Este año pinta mal para los miles de desempleados, especialmente cientos de policías que fueron despedidos de las corporaciones estatales al reprobar los exámenes de confianza. El abogado Ismael Luna González advierte que muchos fueron expulsados sin respetar sus derechos y, al entablar juicios laborales, enfrentan a una justicia lenta y parcial. El resultado previsible, alerta, es que sean reclutados por el crimen organizado.
Despedidos de las corporaciones estatales por reprobar los exámenes de confianza, cientos de policías enfrentan serias dificultades para hacer valer sus derechos laborales, denuncia el abogado Ismael Luna González, director de la firma Asesoría y Consultoría Jurídica.
El litigante afirma que muchos de esos empleados fueron echados a la calle sin el mínimo reconocimiento a la indemnización que les corresponde por ley, y que en este inicio de 2015 se enfrentan al reto de sacar adelante a sus familias.
Desde su punto de vista, los exámenes a los que fueron sometidos más de 20 mil gendarmes en la entidad no tienen pleno sustento legal y por eso muchos de los despedidos demandan su inmediata reinstalación. Sin embargo, señala Luna González, esos juicios se han demorado, principalmente a fin de proteger a la parte patronal y a las instituciones por encima de la procuración de justicia.
“Es un asunto de injusticia laboral –sostiene–, sobre todo a raíz de la aplicación de exámenes de confianza y la gran cantidad de gendarmes que son despedidos sin que se observe de manera cuidadosa el pago al que tienen derecho. Los exservidores quedan totalmente vulnerables de manera económica y los dejan expuestos a ser reclutados por las bandas del crimen.”
Las autoridades no pensaron en esta posibilidad cuando cesaron a cerca de la cuarta parte de los policías del estado (que según la cifra manejada por el gobernador Aristóteles Sandoval, hasta el último trimestre de 2014 eran 20 mil 444). Al menos 4 mil 415 de ellos fueron reprobados en sus exámenes, y al menos mil 324 cesados en forma fulminante al descubrírseles presuntos nexos con criminales, en tanto que 3 mil 90 fueron enlistados para nuevas evaluaciones, según difundió el gobernador el pasado 30 de octubre.
Aunque se supone que los trabajadores pueden levantar un procedimiento contra su patrón en la Dirección General Jurídica de la Fiscalía General del Estado (FGE), el litigante indica que en esos casos la dependencia funge como juez y parte, lo que deja indefensos a los empleados del estado.
E insiste que la administración estatal no tuvo en consideración que ese personal no puede ser echado a la calle sin medir los riesgos:
“Yo he tenido casos de policías que se desempeñan como comandantes o tienen otros cargos y al ser despedidos en forma injustificada, en cuanto se da el cese por parte de los municipios, les llegan ofertas de la delincuencia organizada para que se vayan con diferentes grupos a cambio de sueldos mayores a los que percibían en las instituciones.
“Por desgracia ese es un factor determinante para valorar el poder económico de los criminales. Nunca se valoró cómo le iba a hacer un policía para mantener a su familia, cesado.”
Malas señales
El abogado Luna González dice que varios ayuntamientos despiden a sus policías, y ante las demandas cuando mucho los quieren reubicar o de plano intentan asignarles otras actividades.
Como ejemplo cita a Tonalá, Autlán de Navarro y Zapopan, “en donde se desató una cacería de brujas contra los policías municipales; la mayoría de ellos están desprotegidos y, al verse desesperados, no les queda otra opción que demandar. Ahora proliferan los juicios contra esas instituciones, es claro que existe un abuso de la autoridad, porque no se respetaron los derechos laborales”.
Para el representante de algunos de esos policías, la conformación del Mando Único estatal sigue en tela de juicio:
“Su verdadero funcionamiento, su efectividad, aún está por verse. Las reformas constitucionales que le dan existencia a la Fuerza Única buscan la homologación de sueldos, salarios, funciones y actividades, eso sin importar si el empleado trabaja en el municipio, estado o la federación, pero el verdadero problema es que no se respetan los derechos adquiridos de un servidor cuando se desempeña como policía.”
Por otra parte, enfatiza, “la convocatoria que lanza la delincuencia es altamente atractiva. No es lo mismo que te paguen 6 mil pesos al mes, como ocurre en muchas de las 125 presidencias municipales en Jalisco y en empleos donde pones en riesgo tu vida en calidad de policía de línea, a que seas convocado por la delincuencia organizada con pagos que van de 15 a 20 mil pesos por ayudarles a cuidar la plaza de una municipalidad; pero es lo mínimo, porque aun dentro de la estructura del sicariato hay niveles jerárquicos”.
De esta forma, la delincuencia tiene la capacidad de convertirse en una institución que no es legítima pero sí es un poder fáctico en Jalisco –prosigue Luna González–, ya que los delincuentes cobran plaza, derecho de piso y de traslados o transporte en algunas regiones.
Además, dice, al igual que ocurre con los policías, otros trabajadores de instituciones y empresas son afectados por una justicia lenta y favorable a la representación patronal.
Esto agrava el rezago de Jalisco en relación con otros estados del centro-occidente del país. “Por ejemplo –añade Luna González– en Guanajuato un juicio laboral se concluye en seis meses, mientras en Jalisco hay juicios o demandas laborales que se extienden hasta más de siete años”.
Esa mala calidad de la justicia laboral y el cierre de miles de plazas al principio de 2015 en Jalisco hacen pensar al abogado que este año será difícil para los expolicías y otros desempleados.
En Jalisco, reitera, “prevalece la injusticia social, sobre todo contra quienes quieren hacer valer un derecho y no tienen ni para contratar un abogado. Y cuando lo hacen, algunos litigantes suelen quitar al asalariado 40, 50 o 60% de lo que logra rescatar en un juicio, no hay una procuraduría de justicia que vele por la defensa del trabajador y veo al patrón con un fuerte poder adquisitivo para comprar la justicia”.
