Extorsiones con identificación falsa

En agosto pasado, al revisar el estado de su cuenta del BBVA Bancomer, Nora Alicia Pelayo Arreola se enteró que tenía dos cobros por más de 10 mil pesos por un crédito presuntamente contraído con la firma NR Finance México, una Sociedad Financiera de Objeto Limitado (Sofom) para la compra de un auto en mayo anterior.

La afectada pensó era un error del banco, pero al investigar descubrió que desde mayo último circula en Guadalajara un sedán Altima 2014 blanco con placas JLK 4238 a su nombre. Peor aún, una mujer suplantó su identidad y tuvo acceso a sus documentos personales para comprar el vehículo en la agencia Daosa que se encuentra en Avenida Plan de San Luis 2060, en la colonia Lomas del Country.

En la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado incluso le entregaron copia de un par de fotos de infracciones por circular a alta velocidad sobre anillo Periférico Manuel Gómez Morin en dirección oriente del municipio de Zapopan. El automóvil fue captado por las cámaras de la Semov cuando circulaba por esa arteria.

Pelayo Arreola insiste: “Nunca he manejado ese vehículo”. Cuando solicitó a la institución crediticia su estado de su cuenta comprobó que efectivamente había dos cargos a su nombre: el primero por 5 mil 30 pesos con fecha 2 de julio; el segundo por 5 mil 145 pesos, realizado el 1 de agosto.

Con esos documentos acudió a la Fiscalía General del Estado de Jalisco (FGEJ) a levantar una denuncia penal por la presunta suplantación de identidad y exigió castigo para los responsables. Su caso fue turnado al agente del Ministerio Público (MP) Alfonso Saucedo Laurian y quedó arraigado con el número de averiguación previa 240/2014.

No obstante, Pelayo Arreola refiere que, al ratificar la denuncia, los funcionarios de la dependencia registraron el asunto de manera incorrecta y la turnaron a la Unidad de Investigación de Robo de Vehículos, aun cuando ella les insistió que se trataba de una suplantación de identidad.

“Yo niego que ese crédito sea mío. Cuando voy a la dependencia nunca digo que me robaron un carro. A quienes me atienden no les digo que vengo a denunciar el robo de un carro; jamás”, insiste la agraviada.

En los documentación que integró la fiscalía, Pelayo observó la copia de una credencial del IFE que emplearon los estafadores para adquirir el automóvil. Y aun cuando tiene sus datos personales, la fotografía no coincide con las facciones de su rostro, pues es una imagen montada; tampoco la firma.

La estafa

En sus declaraciones ante el MP, Nora Alicia Pelayo relató que el 27 de agosto acudió a la agencia Daosa, propiedad de la familia Martín del Campo, donde supuestamente ella había comprado el vehículo. Le dijo al gerente de ventas, Jorge Cuevas Lúa, que le mostrara la documentación completa y la identificación con la que se autorizó el crédito para la compra del vehículo.

El ejecutivo le respondió que eso no era posible porque la agencia automotriz había cambiado de razón social: anteriormente se llamaba Oz Nissan, y sus antiguos propietarios, la familia Baruqui, se llevaron todo el archivo hace un mes.

La mujer menciona que en la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado también se negaron a facilitarle copia de los documentos del auto; sólo le entregaron las fotos de la infracciones acumuladas “por exceso de velocidad”, le dijeron.

Pelayo Arreola tiene un sedán Jetta que adquirió a finales de febrero a través de la propia financiadora de esa marca automotriz: Volkswagen Bank. Dice que aparentemente los que suplantaron su identidad utilizaron la misma documentación que entregó a esa agencia: copia de sus nóminas, un recibo de la Comisión Federal de Electricidad que esta a nombre de su madre, e identificación del IFE.

“Yo compré un auto (el Jetta) y me lo entregaron el 2 o el 3 de marzo… y a los dos meses compran este carro (el Altima). Entonces –relata– puede haber dos líneas de investigación, porque yo le compré un carro a Volkswagen, no a Nissan, y alguien con mis mismos datos compró uno en Nissan; de ahí que a las dos unidades las domicilian para el pago en la misma cuenta que le di a Volkswagen.”

Quienes disponen del automóvil, dice, es porque lo sacaron a plazos y lo pagaron en seis años. Ella, en lo particular, comenta que no hace compras que rebasen los 24 meses.

Se muestra extrañada porque, dice, es imposible que la agencia automotriz Nissan que entregó el Altima no tenga evidencia fílmica de los compradores; en todas sus sucursales hay videocámaras y es costumbre que los agentes de ventas celebren al nuevo propietario.

Relata también que, en el fraccionamiento donde vive, sus vecinos han visto personas de a pie que toman fotografías a su domicilio. Una de ellas admitió ser agente de la financiadora que avaló el crédito para la compra del Altima, comenta Pelayo Arreola, pues le dijo a uno de sus conocidos que estaba ahí porque la señora no ha pagado las mensualidades.

Además de la denuncia penal, la afectada interpuso una queja ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), la cual abrió el expediente 2014/150/22448. El propósito, dice, es que se retire esa cuenta de su historial crediticio que ya aparece en el Buró de Crédito desde el 30 de mayo porque los compradores no han pago las mensualidades.

A Pelayo Arreola le sorprende que en la compra del Altima se haya utilizado el mismo expediente que se elaboró para la adquisición del Jetta meses antes. Dice que la fiscalía estaba por iniciar un cotejo de los documentos y realizar pruebas grafoscópicas y caligráficas para determinar la autenticidad de las firmas.

“Si ya no coincidió la (credencial del) IFE, me supongo que tampoco coincidirán mis firmas”, dice.

Subraya que el BBVA Bancomer también deberá explicar por qué domicilió el pago de esas mensualidades en la calle San Camilo 2750-91, en la Colonia Santa Cruz del Valle, municipio de Tlaquepaque, sin solicitarle autorización.

La institución nunca le avisó sobre los descuentos por la compra del Altima. Pelayo Arreola se enteró cuando ya le habían hecho dos cargos. Hasta el cierre de edición, la afectada aún no tenía respuesta de la institución crediticia.