Querétaro Reciclaje de consejeros

Como marca la ley, en Querétaro se formó un nuevo órgano electoral armado por la autoridad federal. Pero buena parte de los flamantes consejeros estatales ya integraban las anteriores instituciones electorales y, más importante, la mayoría de ellos están vinculados con el PRI. No sorprende que las quejas contra su labor se multipliquen y los vicios se mantengan.

QUERÉTARO, Qro.- El nuevo Organismo Público Local Electoral (OPLE) del estado arrastra los vicios de su predecesor: improvisación, resoluciones a modo, supeditación al gobierno priista y cerrazón ante las demandas ciudadanas.

Los partidos de oposición aseguran que la mayoría de los siete integrantes del OPLE son afines al PRI y mantienen los criticados hábitos del pasado. De hecho, cinco de los actuales consejeros ya habían laborado en instituciones electorales y al menos dos están claramente identificados con el gobierno del priista José Eduardo Calzada Rovirosa; uno de ellos incluso fue funcionario en su administración.

Además, a unos días de que arranque el registro de los candidatos a la gubernatura –a partir del viernes 27–, aspirantes independientes, como Rolando Augusto Ruiz, se quejan del perfil de los consejeros: “Algunos evidentemente actúan bajo la consigna de los partidos”, apunta. “Otros hacen gala de su novatez y todos, en los hechos, dificultan la posibilidad de que ciudadanos apartidistas compitan en los comicios”.

El presidente estatal de Movimiento Ciudadano (MC), José Luis Aguilera Ortiz, da el nombre de los consejeros que a su juicio son más parciales: Yolanda Elías Calles, bisnieta de Plutarco Elías Calles; y Jesús Uribe Cabrera, exfuncionario de la administración de Calzada. Ellos son “dos piezas clave del secretario de Gobierno, Jorge López Portillo Tostado”, acusa.

Este panorama obliga, abunda Aguilera, a que los partidos de oposición se preparen “para una elección muy accidentada”.

Cercanía con el poder

El Instituto Nacional Electoral (INE) nombró presidente del OPLE queretano a Gerardo Romero Altamirano, un maestro en arquitectura que colaboró en la Secretaría de la Contraloría de la capital queretana y en la Secretaría de Desarrollo Sustentable del mismo municipio. Su carrera en la iniciativa privada la desarrolló, sobre todo, en el sector inmobiliario.

En contraparte, la consejera Yolanda Elías Calles Cantú, comunicóloga, ya tenía experiencia en la organización de comicios: fue integrante del Instituto Electoral de Querétaro (IEQ) desde 2010. Entre 2013 y 2014 presidió el organismo.

El diputado federal panista Marcos Aguilar asevera que Elías Calles se condujo con evidente parcialidad en favor del PRI para que ese partido apoyara su postulación ante el INE.

Otro “sobreviviente” del anterior consejo es José Luis Uribe Cabrera, abogado, director de catastro en el gobierno de Calzada. En 2012 se integró al consejo del IEQ como suplente de Carlos de los Cobos Sepúlveda, quien ese año renunció al consejo por motivos de salud.

La consejera Gabriela Benites Doncel, señalada también por el dirigente de MC por sus antecedentes priistas, durante años fue funcionaria administrativa electoral. Contadora, fungió como coordinadora de Partidos y Asociaciones Políticas del IEQ desde 2003. Estaba a cargo de la fiscalización de los partidos y gastos de campaña, precisó ella misma en el currículum entregado al INE durante el proceso de selección efectuado el año pasado.

Por cierto, el único perfil que aparece publicado en la página del OPLE en internet es el del consejero Luis Octavio Vado Grajales, abogado y exfuncionario que se ocupó del área de Capacitación Electoral y fue coordinador de asesores en el anterior consejo.

No aparecen los perfiles de las dos últimas consejeras, la licenciada en mercadotecnia Gema Nayeli Morales Martínez y la socióloga Jazmín Escoto Cabrera, quien trabajó en la junta local del Instituto Federal Electoral en el área de Capacitación Electoral y Educación Cívica.

En la mira

Durante su etapa como presidenta del IEQ, a Elías Calles Cantú le tocó conocer –en mayo de 2014– de la queja interpuesta por el PAN por actos anticipados de precampaña y campaña del diputado local priista Braulio Guerra Urbiola, quien aspira a la gubernatura y a la postre participó en la designación de Elías Calles como integrante del OPLE.

La queja fue desechada por el IEQ. Cuando el PAN impugnó, el Tribunal Estatal Electoral (TEE) le dio la razón y calificó la queja de procedente. Guerra Urbiola interpuso un juicio para la protección de sus derechos político-electorales, argumentando que el tribunal estatal aplicó indebidamente la legislación. Pero cuatro meses después el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desechó los argumentos del diputado priista y confirmó la validez de la queja del PAN, por lo cual el consejo del IEQ debía iniciar un procedimiento sancionador contra Guerra y el PRI.

“Ahí está el expediente, durmiendo”, comenta Aguilera Ortiz, quien ha interpuesto por lo menos cinco recursos contra otras resoluciones y omisiones del actual Consejo.

“Denunciamos los espectaculares de (el gobernador) Pepe Calzada. Ya tenía que haberlos quitado, no se aclara que no es propaganda, pero nos votaron en contra. El TEE ordenó que el OPLE por lo menos se pronunciara y exhortara al gobernador a bajar los espectaculares, cosa que tampoco hizo.”

Otra queja que compete a Elías Calles y a Uribe Cabrera se refiere a la adecuación del reglamento del IEQ para ajustarlo a la nueva legislación electoral (al convertirse en OPLE). Tenía un plazo que vencía el 30 de septiembre pasado y no cumplió, expresa Aguilera.

Lo que sí hicieron los nuevos consejeros, “con todo y los novatos”, fue consentir la adquisición de automóviles nuevos. “Para ello pasaron por alto las medidas de austeridad contempladas por todos los organismos públicos. No les gustó el Jetta básico y se compraron uno más equipado, autorizando una partida presupuestal inexistente”, expone el presidente estatal de MC.

Algo similar ocurrió con los salarios, lo cual derivó en una queja de MC ante la Contraloría Interna del estado. “El presidente, Gerardo Romero, declaró que no era justo que ganara lo mismo que los demás consejeros, por lo que anunció un incremento de 5%. Pero luego se conoció la nómina y el aumento fue de 15%, y en un arreglo con los demás consejeros, éstos se subieron el sueldo 5%”.

Igualmente se recurrió al TEPJF cuando el consejo admitió una coalición entre el PRI, el Partido Verde y Nueva Alianza. El OPLE la aceptó en forma extemporánea y sin aplicar los propios acuerdos tomados para abordar estas peticiones.

“Los consejeros electorales no respetan la Constitución de la República ni la del estado, no conocen las leyes en materia electoral, omiten sin justificación la observancia de los acuerdos del Consejo General del INE y los lineamientos aprobados. Con sus conductas demuestran que engañaron al presidente y a los consejeros del INE cuando decidieron designarlos. Han demostrado su impericia y desconocimiento en el desempeño de su función”, se lee en uno de los párrafos de la impugnación interpuesta por MC.

Los ciudadanos, vetados

Rolando Augusto Ruiz, quien aspira a convertirse en candidato independiente al gobierno, califica de “pésima” la elección de los consejeros. Percibe que obedece a intereses partidistas y no está en sintonía “con las nuevas tendencias de protección de los derechos humanos”:

“La reforma que aprobó en junio la Legislatura local (de mayoría priista) incluye las candidaturas independientes, pero establece una serie de requisitos inequitativos, desiguales, que en realidad son restricciones y obstáculos. Ninguno de estos requisitos se pone a los candidatos de partidos que ya cuentan con recursos e infraestructura”, se queja.

Una de esas trabas parece casi insalvable: los aspirantes a la gubernatura deben presentar firmas de apoyo de ciudadanos que sumen 2.5% del padrón electoral, equivalentes a 34 mil 262 rúbricas. Este porcentaje es uno de los más altos en el país.

Otro problema con esta exigencia es que el formato avalado por el OPLE para recabar las firmas debe incluir nombre, dirección, clave de elector y rúbrica de cada adepto. Ruiz se encontró con que ese formato violaría las leyes de protección de datos personales.

“Soy abogado, doctor en derecho penal, así he sorteado las cosas porque una persona común no podría hacerlo. Pero todas estas restricciones violan la Constitución Política, que otorga el derecho a votar y a ser votado. La Carta Magna está hecha para que cualquier ciudadano que desee competir lo haga. Pero las leyes secundarias son discriminatorias porque me segregan y me obligan a cosas que no deben cumplir los partidos.

“El Consejo nos exigía al principio que los simpatizantes fueran directo a los distintos distritos y a la sede estatal a firmar, algo imposible. Si la gente a duras penas va a votar, menos va a presentarse a dar un respaldo previo. Yo lo impugné, ahí empezó la lucha”, narra.

“Y en el Tribunal Electoral (estatal) los magistrados también están actuando por consigna. Lejos de aplicar la ley a favor de los derechos, me desecharon la petición de inscripción por extemporánea, pero me fui al Tribunal Federal, que me dio la razón y obligó al tribunal estatal a atender el asunto.”

Los consejeros del OPLE, asevera, “no están aplicando el principio pro persona, tomando aquella interpretación de la ley que más favorezca al ciudadano. No son abogados, o creo que sólo uno. Todo se los explico con bolitas pero fingen demencia”.

Los candidatos independientes a la gubernatura tenían como fecha límite el 14 de marzo para entregar las firmas de respaldo. Ruiz, no obstante, promovió otro juicio de derechos político-electorales si el Consejo General del OPLE lo obliga a entregar esa información.

En caso de que la justicia mexicana no le dé la razón, acudirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“Los organismos están actuando de tal forma que México puede ser nuevamente sancionado como violador de derechos humanos, en este caso en el ámbito electoral”, advierte. “Cuando (el otrora canciller) Jorge Castañeda impugnó (la imposibilidad de que hubiera aspirantes ciudadanos), no había ley electoral que regulara las candidaturas independientes. Ahora la hay, pero la hicieron mal, para que la gente, nomás de verla, no le entre”.