La iniciativa presidencial para integrar las policiales municipales en una estatal ha generado diversas reacciones: desde la protesta por desaparecer una de las funciones emblemáticas de la descentralización municipal hasta la amenaza al federalismo, tema de casi dos siglos de discusión. Otros segmentos de la sociedad ven en la medida la oportunidad de salir del atolladero en que se encuentra la seguridad pública.
La decisión fue tomada bajo la enorme presión a que está sujeto el gobierno federal a partir de los escándalos, cuyo detonador fueron los hechos de Iguala, Guerrero, con la asociación de las policías municipales y un grupo delincuencial, que derivó en la muerte de varios jóvenes y la desaparición de 43 más.
Varios elementos han contribuido al deterioro en que actualmente se encuentran todas las corporaciones, empezando por el descuido de los órganos federales y estatales encargados de mantener la mejora de la profesionalización y la organización del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).
Entre otros yerros se encuentra el desentenderse el gobierno de obligar a los cerca de 300 municipios de mayor número de habitantes del país, a quienes se les entrega el apoyo federal Subsemun, para condicionar su entrega a los avances de programas. Por otro lado, los consejos estatales de seguridad han desatendido su obligación de vigilar a las policías municipales, como queda evidenciado en Guerrero.
La ruta que ha seguido la iniciativa de policías únicas estatales, como se esperaba, ha provocado un debate informal de distintos sectores y personajes de la sociedad mexicana. La argumentación desde dichos ángulos ha permitido conocer distintas concepciones de la administración y la seguridad públicas; también nos ha llevado a conocer los intereses legítimos e ilegítimos en torno al tema, a través de manifestaciones y resistencias de distintos actores.
La tendencia a creer que el asunto puede atenderse a partir de la centralización, para el caso estatal, entendida como una sola corporación, surge como reacción a un problema coyuntural: la explosión de delitos asociados a la delincuencia organizada. También influye la incapacidad que han mostrado los distintos niveles de gobierno para dar resultados y abatir la alta incidencia de delitos, que repercute en inestabilidad gubernamental e inseguridad de personas y familias.
Uno de los efectos más perniciosos de la falta de prevención y persecución del delito es el alto grado de impunidad que existe en el país. Es de todos sabido que una gran cantidad de ilícitos no son denunciados porque no hay resultados de investigaciones, en el menor de los casos; en el peor, hay complicidad de esas instancias con la delincuencia. Los únicos datos confiables sobre denuncias, son aquellos en los que dicho trámite se vuelve indispensable por la necesidad de obtener pagos de seguros.
El país ha vivido desde la independencia una histórica tensión entre los conceptos federal y central. Como consecuencia del centralismo autoritario, el federalismo quedó asociado a la democracia y la libertad política. En la administración de Miguel de la Madrid se logró un avance importante en el fortalecimiento municipal al reformarse el artículo 115 constitucional, que entre otras funciones le otorgó a los ayuntamientos el ejercicio de la seguridad.
Sería un retroceso ahora quitarle esa facultad al municipio, pues si bien no ha logrado consolidar el servicio, tampoco se le ha otorgado el apoyo suficiente para lograrlo. Los últimos años se le han dedicado asesoría y recursos para la profesionalización de sus policías; sin embargo, necesita más tiempo y esfuerzo para su maduración.
En otras palabras, la Policía Única Estatal (PUE) no resolverá mágicamente la inseguridad; lo que se obtendría es una coordinación de operación que puede funcionar mediante protocolos para emergencias, a partir de las células municipales, estatales y federales, de organismos profesionales con un alto nivel de capacidad operativa.
Al final, lo que falta es mejorar las corporaciones, profesionalizarlas desde la base hasta la dirigencia, para que haya los resultados que se requieren para crear el mando único para operación circunstancial. El abordarlo desde la cúspide y sin los cuadros con la formación requerida, es seguir con la improvisación que al final nos deja como al principio.
Uno de los conceptos que habrá de sufrir merma es lo que el SNSP ha denominado proximidad social, que consiste en la identificación y cercanía del policía con los vecinos, caminar de la mano de las comunidades. Si bien la institución policiaca debe inhibir hechos delictivos e infracciones administrativas, debe hacerlo en coordinación con la sociedad para buscar el cambio de actitud y de conducta de los infractores, a fin de que haya convivencia armónica, evitando en lo posible el uso de la fuerza. Debe buscarse la salud social y evitarse la represión sistemática del infractor.
Resistencias
Con el fin de establecer cuál será la suerte de la iniciativa presidencial para crear la policía única en cada estado, debemos enfocar a los partidos políticos y sus bancadas en las cámaras del Congreso federal, que han manifestado resistencia a la reforma.
Argumentan la pérdida de fortaleza de los municipios y la tendencia a la centralización, para lo cual destacan los avances de algunas ciudades en la mejora de la seguridad. Por esa resistencia, la propuesta no avanzó en diciembre, siendo diferida para el periodo de sesiones que inicia en febrero, sin que conozcamos acuerdos preliminares, si los hubiera, de las bancadas de ambas cámaras.
Es de esperar que, para su aprobación, la reforma sufra cambios y se atenúe la drasticidad con que fue planteada, sobre todo porque los partidos no van a querer cargar con el desgaste de la crisis que vive el país; se espera que maticen la propuesta y dejen en manos del gobierno federal la creación de policías eficientes.
El problema que se vive en este momento se agudizó a partir de las reformas al artículo transitorio de la Ley General del SNSP, que establecía como fecha límite para la depuración de las corporaciones el 31 de octubre de 2012 y que comodinamente pospusieron las cámaras federales para 2013. Luego se cambió la fecha para octubre pasado, a partir de la argumentación de los municipios, en
el sentido de que no tienen recursos para liquidar al personal no acreditado ni para contratar y capacitar a personal afectando las arcas municipales, cuyos fondos aplicaron a renglones de más rentabilidad electoral y de imagen.
Esto propició, por un lado, que policías viciados se consolidaran ante la falta de sanciones; y por el otro, quienes estaban indecisos en su honestidad, al ver la tolerancia con la deshonestidad acabaron por pasarse a las filas contaminadas. El fenómeno se agravó y al menos un director policiaco de la zona metropolitana tapatía hace reuniones entre delincuentes y mandos de la corporación en sus propias oficinas. Dicha coordinación es tan eficiente que supervisores y comandantes reparten el dinero de la delincuencia organizada entre sus elementos.
Si sumamos a esta situación la resistencia que el actual gobierno enfrenta por los jóvenes que cuestionan su legitimidad, los abusos que cometen personajes importantes del régimen, el desgaste de su imagen ante la comunidad internacional, la acción de los grupos desestabilizadores con tintes anarquistas, sin dejar de lado la molestia de los sectores productivos, la irritación de la clase media que sufre la carga hacendaria al contrario de quienes viven de la informalidad, tenemos una explosiva mezcla de elementos desestabilizadores.
Como consecuencia de esa suma de factores, la federación tiene la fuerte necesidad de brindar resultados a corto plazo en materia de seguridad en los estados y neutralizar las policías contaminadas con la delincuencia. Tampoco se debe menospreciar la urgencia de crear condiciones favorables para los proyectos económicos de este gobierno –y del país–, amenazados por tormentas internacionales. Sin condiciones propicias para invertir y con inestabilidad política e inseguridad, tenemos la fórmula infalible para una crisis económica.
Retos federales
El secretario de Gobernación ha manifestado el interés del gobierno federal en crear las policías únicas mediante procesos rigurosos. Afirma que se revisará la actuación de cada uno de los efectivos que la integrarán, lo que hace interpretar que los exámenes de confianza aplicados en los estados, cuando menos en los cuatro con que se iniciaría el procedimiento, no son confiables. Además dice que la Academia Nacional capacitará al personal, lo que induce a pensar que tampoco confían en la calidad y capacidad de las academias locales, certificadas por la nacional. Deben considerarse además los rigurosos perfiles que exige la normatividad del Sistema Nacional de Desarrollo Policial. Esto hace más complejo el proceso.
Encontrar suficiente y adecuado personal significará un reto a muy largo plazo, por el desinterés de los jóvenes por la carrera policial, debido a que actualmente esta carrera no tiene credibilidad.
Si consideramos que en Jalisco hay 12 mil policías con problemas de perfil, contaminados por la delincuencia organizada y no capacitados; después de la selección rigurosa que se aplicaría, como dice la autoridad, quedarían menos de 6 mil efectivos. Un número razonable de policías preventivos estatales debe ser de más de 20 mil. Se antoja difícil. Se tendrían que reclutar y capacitar al menos 14 mil en dos años. Esta es una de las debilidades del proyecto federal.
Si bien se consideran sueldos razonables para quienes se dediquen a la seguridad pública, no es el único factor por considerar; en algún momento ni siquiera será el principal. Quienes hagan carrera policial habrán de buscar seriedad en la dirección de los procesos, respeto en la normatividad para la aplicación de la justicia y, sobre todo, honestidad.
Para lograr mejora de procesos, depuración, contratación y capacitación de personal, instalaciones, recursos materiales y tecnologías, entre otros, se debe programar un gasto anual importante, además del que se ejerce. Es todo un reto consolidar la primera etapa del proyecto de la PUE. l
*Andrés Gómez R. ha sido asesor de Seguridad del ayuntamiento de Tlajomulco. Coordinador de asesores de la Dirección General del Centro de Investigación y Seguridad Nacional y agente del Ministerio Público Federal, en función de visitador auxiliar.
