Hace un año Ucrania soñaba con sumarse a la Unión Europea. Hoy, después de 6 mil muertos y más de un millón de desplazados, enfrenta una de sus peores crisis en los últimos 30 años: Padece una guerra separatista enormemente compleja y en la que Estados Unidos, Europa y Rusia mueven sus propias piezas. En un clima de brutalidad y mentira –fomentado tanto por Kiev como por los rebeldes–, los ucranianos intentan fortalecer una frágil tregua en la que pocos confían.
Acomienzos de febrero, a las 8:15 de la mañana, una bomba cayó en el puesto de enfermería donde trabaja Irina, en el centro de la ciudad de Donetsk. Murió el chofer y el médico quedó mal herido. Una semana antes había caído una bomba en la parada del trolebús cercana a su casa. El artefacto mató a 13 personas.
En el otro extremo de Ucrania, todos los habitantes de una aldea alquilaron dos autobuses y cruzaron la frontera hacia Rusia para evitar el llamado a filas realizado en enero por el gobierno de Petro Poroshenko.
Estas son las imágenes características de la Ucrania de hoy, al cumplirse, el 22 de febrero, un año de la caída del presidente Víctor Yanukovich. Hasta la fecha se cuentan casi 6 mil muertos y 1 millón 500 mil desplazados en la guerra que enfrenta al gobierno de Poroshenko con las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en la cual Kiev está sufriendo graves reveses militares.
Tras algunos meses de calma después del cese al fuego pactado en Minsk en septiembre de 2014, los combates se recrudecieron este año. El 22 de enero, después de 242 días de batalla, el aeropuerto de Donetsk, que se había convertido en un símbolo para el gobierno de Kiev, cayó en manos rebeldes, lo que marcó un quiebre en el curso de la guerra. Las fuerzas independentistas recuperaron cerca de 600 kilómetros cuadrados, cercaron a miles de soldados ucranianos en la “olla” de Debaltsevo, y fortalecieron su avance hacia el estratégico puerto de Mariupol en el mar de Azov, con 500 mil habitantes.
Alarmados por esta perspectiva, el 12 de febrero y tras extenuantes 17 horas de reunión en Minsk, Bielorrusia, los líderes de Alemania, Francia, Ucrania y Rusia llegaron a un frágil acuerdo: nuevo cese al fuego a partir del 15 de febrero y retiro de armamento pesado a lo largo de la línea del frente, pero no se acordó nada sobre la autonomía exigida por las regiones rebeldes.
Fractura
La caída de Yanukovich –tras cuatro meses de manifestaciones en la plaza Maidán contra la suspensión de la firma del tratado de asociación con la Unión Europea– abrió una crisis política que fracturó al país en dos. El nuevo gobierno, surgido con el apoyo de las regiones proeuropeas, no incluyó a un solo representante de la región oriental rusoparlante, la principal zona industrial del país, y propuso, como una de sus primeras iniciativas, prohibir el ruso como segunda lengua.
Esta fractura llevó al estallido de protestas “anti Maidán” en las regiones de Lugansk y Donetsk. El 16 de marzo, la estratégica República Autónoma de Crimea aprobó unirse a la Federación Rusa mediante un referéndum.
En abril, el nuevo gobierno de Kiev inició la Operación Antiterrorista, enviando al ejército a reprimir las protestas en el este, pero los soldados del ejército regular se negaron a disparar contra la población. El gobierno decidió crear fuerzas paramilitares privadas, cuya columna vertebral fueron los activistas del Sector de Derecha y de Svoboda, dos organizaciones nacionalistas que se hicieron fuertes en la Plaza Maidán.
El 2 de mayo, en Odessa, cerca de 50 personas murieron quemadas vivas en la Casa de los Sindicatos, por obra de las fuerzas de derecha, lo que generó una oleada de indignación en las regiones prorrusas. Esto llevó, el 11 de mayo, al triunfo masivo de los referéndum a favor de la independencia en Donetsk y Lugansk, resultados que no fueron reconocidos por Kiev.
El 25 de mayo, Poroshenko fue electo presidente de Ucrania, pero los comicios no pudieron celebrarse en buena parte de las dos regiones mencionadas. El mandatario electo prometió negociar, pero al día siguiente, en lugar de aceptar las demandas de mayor autonomía, las fuerzas ucranianas bombardearon el aeropuerto de Donetsk –iniciando la batalla de 242 días que acaba de terminar– y lanzaron una ofensiva pacificadora utilizando aviación y artillería pesada contra poblaciones civiles.
Los rebeldes, atacados en sus ciudades y pueblos, respondieron derribando los aviones y helicópteros del ejército ucraniano enviados a reprimir. En medio de estos combates, el 17 de julio, un avión de Malaysia Airlines fue derribado sobre Donetsk, matando a 298 personas.
En agosto, las fuerzas rebeldes hicieron retroceder la “operación antiterrorista” de Kiev, cercando a miles de soldados ucranianos en Ilovaisk. Esta derrota cambió el rumbo del enfrentamiento. En septiembre se firmó en Minsk el cese al fuego, en el cual se establecía la adopción de una ley de autonomía temporal para las partes de Lugansk y Donetsk en control de los rebeldes, liberación de los detenidos, amnistía, elecciones regionales, ayuda económica para la reconstrucción de los pueblos y la delimitación de una zona de seguridad de 30 kilómetros.
La normalidad pareció volver a Donetsk y Lugansk, pero tras unas semanas de relativa calma, el cerco volvió a cerrarse. Kiev reanudó los ataques con artillería pesada, tanques y bombarderos. Human Rights Watch denunció que el 2 y el 5 de octubre, bombas de racimo, prohibidas internacionalmente, estallaron en el centro de Donetsk.
El 2 de noviembre se realizaron las elecciones en las dos repúblicas autoproclamadas, pero Kiev no las reconoció. Por el contrario, ordenó el cierre de todas las instituciones gubernamentales y servicios bancarios y todo envío de dinero estatal, incluyendo las jubilaciones y los salarios de los médicos, colocando a Donetsk y Lugansk en una situación calamitosa, sin agua, luz, medicinas, hospitales, provisiones ni dinero, en pleno invierno.
La ONG Médicos sin Fronteras denunció que “desde noviembre, una serie de medidas tomadas por el gobierno ucraniano ha aislado totalmente a los civiles que viven en las áreas controladas por los rebeldes”. Se exigen permisos para salir o ingresar de las zonas en conflicto, que sólo son emitidos en territorio controlado por Kiev. Los interesados tienen que viajar hasta el primer puesto de control ucraniano, entregar su solicitud a los soldados, que sólo aceptan algunas por hora, obligando a la gente a esperar largas jornadas en el crudo invierno, para volver 10 días después con el fin de averiguar si les dieron permiso.
“Los médicos caminan más de una hora hasta su trabajo a falta de dinero para el transporte, porque no les han pagado desde hace más de seis meses. La gente no ha recibido sus jubilaciones desde hace medio año. No hay dinero, ninguna fábrica funciona”, declaró Emile Rouvroy, coordinador de Médicos sin Fronteras en Lugansk, al diario inglés The Guardian el 26 de enero.
Denis Krivosheev, director de Europa y Asia Central de Amnistía Internacional, denunció en diciembre que “la situación desesperante en el este de Ucrania se agrava porque los batallones de voluntarios al servicio de Kiev impiden el ingreso de alimentos y medicinas. Estos batallones actúan como bandas de renegados que deben ser puestos bajo control. Negar comida a la gente atrapada en un conflicto está en contra de las leyes internacionales y sus culpables deben rendir cuentas”, dijo.
En enero, los ataques con misiles Grad y artillería a centros urbanos dejaron 341 víctimas, la mayoría civiles. Según Human Rights Watch. Estos ataques fueron cometidos tanto por las fuerzas de Kiev como por los insurgentes.
Pero el resultado de la presión de Kiev fue el opuesto al esperado: los rebeldes ganaron el control del aeropuerto de Donetsk y cercaron a miles de soldados ucranianos en Debaltsevo, dos localidades que, según los acuerdos de Minsk, debían haber pasado al mando de las repúblicas populares.
Guerra “proxy”
El conflicto en Ucrania no es una guerra de ejército contra ejército sino lo que los especialistas llaman una “guerra proxy”, es decir, cuando dos o más potencias utilizan a terceros como sustitutos. Si bien Poroshenko denunció la presencia de 9 mil soldados rusos, el embajador de Estados Unidos ante la OTAN lo contradijo al afirmar, el 4 de febrero: “No vemos ninguna intervención directa inminente”. Admitió que hay soldados rusos “operando los equipos más sofisticados entregados a los separatistas, (pero) no creemos que tengan un control absoluto sobre el movimiento”. El jefe del Estado Mayor Conjunto ucraniano, Viktor Muzhenko, reconoció que “tenemos (registrada) la participación de soldados rusos, pero no estamos combatiendo contra unidades regulares rusas”, según un cable de la agencia Interfax del 29 de enero.
El profesor Richard Sawka, de la Universidad de Kent, citado por The Guardian el 4 de febrero, criticó la asunción de que “la insurgencia es una criatura de la voluntad de Moscú, cuando en los hechos los líderes locales han impulsado consistentemente sus propios intereses, muchas veces en contra de los deseos de Moscú”. Rick Lyman, jefe de la oficina de The New York Times para Europa del Centro y del Este, escribió el 2 de febrero para ese periódico desde el pueblo de Horlyvka destacando el papel de la población local: Batya, el comandante, tiene las uñas negras por 30 años de trabajo en las minas de carbón, y su ayudante, Ira, es secretaria de un jardín de infantes de Shajtarsk, el pueblo minero de donde proviene Batya y la mayoría de sus combatientes, con excepción de dos voluntarios de Rusia, según su relato.
Así como del lado rebelde los combatientes son mineros, maestras o comerciantes, apoyados por voluntarios y soldados rusos, del lado de Kiev, ante el hundimiento del ejército regular, el peso de la guerra recae en los grupos paramilitares de derecha que actúan con la bendición del gobierno y son financiados por oligarcas privados como Igor Kolomoiski, gobernador de Dnipropetrovsk.
Azov, Aidar, Dniepr-1, Artiomovsk, Donbass, Lugansk-1, Sicheslav, Shajtiorsk, Ukraina, Poltava, son los nombres de algunos de estos grupos que actúan sin coordinación y cuyo accionar empieza a encender alarmas. “Hay una preocupación por estos batallones, porque no tienen control del gobierno, son muy independientes”, dice desde Kiev a Proceso el sociólogo Volodimir Ishenko. “El gobierno había decidido desbandar el batallón Aidar, pero sus soldados vinieron a Kiev y trataron de asaltar la administración presidencial. Negociaron un compromiso, pero son gente que tiene experiencia militar, armas, y son vistos como peligrosos, aunque no les critican su ideología nazi”, agrega el analista.
El sueño de los jóvenes que hace un año lucharon en la Plaza Maidán por una Europa sin visado se ha desvanecido ante la guerra. Los malos resultados de los batallones paramilitares llevaron a Poroshenko a llamar en enero a una nueva movilización de todos los hombres entre 18 y 60 años para reclutar 104 mil soldados, a pesar de que no hay guerra declarada.
El resultado de la movilización fue un fracaso: en todo el país estallaron protestas de madres y jóvenes, y la deserción se hizo masiva. El 27 de enero, Yuri Biryukov, asesor del presidente Poroshenko, escribió en su página de Facebook que la deserción es endémica, aun en Ucrania Occidental, el corazón del patriotismo ucraniano.
Según Biryukov, 57% de los llamados a filas en la región occidental de Ivano-Frankivsk no se presentó, y 37% cruzó la frontera a Rumania. “Fuentes no oficiales dicen que los hoteles y alojamientos del otro lado de la frontera están llenos de desertores”, escribió, y agregó que 14 consejos municipales de la región se negaron a repartir las órdenes de enlistamiento. En la vecina Chernivtsi, 17% de los reservistas huyó a Rumania.
Oleg Boiko, jefe del Departamento de Movilización de las Fuerzas Armadas, reconoció el 27 de enero que en la región de Transcarpatia, “en una aldea del distrito Kosovski, la población alquiló dos autobuses y se trasladó entera a Rusia”, según informó el sitio web ucraniano korrespondent.net. En Ternopolsk, “la gente renuncia masivamente a sus empleos”, agregó. “Por paradójico que parezca, continúa la huida masiva de hombres del distrito al exterior, en especial, a Rusia”.
En la céntrica Poltava, la mitad de los llamados a servicio no se presentó, y en localidades como Kremenchug, respondieron sólo diez oficiales de reserva, de cientos registrados.
Rápido de reflejos, el presidente ruso Vladimir Putin prometió modificar las leyes de inmigración para permitirles permanecer en el país a los jóvenes que huyen del llamado a filas.
El 2 de febrero, el Comando General de las Fuerzas Armadas ucranianas informó que va a exigir un salvoconducto militar, no sólo para viajar al exterior, sino para visitar otros distritos. Los jóvenes que soñaban con conocer París no podrán salir ni siquiera de sus ciudades.
Con una economía al borde del default, con el dólar que trepó de nueve a más de 25 grivnas en un año, una inflación de 24%, un plan de austeridad que redujo los salarios medios a poco más de 200 dólares, y serios reveses militares, Poroshenko huye hacia adelante.
Con tres ministros extranjeros a quienes otorgó la nacionalidad –una estadunidense, un lituano y un georgiano–, el presidente ucraniano se apoya cada vez más en Estados Unidos y la Unión Europea. En diciembre, la Rada (parlamento) aprobó una ley eliminando el estatus neutral de Ucrania “con el objetivo de ser miembro de la Unión Europea” y profundizar la cooperación con la OTAN, y en enero adoptó una resolución calificando a Rusia como “agresor” y declarando terroristas a las repúblicas de Donetsk y Lugansk.
Frente a la desesperada posición de Kiev, la canciller Angela Merkel y el presidente francés François Hollande se pusieron al frente de la maratón diplomática que derivó en los acuerdos Minsk II del 12 de febrero: cese al fuego, retiro de armamentos pesados de la línea de frente, intercambio de prisioneros, retiro de soldados extranjeros y una promesa de reforma constitucional para establecer la descentralización, lo que no significa autonomía ni federalización, como aclaró Poroshenko. “Tenemos una pequeña esperanza, pero no tenemos ilusiones”, resumió Merkel para destacar la fragilidad de los acuerdos alcanzados.
Mientras tanto, Estados Unidos y la OTAN siguen jugando el papel de “policías malos”, amenazando con entregar armas letales a Ucrania y acelerando la creación de una brigada de despliegue rápido de 5 mil hombres con centros de comando y control en las seis naciones que limitan con Rusia. Victoria Nuland, la encargada de Europa del Departamento de Estado, una de las voces neoconservadoras de mayor peso en la administración de Barack Obama, llamó a esa frontera la nueva “línea de frente”.
