Un instituto de locura

Trabajadores del Instituto Jalisciense de Salud Mental enviaron una carta al gobernador Aristóteles Sandoval Díaz para documentar las irregularidades que comete la directora de ese organismo, Luz María Coronado Sosa. Ella, exponen los inconformes, tolera todo: aviadurías –notablemente de la psiquiatra Brenda Angélica Moreno–, los despidos injustificados y las fallas de sus colaboradores, algunos de los cuales no tienen el perfil profesional, pero sobre todo fomenta el nepotismo.

El pasado 23 de enero, empleados del Instituto Jalisciense de Salud Mental (IJSM) presentaron ante la Oficialía de Partes de la Secretaría Particular del despacho del gobernador, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, una queja contra sus directivos por actos de nepotismo, hostigamiento, despidos injustificados, retención de salarios y solapamiento de aviadores.

Los inconformes hicieron llegar el documento en el que detallan las irregularidades a través de Gerardo Curiel Díaz, coordinador de la Red de Órganos Informativos y de Denuncia de los Derechos Ciudadanos. En él acusan a Luz María Coronado Sosa, titular del instituto, del despido injustificado de los psicólogos Fernando Maldonado Cardona y Silvia Esther Pajarito Ríos a finales de enero.

Según los denunciantes, las autoridades arguyeron dificultades presupuestales para despedirlos, pero, exponen, “eso es una vil mentira, ya que estas plazas tienen un presupuesto asignado”.

Tan no es problema, aclaran, que una semana después de los despidos de Maldonado y Pajarito –quienes llevaban laborando 10 y 12 años, respectivamente– Ana Laura Sánchez Covarrubias y Jessica Elena Partida Famoso llegaron a la institución con los mismos códigos, cargos y sueldo: 24 mil 831 pesos al mes.

Coronado Sosa, dicen, está colocando en puestos especializados a personas afines a ella, aun cuando no tienen el perfil profesional. Es el caso de Álvaro Ruiz del Toro, un licenciado en derecho egresado de la Universidad de Guadalajara –cédula profesional 3998251– que hoy funge como subdirector médico B en Atención en Salud Mental.

De acuerdo con los lineamientos de la Secretaría de Salud Jalisco, quien ocupe ese puesto debe ser líder de opinión en salud mental; Ruiz del Toro no cubre ese requisito, comentan los firmantes del escrito. Incluso muestran el catálogo sectorial de puestos de la Secretaría de Salud, según el cual, para ser subdirector médico B en hospital el aspirante debe tener título de médico cirujano y estudios de especialidad en una de las áreas básicas de la medicina, así como constancia de acreditación de un curso de administración de servicios de salud.

Mencionan también a Armando Rodríguez Álvarez, subdirector médico C del Centro de Atención Integral en Salud Mental Estancia Prolongada (Caisame), quien tiene una licenciatura como médico cirujano y partero –cédula 1026821–, pero no tiene especialidad en psiquiatría. Por lo tanto, subrayan, “tampoco cubre el perfil”.

Y hacen referencia de nuevo al catálogo sectorial de puestos, en el cual se especifica que entre los requisitos académicos para ocupar el puesto de subdirector médico C están el título de médico cirujano, estudios de especialidad en una de las áreas de la medicina, así como maestría en administración de hospitales o salud pública.

El caso de Brianda Araceli

Un caso singular es el de la psiquiatra Brianda Araceli Moreno Orozco y Loza, encargada del Centro Integral de Salud Mental (Cisame) de Tlaquepaque, ubicado en la calle Salvador Orozco Loreto 411, colonia Las Liebres, cuya jornada laboral es de 7:00 a 16:00 horas. Sin embargo, ella imparte clases en las preparatorias 1 y 12 durante ese horario.

Sandra Noemí López Pérez, auxiliar de enfermería con dos años y cinco meses de antigüedad en el Cisame, se dio cuenta de que la encargada del centro incumplía con su carga laboral y avisó de esa anomalía al subdirector de Atención en Salud Mental del IJSM, Ruiz del Toro, y al director del Departamento de Enlace en la Atención Clínica, Rafael Aguilar Torres.

Y presuntamente comenzaron a investigar a Moreno, pero al final a López Pérez ya no le renovaron su contrato en enero. El 6 y el 7 de enero López Pérez envió oficios al director general de Regiones Sanitarias y Hospitales, Eduardo Covarrubias Íñiguez, y al titular de la Región Sanitaria XII, Juan José González Chávez, para pedir su intervención.

Acudió también a la Dirección de Recursos Humanos del IJSM para preguntar por qué había sido despedida. “Mi hogar depende del sustento de mi trabajo; no hay motivo ni protocolo de sanción alguna hacia mi persona. Yo sólo expresé las irregularidades que están ocurriendo en el Cisame Tlaquepaque”, explica López Pérez.

En sus escritos, expuso que en ese centro de Tlaquepaque existe desorden administrativo, comenzando con la encargada Brianda Moreno, quien “cuatro días a la semana sale en sus horas de trabajo. Y aunque no regresa a checar su registro de salida como lo marca la Ley de Servidores Público, alguien lo hace por ella”.

En la plantilla laboral del IJSM, Moreno aparece como médico general A, por lo que debe percibir 29 mil 422 pesos mensuales. Ella viene cometiendo esas irregularidades desde que en la Subdirección de Atención en Salud Mental estaba Lorena Hernández Muñoz, quien hoy es directora del Caisame Estancia Prolongada, señala.

Y como las autoridades le pidieron presentar información que sustentara su denuncia, López Pérez también solicitó información al Instituto de Transparencia e Información Pública (Itei). El 8 de enero, la secretaria administrativa de la Universidad de Guadalajara, Adriana Lorena Fierros Lara, envió el oficio CTAG/UAS/0073/2015 al coordinador de Transparencia y Archivo General, César Omar Avilés González, con la información requerida por López Pérez.

En él le detalla que Moreno acude a la Escuela Preparatoria de Jalisco –la Prepa 1–, que se encuentra en calle González Ortega, entre San Felipe y Reforma, en el centro de Guadalajara, lunes y miércoles de 7:00 a 8:00 de la mañana, así como jueves y viernes de 7:00 a 7:50 horas.

Asimismo, los lunes Moreno Orozco se traslada a la Preparatoria 12, situada en calle Corregidora 500, esquina Bulevar Marcelino García Barragán, junto al Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería (CUCEI), donde imparte clase de 9:00 a 13:00 horas, regresa a la Prepa 1 a las 13:30 y sale a las 15:10. En la Preparatoria permanece de las 12:00 a las 17:00 horas.

En este plantel también imparte clases los martes de las 11:00 a las 20:00 horas; los miércoles, de 10:00 a 12:00 y de 16:00 a 17:00; los jueves, de 16:00 a 21:00, y los viernes, de 12:00 a 13:00. Además, los viernes asiste a la Prepa 1 de las 14:20 a las 16:00 horas.

El 19 de enero López Pérez entregó a la directora de la Contraloría Interna de la Secretaría de Salud Jalisco, Mayda Meléndrez Díaz, copia del oficio CTAG/UAS/0073/2015 del 8 de enero, para demostrar que Moreno incumple con su horario en el Cisame Tlaquepaque.

Otras anomalías

La auxiliar de enfermería también expuso en sus escritos que “existe un excedente de personal en el área de Promotoría, de acuerdo con lo establecido en los criterios de la plantilla del personal de los Cisames, como en este caso tres promotores; pese a que en Estancia Prolongada han pedido la contratación de personal de diversas áreas”.

El psicólogo Joel Díaz Navarro, por ejemplo, fue contratado como promotor, con un horario de 7:00 a 15:00 horas, pero diario “se va a la una de la tarde, y también le checan su tarjeta –ni el personal de base tiene esas prerrogativas–, con el pretexto de que va a realizar depósitos al banco”, según López Pérez.

Algo similar pasa con Gerardo Rizo, quien “funge como apoyo administrativo en el Cisame de Tlaquepaque”, aunque no tiene ese nombramiento.

El 21 de enero, López Pérez compareció ante el jefe del Departamento de Quejas, Denuncias y Responsabilidades de la Contraloría Interna, Samuel Humberto López Sahagún, donde expuso sus inconformidades y solicitó la renovación de su contrato, “toda vez que siempre me he desempeñado de forma correcta en mis labores”, según el expediente 001/2015-Q/AI-II2.

En su escrito del 23 de enero, Curiel Díaz menciona a la encargada del Caisame Estancia Prolongada, Lorena Hernández Muñoz, quien, según sus subalternos, es prepotente y altanera con ellos y con los familiares de los pacientes; además, expone, comete “actos de negligencia”, pues no informa al Ministerio Público, como lo exige la NOM-025-SSA, sobre los trámites que realiza, lo que ya provocó “una fuga de pacientes hospitalizados”.

En su edición 521, Proceso Jalisco publicó que entre mayo y julio de 2014 los padres de Rosa Estela Romo Ruvalcaba (quien murió por la golpiza que le propinó su cónyuge, Felipe Brizuela Muñoz, en febrero de 2011) le pidieron a Hernández Muñoz en tres ocasiones gestionar ante las autoridades competentes que lo trasladaran inmediatamente a un centro de reclusión penitenciario de seguridad o a uno para delincuentes peligrosos.

Los padres de Romo Ruvalcaba sabían que Brizuela corrompió a peritos para que lo declararan loco y alertaron a Hernández Muñoz de que intentaría fugarse. No fueron escuchados. Finalmente, el 12 de septiembre Brizuela escapó del Caisame.

Según Curiel Díaz, desde que Hernández Muñoz está al frente del Caisame “han surgido demandas de los usuarios ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) por negligencia a pacientes referidos al propio Caisame y quienes en primera instancia son evaluados y diagnosticados por un médico residente, en realidad es un estudiante de psiquiatría de primer año”.

Otro caso es el de la directora del Caisame Estancia Breve, María Xóchitl González Delgado. Según los trabajadores, la pasada administración ella recibió “un centro hospitalario certificado con una alta calificación por el Consejo General de Salubridad”. Sin embargo, durante su gestión “disminuyó la productividad hospitalaria en un 40%”.

Además, “el diferimiento de las citas de consulta externa, que antes era de 46 días, hoy es de 180. Esto, de acuerdo con los especialistas en psiquiatría, no garantiza la seguridad del usuario, en especial cuando existe un riesgo suicida y dificulta llevar un adecuado seguimiento de tratamiento”.

Los trabajadores del IJSM también acusan al subdirector de Administración e Innovación, Fernando Pérez Núñez (sobrino del exsecretario general de Gobierno, el panista Héctor Pérez Plazola), de retrasar el pago al personal que cubre incidencias de las tres últimas quincenas, así como el aguinaldo y la prima vacacional.

En Administración, exponen, “nos argumentan que no hay dinero, cuando de acuerdo al presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2014 al Instituto de Salud Mental se le destinaron más de 103 millones de pesos”. Y muestran fotografías de las obras de albañilería que se realizan en el Caisame Estancia Prolongada. “Si no hay dinero, ¿para qué remodelan?”

Pérez Núñez, sostienen, no paga a los proveedores; “esto trae como consecuencia que los insumos hospitalarios no sean suministrados de manera oportuna, todo ello en detrimento de las funciones operativas, lo que afecta a trabajadores y usuarios”.

Dicen que él contrató a personas de dudosa calidad moral que en la actualidad “llevan los trámites de sanciones administrativas”. Uno de ellos es Salvador Hermosillo Reyes, jefe de Recursos del IJSM, cuyos antecedentes figuran en la Recomendación 1/07 de la CEDHJ.

Sin embargo, comentan, “el organismo omitió los detalles de la recomendación”. El argumento fue que eran reservados, pues “se trataba de la violación del derecho a la igualdad y la dignidad humana en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses contra un empleado con VIH”.

Sostienen que Hermosillo Reyes también intervino para colocar a su familiar Morris Hugo Huerta García Rojas, mientras que Beatriz Barba Villavicencio, jefa de Recursos Humanos, contrató a Claudia Graciela Ortega Villavicencio con interinato en Trabajo Social.

Por lo anterior, los trabajadores inconformes del IJSM piden al gobernador Aristóteles Sandoval su intervención para la remoción de las titulares del Caisame Estancia Prolongada, Estancia Breve y del IJSM, así como de Moreno, Ruiz del Toro y Pérez Núñez, pues durante su gestión, dicen, han demostrado que la salud mental de los jaliscienses no les interesa. l