En San Luis Potosí algunos de los nuevos consejeros electorales no tienen la menor experiencia en organizar comicios… y otros tienen tanta que incluso les han girado órdenes de aprehensión por permitir cochupos o han tenido tiempo de congraciarse con los gobiernos priistas y panistas. Así, el que alguna vez fuera un organismo electoral pionero en el país, se encuentra hoy en una crisis de credibilidad.
SAN LUIS POTOSÍ, SLP.- Fue el primer organismo electoral ciudadanizado del país, pero ahora el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana potosino (Ceepac) es una institución desprestigiada ante ciudadanos y partidos opositores, que lo acusan de servir a los intereses de los gobiernos en turno, del PAN o del PRI.
A partir de la reciente transformación del Ceepac en Organismo Público Local Electoral (OPLE) se diluyeron algunos de los intereses locales que entorpecían su labor, pero no se perdió el control que sobre él ejerce el actual gobierno priista.
La novatez de algunos consejeros y su perfil inadecuado en materia electoral contrasta con la trayectoria de otros integrantes del Ceepac, quienes sobrevivieron a la transición pese a que mostraron vicios durante su actuación anterior.
“En términos generales es un consejo inexperto. Algunos sí tienen experiencia, como Martín Faz, y los operadores de siempre, vinculados con el PRI”, señala a Proceso el activista Sergio Serrano, actual candidato externo del Movimiento Regeneración Nacional a la gubernatura.
El día de su registro, Serrano arremetió contra los defectos del OPLE potosino. “Dije que no tenemos mucha confianza en que pueda llevar bien las cosas, por esa inexperiencia de unos y ‘excesiva’ experiencia de otros”, abunda.
Anunció que se enfocará en documentar la inequidad de las campañas y el acceso diferenciado a medios de comunicación. “En la Huasteca es evidente el control desde los gobiernos municipales. Nosotros vamos a tratar de impedirlo con la denuncia y veremos qué hace el Ceepac”.
Perfiles inútiles o manchados
Una de las integrantes carentes de experiencia en la organización electoral es la nueva presidenta, Laura Elena Fonseca Leal, nombrada en septiembre de 2014 y quien hizo una parte importante de su recorrido por el servicio público en el gobierno estatal, durante el sexenio del priista Fernando Silva Nieto.
La hoy presidenta del Ceepac es hija del priista Guillermo Fonseca Álvarez, quien gobernó el estado de 1973 a 1979. Estudió ingeniería industrial y tiene una maestría en administración pública en el CIDE; ingresó a Nacional Financiera durante la gestión de José Ángel Gurría como director general (1994) y permaneció como gerente fiduciario industrial hasta 1997, cuando se integró al gobierno de Silva Nieto como directora general de Desarrollo Social. Luego fue directora de Desarrollo Financiero y, al final de ese sexenio, laboró como directora general de Ingresos.
Ahora bien: Fonseca no era la candidata inicial para dirigir el organismo. El INE pretendía colocar ahí a Rodolfo Aguilar Gallegos, quien durante 14 años fue funcionario y consejero del Ceepac.
Entre 1996 y 2004 Aguilar se desempeñó como secretario ejecutivo del entonces llamado Consejo Estatal Electoral; entre 2005 y 2009 presidió el Consejo General del organismo y finalmente dirigió el ya denominado Ceepac entre 2009 y 2011.
En el amplio currículum que le entregó al INE, Aguilar presume de haber organizado cinco procesos electorales (1997, 2000, 2003, 2006 y 2009), ser observador en múltiples comicios en otras entidades; participar en numerosas conferencias, encuentros, foros y actividades relacionadas e incluso “organizar tres procesos electorales de segunda votación” en San Luis Potosí, además de “haber logrado economías que permitieron alcanzar el objetivo de construir el nuevo edificio sede” del árbitro electoral.
En contraparte el PAN le armó un “expediente negro”. En éste menciona lo ocurrido durante la elección de gobernador en 2009, en la cual resultó triunfador el actual mandatario, el priista Fernando Toranzo Fernández. Todo el proceso fue muy criticado, pero el peor momento fue la caída del Programa de Resultados Electorales Preliminares la noche de la votación.
Paralelamente, un grupo de ciudadanos envió otro paquete de quejas, encabezado por una declaración que Aguilar hizo en 2004, cuando se promovía como aspirante a consejero. En aquella ocasión afirmó que contaba con el apoyo de los partidos, especialmente del PRI y del PAN, porque tenía “un proyectito” por ahí.
En el expediente también hay reportes y documentos obtenidos a través de los sistemas de acceso a la información que muestran cómo el Ceepac solapó el incumplimiento en los topes de gastos de campaña durante la más reciente elección de gobernador. Tampoco persiguió con la seriedad debida la falta de informes de gastos de varios candidatos priistas, y se percibe cierta intención de ocultar las observaciones hechas por un despacho externo que realizó una auditoría.
La estocada final para las aspiraciones de Aguilar, sin embargo, vino del propio gobierno estatal, que optó por difundir un tercer expediente: existía una orden de aprehensión por ejercicio indebido de la función pública emitida por la Procuraduría de Justicia estatal. Aguilar estaba acusado de no iniciar un proceso sancionador contra el Partido Verde, que no comprobó recursos.
Aguilar obtuvo un amparo, la orden de aprehensión quedó sin efecto y pudo integrarse al Ceepac –aunque no como presidente– a principios de octubre pasado, durante una accidentada ceremonia en la que se dijo víctima de una conspiración del gobierno de Toranzo, mientras ciudadanos le gritaban, acusándolo de corrupto.
Cercana a Aguilar es la consejera Denisse Porras Guerrero, abogada, empleada del Ceepac, exasistente de la presidencia del consejo y exjefa de servicios legales. Su padre, César Porras, también fue nombrado consejero, pero declinó debido a la participación de su hija.
El lugar de César Porras lo ocupó Cecilia Meade Mendizábal, antropóloga social, especializada en la atención de pueblos indígenas. Ella fue colaboradora del panista Marcelo de los Santos Fraga, pues dirigió el DIF de la capital potosina cuando él fue alcalde (2000-2003) y creó la Comisión Estatal para la Atención de las Zonas Indígenas cuando él ya era gobernador. Transitó del anterior Ceepac al actual.
Claudia Josefina Contreras Pérez –contadora pública y excolaboradora de Rodolfo Aguilar en el Ceepac– es otra consejera, lo mismo que Silvia del Carmen Martínez Méndez, abogada penalista y criminóloga.
Historia problemática
Con un perfil distinto, el INE eligió a Martín Faz Mora, quien tiene una maestría en derechos humanos y democracia por la Flacso, es fundador del Centro Potosino de Derechos Humanos, fue secretario técnico de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, consejero de la junta local del IFE e integrante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, fundado por Javier Sicilia.
En entrevista, Faz Mora considera benéfico que la integración del OPLE se resolviera en el ámbito federal. “Pudo haber dilución de los intereses locales al pasar por el filtro del INE. No quiere decir que haya estado libre de esas influencias, pero fueron menores en comparación con comicios anteriores”.
Faz fue un duro crítico del modo en que se integraban los consejos anteriores; impugnó algunos y en tres ocasiones consiguió que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenara al Congreso estatal reponer los procedimientos de selección.
Asienta que, al menos en estos primeros meses del consejo, el trabajo ha sido más equilibrado, en contraste con experiencias anteriores, cuando toda la autoridad y las atribuciones residían en el presidente.
En contraparte, el funcionario percibe en el Ceepac “una debilidad institucional severa que se sigue manifestando, pues no ha podido adaptarse al nuevo esquema colegiado”. El reto es “revertir la imagen de escepticismo e incredulidad en el organismo para dotarlo de legitimidad, no sólo en la aplicación de las leyes, sino en el fondo, donde los partidos despliegan su habilidad para simular que las cumplen”.
La prueba de fuego comenzó el viernes 6, con el inicio de las campañas a la gubernatura. Por lo pronto, ante los obstáculos establecidos por los diputados locales en la ley, fue imposible que los interesados en las candidaturas independientes –una figura que San Luis Potosí permitió por primera vez en el país– alcanzaran su registro para competir por la gubernatura y las diputaciones locales.
