errores de ortografía, casi todas tienen el mismo contenido; parece que las mandaron hacer a algún negocio específico. Primero te hacen el formato en un sistema de cómputo, las editan y luego las imprimen”.
Rodríguez García cuestiona al gobierno porque, dice, aun cuando no le dio importancia a esos mensajes, se apresuró a quitar las mantas.
“Quienes retiraron las mantas viajan en camionetas de la Fiscalía General, pero en vehículos sin logotipos institucionales, y la gente se preguntaba quiénes eran esas personas y si la acción llevada a cabo era: ¿las están quitando o las están poniendo? En un momento dado quienes vieron esa acción no sabían si se trata de personal de la fiscalía o sujetos del CJNG”, comenta el forense.
Según él, existen dudas sobre la autoría de esas mantas y el objetivo que se persigue. Enfatiza que de ocurrir ataques en la zona metropolitana o algún otro tipo de operativo llevado a gran escala, planeado por los delincuentes, ellos difícilmente se darían el lujo de avisar a la población. “Los hampones trabajan con el factor sorpresa en su favor y como su principal aliado”.
Recuerda: “En Reynosa, Tamaulipas, ante un enfrentamiento con la autoridad, los narcos nomás se decidieron y paralizaron la ciudad. Debemos entender que ante un ataque, de un grupo del hampa, por supuesto que no van a avisar y tampoco se les ve la idea de atentar contra población civil, salvo en Ocotlán, donde sí hubo bajas civiles”.
Asegura que hay un grave error de parte del gobernador Aristóteles Sandoval y el fiscal Luis Carlos Nájera, quienes aseguran que la actual administración heredó la problemática de la expansión del CJNG.
“La pregunta que brinca en forma inmediata es –dice–: ¿quién era el secretario de Seguridad en la pasada administración?”. Y responde: Nájera. En realidad, agrega, “no se trata de un asunto heredado, sino de un problema que no se ha sabido atacar”.
Dice que la escalada de violencia hace pensar en la posibilidad del rompimiento de supuestos acuerdos entre personas ligadas con las instituciones y los delincuentes, en un asunto que se convirtió en tema transexenal y que brincó de la administración del panista Emilio González Márquez y continuó a la llegada del priista Aristóteles Sandoval.
Hace referencia a los señalamientos publicados en redes sociales y narcomantas aparecidas años atrás, en las cuales se hablaba de una supuesta protección al cártel de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho. En el gobierno de González Márquez no se conoce una investigación formal sobre ese tema. Pero recuerda los crímenes y asesinatos cometidos contra escoltas del panista.
El más peligroso
El CJNG es una organización criminal de alta peligrosidad en la zona centro-occidente, dedicada a la producción de drogas sintéticas, que le reditúa altas ganancias y no requiere de grandes espacios para su fabricación, considera Guillermo Zepeda Lecuona, experto en análisis de combate a la inseguridad.
El éxito económico y la expansión territorial del CJNG se basan en gran parte en la producción y distribución de droga sintética, altamente rentable y combinado con otros negocios ilícitos.
Los integrantes de esa organización cuentan con armamento y logística militar para atacar a sus adversarios: “Tiene las armas, la infraestructura y la capacidad para cometer un ataque como el del lunes 6, por lo que el estado y la federación deben actuar de manera coordinada para desmembrar al Mencho y su gente.
“Enfrentar esos grupos requiere de inteligencia militar y policiaca, para desactivar la capacidad de violencia de esas organizaciones. El CJNG es el más violento del país, después de Los Zetas, y con una clara muestra de presencia hegemónica en la entidad similar”, manifiesta Zepeda.
Hoy, en la entidad prevalece una espiral marcada por la impunidad y la violencia similar a las que suceden en otras entidades donde agentes del orden o delincuentes atacan a la sociedad civil.
Así se vio en Tlatlaya, Estado de México, en junio de 2014, donde murieron 22 civiles; en Apatzingán, Michoacán, con saldo de nueve muertos en enero de 2015; en Iguala, Guerrero, con los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014, y en casos en los que queda en evidencia un uso desproporcionado de la fuerza del Estado, comenta el especialista.
En todos los casos, como en la emboscada contra agentes estatales en San Sebastián del Oeste, según él, los responsables le apuestan a la impunidad.
“Lo que ocurre en Jalisco con el CJNG pasa en Zacatecas y San Luis Potosí con Los Zetas, quienes monopolizan los diferentes delitos, como extorsiones, secuestros, pagos de piso, robo de hidrocarburo y tráfico de drogas.”
Zepeda admite que muchos de los analistas se mostraron sorprendidos al darse a conocer la información de que el CJNG estaba ligado a otra organización más sofisticada y especializada en el lavado de dinero y tráfico de droga, como los llamados Cuinis, mismos que no aparecían en el mapa de las autoridades federales.
Advierte sobre la posibilidad de que los criminales pretendan usar el periodo electoral, en Jalisco, para exhibir el descontrol y la violencia, con nuevos ataques para provocar la impresión en la población de que no hay eficacia en las políticas de combate al crimen organizado.
El forense Alfredo Rodríguez no descarta que desde el gobierno del estado se pretenda armar una campaña de miedo para inhibir el voto de los ciudadanos en las elecciones del 7 de junio y tratar de influir en los resultados a favor del PRI, a pesar de que ese partido se ubica en segundo lugar en las preferencias electorales, en la lucha por la Presidencia Municipal de Guadalajara, cuando faltan aproximadamente 50 días para los comicios.
Zepeda asegura que muchas de las transacciones económicas en la entidad tienden a “narcotizar”, en un asunto que poco se discute. Cuando se tiene el control absoluto de la zona, empiezan a despuntar delitos como cobro de plaza, el fraude, los secuestros y otros, como el robo de hidrocarburo”.
Asegura que el CJNG surgió ante el rompimiento o desgajamiento de otras organizaciones criminales, como el Cártel del Pacífico, Los Zetas o Los Caballeros Templarios, en zonas como Guadalajara o Puerto Vallarta.
De 2013 a la fecha, la estadística marca un policía muerto por cada 200 gendarmes, en un cuerpo operativo que entre todas las corporaciones suman más de 15 mil 600 efectivos, entre agentes municipales y estatales. Su actividad es riesgosa, mal pagada y poco valorada por la población; en ese periodo han sido asesinados 30 policías.
Los efectivos sienten que se les manda a operativos altamente riesgosos, sin el menor cobijo institucional y contra grupos de criminales más organizados y con armas sofisticadas, con mejor logística y, para rematar, con una sociedad que no sabe aquilatar el trabajo de los uniformados, a pesar de que se requiere del fortalecimiento de policías de élite para dar golpes de precisión contra los delincuentes.
El entrevistado reconoce que falta mejorar las estrategias de análisis sobre inteligencia criminal y el estudio de los niveles de violencia de los grupos del hampa.
Por su parte, el fiscal Nájera se muestra reticente a hablar sobre los avances de las indagatorias acerca de la masacre hecha a los agentes de la FUR; incluso se molesta cuando los reporteros le preguntan sobre el tema. Según el fiscal, no se puede informar cuáles de los 23 municipios considerados focos rojos por la posible relación de sus policías con bandas de delincuentes serán intervenidos por la FUR.
Nájera rechaza que haya aumentado la inseguridad y omite pronunciarse sobre la alerta del gobierno de Estados Unidos a sus connacionales sobre los riesgo en la zona fronteriza de Jalisco con Michoacán o en el tránsito por carreteras secundarias. Tampoco dice nada sobre los operativos conjuntos de la FUR y militares en Zacoalco de Torres y en los caminos circundantes a Atemajac de Brizuela ni de la sobrevigilancia en Anillo Periférico, en plena zona metropolitana de Guadalajara.
