Sin consulta de ninguna clase, sólo con la presunción de que algunas rutas del transporte público han mejorado su flota vehicular y capacitado a sus choferes, el gobernador Aristóteles Sandoval “acordó” con el pulpo camionero el retorno paulatino a la tarifa de siete pesos. Ese incremento, que se echó atrás el año pasado, cuando un accidente fatal demostró que los transportistas nunca se comprometieron a dar mejor servicio, no está justificado por ningún avance real.
El gobernador Aristóteles Sandoval Díaz volvió a incrementar la tarifa del transporte público sin escándalo político ni mediático. De forma silenciosa y sin mejorar el servicio, algunas rutas comenzaron a cobrar siete pesos desde que entró el año.
Al corte de esta edición, la Secretaría de Movilidad, que encabeza Mauricio Gudiño Coronado, había autorizado un incremento de seis a siete pesos a 11 de las 300 rutas de la zona metropolitana de Guadalajara.
Sandoval Díaz autorizó dicho incremento en diciembre de 2013, pero lo revocó la primera semana de marzo de 2014, cuando un accidente conmocionó a la sociedad. El día 7, el chofer de la ruta 368 Leopoldo Martín Soberano estampó su unidad contra un parabús afuera de la Preparatoria 10 de la Universidad de Guadalajara y arrolló a una veintena de estudiantes.
Al menos 10 de ellos sufrieron lesiones graves y María Fernanda Vázquez Vázquez, de 18 años, falleció mientras era atendida en un hospital. Dos días después, el gobernador anunció la suspensión de la nueva tarifa:
“Hoy se ha agotado la paciencia, después de ese año de retraso donde la gente ha exigido mejores condiciones, cuando sube con miedo, cuando se sigue manejando a exceso de velocidad, cuando no se toman las mínimas precauciones, cuando no hay sensibilidad por parte de muchos transportistas que no han concientizado a sus choferes, que no han cumplido con un sueldo fijo, que no están cumpliendo con la capacitación”, dijo entonces.
Sin embargo, el 9 de marzo del año pasado publicó un acuerdo en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco mediante el que autorizó el aumento a las empresas que supuestamente cumplieron con los requisitos de la Ley de Movilidad y Transporte del estado, así como su reglamento.
Según el mandatario, esto implica que los conductores comprobaron que recibieron capacitación, que el permisionario, concesionario o subrogatario de la unidad paga a sus choferes sueldo fijo y no comisión por el número de boletos.
El acuerdo establece que las unidades deben acreditar que cuentan con letreros electrónicos de información, sistema de localización GPS, gobernador de velocidad y al menos tres cámaras de seguridad que registren el ascenso y descenso del pasajero, la operación del conductor y lo que ocurre en el pasillo.
En el inciso VII del acuerdo, Sandoval Díaz expresa que está resuelto a modificar las tarifas para “satisfacer el interés público y social”. Sin embargo, el servicio y el estado físico de las unidades no es el apropiado, como admiten incluso los choferes que dan el servicio.
Algunos conductores pegaron en la cabina un cartel sobre su pésima situación laboral, desde el riesgo de lesiones y muerte en asaltos, confrontación constante con pasajeros, automovilistas y agentes viales extorsionadores, hasta alta incidencia de enfermedades por el estrés y mala alimentación y nulos incrementos salariales.
Ni esto ni las muertes ocasionadas por el transporte público (53 en 2014) disuadieron al pulpo camionero para exigir otra vez un aumento a la tarifa. Arnoldo Licea González, dirigente del Sindicato de Avanzada de Trabajadores del Transporte Público, llegó al extremo de pedir un alza a nueve pesos.
El 17 de diciembre pasado, un chofer de la ruta 360 riñó con un ciclista que exigía circular por el centro de una calle balizada por la Secretaría de Movilidad (Semov) para darle preferencia a las bicicletas.
El conductor del autobús bajó de la unidad y amenazó al ciclista con golpearlo si iba delante de él. El afectado grabó el incidente y la evidencia llegó a la Semov, que suspendió tres meses al agresor y retiró temporalmente el permiso de la unidad.
Licea González amenazó con denunciar penalmente al ciclista y declaró que la política de promover el uso de bicicletas implica un retroceso de 50 años.
Nada mejoró
Desde que inició febrero, la ruta 634 subió la tarifa a siete pesos. El día 14, la ruta 631 hizo lo mismo. Ambas tienen un trayecto de la zona centro de Guadalajara hacia Zapopan. El incremento ha tomado por sorpresa a los usuarios, pues la Semov no informa cuáles son las rutas que presuntamente ya mejoraron su calidad para cobrar un peso más.
De esto se encargan los propios transportistas con un escueto mensaje escrito sobre una hoja blanca que pegan al interior de sus unidades y carece de sellos y firmas de la Semov: “Les informamos que con el deseo de brindarles un mejor servicio de calidad, la ruta 631 ha sido certificada por haber cumplido satisfactoriamente con todos los requisitos establecidos en la ley y su reglamento”.
Se supone que antes de autorizarles el incremento a siete pesos, las unidades pasan por una evaluación de la Dirección de Seguridad Vial, la Dirección Jurídica del Transporte y la Dirección General de Transporte de la Semov, además de la Secretaría del Trabajo, responsable de inspeccionar que los concesionarios paguen a sus conductores por nómina y no por comisión sobre el número de boletos vendidos.
Para el urbanista de la UdeG Jorge Fernández Acosta, esa evaluación no garantiza la mejoría del servicio: “Es una serie de deseos que el gobernador parece que tiene por que mejore, pero no estipula nada, porque finalmente no es un decreto, es un documento muy suavecito”.
En cambio, señala, el mandatario no dice nada acerca de la reordenación de rutas que debió comenzar hace un año, según las estimaciones del director del Instituto de Movilidad, Mario Córdova España.
La reestructuración de rutas se está haciendo, pero a consecuencia del inicio de obras de la línea tres del Tren Ligero. Al paso que vamos, comenta Fernández Acosta, la reordenación llegará en unos 10 años, porque el gobierno está acostumbrado a imponer sus proyectos.
Por su parte, el vocero del Colectivo Ecologista de Jalisco y secretario técnico del Observatorio Ciudadano de Movilidad, Mario Silva Rodríguez, admite que al menos la ruta 634 no está en condiciones de cobrar una tarifa de siete pesos.
“Yo no le he visto una unidad nueva. Tiene las pantallas que a veces funcionan y el trato sigue siendo el mismo (…) He documentado a choferes fumando, con acompañante, a exceso de velocidad… y desafortunadamente tienen ese incremento, pero creo que está mal porque no es lo que se espera de la calidad del transporte”, puntualiza.
Agrega que el acuerdo autorizado por el gobernador es ambiguo, porque no especifica si es aplicable sólo a las unidades supuestamente mejoradas o a todo el parque vehicular de una ruta. Y considera que el anterior retorno a la tarifa de seis pesos decretada por Sandoval Díaz fue un castigo para los transportistas, pero les dejó la posibilidad de recurrir a tribunales para obligarlo a conceder un aumento por igual.
Expone que el Observatorio Ciudadano de Movilidad no pudo discutir el acuerdo del mandatario porque éste es anterior a la creación del organismo. Aun así han debatido el tema, dice, y acordaron que para justificar el incremento urge aprobar la norma técnica de calidad en el servicio, con la cual podrán establecerse parámetros objetivos y subjetivos de evaluación.
“La calidad –explica Silva Rodríguez– empieza desde que la unidad está guardada en algún patio de control o en algún lugar, y se extiende hasta los verificadores, administrativos y el proceso de supervisión mecánica. La calidad no es nada más el chofer en la calle, es un ciclo mucho más complejo.”
En noviembre de 2014 el Observatorio Ciudadano de Movilidad, encabezado por el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), Alberto Galarza, emplazó al gobierno estatal a cumplir 37 recomendaciones, como llevar un registro oficial de las víctimas mortales por accidente, aplicar el sistema de prepago, adaptar unidades para personas con discapacidad, así como publicar el padrón de permisos, licencias, concesiones y subrogaciones.
El plazo se cumplió el 15 de enero pasado, sin que el secretario de Movilidad, Mauricio Gudiño, haya respondido. Y ninguna de las recomendaciones se ha cumplido cabalmente.
Silva Rodríguez rechaza que el observatorio sea un instrumento de simulación del gobernador, pues su creación incomodó a los transportistas, en específico al líder sindical Arnoldo Licea, a quien le desagrada rendir cuentas a los ciudadanos.
El vocero del colectivo añade que la prueba de fuego para el transporte público será la publicación del padrón de permisionarios. Ahí se conocerán sus nombres, las rutas de sus unidades y el tiempo de servicio que tienen sus vehículos.
Secretario ausente
Conocido por sus exabruptos contra los reporteros, el titular de la Semov se ha mantenido en el cargo en virtud de su cercanía con Aristóteles Sandoval desde que éste fue presidente municipal de Guadalajara. Gudiño Coronado encabezó ahí la Secretaría de Servicios Municipales y coordinó la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en Jalisco.
De hecho, aspiraba a contender por la alcaldía de Guadalajara, pero después del accidente fatal afuera de la preparatoria 10, su imagen se fue en picada. De todas formas, Sandoval Díaz despidió al director de Transporte Público, Javier Jaramillo González, y mantuvo a Gudiño Coronado.
En diciembre pasado, el funcionario sermoneó a una reportera del diario Mural que dio cuenta de la suspensión del operativo Salvando Vidas, mejor conocido como Torito, para detectar y sancionar a los conductores alcoholizados.
Cuestionado por la periodista porque organizó una posada para festejar a las oficiales responsables de inspeccionar a los automovilistas, Gudiño Coronado se jactó: “Yo puedo suspender, y está en mis atribuciones, el Torito. Si yo quiero que una semana no trabaje, está en mis atribuciones suspenderlo”, le gritó a la reportera y le exigió que no publicara nada más al respecto.
A comienzos de este año, el titular de la Semov informó que por razones de salud tomaría un periodo vacacional del 7 al 21 de enero, lo que se interpretó como una posible salida de su cargo. Gudiño Coronado tuvo que aclarar en Twitter que pronto regresaría a su cargo. Aun así, varias columnas en medios impresos especularon que sólo volvió para resolver pendientes y que después el gobernador anunciará que sale de la Semov, sustituido por el actual secretario del Trabajo, Eduardo Almaguer.
Fuentes cercanas a Gudiño Coronado informaron a este semanario que el secretario está en tratamiento psiquiátrico, y que los cambios de humor y tratos inadecuados al personal de la secretaría sólo son síntomas de su padecimiento. El comentario coincide con la imagen de un centro de rehabilitación que subió a su cuenta de Twitter la usuaria Roxane Flores, quien preguntó directamente al funcionario si ese es un centro vacacional.
La joven recibió una insólita respuesta de la cuenta oficial del operativo Salvando Vidas @CURVA_JALISCO: “no sea tontita roxane”.
Durante la glosa ciudadana del segundo informe de gobierno de Sandoval Díaz, que se llevó a cabo el 9 de febrero en la antigua sede del Poder Legislativo, en la planta alta de Palacio de Gobierno, el gobernador tuvo que salir al quite ante las preguntas dirigidas a Gudiño Coronado.
Éste habló poco. En líneas muy generales aseguró que hay avances en materia del transporte público con rutas modelo y la reforma a la Ley de Movilidad, pero evitó referirse a las muertes causadas por el transporte público.
Cuando el presidente de la FEU recordó el percance en la preparatoria 10, ocurrido en marzo del año pasado, quien respondió fue el gobernador. Dijo que el transporte urbano del estado tiene un rezago de más de 30 años y que ha sido difícil implantar el sistema de prepago en las unidades para que los conductores ya no reciban el dinero.
En opinión de reporteros que cubrieron el acto, el presidente de la FEU en realidad hizo preguntas blandas y Sandoval Díaz protegió a su secretario para que no volviera a alterarse.
