A muchos parientes, amigos y compadres de los poderosos del estado –entre magistrados, políticos y legisladores– les hizo justicia por adelantado el “nuevo” Sistema de Justicia Penal Adversarial o de juicios orales: fueron seleccionados como nuevos jueces aun antes de que se aplicara el examen a todos los aspirantes que acudieron al “concurso”. Las posteriores maniobras del Poder Judicial sólo pretenden disimular la pifia, pero no han corregido nada.
La selección de 96 jueces orales por el Poder Judicial del estado se convirtió en un “descarado” reparto de puestos entre parientes y “amigas” de magistrados, consejeros y políticos de primer nivel en los tres poderes estatales, así como en la UdeG.
Más de mil interesados respondieron a la convocatoria para la selección de candidatos a integrar los juzgados orales del recién aprobado Sistema de Justicia Penal Adversarial. Entre enero y febrero, sólo 253 fueron seleccionados en la primera fase y al final la lista se redujo a 115 aspirantes.
No obstante, varios excluidos de este procedimiento señalaron que esa depuración fue “amañada” y que hubo dos listas de finalistas: la primera salió el 22 de enero, cuando aún no se realizaba el examen escrito (fue el día 30). Al percatarse del descaro, cambiaron la fecha al 5 de febrero. Pero eso evidenció que existía una lista de recomendados elegidos de antemano.
Dicha lista parece indicar que los funcionarios más poderosos del Poder Judicial olvidaron sus rivalidades para repartirse los puestos.
Uno de los principales beneficiados fue el presidente del Supremo Tribunal de Justicia (STJ), Luis Carlos Vega Pámanes, también responsable del Consejo de la Judicatura (CJ) y quien gana más de 245 mil pesos al mes: 179 mil por el primer cargo y 66 mil por el otro, a pesar de que en la toma de posesión afirmó que renunciaría al pago en el CJ.
El 7 de abril del año pasado, el diario Mural publicó que Vega Pámanes y tres de sus familiares que trabajan en el Poder Judicial suman más de 4 millones de pesos al año en salarios.
Los denunciantes indicaron que el presidente del STJ acomodó en la selección de jueces orales a su hermano Horacio, a su hijo Luis Carlos Vega González y a su secretaria particular, Martha Temores Sánchez.
También metió a Miriam Rincón Ochoa, relatora de la presidencia en el CJ, y al relator Juan Antonio Rubio Gutiérrez. Lo mismo hizo con su amigo Jorge Ávila Valdez, actual oficial mayor de la institución, y con Nélida Cortés Moreno, relatora de la presidencia del STJ.
En el grupo del presidente del STJ se incluye también a Máyela Monserrat Ballesteros Ortega y María Eréndira Mercado Alcántar (relatora de la presidencia del CJ). En este grupo, el sindicato del Poder Judicial ubica a María Olivia Núñez como comadre del secretario general de Gobierno, Roberto López Lara, así como Sugui López Kim y José Manuel López Kim, al parecer sobrinos de El Chino López.
Por su parte, Alfonso Partida Caballero, responsable de la Comisión de Administración del CJ e integrante del Grupo Universidad, quien frecuentemente manifiesta públicamente sus diferencias con Vega Pámanes, esta vez guardó silencio y buscó acomodo para los suyos.
Así logró colar a su hermano Leopoldo, exagente del Ministerio Público señalado como el responsable de realizar la purga de panistas en la Fiscalía General del Estado. También le halló lugar a Luis Ignacio Ceja Arias, jefe de Recursos Humanos del CJ.
Apoyó asimismo a María del Carmen Rivas González, a quien los sindicalistas del Poder Judicial consideran una empleada incondicional de Partida Caballero, lo mismo que Gabriel Sandoval López, secretario relator que trabaja al lado de Partida Caballero en el CJ.
También pertenece al Grupo Universidad el líder de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Enrique Velázquez, cuyo padre, Enrique Velázquez Martín, fue seleccionado como juez oral. Hace décadas se dedicaba a la defensa de exguerrilleros.
Además, el grupo liderado por el exrector Raúl Padilla López coló al administrador de la Ciudad Judicial, Juan Carlos Guerrero, padre del exdirigente del PRD Jalisco, Juan Carlos Guerrero Fausto, y exesposo de la diputada perredista Celia Fausto Lizaola, precandidata a la alcaldía de Guadalajara.
Muy conocido en la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), Sergio Octavio García Aceves se especializa en campañas negras en internet contra los oponentes del Grupo Universidad. También fue incluido en la lista.
Otro cercano al grupo padillista es el magistrado Antonio Fierros Rodríguez, que colocó a su hija, Samantha Fierros Loza, en la relación de los elegidos de antemano. Actualmente ella es relatora de la presidencia.
Igualmente, el magistrado Ernesto Camacho Hernández, del STJ, promovió a su hija Karina Camacho Robles para jueza oral.
Y el consejero de la Judicatura Jaime Gómez también metió a sus amigos Luis Alberto Castellanos de la Cruz, Irma Araceli Reyes de Luna y Celina del Carmen Castellanos Vázquez.
Los sindicalistas afirman que entre los favorecidos está Alberto Rodríguez Chávez, hijo del expresidente del STJ y actual magistrado de la Sexta Sala, Celso Rodríguez González.
Otros empleados del Poder Judicial favorecidos fueron Bernardo Salazar Rodríguez, secretario de Acuerdos de la Décima Sala del STJ; Ricardo Villanueva Gómez, secretario auxiliar en uno de los juzgados; y Sergio Ricardo Sánchez Villarruel, exregidor del PAN en Zapopan.
Al “seleccionado” César Alejandro Sánchez Villaseñor las fuentes del Poder Judicial señalan que era secretario técnico del ayuntamiento de Puerto Vallarta y al mismo tiempo era auxiliar administrativo en el Congreso del estado.
También se sospecha que recibieron apoyo del Poder Judicial Elizabeth Sandoval Hernández, quien hasta 2012 era secretaria en el Juzgado Penal de Chapala, y María Guadalupe Sandoval Martínez, secretaria en el Juzgado Cuarto de lo Familiar.
El engaño
Algunos inconformes consultados por este semanario indican que el procedimiento de selección fue sólo aparente. “Ya todo estaba armado desde días antes, ya sabían los nombres de los aceptados, quienes supuestamente habían aprobado el examen de conocimiento y el sicométrico; nada más tenían que presentarse a realizar examen como un simulacro”, dice uno de los entrevistados.
El grupo muestra al reportero fotocopias de listas aprobadas y publicadas, pero con dos fechas y códigos. Una corresponde al 22 de enero, ocho días antes de que realizaran el examen, y la otra al 5 de febrero. A la de enero le cambiaron los códigos de las personas aceptadas 24 horas después de su aparición.
En ambos listados aparece la firma de la encargada de la Comisión de Carrera Judicial, Adscripción y Evaluación del CJ, María Carmela Chávez Galindo, aunque su nombre no se registra en esos documentos.
Otra irregularidad es que antes de la publicación de la lista del 5 de febrero, la consejera Chávez Galindo reconoció ante una reportera del periódico Mural que el presidente del STJ y del CJ, Luis Carlos Vega Pámanes, ingresó a su despacho y se llevó los expedientes de los concursantes para revisarlos personalmente, sin justificación legal.
Luis Octavio Cotero Bernal, catedrático en derecho de la UdeG, comenta que el listado de los aceptados fue publicado en tres ocasiones.
En el ámbito político del estado, Luis Carlos Vega Pámanes es reconocido por su cercanía con el magistrado Leonel Sandoval Figueroa, padre del gobernador, Aristóteles Sandoval Díaz. También se le considera afín a su antecesor en la presidencia del STJ, Celso Rodríguez González, y al secretario general de Gobierno, Roberto López Lara.
Ante el creciente descontento, sindicalistas del Poder Judicial colgaron en el tercer piso de la Ciudad Judicial una gran manta con los nombres de muchos juniors y amigos de funcionarios convertidos en jueces por dedazo.
El secretario de Actas y Acuerdos del sindicato, Tomás Ulises Pedroza Abitia, narra que, como consecuencia, la mañana del 10 de febrero, cuando los trabajadores daban a conocer las mencionadas irregularidades, el administrador de la Ciudad Judicial, Juan Carlos Guerrero, fue requerido para que mandara quitar de inmediato la manta.
Abogados y trabajadores aplaudieron la acción sindical frente a Vega Pámanes y sus escoltas, pero comenzaron las presiones sobre Pedroza Abitia. Por ejemplo, dice que le enviaron a personal de visitaduría para amedrentarlo, y que incluso se colocó a un agente de la Policía Estatal afuera de su lugar de trabajo para impedir la entrada de una señora que vendía lonches, pues los jefes consideran que es pariente de Pedroza Abitia.
Según el sindicalista, en el Poder Judicial corre la versión de que muchas de las plazas de jueces orales fueron vendidas por un monto de entre 150 mil y 2 millones de pesos:
“No tengo cómo probarlo, pero en los pasillos, y todo mundo lo sabe, (se dice) que la plaza de juez solamente hay tres formas de adquirirla: por un familiar, por un compromiso o porque te la venden. Desgraciadamente no puedo probarlo porque no dan recibos.”
Algunos aspirantes rechazados explican que cerca de mil 300 personas respondieron a la convocatoria, pero la mayoría desistió ante una serie de requisitos y trampas armadas para eliminar a nueve de cada 10.
Por ejemplo, relatan que para el examen de conocimiento únicamente se les entregó una hoja en blanco, donde debían anotar sus respuestas y escribir su código, pero todo con lápiz. Esto lo interpretaron como una trampa, y pareció confirmarlo el presidente del STJ, Vega Pámanes, al “secuestrar” por unos momentos la caja de los expedientes de los aspirantes sin motivo aparente.
A los interesados se les exigió un certificado médico, pero quienes presentaron uno practicado en la Cruz Roja fueron rechazados porque supuestamente debía ser expedido por el Sector Salud. También se les puso la condición de que su cédula profesional estuviera registrada ante Profesiones del estado.
La convocatoria se publicó el 14 de enero y se cerró el día 17, por lo que a muchos aspirantes no les dio tiempo de reunir todos los documentos y requisitos.
Los últimos exámenes están programados para el 28 de febrero y el lunes 2 de marzo. Después se publicará la lista de los seleccionados.
