Desde hace meses, el ingeniero industrial Rubén Reynoso Gálvez vive en la zozobra, pues pesa sobre él una acusación penal por un presunto fraude contra la empresa Corporativo Adminval, propiedad de su exsocio Arturo Abraham Martínez Bautista. Y, aunque se dice inocente, asegura que, sin pruebas jurídicas, el juez cuarto de lo penal del Primer Partido Judicial del Poder Judicial del estado de Jalisco, Francisco Javier Castellanos de la Cruz, ordenó el embargo de sus bienes muebles e inmuebles y ahora amenaza con llevarlo a la cárcel.
El juez cuarto de lo penal del Primer Partido Judicial del Poder Judicial del estado de Jalisco, Francisco Javier Castellanos de la Cruz, se empecina en inculpar al ingeniero industrial Rubén Reynoso Gálvez, quien hace año y medio fue acusado por el empresario Arturo Abraham Martínez Bautista de fraude genérico.
El imputado comenta a la reportera que Castellanos de la Cruz se ha dedicado a amedrentarlo, aun cuando carece de pruebas jurídicas. E insiste en que, si bien no le consta que Castellanos de la Cruz haya recibido una prebenda de Martínez Bautista y su abogado –“yo no he visto ni cuánto ni cómo, ni si le dan o no le dan (dinero)”–, todo apunta a eso, de ahí su insistencia en arrestarlo.
La denuncia penal contra Reynoso Gálvez también incluye al científico Leoncio Sánchez Gallegos y fue presentada el 12 de junio de 2013 por el abogado Gerardo Rafael Dueñas de la Vega, representante legal de Corporativo Adminval, propiedad de Martínez Bautista. En ella, el promovente expone que los acusados presuntamente defraudaron a la empresa con 20 millones de pesos (expediente 621/2013-B) (Proceso Jalisco 516).
Reynosa Gálvez se encuentra desesperado porque, dice, pese a demostrar que se trata de un ardid tramado por Martínez Bautista y su abogado en su contra durante los últimos meses, el juez Castellanos de la Cruz quiere verlo tras las rejas.
Relata que se siente acosado, pues fuera de su domicilio suelen estacionarse vehículos sin placas con gente a bordo para vigilar sus movimientos y cuando sale a la calle siempre lo persiguen; es probable que “los vigilantes” trabajen para Martínez Bautista, comenta a la reportera.
Y advierte: “Yo hago culpable a Arturo Abraham Martínez Bautista, al juez cuarto de lo Penal, Francisco Javier Castellanos de la Cruz, y al abogado de mi contraparte, Gerardo Rafael Dueñas de la Vega, de lo que pueda sucederme”.
Según él, Dueñas de la Vega le dijo que cuando lo agarraran iba a ir a la cárcel, de la cual no saldría.
Por lo pronto interpuso una queja ante el Consejo de la Judicatura contra el juez Castellanos de la Cruz. Como no obtuvo respuesta, ahora intenta llevar su caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su calidad de miembro de la Cumbre Mundial de Líderes del Pacto Global de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
También enviará un escrito al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, en el cual le pedirá autorización para hablar en la tribuna de la sede sobre “la gran corrupción que daña al país”.
Reynoso Gálvez es dueño de la empresa Tecnorec, ubicada en la avenida Dr. R. Michel 850, colonia San Carlos, y se dedica a clasificar residuos sólidos para transformarlos en productos de calidad, evitando el consumo de materias primas no renovables. Además, es asesor de la ONU en materia ecológica y brinda asesoría a gobiernos estatales y municipales sobre el correcto manejo de la basura.
Las inconsistencias
Rubén Reynoso Gálvez y Martínez Bautista se conocieron durante la Expo Plásticos 2012 y acordaron trabajar juntos en la producción de etanol elaborado a partir de la basura orgánica, la cual contaba con una patente en trámite en Estados Unidos.
El 1 de octubre de ese año incluso firmaron un contrato en el que el empresario se comprometió a invertir alrededor de 215 millones de pesos en la instalación de una planta. Los recursos, según el documento, serían entregados en varias exhibiciones.
Según expuso el abogado de Martínez Bautista en la querella contra Reynoso Gálvez y Sánchez Gallegos, su cliente expidió un primer cheque por 20 millones de pesos, luego entregó 4.9 millones en cuatro exhibiciones. Y cuando pidió informe de los gastos “se encontró con que las cuentas aperturadas (sic) con los recursos aportados por mi representado habían sido vaciadas y a la fecha no se contaba con información que justificara el destino del dinero”.
Y aun cuando los acusados presentaron una relación de gastos con facturas por 17.4 millones de pesos, Dueñas de la Vega aseveró que los cheques fueron firmados por los demandados, pero no por su cliente, lo que, según él, contraviene el contrato, según el cual “las operaciones superiores a los 200 mil pesos o bien que en su conjunto rebasen el millón de pesos mensual” deben contar con la autorización de Martínez Bautista.
El presunto afectado sostuvo que viajó a Estados Unidos para entrevistarse con el abogado de Reynoso Gálvez que efectuó el trámite de las patentes, quien le comentó que “a la fecha no se había concluido trámite alguno de patente, sino que sólo se habían metido dos solicitudes que quedaron abandonadas por falta de pago y de información”.
Asimismo, Dueñas de la Vega cuestionó a Sánchez Gallegos porque, dijo, “había engañado a mi representada (Adminval), diciendo que existía una patente, cuando eso no era cierto”. El científico le respondió que Reynoso era quien se encargaba de “todo ese trámite y que también se encontraba sorprendido de que no existieran las patentes”.
Deslindes y acosos
En su declaración ministerial Sánchez Gallegos expuso que el contrato que firmó con Corporación Adminval estipulaba que “se utilizaría una patente o secreto industrial en trámite, por lo que jamás engañé a la persona moral que hoy se dice ofendida…
“(Martínez Bautista y su apoderado legal) pudieron constatar que la patente en cuestión se encontraba en trámite y, como lo demostré el 4 de abril de 2013, se realizó un pago de 77 mil 123 pesos a nombre de Robert A. Iussa, quien lleva los trámites en Estados Unidos.”
En la copia del expediente que Reynoso Gálvez entregó a este semanario se observa que Dueñas de la Vega presentó el 15 de septiembre de 2014 ante Mónica Vidrio Guzmán, agente del Ministerio Público del Juzgado Cuarto de lo Penal, una solicitud para decretar el aseguramiento precautorio de bienes del acusado.
Según el documento, esos bienes “podrían ser efectivos para la reparación del daño en virtud de que existe temor fundado de que los esté dilapidando u ocultando con el fin de evitar que se pueda ejecutar sobre sus bienes una posible reparación del daño, lo cual se demuestra con la conducta dolosa del procesado, ello en el abuso de la tramitación de juicios de amparo, lo que ha dado como resultado que a la fecha no haya garantizado dicho concepto”.
Reitera: “Podrían ser efectivos para la reparación del daño, el cual en el caso que nos ocupa asciende a 20 millones de pesos”.
Dueñas de la Vega también argumentó que con el dinero del presunto fraude los demandados adquirieron bienes muebles e inmuebles.
Esto, expuso el demandante, “con fundamento en señalamientos de conocidos en común que tiene mi representada (Corporativo Adminval) con los inculpados, así como la interrogación de trabajadores de la empresa Tecnorec –que pidieron omitir sus nombres por seguridad–, quienes aseguraron que el señor Rubén Reynoso se encontraba rematando bienes de dicha empresa, así como bienes de su propiedad, además de que había adquirido diversos bienes muebles, como vehículos que anteriormente no tenía (sic)”.
En su escrito, Dueñas de la Vega también pidió a Vidrio Guzmán girar oficios a los titulares del Registro Público de la Propiedad en el estado de Jalisco, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de Catastro de los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara, así como a los secretarios de Finanzas y de Movilidad, con el fin de localizar bienes del inculpado Reynoso Gálvez y posteriormente ejercer su aseguramiento “con la única finalidad de que exista una garantía para el pago de la reparación del daño”.
También menciona dos propiedades ubicadas en el desarrollo residencial Parque Regency, en Zapopan, que Reynoso Gálvez presuntamente estaba “malbaratando” a través del sitio de internet Mercado Libre, “con la única finalidad de evadir la reparación del daño”.
Embargos apresurados e ilegales
El 18 de septiembre, es decir un día hábil después, el juez Castellanos de la Cruz agregó la solicitud de decreto de aseguramiento precautorio de bienes. Ese mismo día procedió el embargo.
“En opinión del suscrito (Castellanos de la Cruz), sí se acreditan los tres requisitos que emergen del artículo 159 de la Ley Adjetiva Penal del estado de Jalisco para proceder a decretar el embargo precautorio de bienes propiedad de Rubén Reynoso Gálvez, pues se demuestra que existe el temor fundando de que el inculpado enajene los bienes en los que pueda hacerse efectiva la reparación del daño; la persona moral ofendida (Corporativo Adminval) es quien, en su caso, tendría derecho al pago de la reparación del daño…
“Con la prueba citada en líneas anteriores (el anuncio en internet) se ha justificado la necesidad de esa medida cautelar, pues al tratarse de una afectación provisional no ser (sic) requiere prueba plena de su necesidad, sino que basta con el indicio de la intención por parte del inculpado para vender el bien inmueble aludido.”
Añade Castellanos de la Cruz que su decisión de que proceda el embargo precautorio, además de estar fundado en el artículo 159, “aun cuando limita los derechos sobre bienes del indiciado Rubén Reynoso Gálvez, al impedir que se disponga de bienes hasta en tanto se determine lo que proceda en el procedimiento penal, pero ello de ninguna manera resulta ilegal, ni vulnera garantías individuales… sólo produce una afectación provisional y no así definitiva”.
El mismo 18 de septiembre, el juez Cuarto de lo Penal ordenó que se le giraran oficios al director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Guadalajara para realizar el registro de la medida cautelar del embargo precautorio.
Asimismo, al director de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores le pidió la búsqueda de cuentas bancarias o inversiones a nombre de Reynoso Galván y, de comprobar que existen, asegurarlas.
Una petición similar hizo el juez a las secretarías de Planeación, Administración y Finanzas y Movilidad para que, en caso de existan automotores registrados a nombre de Reynoso Gálvez, también sean asegurados.
A los directores de Catastro de los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara también les solicitó buscar cuentas catastrales a nombre del señalado y, en caso de encontrarlas, proceder a inmovilizarlas.
No sólo llama la atención la rapidez con que el juzgador dio entrada a la petición de Dueñas de la Vega, sino que en dos ocasiones se cometió la irregularidad de no avisar a Reynoso Gálvez ni a su abogado defensor, Luis Guevara, sobre el embargo precautorio en su contra.
“Pueden checar el expediente y no hay ninguna firma de notificación de nadie, ni de mi abogado, donde nos hayan notificado para poder apercibirme o presentarme como marca la ley antes de que giren las órdenes. Como no me presenté, giraron órdenes de embargo. Esto no se vale. Ante quién estoy luchando, ante una persona o ante el aparato de gobierno que tenemos”, sostiene Reynoso Gálvez.
Y agrega: “Es lo peor que nos puede pasar a los mexicanos; estamos indefensos. Está claro que aquí en México quien tiene poder o dinero es quien puede moverse. Estoy en la total indefensión. La única opción que tengo es sacar a la luz pública las irregularidades. Sé que es un riesgo, pero no me importa, ya no tengo nada más que perder.
“Pido que se investigue bien mi caso, para que se den cuenta de todas las anomalías. No han encontrado pruebas, esa es la tirria de ellos, pero aparte de mi caso tienen que investigar al abogado Gerardo Rafael Dueñas, y a Arturo (Abraham Martínez Bautista), quien era taquero hace cuatro años y ahora es un gran inversionista.”
Al no dar aviso del embargo precautorio a Reynoso Gálvez se violó el artículo 14 de la Constitución, según el cual “nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho”.
Reynoso Gálvez desconoce por qué el juez Castellanos de la Cruz se empecina en acusarlo sin bases jurídicas. “No puede ser que saque órdenes de aprehensión sin apercibirme, como lo marca la ley”. l
