Los jaliscienses están a la espera de resultados en materia de acciones judiciales contra colaboradores de la pasada administración implicados en fraudes, malversación de fondos y abuso de confianza. Hasta ahora, dicen, sólo han caído algunos de los implicados, toda vez que la mayoría se ampararon para evitar la cárcel. Sin embargo, la velada amenaza del contralor estatal, Juan José Bañuelos Guardado, sobre los procesos pendientes, les hace temer que en esta jornada electoral la judicialización de la política afecte sobre todo a la oposición.
La política en Jalisco se ha judicializado y es factible que en este proceso electoral que culmina el 7 de junio se agudice y afecte sobre todo a la oposición para obstaculizar sus posibles triunfos.
Durante la glosa del segundo informe de gobierno del priista Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, el contralor estatal, Juan José Bañuelos Guardado, sembró la duda cuando habló de los avances en las investigaciones a la administración del panista Emilio González Márquez. Según él, falta ejecutar acciones judiciales en el caso de la Inmobiliaria y Promotora de Interés Público del Estado de Jalisco (Iprovipe) por los desvíos de partidas presupuestales para el proyecto Chalacatepec y el de las Villas Panamericanas.
De acuerdo con Bañuelos Guardado, aún no se cierra el caso de los Juegos Panamericanos 2011; incluso estimó irregularidades por más de 5 mil millones de pesos, aunque no abundó al respecto. Eso sí, admitió la existencia de 11 denuncias penales por inconsistencias, derivadas de auditorías, y una más sobre una declaración patrimonial.
Hasta ahora han sido recurrentes las comparecencias de algunos colaboradores de González Márquez y otros funcionarios panistas, acusados en tribunales penales de corruptelas y otras irregularidades. Sin embargo, pocos han caído en prisión durante la administración de Sandoval Díaz, pues la mayoría tramitan amparos e incluso se mantienen en sus cargos.
Entre las demandas penales por desvíos multimillonarios destacan los casos del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), la extinta Iprovipe y el del Comité Administrador del Programa Estatal de Construcción de Escuelas (CAPECE). Los extitulares de las tres instancias interpusieron juicios de garantías para evitar ser aprehendidos.
Algunos de los presuntos implicados sostienen que hay una “cacería de brujas”; otros han solicitado alrededor de 20 amparos para evadir la justicia. La ciudadanía muestra su desencanto por la falta de “beneficios judiciales”. Además, como el costo promedio de un juicio de garantías ronda alrededor de los 5 mil pesos, más las cauciones que considere el amparista, muchos de ellos aseguran que ese mecanismo “está al servicio de las élites económica y política del país”.
Rodolfo Ocampo Velázquez, exdirector del SIAPA, por ejemplo, fue detenido en junio de 2013, tres meses después de que Sandoval Díaz tomara posesión. Se le acusó de peculado, aprovechamiento de atribuciones y facultades y un presunto fraude millonario en perjuicio de la dependencia (expediente 270/2013-C)
De acuerdo con el documento, Ocampo desvió 280 millones de pesos otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el programa “Todos con agua”, cuyo propósito era dotar del servicio a 52 colonias periféricas de la zona metropolitana de Guadalajara.
Sin embargo, una parte de ese dinero se metió a la Bolsa Mexicana de Valores y el SIAPA perdió; otra parte se invirtió en la construcción de obras de mala calidad, algunas de las cuales incluso quedaron inconclusas, pese a ello la dependencia las pagó y facturó.
El inculpado interpuso un juicio de garantías y el Juzgado Primero de Distrito le concedió acciones contra el auto de formal prisión. Sin embargo, Ocampo no logró su libertad y continúa recluido en Puente Grande. Asimismo, las autoridades instaron a la juez quinto de lo penal, Elizabeth Álvarez Lagos, tomar en cuenta si Ocampo utilizó esos fondos para uso propio o de terceras personas.
Álvarez Lagos derivó el asunto al Juzgado Séptimo de Distrito de Procesos Penales Federales en atención a la determinación del Segundo Tribunal Colegiado por otro recurso interpuesto por la defensa de Ocampo, ya que el caso es de competencia federal, porque los fondos aludidos en el presunto desvío provienen de la federación.
El caso SIAPA implica también a varios subalternos de Ocampo: el exgerente Mario Alberto Juárez Bravo; la extesorera Diana Julieta Rodríguez García; y la exadministradora de presupuestos Carolina Elizabeth Núñez Solís. Los tres últimos enfrentan el juicio en libertad, gracias a los amparos tramitados.
Un pez muy gordo
Herbert Taylor Arthur, quien fungió como titular de Innovación y Desarrollo, la supersecretaría que González Márquez creó exclusivamente para él durante su gestión, también buscó un amparo en el Juzgado Quinto de Distrito para evitar ser aprehendido. En febrero de 2014 la autoridad le fijó una caución de 16 mil pesos, con lo que pudo evitar una orden de aprehensión dictada por el juez primero de lo penal, Arturo Espinosa Baena.
El juicio de garantías se sobreseyó porque no existía ese mandamiento judicial contra el excoordinador que solía conducirse por encima de otros secretarios durante la administración pasada. Lo único que se encontró en su contra fueron dos averiguaciones previas iniciadas en 2007, pero están archivadas: una está relacionada con actividades partidistas pero no tiene vinculación con su actividad como funcionario.
A Taylor, expresidente estatal del PAN, se le señala como el artífice de proyectos polémicos en la administración de González Márquez por el sobreprecio de sus obras –el Macrobús y la inversión del fondo de pensiones de los burócratas en el denominado Nuevo Cancún en Chalacatepec– y la opacidad en las adjudicaciones.
Con respecto a Chalacatepec, el gobierno de Sandoval retomó el proyecto. En la glosa de su segundo informe aludió a un estudio de impacto ambiental; anunció inversiones en infraestructura para dotar la zona de agua, luz y otros servicios, y retomó la obra de la pista aérea en la zona iniciado durante la gestión del panista Francisco Ramírez Acuña.
Durante la preparación y celebración de los Juegos Panamericanos 2011 hubo innumerables irregularidades, sobre todo compras a sobreprecio, la falta de pagos a varios proveedores y por la deuda acumulada en el caso de la Villa Panamericana, que hoy supera los mil millones de pesos y es un elefante blanco.
La justa deportiva absorbió dinero de dependencias ajenas al presupuesto designado a ese evento, como el Iprovipe, dirigido en esas fechas por Jorge Sánchez Martínez. El exfuncionario enfrenta en libertad un proceso penal por desvío y aprovechamiento de atribuciones y facultades gracias a que obtuvo un amparo.
Esta situación también movió al exdirector del Consejo Estatal para el Fomento Deportivo y Apoyo a la Juventud (Code), Carlos Andrade Garín, a hacer lo propio para evitar ir a la cárcel.
Quien no pudo evitar a la justicia fue el extesorero del Iprovipe, Roberto Valle Pinzón, quien fue recluido en Puente Grande por no pagar una fianza de 5 millones de pesos. Según las denuncias interpuestas por la Contraloría estatal, Valle destinó 150 millones de pesos, vía ampliación presupuestal, para la compra a plazos de un predio de 55 hectáreas en Zacoalco de Torres.
Sin embargo, según la averiguación previa 5724/2013, sólo se pagaron 100 millones a la sociedad mercantil denominada Centro Logístico, propietaria del terreno. El documento establece que se acreditó el desvío dado que se dio una aplicación distinta a la que se tenía destinada para esos 50 millones de pesos.
Sánchez Martínez, quien enfrenta dos juicios penales, fue detenido el 28 de abril de 2014 fuera del colegio de su hijo, ubicado en la zona El Bajío, en Zapopan, donde está la Villa Panamericana, debido a un mandato judicial emitido por el juzgado 12 del fuero común.
Los policías ministeriales lo pasearon durante varias horas antes de remitirlo ante el juez. Durante ese lapso los abogados del detenido presentaron un amparo y el menor fue recogido por sus familiares. Sánchez fue liberado de inmediato y por medio de su defensa anunció acciones legales contra el fiscal general Luis Carlos Nájera y sus agentes. Hasta ahora no lo ha hecho.
Un caso espinoso
Salvador Uribe Avín, extitular del CAPECE, es cliente frecuente de los juzgados de amparo. Hasta ahora ha promovió 18 amparos (prácticamente contra todos los jueces de Jalisco) contra los juicios penales y administrativos que se le imputan.
Se le acusa de la presunta adjudicación de obras sin licitar para beneficiar a sus amigos y familiares, así como de violar la Ley de Obra Pública por coaccionar a constructores para recibir proyectos y efectuar compras a sobreprecio.
El juez Espinosa Baena emitió una orden de aprehensión contra Uribe por desvío y aprovechamiento de atribuciones y facultades. El exfuncionario enfrenta el proceso penal en libertad gracias a un amparo concedido por el juez primero de distrito. La coacusada, Leonor Payán Armendáriz, quien fue coordinadora de Costos y Presupuestos del CAPECE, también se encuentra libre pues presentó un juicio de garantías.
En febrero pasado, el secretario general del Congreso local en la 58 Legislatura, el panista Alfredo Argüelles Basave, consiguió varios amparos que le permiten enfrentar en libertad el juicio por el presunto desfalco al Poder Legislativo por 58 millones de pesos que reclamaba la Consultora López Castro por supuestas asesorías para ahorros fiscales de personal del Congreso por 92 millones de pesos en devoluciones y compensaciones de impuestos.
El juicio de garantías 21/2014, promovido ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Penal, evitó cualquier acto privativo de la libertad de Argüelles, quien también solicitó otro amparo en el Juzgado Cuarto de Distrito contra el embargo de sus bienes, derivado de una demanda interpuesta por el Poder Legislativo en el Juzgado Séptimo Mercantil; a la recepción de este juicio se le incrementó la caución de 600 mil pesos a un millón 112 mil 335.
A Argüelles se le acusa de peculado, delitos contra la administración de justicia, custodia, guarda y protección de documentos, fraude específico, fraude genérico, asociación delictuosa, enriquecimiento ilícito y falsificación de documentos, así como de desvío y aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades.
Días después, el exdiputado panista compareció ante el juez séptimo de lo penal provisto de un nuevo amparo y se negó a declarar. El 17 de febrero se le fijó una caución por 596 mil pesos para enfrentar el juicio en libertad.
El caso López Castro derivó en una serie de acciones judiciales, aun cuando en noviembre de 2014 el despacho en cuestión desistió penalmente de cobrar los 58 millones de pesos al Poder Legislativo por una asesoría que nunca dio.
Por esas fechas, el secretario general de Gobierno, Roberto López Lara, organizó una rueda de prensa para informar que se daba por concluido el juicio mercantil 242 2010-2002 que obligaba al Poder Ejecutivo, en su calidad de obligado solidario, al pago del adeudo del Poder Legislativo con el corporativo.
Sin embargo, durante las acciones judiciales se ejecutó una orden de aprehensión al exsecretario general del Congreso local, Octavio Pérez Pozos, quien exhibió una caución de 575 mil pesos.
En su segundo informe de gobierno, Sandoval aludió a dos detenciones relacionadas con el caso López Castro; la de Pérez Pozos y la del principal accionista de la consultora, Rafael López Martínez. No obstante, el fiscal Nájera se apresuró a declarar que las aprehensiones eran ajenas a la investigación del desfalco en el Poder Legislativo.
A Pérez Pozos se le detuvo por enriquecimiento ilícito, comentó, ante discrepancias por más de 600 mil pesos en su declaración patrimonial cuando trabajó en el Congreso estatal. En el caso de López Martínez, el arresto fue por un fraude de 20 millones de pesos que fue denunciado por particulares.
Posteriormente, Pérez Pozos recurrió al Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal para solicitar un juicio de garantías contra el auto de formal prisión que le fue dictado el 14 de febrero pasado por el juez séptimo de lo criminal de Jalisco.
Priistas y magistrados
tampoco se escapan
El caso López Castro salpicó incluso a los priistas, quienes tuvieron que ampararse. Es el caso de la extitular del Instituto Jalisciense de las Mujeres, Mariana Fernández Ramírez, quien se presentó ante el Juzgado Cuarto de Distrito, para evitar ser privada de su libertad.
Fernández Ramírez, quien hoy busca una diputación, señaló como autoridad responsable del desfalco al delegado estatal de la Procuraduría General de la República y depositó una caución de 5 mil 500 pesos. El caso se sigue en el Juzgado Séptimo Penal y es derivado de la averiguación previa 4895/2012.
En él se vincula a Enrique Trejo Orozco y Luis Enrique Villanueva Gómez, empleados del Poder Legislativo durante la 58 Legislatura, así como a los exdiputados Salvador Rizo Castelo, candidato priista a la alcaldía de Zapopan; y el coordinador parlamentario priista de la 58 Legislatura, Roberto Antonio Marrufo Torres, quien también recurrió a la justicia federal.
En febrero pasado también se ejerció una acción legal contra el exdirector administrativo del Seguro Popular, Álvaro Córdoba Pérez por presuntos malos manejos por más de 300 millones de pesos en el organismo. Se le acusó de desvío y aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades, ya que firmó contratos sin tener atribuciones legales. Entre los convenios destaca la subrogación a hospitales particulares, por lo cual se le inició proceso penal. Sin embargo, el juez le concedió la libertad bajo caución, siempre y cuando garantice la reparación del daño ante el detrimento de 326 millones 545 mil 600 pesos; le fijó una fianza de mil 817 pesos por la posible multa por los cargos en su contra y 5 mil pesos de caución personal.
La causa penal 47/2015 se deriva de la acusación contra Córdoba por contratar los servicios de la empresa Global Incom para el diseño y operación de un programa computacional y la captura de los expedientes de los derechohabientes del Seguro Popular debido a que no se contemplaba en el presupuesto de 2012.
El fenómeno de la judicialización también alcanzó al regidor del partido Movimiento Ciudadano (MC) en Tlaquepaque, Germán Ralis Cumplido, quien solicitó un juicio de garantías en el Juzgado Quinto de Distrito en materia de amparo penal demandando su derecho a defensa.
El recurso judicial señala como autoridad responsable al agente 13 de Abuso de Autoridad de la Fiscalía General del estado de Jalisco, quien integró la averiguación previa relacionada con los disturbios en el Congreso del estado el 14 de diciembre de 2013, cuando se discutía la reforma energética.
Ralis Cumplido participó en la reyerta y trató de aportar pruebas que el Ministerio Público se negó a recibir, entre ellas su acusación contra trabajadores de la dependencia que, vestidos de civil, se infiltraron entre los manifestantes para provocar la violencia.
Según la fiscalía, Ralis Cumplido se encontraba entre los responsables de los actos vandálicos, junto con los auxiliares de otros dos ediles de MC, además de Ricardo Ramírez Bravo, presidente del Comité Municipal del Movimiento de Regeneración Nacional.
Félix Cárdenas, quien en ese momento era auxiliar del regidor del MC Salvador Caro, solicitó la protección de la justicia federal y acudió ante el juez tercero de distrito en materia de amparo penal para solicitar las garantías contra acciones de jueces de distrito y del fuero común, además de órdenes de aprehensión.
Ralis se separó de su cargo para facilitar las investigaciones. Y, para evitar una acción jurídica en su contra, acudió, junto con otros integrantes de MC, ante el fiscal Nájera. Después, el propio Ralis informó que no había cargos en su contra.
Los integrantes del Poder Judicial tampoco escapan a la judicialización de la política. El magistrado Antonio Fierros Ramírez tuvo que interponer un amparo debido a las irregularidades en el proceso de estudio sobre su continuidad como integrante del Supremo Tribunal de Justicia.
Fierros solicitó la protección de la justicia federal ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo por no haber sido ratificado en su cargo por el Congreso estatal el 10 de febrero de 2014.
El pasado 12 de marzo el Congreso ratificó a Fierros por un periodo de 10 años más en su cargo tras obtener el amparo. El magistrado, según los legisladores, cumplió con el perfil y los requisitos.
Un caso similar es el de su colega Guillermo Guerrero Franco, quien consiguió la suspensión definitiva de un tribunal colegiado para continuar como magistrado hasta que se resuelva su asunto, a pesar de que los diputados ya habían nombrado a José Reyes Victoriano como su sustituto.
El presidente del Supremo Tribunal de Justicia del estado, Luis Carlos Vega Pámanes, interpuso sendas controversias constitucionales que reforzaron las peticiones de amparo de ambos magistrados.
