Sonia Loredo temía por su vida. Durante varios meses trató de averiguar por su cuenta el paradero de su hijo Julio César, presuntamente detenido por la Marina en Matamoros. Sus pesquisas levantaron ámpula en las autoridades, a tal grado que un día su casa fue allanada. Ella decidió pedir asilo en Estados Unidos y ahí empezó su segunda pesadilla, pues el trámite puede tardar muchos meses más, tiempo durante el cual ella, sus hijas y su esposo están encarcelados.
LOS ÁNGELES, CALIFORNIA.- La historia de Sonia Loredo es en realidad muchas historias. Es la de una desaparición forzada, la de la falta de protección a víctimas en México, la de una familia desplazada de su país por la violencia, la de un anquilosado sistema de solicitud de asilo en Estados Unidos y la de una mujer y dos niñas viviendo en un centro de detención de inmigrantes para salvar la vida.
“Mañana cumple seis meses que está desaparecido mi hijo. He estado buscando constantemente porque hay testigos de que lo detuvo la Marina de México, la que está en Matamoros. Hay testigos que vieron cómo se lo llevaron. Mañana se cumplen seis meses.”
La voz de Sonia es una mezcla de desesperanza y desesperación. Es 12 de diciembre y a través de la línea telefónica del Centro Residencial del condado de Karnes –como eufemísticamente se le llama a este centro de detención para familias inmigrantes–, en Texas, donde se encuentra detenida con sus dos hijas de 10 y 13 años, Sonia trata de contar su historia en bloques de tres minutos, el tiempo durante el cual puede hablar antes de escuchar el “bip” que indica que la cuenta de la llamada sigue creciendo.
“Yo lo que quiero es salir, seguir buscando a Julio César Martínez, mi hijo”, dice con voz ansiosa. “Llevo un mes aquí por miedo, porque si regreso a México nos van a hacer algo, pero aquí encerrada tampoco puedo saber de él. No sé dónde está, qué le están haciendo, si hay alguien buscándolo. Ya no puedo, ya no puedo”.
Desaparición y denuncia
La última vez que Sonia vio a Julio César, de 22 años, fue la mañana del 13 de junio de 2014. El joven es ciudadano estadunidense y, relata su madre, alternaba su trabajo como capitán de un buque pesquero en Texas con algunos periodos en Matamoros, de donde desapareció.
“A mi hijo le decían Chato. Ese día un señor amigo de nosotros, dueño de un campo pesquero, le dijo: ‘Chato, me falta descargar una lancha que llega con mariscos, acompáñame’. Le dije: ‘No te tardes’, y me dijo que no, ‘ahorita voy y vengo’. Fue la última vez que lo vi”, recuerda.
Al pasar las horas Sonia se empezó a preocupar. Cerca de las cinco de la tarde, un conocido de la familia le avisó: integrantes de la Marina habían detenido a su hijo y a otras dos personas que iban con él.
En esos días la pesca de camarón estaba vedada y Sonia pensó que los habrían detenido para ponerles una multa. Junto con su esposo se dirigió al sector naval, pero no le dieron ninguna información. Ahí empezó la búsqueda.
“Hay testigos de cómo se los llevaron, y de que fueron los de la Marina. Los bajaron de la camioneta que ellos traían (y que presumiblemente habría ido manejando Julio César) y la dejaron ahí, junto al sector naval de Matamoros”, asegura Sonia vehemente, repitiendo la información que ha dado a las autoridades y a los medios. Dice tener pruebas que señalan como el principal responsable al contraalmirante Víctor Colorado Fernández, propietario de una Hummer blanca que interceptó a los desaparecidos.
Durante los cuatro meses siguientes, Sonia y los familiares de los otros dos hombres que viajaban con su hijo y también desaparecieron –Cuauhtémoc Rodríguez Aguilar, dueño del campo pesquero, y el pescador Eduardo Escudero Flores– denunciaron el secuestro y la falta de investigación de las autoridades. El 3 de julio, mientras se realizaba la Cuarta Reunión de Evaluación de Seguridad Nacional en un hotel de Matamoros, Sonia esperó más de siete horas para hablar con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y con el gobernador de Tamaulipas, Egidio Torre Cantú, sin conseguirlo.
Un nuevo acercamiento a la autoridad, esta vez a la estadunidense, ocurrió en una ceremonia del 16 de septiembre. Ese día el cónsul general de Estados Unidos en Matamoros, Thomas Mittnacht, participó en las celebraciones de la Independencia, y fue abordado por Sonia. El funcionario respondió que, aunque ya se había realizado una solicitud de información a las autoridades mexicanas, la responsabilidad de la investigación correspondía al gobierno de México.
El 31 de octubre Sonia hizo un intento más. Unos días antes habían asesinado a tres ciudadanos estadunidenses que se encontraban en el Servicio Forense; Sonia se dirigió al lugar para preguntar si alguno de ellos era su hijo, y ahí encontró al procurador general de Justicia de Tamaulipas, Ismael Quintanilla Acosta. Frente a él reiteró la demanda de aparición de su hijo.
Al salir se dirigió a la casa de su suegra con sus hijas y su esposo. Cuando estaban ahí, una vecina le llamó para decirle que no volviera a su hogar porque corrían peligro. “Me dijo: ‘Ni vengas a tu casa porque entró gente uniformada, marinos o soldados, y sacaron varias cosas, rompieron la reja. Ni te asomes por acá’”, recuerda.
Ahí empezó la segunda pesadilla. Presa del temor, sin confianza en las autoridades, la familia llamó al consulado de Estados Unidos en Matamoros para ver si los podían ayudar. Les dijeron que se presentaran en el puente donde está la garita y explicaran su caso a los oficiales. El 3 de noviembre la familia cruzó la frontera pidiendo asilo. Su esposo fue trasladado al centro de detención de Puerto Isabel. Sonia y las niñas fueron llevadas al centro de detención de Karnes.
Asilo y negocio
Pocos negocios en Estados Unidos funcionan tan bien como el de detener inmigrantes sin documentos. Durante los últimos 15 años el sistema de detención de inmigrantes de Estados Unidos pasó de tener menos de 10 mil camas en 1999, a 34 mil en 2014, alojadas en 250 centros. Seis de cada 10 de estos detenidos se encuentran en una prisión operada por alguna de las dos empresas privadas concesionarias del gobierno federal: Corrections Corporation of America y Grupo GEO. En conjunto, ambas agencias reciben ingresos por 3 mil millones de dólares al año, de los cuales 2 mil millones provienen del dinero de los contribuyentes.
A partir del endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos, resulta cada vez más frecuente que quienes llegan a este país sin documentos solicitando asilo político o una visa humanitaria, se enfrenten a medidas orientadas a desalentar su petición, entre ellas el encarcelamiento por periodos prolongados.
De acuerdo con la normatividad estadunidense, cualquier individuo que tema por su vida en su país tiene derecho a solicitar asilo en cualquier puerto de entrada de Estados Unidos bajo ciertas categorías –persecución por pertenencia a un grupo social, motivos raciales, religiosos, actividad política, entre otras– y será detenido mientras presenta su caso ante un juez para demostrar un “miedo creíble”.
Una vez acreditado este requisito, el juez iniciará el proceso de evaluación del caso –que debido al cuello de botella en las cortes de inmigración puede durar hasta cinco años– y, con base en un criterio discrecional, podrá dejar en libertad al solicitante para que permanezca legalmente en Estados Unidos de manera temporal.
Sin embargo son cada vez más los casos en los cuales, tras acreditarse la razón del temor, los solicitantes quedan detenidos por periodos prolongados, lo cual representa una ganancia para las empresas que los retienen. En el caso de los “centros residenciales”, el pago que las corporaciones reciben por cada interno llega a ser de 298 dólares al día.
“Este es un caso que tiene varias aristas; es un caso de inmigración, pero también el de la desaparición de un ciudadano estadunidense en México en el cual Estados Unidos no ha asumido su responsabilidad con el argumento de que ellos no cuentan con recursos para hacer nada al respecto”, explica a este semanario Jonathan Ryan, director ejecutivo del Centro para la Educación y Servicios Legales de Refugiados e Inmigrantes, con sede en Texas, quien ha asumido la representación legal de Sonia.
“Si desapareciera un ciudadano estadunidense en Francia o en Inglaterra y el gobierno dijera ‘no podemos hacer nada’, sería una noticia nacional”.
Según Ryan, no hay un expediente que acredite que se está investigando la desaparición de Julio César y sus acompañantes en México. En tanto, a casi un mes de haber acreditado el “miedo creíble”, Sonia sigue sin poder salir libre en Estados Unidos.
“Ella empezó a investigar por su cuenta y eso la puso en una posición vulnerable. El tratar de encontrar a su hijo la ha vuelto susceptible de venganza o de actos de violencia por parte de agentes del gobierno mexicano”, comenta el activista. “Cada día que pasa innecesariamente en detención, es un día perdido en la investigación de su hijo. El gobierno de Estados Unidos ha respondido que no tiene recursos para hacer una investigación por su cuenta, pero si en lugar de pagar los 300 dólares al día, por persona, que cuesta tener a Sonia y a sus hijas en un centro de detención, los destinara a la investigación, habría resultados”.
En el centro de detención familiar, Sonia y sus dos hijas comparten la habitación con otras cinco personas, distribuidos todos en cuatro literas. Las niñas toman clases de nueve a cuatro, y Sonia ve pasar las horas.
Ryan explica que es frecuente que los solicitantes de asilo terminen firmando una orden de deportación voluntaria a su país de origen sólo para escapar de la detención. “Es fácil, tras semanas de estar en un centro de éstos, tomar decisiones que en el mediano plazo afectan la seguridad, con tal de obtener la libertad inmediata. Esto ocurre con más frecuencia en los casos de mujeres con niños, para quienes es más difícil llevar la detención”, señala.
Sonia está llegando a ese límite. “Yo estoy desesperada, yo me quiero ir, quiero seguir buscando a mi hijo; siento una impotencia terrible sin saber que hicieron con él”, dice con el llanto marcando sus palabras, mientras suena otro “bip” en la línea telefónica. “Tengo miedo de regresar a México, pero me dicen que podría estar aquí encerrada hasta cuatro o cinco meses mientras hay una respuesta de un juez, y yo no creo aguantar todo ese tiempo, mis hijas ya no aguantan. Lo único que pido es poder salir a un lugar seguro y seguir buscando a Julio César”.
