Por la osadía de conservar sus tierras, la comunidad indígena de la isla de Mezcala enfrenta el embate de un empresario invasor, de un grupo paramilitar y de policías municipales para imponerles un desarrollo turístico que borraría del mapa su actual forma de vida. Todo esto, bajo la indiferencia de las autoridades estatales y federales, y la demora de los tribunales para resolver las denuncias contra los abusos.
Rodeada de una vista privilegiada, la comunidad indígena coca de la isla de Mezcala de la Asunción es prácticamente la única de la rivera del lago de Chapala que ha resistido la depredación inmobiliaria.
En dicha zona, el corredor que va de Jocotepec a Ajijic está infestado de recientes fraccionamientos residenciales y casonas de verano, la mayoría propiedad de canadienses y estadunidenses.
La presión urbanizadora es incesante. Autoridades de distintos niveles parecen confabuladas con un grupo de empresarios encabezados por Guillermo Moreno Ibarra, para vencer la resistencia de los lugareños.
En 1999, este hombre de negocios se asoció con el comunero Cresenciano Santana Sánchez, supuestamente para criar borregos y desarrollar un programa de reforestación, pero pronto se apoderó de 12 hectáreas en la zona boscosa del cerro El Pandillo, que tiene una espectacular vista del lago.
La comunidad interpuso de inmediato un juicio de restitución de tierras, pero éste se ha paseado por diversos tribunales por más de una década. Primero se radicó en la sede alterna del Tribunal Unitario Agrario 15, en Atotonilco; después lo enviaron a la oficina central de Guadalajara, y en 2006 pasó al Tribunal Unitario Agrario 16; de ahí, fue a dar al 56, en Ciudad Guzmán, y regresó al 15, donde en agosto pasado el magistrado Enrique García Burgos sentenció a Moreno Ibarra y su socio a devolver los terrenos a los comuneros.
Sin embargo, el Tribunal Superior Agrario, desde la Ciudad de México, frenó la sentencia al admitir un recurso de revisión del empresario.
El abogado de la comunidad indígena, Rubén Ávila Tena, explica que esta última instancia le asignó al expediente el número 470/2014-15 y lo regresó al Tribunal Unitario Agrario 15 para que reponga la materia del pleito, no como restitución de tierras sino como un conflicto entre comuneros por la posesión de la tierra.
Explica que de esta manera el Tribunal Superior Agrario disminuye el nivel de reclamo de la comunidad hacia el empresario, convirtiéndolo en un simple asunto interno. Sin embargo, precisa que esa resolución está mal planteada, pues cuando Moreno Ibarra invadió las tierras de Mezcala aún no se convertía en comunero.
A decir de Ávila Tena, el empresario se convirtió técnicamente en tal hasta 2007, cuando falleció J. Natividad Indalecio, el suegro de su socio Santana Sánchez, y Moreno Ibarra acudió al Registro Agrario Nacional (RAN) a darse de alta como sucesor del difunto. El abogado de la comunidad agrega que en 2002 el único comunero era Santana Sánchez.
Para el proyecto de la crianza de borregos, utilizaron el terreno del comunero y lo protegieron con una valla electrificada. Ávila Tena dice que cuando el Tribunal Unitario Agrario 15 llamó al empresario a comparecer, éste aseguró que construía un cuarto de herramientas que necesitaba para la reforestación, pero en realidad era una casona de descanso.
Expone que la tierra en posesión del empresario no corresponde con lo que supuestamente heredó del suegro de Santana Sánchez ni pertenece a su socio. Esto ya fue dictaminado por el Tribunal Unitario Agrario 15 de Guadalajara, por lo que la resolución indicada por el Tribunal Superior Agrario sólo tiene el propósito de alargar el juicio.
Ávila Tena admite que los caminos de la justicia son sinuosos y complicados. Dice que le es difícil precisar cuánto tiempo más llevará el proceso jurídico hasta su conclusión, pero calcula que serán otros cinco años.
Al conocer la determinación del Tribunal Superior Agrario, el defensor de los comuneros interpuso un amparo indirecto (222/15), que debe resolver el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo del Estado de Jalisco.
“El juez federal entiende que va a tener que estudiar la sentencia que emitió el Tribunal Superior Agrario y determinar si es correcto lo que ahí se está ordenando o no, analizando la queja de la comunidad indígena de Mezcala”, comenta.
Si el juez concluye que la sentencia del Tribunal Superior Agrario está bien dictada, aún le queda a la comunidad el recurso de revisión ante un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa –también del Tercer Circuito–, pero si señala que está mal dictada, el empresario y su socio pueden a su vez apelar al mismo instrumento jurídico. No obstante, aclara Ávila Tena:
“Si el Tribunal Colegiado dice que la sentencia está mal dictada, entonces el Tribunal Superior Agrario en México va a tener que resolver, pero ya no va a poder decir: ahí te va de regreso para que lo vuelvas a resolver. Ellos van a tener que resolver el fondo del problema.”
Despojo y violencia
Cuando Moreno Ibarra empezó a edificar su casona, algunos pobladores trataron de impedirlo, pero él los intimidaba con disparos al aire. En 2011 el empresario integró un grupo paramilitar con hombres y mujeres de la localidad para defender el terreno invadido. Lo llamó Las Águilas y puso al frente a su socio Santana Sánchez.
El periódico comunitario El Ingobernable publicó, en su artículo editorial del primer número (enero de 2012):
“Nosotros, pueblo indígena coca, habitamos Mezcala desde tiempos inmemoriales y siempre hemos defendido nuestro territorio con dignidad. Tan es así que la misma Corona Española se vio obligada a concedernos el título primordial en 1534. Pasaron 437 años para que el Estado liberal mexicano reconociera también nuestro derecho sobre esas tierras con una resolución presidencial emitida en 1971.”
En otra parte del texto añaden que Moreno Ibarra ha sido fotografiado con indumentaria militar y gafas oscuras en la zona invadida. El 17 de enero de 2012 la comunidad denunció al grupo paramilitar Las Águilas ante la Procuraduría General de la República, pero la dependencia no hizo nada. Ahora, los pobladores señalan que también los amenaza y agrede la policía de Poncitlán, municipio al que pertenece Mezcala.
Rocío Moreno, una de las representantes de la comunidad indígena, tiene la maestría en historia y cursa un doctorado en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) de la Universidad de Guadalajara. Dice que en Mezcala sólo prosperan las denuncias de Moreno Ibarra.
Relata que en 2002, Cresenciano Santana Sánchez, ebrio, interrumpió una asamblea de comuneros y agredió a algunos de ellos. Éstos lo entregaron al delegado de Mezcala, quien lo metió a la cárcel, pero una semana después la policía estatal detuvo por presunto secuestro a quienes expulsaron a Santana Sánchez, todos ellos mayores de 70 años. Durante tres años tuvieron que acudir a la agencia del Ministerio Público de Ocotlán a firmar su libertad condicional.
En octubre de 2011, la policía de Poncitlán detuvo a tres personas –entre ellas un menor– cuando se dirigían a la Secretaría de la Reforma Agraria para una sesión de toma de acuerdos, y el siguiente 6 de septiembre la Procuraduría General de Justicia del estado aprehendió a Rocío Moreno afuera del diario Milenio. El periódico publicó al día siguiente que la policía investigadora le tendió una trampa citándola en ese sitio con el pretexto de que le iban a hacer una entrevista.
El caso es que Moreno Ibarra denunció a Rocío con 10 comuneros más por supuestos daños a una celda solar que él instaló en el predio invadido en febrero de 2010. Para colocar el artefacto, el empresario desvió el cauce de un arroyo y deforestó la zona boscosa.
El 30 de septiembre de 2011, cuando el doctor en antropología por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) de Occidente, Jorge Alonso Sánchez, recibió el Premio Jalisco, exhortó al entonces gobernador Emilio González a intervenir para expulsar a Moreno Ibarra de los terrenos en cuestión.
“El invasor ha escalado la agresión, ha armado a un grupo paramilitar que no sólo pone en riesgo la vida de comuneros, sino que constituye una situación sumamente peligrosa para la seguridad regional… Ya es sumamente grave que lo estatal se supedite a los poderes fácticos; es todavía más escandaloso que se ponga al servicio de las alevosías de un particular”, dijo Alonso, pero el gobernador panista no actuó.
Tradición de lucha
La máxima autoridad de Mezcala es el Comisariado de Bienes Comunales. Según sus reglas, ningún comunero puede poseer más de una hectárea, mucho menos construir en el interior del bosque. Sin embargo, Moreno Ibarra lo ha hecho sin que las autoridades agrarias lo sancionen.
Algunos pobladores entrevistados afirman que el empresario ha intentado comprar votos en la asamblea para imponer a su gente en la mesa directiva, a fin de lograr la aprobación de sus planes de urbanizar la zona con miras a explotar el turismo.
El 29 de septiembre pasado se llevó a cabo la asamblea para sustituir a las autoridades comunales. Cuentan los entrevistados que Moreno Ibarra asistió y ofreció entre 2 mil y 3 mil pesos para que ganara su gente, pero no pudo vencer al grupo que se le opone.
Moreno Ibarra es propietario de la empresa Carbonato de Calcio Sol (Cacosa), S.A. de C.V., y socio del fraccionamiento Vistas del Lago, que comenzó a edificarse en la población de San Nicolás, próxima a Mezcala.
Según los pobladores, también producía artículos de piel y calzado en la fábrica Gabbiani, que heredó a su hijo Guillermo Moreno Levy. En su casa de verano suele hacer fiestas a las que invita a empresarios, políticos y familias acomodadas de Guadalajara.
Luis Alberto Indalecio, exdelegado de Mezcala, comenta que una vez fue invitado a esa casona, y vio en la reunión a Emilio González Márquez, al exprocurador de justicia Tomás Coronado Olmos y al exalcalde de Zapopan Juan Sánchez Aldana.
El diario El Ingobernable también difundió algunas fotografías que los invitados de Moreno subieron a redes sociales tras una fiesta en 2010. En ellas se ve a una veintena de jóvenes cerveza en mano, junto a casas de campaña y bolsas de dormir.
Los entrevistados señalan que a esas reuniones también van miembros de organizaciones que se asumen como defensoras de causas sociales, como Ciudad para Todos.
Moreno Ibarra no está solo. Los pobladores consideran a la autoridad municipal como su cómplice en el intento de convertir a la isla de Mezcala en un sitio turístico. En 2005 la comunidad denunció el proyecto de intervención arquitectónica en la isla con el pretexto de los festejos del Bicentenario de la Independencia.
También impidieron que los gobiernos de Felipe Calderón y de Emilio González instalaran una caseta de cobro para entrar a la isla, corazón de la comunidad y escenario de la lucha de insurgentes contra el ejército realista hasta 1816, año en que la Corona española admitió que no pudo vencer a los indígenas.
