Aparte de los precandidatos –y sobre todo de los candidatos francos, que de manera adelantada y con el consentimiento y hasta la alcahuetería de las autoridades electorales, andan en campaña desde finales de diciembre, pese a que oficialmente éstas comienzan en abril–, son legión las personas y los agentes sociales que también participan en este activismo político que no dejará descansar a la ciudadanía sino hasta los comicios del 7 de junio próximo.
Entre las muchas personas que andan en campaña abiertamente –aun cuando la mayoría busque hacerlo de forma más o menos embozada–, se puede enumerar una fauna variopinta, conformada particularmente por representantes de las fuerzas vivas; es decir, esos influyentes grupos sociales a los que también se conoce como “poderes fácticos”.
Como en botica, entre esos agentes proselitistas hay casi de todo: funcionarios, quienes por su condición de “servidores públicos” deberían mantenerse al margen de cualquier disputa electoral; representantes de organismos sindicales, tradicional y antidemocráticamente asociados con el PRI; líderes empresariales que tratan de llevar agua a su molino; ministros religiosos que, a su manera, tratan de ejercer una influencia electoral entre su feligresía.
También hay dirigentes universitarios, específicamente los que se identifican con la cúpula política de la Universidad de Guadalajara, un poderoso grupo del cual no sólo salen periódicamente hornadas de candidatos a puestos de elección popular por el PRI, sino que también maneja estatalmente un partido “de oposición” (el PRD), al gusto y para todo aquello que convenga al patrón de dicha cúpula (¿eres tú, Raúl?).
Otro grupo de activistas electorales más o menos simulado es el que suele enquistarse en los medios masivos de comunicación (en casi todos públicos y también en no pocos de los privados), desde donde, de forma bastante burda, muy lejos de hacer periodismo (léase servir a la sociedad con información fidedigna y opiniones imparciales), se dedican a tareas proselitistas y ello por dos caminos bastante precisos: por el que busca hacerle el caldo gordo al partido y a los candidatos de su simpatía, y a la par y aprovechando el viaje, echarle cáscaras de plátano al paso de sus desafectos, entre los que lo mismo se reconocen siglas partidistas que contendientes ajenos a sus preferencias, simpatías e intereses.
Ante esta situación, a todas luces anómala, es poco lo que hacen las autoridades electorales para darle cauce a una contienda electoral más o menos limpia e imparcial; en algunas ocasiones porque la legislación vigente no permite imponer sanciones consistentes a los ladinos y la mayoría de veces porque no son pocos los árbitros electorales que buscan quedar bien con equis partido o candidato(s).
Y si alguien lo duda, que haga un repaso de la gran cantidad de consejeros electorales, tanto en el ámbito local como en el federal, que luego de su “neutral” desempeño al frente de equis organismo electoral pasaron a ser funcionarios y hasta candidatos a puestos de elección popular de equis partidos políticos.
Sólo para hablar de algunos ejemplos significativos en el ámbito local, se podrían mencionar casos como el del notario público Felipe de Jesús Preciado Coronado. Éste, luego de encabezar la delegación estatal del desaparecido Instituto Federal Electoral y de presidir el otrora Consejo Estatal Electoral de Jalisco (CEEJ), cuando en 1995 el panista Alberto Cárdenas Jiménez ganó la gubernatura, se convirtió en diputado federal por el PAN, para luego enrolarse como funcionario en el gobierno de Vicente Fox, en el cual figuró como director del Instituto Nacional de Migración.
José Manuel Barceló, quien hasta fines de los noventa había hecho carrera como periodista y comunicador radiofónico, estuvo también al frente del CEEJ, en cuya condición de “consejero presidente” en julio de 2000 le correspondió levantarle la mano al panista Francisco Ramírez Acuña como gobernador de Jalisco, y posteriormente colaboró con la siguiente administración estatal panista, la de Emilio González Márquez (2007-2013), como alto funcionario de la Secretaría de Educación de Jalisco.
Otro tanto ocurrió con el finado empresario Alejandro Elizondo, quien luego de encabezar el mismo CEEJ, desde donde en 2003 validó el triunfo de González Márquez a la alcaldía de Guadalajara, pasó a ser regidor del PAN en el propio ayuntamiento de Guadalajara, cargo en el que lo sorprendió la muerte el año pasado.
Pero personas que han figurado como árbitros electorales no sólo han terminado recalando en administraciones panistas. Ahí está el caso vigente de David Gómez Álvarez, quien luego de presidir durante varios años el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, de fracasar en la intentona de convertirse en consejero nacional del IFE y de regentear la asociación civil “independiente” Jalisco Cómo Vamos, a principios de 2013 aceptó la invitación para integrarse al gobierno del priista Aristóteles Sandoval, donde hasta la fecha funge como subsecretario de Planeación, habiendo sido colaborador cercanísimo del ahora “precandidato” del PRI a la presidencia municipal de Guadalajara, Ricardo Villanueva.
Y en cuanto al proselitismo desde los medios, nunca como ahora en la prensa local se había dado tal explosión demográfica de funcionarios-editorialistas. Con un agravante: a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, en los medios españoles, donde se suele advertir a las audiencias que equis columnista ocupa u ocupó equis cargo público o pertenece a tal partido político, los medios jaliscienses que dan cabida a este tipo de editorialistas no brindan ese servicio.
De esta forma, el lector, el radioescucha o el televidente desinformado no sabe distinguir cuándo se trata de una opinión verdaderamente independiente e imparcial y cuándo está ante el parecer de alguien que trata de llevar agua a su molino o responde a los intereses de equis grupo político.
En días recientes, el lector de un diario de la localidad se encontró con una serie de columnas de Gabriel Torres Espinoza, quien ha ocupado diversos cargos en la Universidad de Guadalajara, entre ellos la vicerrectoría durante la administración del finado Carlos Briseño, y en la actualidad figura como director de Medios UdeG. En dicha secuela “periodística”, Torres Espinoza trató de echarle “una manita” al ya mencionado Ricardo Villanueva, candidato del PRI a Guadalajara, y de paso arremeter en contra de Enrique Alfaro, aspirante por Movimiento Ciudadano al mismo cargo.
No sólo es conocida de sobra la inclinación priista del funcionario udegeísta de marras, sino también las acumuladas diferencias políticas que su jefe, el jeque de jeques de la UdeG (¿eres tú, Raúl?) tiene con el exalcalde de Tlajomulco, Enrique Alfaro. Con esa doble motivación, que nada tiene que ver con el periodismo, el director de Medios UdeG le reprocha a Alfaro que se presente como candidato “independiente” y, al mismo tiempo, se aproveche de “dinero, spots y (…) de todas las prerrogativas” de un partido político “sin afiliarse” al mismo (Milenio Jalisco, 22 de enero). Pero lo que Torres Espinoza calla intencionalmente es que sus ahora protectores políticos, Raúl y José Trinidad Padilla, ocuparon sendas diputaciones locales de la misma forma que él condena ahora: el primero sin haber estado afiliado al PRD y el segundo sin militar en el PRI. Moraleja: lo que con los adversarios políticos es borrachera, con los cuates es pura alegría.
