La construcción de la presa El Zapotillo y su acueducto hacia León, Guanajuato, sólo beneficiará a las constructoras que realizarán las obras, afirma el coordinador del Observatorio Ciudadano del Agua y presidente del Consejo Regional para el Desarrollo Sustentable (Conredes), Juan Guillermo Márquez.
Tan sólo el acueducto, dice el entrevistado, representa más de 16 mil millones de pesos para la empresa de capital español Abengoa, que no asume ningún riesgo. Afirma que el contrato de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) con dicha constructora no contempla responsabilidad o sanción alguna para ésta en caso de incumplimiento.
Precisa que a partir de la firma del convenio, Abengoa calculó que necesitaría 36 meses para el diseño, construcción y puesta en marcha del acueducto, pero si no llega a terminarlo en ese plazo, la Conagua está obligada a pagarle cuando lo haga.
Márquez considera “muy probable” que la obra no esté concluida en la fecha prevista, pues la empresa no ha podido comprar unos terrenos que necesita para desarrollar la infraestructura. Hasta el 14 de octubre de 2013, al cumplirse dos años de la firma del contrato, Abengoa de México sólo tenía 61 de los 354 terrenos que requiere.
Los productores de la región alteña, quienes aportan aproximadamente un tercio del Producto Interno Bruto (PIB) del estado y un quinto de la proteína animal que consume el país, consideran que el acueducto terminará por llevarse la escasa agua con que cuenta la comarca.
Dice Márquez que la Conagua hizo cuentas alegres sobre la captación de agua pluvial que los pobladores destinan al uso doméstico, pero olvida al sector agropecuario, que consume grandes cantidades del líquido.
“Hay sequías prolongadas. De repente hay un año lluvioso, pero hay una tendencia a la baja en las precipitaciones y en los escurrimientos al río Verde”, agrega.
Explica que la Conagua se basó en un estudio de reservas de agua que se realizó entre las décadas de los cincuenta y de los ochenta del siglo pasado, cuyos resultados fueron publicados en 1994. Desde entonces, señala, ya se evaluaba la posibilidad de llevar agua a León, Aguascalientes y la zona metropolitana de Guadalajara. Después, la segunda ciudad encontró una fuente alterna del líquido y únicamente quedó León como destino viable.
“Con esa antigüedad de datos, no se ha considerado el incremento tan importante que ha tenido el consumo agropecuario en la región: tanto en Aguascalientes como en Los Altos (de Jalisco) se esperaba una disponibilidad determinada, pero tampoco se ha considerado el incremento del consumo en el campo”, detalla.
En especial, enfatiza, en ese estudio no está considerado el cambio climático, ya que se prevé un aumento de cinco grados centígrados entre 2030 y 2080, con las consecuentes sequías, ni se tomaron en cuenta las sequías que devastaron la región entre 2009 y 2012. “Eso equivale a considerar que el futuro va a ser igual que el pasado, pero hay muchas evidencias de que no es así”, advierte.
Agrega que en el documento Establecimiento de compromisos de los agentes de cambio Región Santiago, para la implantación de la Agenda del Agua 2030, fechado en 2006, la Conagua admite un déficit de 367 millones de metros cúbicos en esa región. De hecho, en diciembre de 2013 esa comisión emitió una veda para que dejen de explotarse 12 de los 14 acuíferos registrados de la zona.
Precisa que en su empeño por llevar a cabo la presa El Zapotillo y su acueducto, la Conagua desechó proyectos como el Plan Hídrico Jalisco 2030 y el Programa Nacional Hídrico 2007-2012, ninguno de los cuales incluye proyectos hidroagrícolas para Los Altos.
Para Márquez lo razonable sería construir pequeñas represas o bordos de almacenaje para recargar los mantos subterráneos, porque el modelo que impulsa la Conagua es “totalmente depredador de la zona alteña y benéfico para Guanajuato”.
En agosto del año pasado, el Observatorio Ciudadano del Agua solicitó al gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, que no se permitiera el trasvase de casi 120 millones de metros cúbicos anuales de la Cuenca del río Verde, en Jalisco, a la del río Turbio, asiento de la ciudad de León, Guanajuato. Esta medida forma parte del proyecto de la presa El Zapotillo, con su acueducto de 141.5 kilómetros.
El gobernador no atendió la petición.
El 8 de diciembre pasado, el presbítero José Luis Aceves González, miembro del Observatorio Ciudadano del Agua, le dirigió una carta al gobernador Sandoval Díaz con la anuencia del obispo Felipe Salazar Villagrana, titular de la diócesis de San Juan de los Lagos, cuya población se estima en 1 millón de personas, de acuerdo al censo pastoral de 2008.
En ella, el religioso aclara que fuentes como la Universidad de Guadalajara, el ITESO, la Univa y la Fundación Nueva Cultura del Agua, con sede en Zaragoza, España, “nos han hecho saber que la ciudad de León y casi todo el estado de Guanajuato tiene reservas y quiere aumentarlas aún más, y se dan el lujo de regar sus predios con agua rodada cuando acá ni por goteo se puede generalizar el uso agrícola. ¿Pretenden sólo aumentar sus reservas para varios años por delante haciendo que nuestra gente de Jalisco sólo la vea llover y la deje correr para después pagar con altos costos el agua que consuman en las ciudades?”.
Aceves González se queja de que algunos funcionarios acuden a párrocos “para que convenzan a los feligreses, a la población en general, y más específicamente a los posibles afectados (terratenientes) por donde pasaría dicho ducto, para convencerlos hasta de la bondad de no cobrar por la presumible compra-venta y convencerlos a favor del proyecto ‘beneficioso para la región’”.
También reprocha al gobernador su falta de apoyo a las microempresas de los campesinos alteños, mientras que los grandes productores reciben subsidios, y lamenta que la Conagua haya optado por una constructora extranjera, cuando en la región hay varias.
En la parte central de la misiva, exhorta a Sandoval Díaz a rectificar, como lo hizo el presidente Enrique Peña Nieto al cancelar el proyecto del tren rápido Ciudad de México-Querétaro.
