Hace más de dos décadas, el entonces magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Jorge Humberto Chavira Martínez, le entregó a su hijo el negocio de fotocopiado en las instalaciones del Poder Judicial del estado, es decir, la Meca del papeleo. Desde entonces el funcionario judicial ha sido cuestionado por su actuación pública, pero el negocio de su familia sigue protegido por los sucesivos presidentes del tribunal. Pese a todo, la UdeG lo acaba de nombrar “maestro emérito”…
El expresidente del Supremo Tribunal de Justicia y exalcalde de Zapopan Jorge Humberto Chavira Martínez, de más de 80 años de edad y 60 de servicio profesional, fue nombrado maestro emérito por la Universidad de Guadalajara (UdeG) el pasado 10 de febrero, pese a las críticas que ha recibido durante años por su desempeño como juez.
La ceremonia se llevó a cabo en el Paraninfo Enrique Díaz de León y la encabezaron las autoridades universitarias, además de representantes de los tres poderes del estado.
Al homenajeado se le recuerda como promotor o asesor en el despojo de decenas de hectáreas de las tierras del Ejido de San Juan de Ocotán, en la zona poniente de la mancha urbana, según las denuncias presentadas por el abogado de los campesinos, Rubén Ávila Marín.
Otros litigantes, igual que algunos empleados del Supremo Tribunal de Justicia (STJ) del estado, indican que desde la representación del Poder Judicial, Chavira benefició a su familia con la entrega del negocio de las fotocopiadoras, administrado desde hace más de 25 años por su hijo, Jorge Humberto Chavira González.
El nombramiento del maestro emérito ocurre cuatro meses después de que el consejero de la Judicatura Alfonso Partida Caballero señalara el deficiente desempeño de Chavira Martínez al frente del Secretariado Ejecutivo de la Comisión para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal Adversarial (NSJPA), conocido como de juicios orales, en el cual Jalisco permanece rezagado.
El 1 de octubre pasado, Partida Caballero cuestionó a Chavira Martínez cuando estaba a punto de inaugurarse la Primera Sala de Juicios Orales en Ciudad Guzmán, donde se evidenciaron las prisas y la improvisación en la entrega de la obra.
El comunicado del consejero decía: “El Consejo de la Judicatura ha trabajado, desde el último trimestre del 2012 y durante todo el año 2013, para que este momento llegara; a pesar de ello advertimos que faltó mayor capacidad operativa, coordinación y vitalidad por parte del maestro Jorge Humberto Chavira Martínez, secretario ejecutivo del Consejo de Coordinación para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado, en lo que respecta a la integración de manera sólida a los órganos involucrados, tal como demanda el proyecto”.
El 2 de octubre el gobernador, Aristóteles Sandoval, salió en su defensa. Dijo que a pesar de las críticas y de los señalamientos de que no se iba a lograr el objetivo de arrancar la Primera Sala, lo cierto es que se estaba cumpliendo con ese objetivo.
No obstante, en el recorrido realizado por los medios de comunicación, fotógrafos y camarógrafos captaron las evidencias de que hubo improvisación en el edificio de Ciudad Guzmán para poder iniciar ahí juicios orales.
Viejos privilegios
A principios de 1990, el abogado de la comunidad indígena de San Juan de Ocotán, Rubén Ávila Marín, señaló a la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) como la responsable del despojo de decenas de hectáreas a ese núcleo agrario. Incluyó como partícipe del delito al entonces presidente del STJ, Chavira Martínez, como publicó el 9 de enero de 1990 el Semanario Diez.
Ávila Marín indicaba que el jurista, primero como asesor de los Leaño Álvarez del Castillo y después como presidente del STJ, siempre actuó en beneficio de los propietarios de la UAG para despojar al ejido de San Juan de Ocotán.
En su denuncia, el abogado indicó que se les arrebataron a los ejidatarios más de 300 hectáreas, pues los empresarios apoyados por Chavira invadieron los predios de El Cambio, La Coronilla y Ocotán.
Además de los dueños de la UAG, también participaron empresarios como Javier Cordero Staufer, quien fue encarcelado por sus presuntos nexos con el narcotraficante Rafael Caro Quintero. En ese tiempo (1990) Chavira Martínez presidía el STJ, remarcó Ávila Marín.
En la edición del 2 de enero de 2005, Proceso Jalisco publicó detalles de la concesión de los servicios de copiado en varias instancias del Poder Judicial a la familia de Chavira Martínez, que denunciaron litigantes como Luis Arturo Jiménez.
Ellos especificaron que dos décadas antes Chavira Martínez había otorgado ese negocio a su hijo, Jorge Humberto Chavira González. Calcularon que para entonces, en 2005, las 40 máquinas fotocopiadoras que operaban en las instancias judiciales dejaban una ganancia neta superior a 200 mil pesos mensuales.
Desde entonces los abogados cuestionaban por qué el Poder Judicial se niega a licitar dicho servicio mediante un concurso. Afirmaron que en los negocios cercanos a instalaciones de la UdeG cada copia costaba 20 centavos, mientras en el Poder Judicial se vendía al triple.
En la misma edición consta que el magistrado presidente del STJ, Manuel Higinio Ramos, reconocía: “No lo voy a ocultar, el dueño de esa empresa es Jorge Humberto Chavira González”.
El 23 de octubre de 2014, el diario Mural publicó que el Poder Judicial ya tenía dos décadas tolerando que particulares ofrecieran el servicio de copiado sin un contrato que justificara el uso de instalaciones oficiales en beneficio de particulares y el gasto de suministros como energía eléctrica y agua.
El entonces presidente del STJ, Luis Carlos Vega Pámanes, justificó los beneficios a la familia Chavira. “El servicio de copias (se está dando) porque era indispensable, pero se está dando irregularmente porque no se tiene la hacienda judicial”, argumentó hace más de dos años.
Ya son varias las ocasiones en que el consejero Partida Caballero llama la atención sobre la necesidad de reglamentar el servicio y recuerda que la Auditoría Superior del Estado les ha indicado en forma verbal que deben someter a concurso esa concesión.
El abogado Juan Manuel Lepe asegura, en entrevista, que el negocio de fotocopias de la familia Chavira ha disminuido su rendimiento desde entonces, aún mantiene el privilegio. Cuestiona que mientras en los negocios próximos a los campus de la UdeG una fotocopia cuesta 30 centavos, en las instalaciones del Poder Judicial los particulares las venden a un peso.
Lavado de cara académico
Posteriormente Chavira Martínez dirigió el Departamento de Estudios Jurídicos de la UdeG, pero salió hace más de tres años por los supuestos compromisos políticos contraídos entre el Grupo Universidad y el exdiputado federal priista Samuel Fernández Ávila, quien sustituyó al ahora emérito sin justificación ante la comunidad universitaria.
Sin embargo, en la segunda quincena de enero pasado, desde antes del acto oficial, Chavira Martínez ya cobraba como emérito en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, aunque el reconocimiento se hizo oficial hace tres semanas, como consta en el portal de Transparencia de la UdeG.
De esa forma, apareció con doble salario. Uno como profesor investigador titular C en el departamento de Derecho Público, donde gana 15 mil pesos a la quincena; el otro es como maestro emérito y es de 9 mil quincenales. En total, gana en la UdeG 48 mil pesos al mes, menos deducciones.
Y como secretario ejecutivo para la implementación del NSJPA, desde diciembre anterior Chavira Martínez percibe un estimado de más de 70 mil pesos mensuales, menos sus deducciones.
Según la página de Transparencia del estado, en diciembre de 2014 se le otorgaron dos pagos de 44 mil pesos, menos las deducciones, que redujeron su ingreso a cerca de 60 mil. Para la segunda quincena de enero sólo se registraron otros 44 mil.
Sin embargo, para la primera quincena de febrero aparece un doble pago a Chavira Martínez por más de 70 mil pesos, que con las deducciones se reducen a 45 mil.
A sus 80 años Chavira Martínez, además de trabajar como investigador, profesor y secretario ejecutivo del NSJPA, tiene el tiempo y la energía para atender la Notaría 23, de la que es titular y que se ubica en la avenida Guadalupe 4986, municipio de Zapopan, según el directorio del Colegio de Notarios.
Pese a todo, Chavira Martínez aprovechó la entrega del reconocimiento en la UdeG para proclamar que la “impunidad es una lacra que impide el crecimiento del Estado mexicano”.
En el acto protocolario, el director de la División de Estudios Jurídicos del CUCSH, José de Jesús Covarrubias Dueñas, uno de los promotores del reconocimiento, destacó que Chavira Martínez tiene “pasión por el amparo” e “interés en la justicia del pueblo”.
