Los gruyeros del estado llevan años reclamando al Instituto Jalisciense de Asistencia Social lo que les adeuda por el servicio de arrastre de vehículos a los corralones oficiales, que de agosto de 2012 a la fecha pasó de 30 millones de pesos a 50 millones, según expone Ricardo Olivares Guzmán, representante de las dos principales acreedoras. Él denuncia que ya pasaron dos años desde que se constituyó un fideicomiso para resolver el problema, pero las autoridades siguen dando largas al asunto. Y así, mientras la deuda se multiplica, las empresas comienzan a quebrar.
Dos asociaciones de gruyeros reclaman a las autoridades estatales un adeudo de 50 millones de pesos por el servicio de arrastre de vehículos accidentados a los corralones oficiales durante los últimos cinco años.
El 25 de agosto de 2012, durante la gestión del panista Emilio González Márquez, este semanario publicó que el Instituto Jalisciense de Asistencia Social (IJAS) les debía 25-30 millones de pesos (Proceso Jalisco 405). Y aunque a principios de 2013 el instituto se comprometió a crear un fideicomiso para resolver el problema ante el inminente quiebre de al menos 25 empresas de grúas, no ha saldado la cuenta.
Los representantes de la Asociación Jalisciense de Grúas (Agrujal) y la Asociación de Grúas de Guadalajara y Municipios Anexos, A.C. (Agrumaac), piden al gobernador Aristóteles Sandoval Díaz liberar los recursos.
El lunes 13 las asociaciones de gruyeros publicaron un desplegado en el periódico Mural en el que exponen que aun cuando el Ejecutivo ordena el arrastre de vehículos asegurados, no paga por ese servicio. Eso, dicen, “ha generado considerables adeudos, derivando en el cierre de empresas”.
También exponen que el 28 de febrero de 2013, a unas horas de concluir la administración de González Márquez, se constituyó el fideicomiso en Banamex, con un patrimonio de 11 millones de pesos y en el cual el fideicomitente y la fideicomisaria eran el IJAS.
El abogado Juan Manuel Montes Rodríguez, quien asesoró a la Agrujal durante varios años, considera que ese fideicomiso es un engaño. Recuerda que el contrato fue firmado por Adolfo Ochoa Silva, entonces presidente de Agrumaac, y por Mara Monserrat Homs Tirado, representante de la asociación en esa época. Según él, en lugar de pedir una asesoría jurídica, ambos “comprometieron a sus representados”.
En su cláusula cuarta, por ejemplo, dice el abogado, el contrato de administración e inversión menciona los fines del fideicomiso y establece como finalidad “la creación de una reserva jurídica y financiera que permita a la fideicomitente y fideicomisaria el manejo por separado y transparente de las cantidades de dinero que conformen el patrimonio fideicomitido”.
Esa suma, agrega, deberá destinarse “al resarcimiento de las cantidades de dinero que correspondan por los arrastres llevados a cabo por lo grueros (sic) a las áreas de depósito del fideicomitente, siempre y cuando exista el marco legal normativo o mediante la emisión del acuerdo del Ejecutivo del estado”.
Debe tomarse en cuenta que el IJAS es un organismo público descentralizado, como lo estipula el artículo 54 del Código de Asistencia Social en el estado de Jalisco; es decir, el instituto cuenta “con personalidad jurídica y patrimonio propio, por tanto (los firmantes) ponen una condición imposible que se dé”, subraya Montes Rodríguez.
Al tener autonomía, insiste, “es absurdo que pidan apoyo al Ejecutivo, pues éste no puede emitir acuerdos para regular al IJAS”.
Y agrega: “La Ley de Procedimiento Administrativo para el estado de Jalisco y sus municipios, en su artículo 6, nos dice que las autoridades administrativas únicamente pueden ejercer las facultades y atribuciones que les son conferidas por las leyes y reglamentos vigentes. La conclusión es bien sencilla: les dieron atole con el dedo”.
Lo mismo sucede con el punto IV, dentro de la misma cuarta cláusula, según el cual el fideicomiso entregará “las cantidades de dinero que le instruya el Comité Técnico a favor de las personas físicas o morales que éste indique o a favor de la propia fideicomitente y fideicomisaria –es decir, el IJAS–, se cobra y se paga a sí mismo”, comenta Montes Rodríguez.
Considera que existe la posibilidad de que los afectados recuperen el millonario adeudo, pero tienen la “creencia errónea de que nadie le gana al gobierno”.
Ante los comentarios que hacen los propios gruyeros de negarse a proceder jurídicamente contra el IJAS por temor a perder la concesión, el abogado refiere que “en ninguna parte de la legislación dice que por ejercitar tus derechos la autoridad puede revocártela”.
Con respecto al desplegado del lunes 13, firmado por Ricardo Olivares Guzmán como representante de la Agrujal y la Agrumaac, Montes Rodríguez considera irónico que ambas asociaciones recurran a Armando Prieto, exjefe del Departamento Jurídico del IJAS, quien, junto con Rafael Rodrigo Aceves Limón, asesor de la Junta de Gobierno del organismo asistencial, se opuso a que se les pagara el adeudo.
Un problema añejo
El 30 de agosto de 2012, el presidente de Agrumaac, Adolfo Ochoa Silva, entregó un escrito al IJAS para reclamar el adeudo –que en ese tiempo era de entre 25-30 millones de pesos– por el servicio de arrastre, que venían realizando desde la administración de Alberto Orozco Romero (1971–1977).
Según el acuerdo, las cuatro empresas de grúas que existían en aquella época se comprometieron a dar una aportación voluntaria “por concepto de administración” de 15% de los servicios de arrastre que se prestaban a los dos depósitos, entre ellos el de la calle Alcalde 1899 esquina Chihuahua, cerca de la Normal.
El IJAS siempre cobró los gastos de administración, pero incumplió con el pago del servicio de arrastre, lo cual representó pérdidas para todas las empresas. El 5 de julio de 1996, cuando se firmó un nuevo convenio entre el IJAS, representado por Aceves Limón, asesor de la Junta de Gobierno del organismo asistencial, y la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar), así como algunos de sus socios del servicio de arrastre.
Según el documento, a partir del décimo quinto remate y en lo sucesivo “el IJAS pagaría a las compañías lo que el organismo obtuviera por el cobro de arrastre de los vehículos que se subasten”.
Y agregaba que el IJAS no descontaría el 15% del manejo administrativo del servicio de arrastre de las unidades subastadas; también estipuló que el organismo asistencial pagaría a los gruyeros 140 pesos por cada arrastre. El adeudo debería ser cubierto en un plazo que no excediera los tres meses. El organismo asistencial no cumplió.
Años después, el 30 de junio de 2008, sin previo aviso, las autoridades le dijeron a los gruyeros que a partir del día siguiente deberían llevar los vehículos únicamente al depósito San Agustín, localizado a 18.6 kilómetros de distancia.
No se tomó en cuenta la distancia ni el incremento en los costos de operación, según los afectados, quienes aunque inconformes, continuaron prestando el servicio. El IJAS, por su parte, se negó a pagarles.
El 25 de septiembre de ese mismo año los gruyeros se reunieron con funcionarios del instituto, entre ellos el entonces procurador jurídico del IJAS, Armando Prieto, quien les dijo que ni pensaran que se les pagaría. “Si no les parece –les dijo Prieto–, dedíquense a otra cosa”, recuerdan los afectados. Y les advirtió que si interponían acciones legales, el gobernador les revocaría las concesiones.
Fue hasta el 3 de junio de 2010 cuando se acordó hacer un nuevo convenio entre el IJAS y los concesionarios de grúas por el servicio de arrastre, en el cual por fin acepta el adeudo millonario. Además, el organismo asistencial se comprometía a “realizar las gestiones necesarias ante las autoridades competentes para que en los procedimientos de remate de vehículos se autorice la publicación y el legal cobro del servicio de grúa que deberá ser cubierto por el adquiriente. Pero ese acuerdo no se firmó, y todo quedó en buenas intenciones”.
Los gruyeros siguieron luchando y se alegraron cuando el 28 de febrero de 2013 se constituyó el fideicomiso de administración e inversión. Pero a dos años de distancia ninguno de ellos ha recibido un solo peso.
Y siguen los reclamos
Ricardo Olivares refiere que el 24 de noviembre de 2014 entregó un documento a Ricardo Villanueva Lomelí, entonces titular de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf), en el cual le solicitó el pago de los servicios de arrastre con grúa de los vehículos embargados por el IJAS.
Le pidió emitir también un acuerdo para el pago de “los gastos de ejecución por servicios de arrastre”, conforme lo marca el artículo 156, fracción III, del Código Fiscal del estado de Jalisco.
Héctor Rafael Pérez Partida –quien sustituyó a Villanueva Lomelí en la Sepaf, cuando éste se lanzó como candidato del PRI a la Presidencia Municipal de Guadalajara– respondió semanas después, el 3 de febrero último, que los gastos de ejecución corresponden “única y exclusivamente” a la propia dependencia estatal.
Con respecto al remate de vehículos que hace el IJAS de manera periódica, Pérez Partida expuso que “incluye únicamente los adeudos generados por concepto de guarda y custodia (de las unidades dentro del corralón), a los cuales resulta ajeno el arrastre realizado por (las asociaciones de grúas), ya que tales servicios son prestados a los propietarios de los vehículos”.
Según Olivares Guzmán, en el remate de automotores número 69, realizado el 5 y 6 de diciembre de 2014, el instituto admitió que adeudada a los gruyeros 608 mil 309 pesos por el servicio de arrastre. Esos recursos y los que se obtuvieron en otros remates el año pasado, pero eso no sucedió, lamenta el representante de los gruyeros.
En un intento más por recuperar el adeudo, las agrupaciones de grúas solicitaron a la Junta de Gobierno del IJAS, encabezada por el exsecretario de Vialidad Leopoldo Montelongo Castellanos que sesione el Comité Técnico, integrado, además por un consejero y el miembro de la Comisión de Vigilancia del organismo social, así como por los respectivos presidentes de las asociaciones de Agrujal y Agrumaac. La pretensión de las asociaciones para que sesione el Comité Técnico era con el fin de que apruebe o, en su defecto, se oponga a hacer uso de los recursos del fideicomiso. Además, que nombre a un nuevo presidente y un secretario técnico del comité.
El presidente de la Junta de Gobierno, Montelongo Castellanos, mediante el oficio PJG/2015/004, con fecha del 26 de marzo de 2015, respondió que se tomará una decisión cuando se reúna la dicha junta en sesión plenaria.
Olivares Guzmán entregó otro escrito a la oficialía de partes del IJAS el miércoles 15. En él indica que no es necesario consultar al pleno de la Junta de Gobierno para que sesione el Comité Técnico del fideicomiso.
Según él, el IJAS sólo busca dilatar el proceso, mientras la deuda se multiplica.
